El ex ministro José Manuel Soria forzado a renunciar a un cargo Banco Mundial por la presión política y mediática

El viernes por la noche, minutos después de fracasar el voto de investidura de Mariano Rajoy, el Gobierno hizo pública la designación de José Manuel Soria como candidato a director ejecutivo del Banco Mundial. Se trata de una acción que contradice sus compromisos de regeneración y que prueba su nula sensibilidad en temas relacionados con la ética política. Soria, que tuvo que dejar la cartera de Industria tras verse salpicado por los papeles de Panamá, es la peor tarjeta de presentación de un Gobierno y de un partido que quieren convencer a los españoles y a la comunidad internacional de que hay un punto de inflexión en su lucha contra la corrupción.

Mientras con una mano Rajoy aceptó las condiciones de Albert Rivera, incluido un “endurecimiento del régimen de incompatibilidades tras su cese” y una exclusión de los imputados por corrupción, con la otra estaba preparando el destino de un exministro que, si bien no está encausado, se vio obligado a dimitir después de las incoherencias que demostró tras aparecer en los papeles de Panamá. Las razones que sirvieron para desalojarle hace cinco meses están vigentes. El PP ha hecho además algo a lo que nos tiene por desgracia acostumbrados: justificar su decisión como si le sobraran razones obvias y el cuestionamiento fuera exótico o malintencionado.

Hubo un momento en que España estaba dignamente representada en los foros internacionales, pero la decadencia que empezó con el plantón de Rodrigo Rato al FMI o la tardanza de Magdalena Álvarez en abandonar el BEI tras verse salpicada por el caso ERE no se enmienda con un exministro manchado por los papeles de Panamá. España debe recuperar la presencia que merece, más aún en este momento de debilidad ahondada por la ausencia internacional de Rajoy. Y debe estar representada con profesionalidad y ejemplaridad si quiere desmarcarse de la sombra de la corrupción que con razón nos persigue.

La decisión del ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, de proponer a José Manuel Soria como Director Ejecutivo de España en el Banco Mundial ha sumido a la opinión pública en el desconcierto y, de manera especial, al Partido Popular, a buena parte de sus cargos directivos, líderes territoriales y militancia en general. Podrá justificarse que se atiene a las normas administrativas y que ha cumplido el reglamento para este tipo de designaciones, pero no estamos hablando de un funcionario cualquiera. Soria tiene un largo historial en la administración pública, pero sobre todo ocupando cargos políticos o de partido. Como Técnico Comercial del Estado ha ejercido sólo cinco años y, además, en puestos que desempeñó generalmente durante menos de un año. Por otra parte, no ha estado destinado en ninguna oficina comercial en el extranjero. A esto hay que añadir que no basta esgrimir una argumentación técnica que sólo tenga en cuenta su trayectoria profesional que, como queda claro, es más política que funcionarial. Es insuficiente decir que es el candidato de mayor antigüedad y el que más méritos reúne, según la Comisión Asesora de Evaluación del Ministerio de Economía: los cinco miembros que la componen son altos cargos del Gobierno, tres secretarios de Estado y dos directores generales. La composición muy parcial de dicho organismo sólo demuestra que se trata de un cargo de confianza. Pero, ante todo, Soria ha sido el ministro de Industria que tuvo que dejar el cargo al mentir a los españoles sobre su actividad como administrador de una sociedad «off-shore» de Panamá. Su persistencia en el engaño –lo que él calificó de «errores cometidos en los últimos días»– ocasionó la pérdida de confianza del presidente del Gobierno y el argumento de que no formaba parte de ninguna sociedad opaca quedó deshonrosamente desmontado por la publicación de un documento con su firma en una sociedad radicada en las islas Jersey. La propuesta para ocupar una plaza de altísimo rango en el Banco Mundial ha de recaer ante todo en un cargo de confianza. Algunos alegarán que la sociedad española se ha vuelto muy sensible y no acepta que los cargos públicos incumplan normas básicas de claridad y limpieza –efectivamente, aquello que el propio Soria dijo en su comunicado de dimisión de que «la política es una actividad que debe ser en todo momento ejemplar»–, pero así es: los españoles están exigiendo un comportamiento ejemplar. No se debería incurrir en el error de enrocarse en argumentos tan débiles que sólo servirán como munición contra el Gobierno, sobre todo porque la decisión tomada por De Guindos debe estar sometida al control del Parlamento. Es necesaria, por lo tanto, su comparecencia en sede parlamentaria para dar explicaciones sobre una decisión de un Gobierno que, por más en funciones que se encuentre, tiene la capacidad de realizar este tipo de nombramientos. Dudamos, además, que Soria alcance «los máximos estándares de integridad» que exige el Código de Conducta del Banco Mundial. Sobre todo, hay dos aspectos claves. El primero, que Soria debería dar cuenta de sus negocios personales y familiares, algo complicado en estos últimos, ya que reconoció desconocer su existencia, incluso apareciendo su firma. El segundo es que dicho reglamento ético exige que no haya la menor sospecha sobre el alto cargo a designar. No es el caso. Lo más sensato, dado este error injustificable, es que el Gobierno retire cuanto antes el nombramiento de José Manuel Soria. La sociedad española, efectivamente, exige más.

