16 enero 2003

El Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal, decide actuar contra ‘Nunca Mais’ desatando acusaciones de que trabaja al servicio del PP

Hechos

El 16 de enero de 2003 el Fiscal General del Estado, D. Jesús Cardenal, anunció que abría una investigación a la plataforma ‘Nunca Mais’.

11 Mayo 2002

Reforma sin Cardenal

EL PAÍS (Director: Jesús Ceberio)

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Una reforma del ministerio público que no aborde la espinosa y polémica cuestión de la dependencia del fiscal general del Estado respecto del Gobierno nace gravemente coja. La que propone el ministro Acebes, en el marco del Pacto sobre la Justicia consensuado con el PSOE, no sólo elude esta cuestión, sino que refuerza el poder del fiscal del Estado sobre sus subordinados sin modificar en absoluto su reducida autonomía de actuación frente al Ejecutivo. Con esta reforma, la larga sombra gubernamental sobre el ministerio público puede llegar más lejos si cabe, sobre todo contando con la inapreciable colaboración de un fiscal general como Cardenal, servicial y osbsequioso hasta el empalago con sus mentores políticos.

Frente a la tendencia demasiado evidente de los Gobiernos de hacer del ministerio público un instrumento oportunista de sus intereses en relación con el delito o con la justicia, activando o congelando su iniciativa a conveniencia, se ha propuesto que el fiscal general del Estado fuera designado por el Parlamento o por el Gobierno con un plazo determinado. La primera propuesta exigiría una reforma de la Constitución, pero no así la segunda. Por eso, llama la atención que la primera reforma de fondo del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal de 1981 mantenga el mandato indefinido del fiscal general del Estado, cuyo cese sigue quedando al libre arbitrio del Gobierno, y, sin embargo, se preocupe de limitar a cinco años el mandato de sus subordinados, los fiscales jefes.

Sin resolver esta cuestión de fondo, la reforma propuesta, que atañe sin duda a importantes aspectos del funcionamiento del ministerio público, no deja de ser menor y limitada. En principìo, nada habría que oponer a que el mandato de los fiscales jefes se limite a cinco años y es muy oportuno que la idoneidad prevalezca sobre la antigüedad a la hora de designar a los titulares de las fiscalías más relevantes: Audiencia Nacional, Tribunal Constitucional, Fiscalía Anticorrupción, etcétera. La movilidad y la promoción por capacidad y méritos son rasgos de las organizaciones modernas y desarrolladas. Pero con un fiscal general cuyo cese pende de la voluntad del Gobierno, esa situación, sin duda más propicia a la discrecionalidad, puede servir para relegar a los fiscales incómodos y premiar a los adictos.

No hay que olvidar que el Gobierno se reserva la última palabra en la designación de los cargos más relevantes del ministerio público. Una asociación de fiscales ya ha expresado su temor de que la finalidad última de la reforma anunciada sea ‘prescindir de los fiscales jefes más incómodos para los intereses del Gobierno’. Sin modificar el actual régimen de dependencia del fiscal del Estado respecto del Ejecutivo, ese temor tiene visos de ser fundado.

17 Enero 2003

Prohibido protestar

EL PAÍS (Director: Jesús Cardenal)

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El fiscal general del Estado ha ordenado al de Galicia iniciar una investigación en relación a la denuncia presentada por un autodenominado sindicato de funcionarios contra Nunca Máis, la plataforma que ha encauzado la protesta ciudadana gallega por la catástrofe del Prestige. La Fiscalía cierra así un círculo iniciado por propagandistas del Gobierno, incluyendo medios públicos, que lanzaron insidias sobre la utilización de los fondos recaudados por esa plataforma. Esas insidias siguieron a la campaña destinada a presentar a Nunca Máis como una pantalla del BNG, y a este partido, segundo en votos del Parlamento gallego, como una fuerza antisistema.

El supuesto sindicato denunciante, denominado Manos Limpias, es una creación de Miguel Bernad, antiguo dirigente del partido de extrema derecha Fuerza Nueva, especializado en la presentación de denuncias contra partidos, sindicatos, jueces, políticos o particulares, por las más variopintas causas. Han habido otras personas que han buscado notoriedad con el mismo método, aunque en general sus iniciativas han sido archivadas a la primera. Lo singular de este caso no es sólo que se lo haya tomado en serio el fiscal general, Jesús Cardenal, sino el encadenamiento de hechos que va de la aparición de maledicencias en medios deseosos de complacer al Gobierno a esa intervención de la Fiscalía.

Nunca Máis ha explicado el destino dado a los fondos recibidos en las cuentas abiertas para financiar sus iniciativas. Son cantidades, como ha dicho uno de sus portavoces, el escritor Manuel Rivas, que no llegarían para pagar una cacería de las que les organizan a algunos ministros. Las insinuaciones de algunos medios fueron elevadas a la categoría de informaciones -sin posibilidad de réplica-por la televisión pública y esas informaciones, a pruebas por el acusador. Lo extraordinario es que el fiscal siga la rueda. Su argumento de que lo mismo ha hecho con otras acusaciones presentadas en relación a la crisis del Prestige tiene poco peso. Antes de ordenar la investigación Cardenal debería haber averiguado si la denuncia es fundada y no un montaje al servicio de la campaña de descrédito lanzada por el Gobierno contra Nunca Máis.

Lo que está en cuestión con esta desgraciada iniciativa es el derecho a protestar. La coacción contra quienes han encabezado la movilización es tan evidente como injustificada. Y ciega: ¿no comprenden los estrategas del Gobierno que identificar una protesta tan popular y plural con un partido concreto es el mayor favor que podían hacer a ese partido?