La premisa falsa de Rivera

Albert Rivera ha hecho hoy en un programa de Antena 3 unas declaraciones políticas muy razonables, en general, salvo respecto al nombramiento de José Manuel Soria como Director Ejecutivo en el Banco Mundial, decisión que ha calificado de «barbaridad», porque el Sr. Soria -ha dicho-«evadió impuestos y tenía dinero en un paraíso fiscal».

Si la premisa del Sr. Rivera fuera cierta, su conclusión política habría sido acertada.

Lo ilustraré con un ejemplo hipotético.

Imaginemos que el antiguo Secretario de Estado de Hacienda, el Sr. Rodríguez-Ponga, imputado por el caso de las tarjetas black de Caja Madrid, tras reincorporarse al servicio activo como Inspector de Hacienda, hubiera solicitado una plaza como representante de España ante la OCDE, la organización internacional con sede en París.

En ese caso hipotético, incluso aunque por escalafón el puesto le correspondiera al Sr. Rodríguez-Ponga, a mi también me parecería una «barbaridad» política que el Ministerio de Economía le nombrara para el puesto.

Sé muy bien de lo que hablo y entiendo la reacción de Albert Rivera, porque yo, curiosamente, tuve que lidiar con un conflicto parecido entre moral y Derecho respecto a D. Manuel de la Concha, agente de Cambio y Bolsa y antiguo síndico de la Bolsa de Madrid, cuando, como Director del Tesoro y Política Financiera, tenia competencia sobre los Corredores de Comercio y resolvía sus convocatorias y concursos de plazas.

En 1992 el consejo de la CNMV -del que yo por entonces era miembro nato- abrió un expediente sancionador al Sr. de la Concha y a su Agencia de valores por desfigurar el nombre del gobernador Mariano Rubio en un listado de operaciones bursátiles que le reclamó la CNMV, cuando investigaba operaciones relacionadas con el «caso Ibercorp».

Pues bien, poco después de que la CNMV le abriera ese expediente, el Sr. de la Concha solicitó el reingreso al servicio activo como Corredor de Comercio -es decir, como fedatario público (hoy sería notario)- y solicitó una de las plazas que habían salido a concurso en Madrid.

Yo dejé la convocatoria en suspenso y me negué como Director del Tesoro a otorgar al Sr. de la Concha una plaz de fedatario público en Madrid, por un razonamiento moral o «político» similar al del Albert Rivera: ¿cómo puede pretender ejercer la función de fedatario público quien está siendo investigado por falsear un listado remitido oficialmente a la CNMV?

[En el consejo de la CNMV sostuve que el Sr. de la Concha había cometido un delito de falsedad y pedí que la CNMV pasara el tanto de culpa a la Fiscalía. Parece que la CNMV lo hizo, pero en aquella primera ocasión la Fiscalía decidió no actuar, cosa que solo haría años más tarde, cuando decidió ponerse «al frente de la manifestación»].

Pues bien, el Sr. de la Concha, asesorado por un gran penalista y profesor mío en la Universidad Autónoma, Miguel Bajo, interpuso recurso de protección de sus derechos fundamentales ante los Tribunales; y, al poco tiempo, por decisión 2 contra 1 de sus magistrados, la sala del Tribunal le dio la razón y resolvió que el Tesoro debía admitir la solicitud del Sr. de la Concha y nombrarle Corredor de Comercio en Madrid, cosa que hice de inmediato, para no incurrir en prevaricación.

¿Cuál es el problema de las declaraciones de hoy del Sr. Rivera?

El problema está en que Albert Rivera parte de una premisa de hecho falsa: no hay ningún indicio racional de que el Sr. Soria evadiera impuestos, ni tuviera una cuenta con dinero negro en ningún paraíso fiscal (como Bahamas o la isla de Jersey). El «caso Soria» no tiene nada que ver con el caso real «De la Concha», ni con el caso hipotético «Rodríguez-Ponga».

En efecto, como expuse el domingo en esta entrada, lo único que sabemos en el «caso Soria» es que:

a. El nombre de José Manuel Soria aparecía en los «papeles de Panamá» como administrador, en 1992, de una sociedad domiciliada en Panamá dedicada al tráfico marítimo.

b. La firma de José Manuel Soria aparece en el documento mercantil por el que él y su hermano Luis, en su condición de administradores, liquidaron en 2002 otra sociedad domiciliada en Jersey dedicada también al tráfico marítimo.

c. Las sociedades en cuestión formaban parte del grupo societario creado por el padre de José Manuel Soria para gestionar el transporte marítimo de productos hortofrutícolas canarios al Reino Unido.

d. El 15 de abril de 2016 el Sr. Soria dimitió como Ministro porque, antes de la publicación por El Mundo de la información sobre la liquidación de la filial en Jersey, había afirmado públicamente en rueda de prensa que la información relativa a los papeles de Panamá tenía que basarse en un error.

Las declaraciones públicas del Sr. Soria fueron precipitadas y constituyeron un grave error, pues se debía haber informado antes de cuál había sido la situación efectiva años atrás. Ese error, y la confusión que creó en la opinión pública, justificaron, a mi juicio, que dimitiera de inmediato, porque en política, como escribió Ignatieff, «si necesitas dar explicaciones en rueda de prensa, ya has perdido la mitad de la batalla».

Ahora bien, esa dimisión NO entrañó una admisión implícita de ninguna irregularidad, ni de haber evadido impuestos o mantenido cuentas en paraísos fiscales.

Resulta equivocado afirmar que aparecer como administrador en una sociedad familiar dedicada al tráfico maritimo domiciliada en Bahamas o Jersey entraña «evadir impuestos». El mundo del transporte marítimo internacional es complejo, e incluso el término «paraíso fiscal» es una expresión que abarca realidades muy distintas.

Yo no sé si los padres de los hermanos Soria evadieron alguna vez impuestos. Pero José Manuel Soria sostiene que él nunca lo hizo. Y uno de los hechos acreditados por El Mundo es que hace ya 14 años los hermanos Soria liquidaron la sociedad en Jersey que habían heredado de su padre.

En suma: no hay ningún indicio racional de que el Sr. Soria haya «evadido impuestos», ni incurrido en ninguna actividad o conducta reprochable que ponga en cuestión su honorabilidad. El Sr. Rivera se ha precipitado y sucumbido al «pánico moral» desatado por las palabras tabú «Panamá», «Bahamas» y «Jersey».

La honorabilidad del Sr. Soria sigue, en mi opinión, intacta. No hay el más minimo indicio de que haya incumplido el código ético del Banco Mundial. En consecuencia, no había motivo alguno para que, por razones políticas, el Ministerio de Economía no le nombrara para el puesto en el Banco Mundial que había solicitado.

[4-9-2016]

En defensa del nombramiento de Soria

El anuncio, el viernes pasado, de que el Ministerio de Economía ha propuesto a José Manuel Soria, Ministro de Industria y Energía hasta el pasado abril, como representante de España en el consejo del Banco Mundial ha suscitado críticas políticas de representantes del PSOE, de Ciudadanos e incluso de algunos dirigentes del PP.

Por los motivos que expongo a continuación, esas críticas me parecen equivocadas. Antes de expresar mi opinión, haré un breve resumen de los hechos relevantes.

Hechos esenciales

1. El consejo de administración del Banco Mundial (denominado en español «directorio», siguiendo una terminología latinoamericana que llama «directores ejecutivos» a lo que en España llamaríamos «consejeros dominicales») está formado por representantes de algunos países -como Estados Unidos o Gran Bretaña, que designan de forma directa a sus representantes- y por representantes de grupos o «circunscripciones» de países -las denominadas «sillas»-, que designan a un representante titular, a uno suplente y a diversos «asesores» y «asistentes técnicos» de los primeros.

Desde finales de los años 70, España, que originalmente compartía representación con Italia tanto en el Banco Mundial como en el Fondo Monetario Internacional (FMI), se incorporó en ambas instituciones a una «silla» integrada por Méjico, Venezuela y 5 países centroamericanos, que se turnan en los distintos puestos (aunque el puesto de «Director Ejecutivo» le corresponde siempre a uno de los tres mayores países: Méjico, Venezuela o España).

Los nombramientos son por 2 años y los efectúa la Asamblea Anual de cada una de las instituciones, con efectos de 1º de noviembre de ese año.

Así pues, a España le correspondía proponer -para su aprobación por la próxima Asamble del Banco y del FMI- a un «director ejecutivo» en el Banco Mundial y a un «director ejecutivo suplente» en el FMI.

Cuando en la Conferencia de Bretton Woods, en 1945, se negociaron los Convenios constitutivos de ambas instituciones, Keynes, negociador británico, propuso que los directores representantes de los países no residieran en Washington D.C, sino en sus capitales de origen, y se desplazaran a la sede de la institución para los consejos. Su propósito era evitar que interfirieran en el día a día de la institución. Keynes prefería que fueran -como ocurre, por ejemplo, en el Comité Económico y Financiero de la Unión Europea- altos cargos de la Administración de sus respectivos países.

La idea de Keynes no prosperó, y se adoptó un directorio «residente», en el que los «directores» trabajan a tiempo completo en la institución. Por eso se les llama «directores ejecutivos», aunque no tienen ninguna función ejecutiva, sino que se limitan a controlar y aprobar las decisiones de los funcionarios de la institución (staff). En la práctica, los «directores ejecutivos» suelen ser funcionarios de alto nivel -aunque rara vez altos cargos- de los países que representan.

2. Desde que, hace años, la relación de España con el Banco Mundial, el FMI y todas las instituciones financieras internacionales se centralizó en el Ministerio de Economía (con anterioridad, el Ministerio de Hacienda se ocupaba del Banco Mundial, el de Economía del FMI y el de Comercio del Banco Interamericano), el Ministro de Economía es quien propone el nombre de los Directores Ejecutivos – y demás cargos dentro de nuestra «silla»-que en cada período le corresponden a España.

Pues bien, con ese motivo los citados puestos se reservaron a funcionarios españoles pertenecientes al Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado,

3. En la elección de los Técnicos Comerciales que deben ocupar esos puestos, el Ministerio de Economía sigue un criterio parecido -aunque no idéntico- al que aplica para cubrir los puestos en las Oficinas Económicas y Comerciales de las Embajadas de España en el exterior:

– Los Técnicos Comerciales interesados solicitan las vacantes que se convocan;

– Una Comisión de Evaluación juzga las candidaturas y propone al Secretario de Estado de Economía la lista de elegidos.

– Desde tiempos inmemoriales, se da preferencia a los Altos Cargos (es decir, Directores Generales, Secretarios Generales, Secretarios de Estado o Ministros) que acababan de cesar.

4. José Manuel Soria nació en Canarias en 1958. Tiene un hermano, Luis. Su padre, fallecido hace años, había creado una empresa familiar consignataria de buques (primordialmente, si no estoy mal informado, de los que exportan al Reino Unido productos agrícolass canarios). La empresa actuaba a través de varias sociedades domiciliadas en el extranjero. A la muerte de su padre, los hermanos Soria heredaron la empresa familiar y sus filiales, en algunas de las cuales tenían la condición mercantil de administradores.

5. José Manuel Soria ingresó por oposición en el Cuerpo de Técnicos Comerciales a principios de los años 80 y trabajó como funcionario varios años en el Ministerio de Economía y Hacienda, en España (si no recuerdo mal en el Gabinete de varios Secretarios de Estado).

Pero pronto inició su carrera política como miembro del PP, lo que le llevaría, entre otros cargos, a la Alcadía de Las Palmas y a la Presidencia del Cabildo Insular de Gran Canaria, así como a ser nombrado en 2011 Ministro de Industria, Energía y Turismo en el Gobierno del Sr. Rajoy..

6. El Sr. Soria dimitió el pasado abril como Ministro, pocos días después de los siguientes hechos:

– Como parte de la difusión en España de los llamados «Papeles de Panamá», el lunes 11 de abril la Sexta y El Confidencial difundieron que el Sr. Soria había figurado en 1992 como administrador de la compañía UK Lines Limited con sede en Bahamas. Poco después se difundió que había sido secretario hasta 1997 de otra sociedad inglesa de igual nombre.

– El Sr. Soria se apresuró a declarar públicamente que las informaciiones era equivocadas, y que nunca había tenido empresas en paraísos fiscales.

– Tras esa declaración, el jueves 14 de abril El Mundo publicó que el Sr. Soria figuraba también como administrador de otra sociedad offshore domiciliada en Jersey, desde 1993 hasta 2002, fecha en la que los hermanos Soria habían firmado la liquidación de la compañía.

– El viernes 15 de abril el Gobierno anunció la dimisión del Sr. Soria.

Mi opinión personal

Antes de manifestar mi opinión, debo revelar dos circunstancias que, a los ojos del lector, pueden condicionar mi imparcialidad:

– Yo también pertenezco, desde finales de 1978, al Cuerpo de Técnicos Comerciales del Estado; y, poco después de mi ingreso en la Administración, desde julio de 1981 a julio de 1984 fui designado por el Ministerio de Comercio «Asistente Técnico» del Director Ejecutivo por España en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con sede en Washington D.C.

[En el BID, España comparte «silla» con Francia y otros países, y en aquel período el Director Ejecutivo era francés, el suplente austríaco y los asistentes técnicos éramos un funcionario japonés y yo mismo]

[Más tarde, entre 1999 y 2002 fue Vicepresidente en el Banco Mundial, pero en ese caso ni fui designado por España ni representé a España, sino que fui contrado como staff por el Banco Mundial, tras la por entonces reciente crisis del Sudeste Asiático. por mi experiencia en asuntos financieros y monetarios]

– Más allá del compañerismo propio de pertenecer al mismo cuerpo de funcionarios, siempre he mantenido una relación muy cordial y afectuosa con José Manuel Soria, que me parece un profesional muy capaz que tiene, además, gran simpatía y don de gentes (del que carece, por ejemplo, otro magnífico profesional y Técnico Comercial vinculado al PP : el Ministro De Guindos, que ha designado a Soria para el puesto).

Pues bien, reveladas esas circunstancias, resumo así mi opinión sobre el nombramiento del Sr. Soria como Director Ejecutivo por España en el Banco Mundial:

1. No hay que confundir tres cuestiones distintas:

a) Si el procedimiento de designación por el Ministerio de Economía de los «consejeros dominicales» de España en las organizaciones financieras internacionales es el ideal.

A mí me parece bueno, y es similar al que siguen otros países (por ejemplo, Francia). Es uno de los varios motivos que atrae buenos candidatos a las oposiciones al cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, unas oposiciones en las que, además de grandes conocimientos de economía, hay que acreditar el dominio del inglés y de otro idioam extranjero.

Pero entiendo perfectamente que alguien pueda considerar el actual sistema demasiado «gremial» a favor de los Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. [En el pasado, cuando el Banco Mundial dependía de Hacienda, los Directores Ejecutivos solían ser Inspectores de Hacienda o Interventores del Estado]

b) Si la retribución que paga el Banco Mundial a sus Directores Ejecutivos (252.720 dólares anuales, exentos de impuestos) es o no excesiva.

Yo, cuando fui Vicepresidente del Banco Mundial, propuse que los sueldos de los organismo financieros internacionales quedaran sujetos a un impuesto -destinado a fines de desarrollo- parecido al que aplica la Unión Europea a los funcionarios comunitarios. Pero tuve nulo éxito.

c) Si hay algo criticable en el nombramiento concreto del Sr. Soria como Director Ejecutivo por España en el Banco Mundial.

Me centraré en esta última cuestión, que es distinta de las anteriores y la única con genuina relevancia política. Lo que no me parece legítimo es utilizar potenciales críticas a los puntos a) o b) para criticar el nombramiento concreto del Sr. Soria.

2. Pues bien, no encuentro nada criticable ni reprochable en el nombramiento del Sr. Soria como Director Ejecutivo, por los siguientes motivos:

a) Es Técnico Comercial y Economista del Estado y, abandonada la actividad política, tenía pleno derecho a optar a un puesto de funcionario.

Es cierto que su condición de ex-Ministro le ha dado preferencia en el nombramiento, pero esa ha sido una práctica inveteradas en el Ministerio de Economía.

Su cualificación profesional para ejercer bien la función de Director Ejecutivo en el Banco Mundial -institución en la que se trabaja exclusivamente en inglés, dicho sea de paso- me parece incuestionable.

b) Los motivos por los que dimitió como Ministro no me parece especialmente reprochables, a la vista de que:

– Salvo error mío, no se le ha atribuido ningún delito (ni siquiera prescrito) -como fraude fiscal o blanquero de capitales-, ni ilegalidad alguna, sino tan solo haber si «administrador» (es decir, consejero) de sociedades domiciliadas en paraísos fiscales.

– Se trata de hechos muy antiguos, relacionados con empresas de su familia, no con su actividad política.

– No soy ningún experto en transporte marítimo, pero la utilización por compañías navieras de «pabellones de conveniencia» para abanderar sus buques y de sociedades offshore para domiciliar compañías es una práctica inveterada y antigua.

c) La dimisión como Ministro por el Sr. Soria fue rápida y respondió, en gran medida, a las contradicciones en que él mismo cayó al explicar la situación, cuando negó hechos que, sin ser graves, resultaron luego ciertos.

El Sr. Soria acertó con su rápida dimisión y acreditó unos estándares de ética política que, frecuentes en otros países -donde los políticos dimiten por cosas parecidas-, son inusuales en España, como he señalado muchas veces en este blog.

Ahora bien, los hechos por los que dimitió carecen de la más mínima relevancia a efectos de su designación, como funcionario del Estado, para un puesto de representación de España en el Banco Mundial.

Sería paradójico que, por hacer gala de una ética política exigente como Ministro, el Sr. Soria se vea penalizado como funcionario por hechos que carecerian de la más minima trascendencia jurídica y práctica si el designado para el puesto hubiera sido otro.

Conclusión

En mi opinión, los políticos del PSOE, de Ciudadanos y del PP que han criticado el nombramiento del Sr. Soria han caido en ese fenómeno politico detestable que, conocido como «pánico moral», describí en la crónica que reproduzco más abajo.

El Sr. Sánchez y el Sr. Rivera han mantenido, en mi opinión, una actuación elogiable en el reciente intento de investidura del Sr. Rajoy:

– El primero, manteniéndose firme ante el inaceptable chantaje del PP «o Rajoy, o terceras elecciones», pero dejando entrever que puede adoptar una actitud más constructiva ante un candidato distinto.

– El segundo, derrochando ese espíritu constructivo, conciliador y centrista del que ha hecho gala tanto en este intento de investidura como en el anterior.

Por eso, me preocupa que, presionados por una opinión pública poco informada y víctima ocasional de deliberados «pánicos morales», vayan ahora a sobrerreaccionar de forma injustificada ante el nombramiento del Sr. Soria como Director Ejecutivo en el Banco Mundial.

Si lo hacen, tan solo darán muestras de frivolidad, inmadurez política y profundo desconocimiento de la Administración.

Pánicos Morales

En su libro Folk Devils and Moral Panics (1972), el sociólogo sudafricano Stanley Cohen denominó «pánicos morales» (moral panics) a esas olas de rechazo popular que, alentadas por informaciones inexactas o exageradas, se desatan contra ciertas personas, instituciones o grupos sociales que se apartan del orden establecido o lo desafían y se convierten por ello en «demonios populares» (folk devils).

Se inspiró en la reacción de la prensa británica cuando el domingo de Pascua de 1964 se produjo en Clacton, en la costa sur de Inglaterra, un enfrentamiento entre dos bandas rivales de moteros – los mods y los rockers – que obligó a la policía a arrestar a 97 jóvenes.

Al día siguiente, el Daily Telegraph hablaba de un «día de terror por grupos de moteros», el Daily Mirror clamaba que «Los salvajes invaden la costa» y los restantes periódicos aparecían también trufados de expresiones alarmistas («orgía», «asedio», «turbas vociferantes»…), expresiones todas que magnificaron los incidentes y facilitaron que se repitieran en Brighton y otras muchas localidades.

Mecanismos de contagio

El sustantivo «pánico» utilizado por Cohen resulta certero, pues en tales supuestos:

1. La actitud de cada individuo frente al nuevo fenómeno no se basará en un análisis racional y sosegado, sino en una reacción emocional provocada por un sentimiento compartido de rechazo o miedo.

2. Ese rechazo o miedo se contagiará a través de los medios de comunicación -como señaló Cohen- y, en la actualidad, de las redes sociales.

En los periódicos, síntoma inequívoco del deseo de generar un «pánico moral» será el gran tamaño del titular de portada con que se describe el hecho reprobable.

3. Favorecerá el contagio el deliberado uso de metáforas, adjetivos o términos preñados de contenido emocional – a veces, bastará una sola palabra- que conmoverán a quienes los escuchen y harán que su reacción se torne visceral y se emancipe de los hechos originales.

Ni siquiera podrán sustraerse a esa influencia quienes presenciaron los hechos: ya en 1974 los psicólogos Elizabeth Loftus y John C. Palmer demostraron -en un célebre experimento sobre la velocidad atribuida a un coche que los encuestados veían chocar contra otro- que nuestro recuerdo de un hecho del que fuimos testigos directos variará en función de las palabras que oigamos usar a otros para describirlo (puede encontrarse más informacíón en «El experimento de Loftus y Palmer»).

Demonios político-sociales

Pánicos morales clásicos fueron las cazas de brujas en Europa, la persecución de los judíos por los nazis o la campaña del senador estadounidense McCarthy contra los «criptocomunistas».

En tiempos más recientes, el temido «fontanero polaco» (plombier polonais) fue el «demonio popular» que los xenófobos franceses utilizaron en 2005 para alentar el miedo a la inmigración y a la integración europea.

En «Fuego y Cenizas: Éxito y Fracaso en Política» (2013, en inglés), el intelectual canadiense Michael Ignatieff describe su breve y frustrada carrera política en su Canadá natal. Señala que la confrontación política se basa en desacreditar al rival y utilizar sus afirmaciones pasadas -debidamente distorsionadas o malinterpretadas- para cuestionar su legitimidad: la competencia entre partidos y políticos rivales no es una confrontación de buena fe de ideas, sino una lucha titánica por desatar lo que aquí hemos llamado «pánicos morales» que priven al rival de legitimación política (standing). Y añade:

«De las tres elecciones a las que me presenté, ninguna fue un debate sobre el futuro del país. Todas fueron sucias batallas sobre legitimidad política. En mis cinco años y medio en política ninguno de mis rivales se molestó en atacar lo que yo pensaba, lo que mi programa decía o lo que yo quería para mi país. Estaban demasiado ocupados atacándome».

En España conocemos el fenómeno. Así, durante las últimas elecciones europeas el PSOE basó su campaña en explotar la torpe afirmación del Sr. Arias Cañete sobre la superioridad de los hombres; hasta hace poco tiempo, en caso de apuro grave frente a un buen rival, los candidatos del PP y sus medios afines desataban contra el PSOE la carga emocional asociada a la «cal viva» del asesinato de Lasa y Zabala en 1983; y en los últimos días, en fin, son visibles los intentos de varios periódicos por desatar un pánico moral contra «Podemos» al vincular a su líder, Pablo Iglesias, con el terrorismo de ETA.

Tabúes sociales y económicos

Los «pánicos morales» no se limitan a la política. Así, en el Mundial de fútbol de Brasil, el mordisco que el delantero uruguayo Luis Suárez dio el miércoles a un defensa italiano fue castigado con una sanción severa por la FIFA, no por el daño causado -muy inferior al provocado por una patada-, la reincidencia del jugador sancionado (véanse en la foto, junto al último mordisco en el Mundial, los dos anteriores de Suárez) o la animadversión de la FIFA contra el pequeño Uruguay, sino, a mi juicio, por la inevitable asociación del mordisco con el tabú del canibalismo. (Entretanto, el jugador, con buen criterio, se ha disculpado públicamente).

En Economía, William Patry, abogado de Google, destaca en Moral Panics and the Copyright Wars (2009) el deliberado uso de metáforas jurídicas inexactas -«derecho de propiedad», «robo», «piratería»…- que utilizan las compañías titulares de derechos de autor (copyright) en sus campañas políticas y judiciales contra las nuevas tecnologías que han revolucionado la distribución minorista de música, películas o información escrita.

Otro llamativo «pánico moral» provocado por un «tabú», esta vez económico, fue la fulminante renuncia a su escaño por Willy Meyer, eurodiputado de Izquierda Unida, cuando se supo que años atrás participó en un plan de pensiones del Parlamento Europeo…¡gestionado por una sicav luxemburguesa! ¡Qué barbaridad! ¡Un fondo de pensiones para los parlamentarios de toda Europa gestionado por una sociedad especializada, domiciliada en el país donde tienen su sede varias instituciones financieras europeas (como el BEI o el Mecanismo Europeo de Estabilidad)! ¡Dónde vamos a llegar!

No estoy seguro de que el propio Meyer supiera bien lo que es una sicav, pero cualquier intento de explicación habría sucumbido a la resignada constatación de Ignatieff: «Si necesitas dar explicaciones en rueda de prensa, ya has perdido la mitad de la batalla». El pensamiento de izquierdas, en tiempos ilustrado y racionalista, sucumbe hoy con facilidad a mitos, tabúes y pulsiones irracionales.

«Ya a nadie le importan los hechos. Son meros puntos de partida para la invención y el razonamiento», escribió Jorge Luis Borges en «Utopía de un hombre cansado», relato integrado en «El libro de arena».

Si en esa sagaz afirmación sustituimos «razonamiento» por «exageración o insinuación malévola», tendremos el origen de muchos pánicos morales y de la habitual vacuidad de los debates políticos.

Manuel Conthe

Todo vale en campaña electoral. Y, como todos los partidos saben, estamos en campaña, y cualquier ataque es válido con tal de golpear al contrincante, aunque con ello se provoque un daño incalculable a largo plazo a toda España. Ése es el contexto que rodea a la polémica por la propuesta de Soria como representante de España en el Banco Mundial.

Un cargo que se ocupa por mérito dentro de la escala de empleados públicos, Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. No por designación política. Y que desde 1978 España se reparte en periodos bianuales con México y Venezuela.

Un puesto en el que la Comisión Asesora de Evaluación valora la antigüedad, conocimientos y cargos de responsabilidad de todos los solicitantes. Se llamen Soria o Iglesias. Y donde no se puede excluir a nadie salvo por inhabilitación legal, no porque PSOE, Podemos o Ciudadanos lo pidan tres veces en un telediario.

Y un cargo al que Soria accede siendo el candidato de mayor antigüedad y el único que ha acumulado cargos de responsabilidad como jefe de la sección de importaciones agropecuarias, jefe del servicio de Comercio Exterior, asesor del ministro de Economía y Hacienda, jefe del Gabinete del Secretario General de Comercio, alcalde, presidente de Cabildo, consejero y vicepresidente autonómico y ministro de Industria, Energía y Turismo.

¿Se habrá preocupado alguien de informarse sobre el sistema de asignación de esa plaza antes de lanzar esta campaña de demagogia? O, incluso habiéndose informado, ¿le habrá importado algo que se trate de un puesto de cobertura por escala funcionarial? Supongo que no. Aunque el resultado sea que cada día tengamos una capa política menos preparada. Que los profesionales con experiencia real de elevadísimo nivel en España tengan cada vez menos incentivos para estar en política y ocupen cargos decisivos. Personas que no tienen ninguna actividad privada que criticar porque nunca la han tenido: Rita Maestre, ‘Kichi‘,Águeda Bañón -actriz post porno y posteriormente directora de comunicación del Ayuntamiento de Barcelona con Colau-, o Samuel Romero, que con cuatro años de experiencia e hijo de la candidata a las primarias de Ahora Madrid, Rosa Aporta, ha sido designado por Carmena consejero de Calle 30 -sociedad con más de 140 millones de presupuesto que gestiona la principal circunvalación madrileña-.

Pero qué más da. Todo sea por un buen ataque político.