El juez Carlos Bueren dimite como responsable del Juzgado Nº 1 de la Audiencia Nacional tras su enfrentamiento con Garzón en medio de la presión del ‘caso Lasa-Zabala’

Su autorrecusación en uno de los recursos del sumario Marey por su «amistad manifiesta» con Rafael Vera ya fue un claro indicio de la incómoda situación que la reaparición del caso GAL en el escenario de la Audiencia Nacional entrañaba para el juez Carlos Bueren. La tibieza, indecisión y pusilanimidad de que ha hecho gala en la instrucción del sumario sobre los asesinatos de Lasa y Zabala, en medio de los elogios del club de fans del general Galindo, han confirmado esa sensación. Ante la disyuntiva de dar validez a los sólidos testimonios del policía López Carrillo, el ex contrabandista Miguéliz y otros y proceder contra Galindo, Dorado Villalobos y compañía o archivar la causa con el consiguiente escándalo, Bueren ha optado por la más taurina de las «espantadas». Teóricamente nada habría que objetar a la decisión del magistrado de colgar temporalmente la toga y aceptar una oferta tan lucrativa como la de incorporarse al despacho mercantilista de Rodrigo Uría. Sin embargo alguien que como Carlos Bueren ha edificado gran parte de su prestigio sobre la notoriedad de sus actuaciones en la Audiencia Nacional, antes de cambiar de rumbo estaba moralmente obligado a desentrañar la verdad de un asunto como el de Lasa y Zabala que tanta turbación produce en la conciencia de cualquier demócrata sincero.

Fue lo más parecido a un episodio de «La ley de los Angeles». A finales de diciembre, el abogado Rodrigo Uría anunciaba a la Junta General de su bufete la incorporación a la firma del socio número 20. Se trataba del juez Carlos Bueren. Su misión, encabezar el área de Derecho Penal Mercantil de la firma.

El fichaje se venía fraguando desde hacía dos meses. Rodrigo Uría hijo había mantenido en la reserva más absoluta varios contactos con el magistrado. La incorporación del juez cerraba una reestructuración del despacho, tras la reciente incorporación como socios de dos de sus abogados y la marcha de uno de ellos, Jaime Alfonsín Alfonso, que el 1 de diciembre fue nombrado jefe de la secretaría de la Casa Real.

El vínculo con la monarquía les viene de antiguo. Una de las cabezas visibles del bufete, Aurelio Menéndez, ex ministro de Educación y Ciencia entre 1976 y 1977, fue tutor del príncipe Felipe de Borbón.

La firma Rodrigo Uría es, posiblemente, uno de los tres despachos de abogados más prestigiosos del país. En ella trabajan 170 personas, entre letrados y administrativos, gobernados por un sanedrín de 20 personas que componen su Junta General. Con un capital social mínimo -3.700.000 pesetas-, la Rodrigo Uría Sociedad Regular Colectiva tuvo en 1994 una facturación de 3.051 millones de pesetas.

De esta cantidad y descontados los gastos -aproximadamente un 50 por 100-, los socios -que no reciben una nómina mensual- obtienen sus ingresos, cada uno en el porcentaje que tenga asignado. Suponiendo a Bueren una participación del 3 por ciento, el juez ganaría anualmente más de 50 millones.

Ni sus más allegados conocían la intención de Bueren de dar el salto a la abogacía. Lo más que aventuraban era su hartazgo de la Judicatura y comentaban sus dos fallidas oportunidades para dejar la Audiencia Nacional: la primera, cuando se especuló con su nombramiento como director general de la Policía; la segunda, cuando se le atribuyó un puesto seguro en el Consejo General del Poder Judicial, que debía haber cubierto en noviembre sus vacantes.

La verdad es que de Bueren se conocen pocas cosas. Se sabe que, recientemente, comenzó a dar clases particulares de inglés, que es un forofo de Atleti o que veranea en Bueu. Pocos están enterados de que su salud es delicada y de que, al parecer, padece una enfermedad de bazo.

El «superjuez», el hombre que instruyó los «papeles de Sokoa» y puso al descubierto buena parte de la infraestructura financiera de ETA, uno de los magistrados que más golpes ha asestado al narcotráfico, es también un obseso de la seguridad. Objeto permanente de amenazas del entorno terrorista -su fotografía ha aparecido en carteles del País Vasco en el centro de una diana-, Bueren y Angela, su mujer, han vivido siempre con la preocupación de ser víctimas de un atentado.

El asesinato de la fiscal Carmen Tagle le afectó sobremanera. También hizo mella en él la muerte del juez italiano Giovanni Falcone, a cuyo sepelio acudió acompañado de su entonces gran amigo Baltasar Garzón y del actual vocal del Poder Judicial Gómez de Liaño.

Las exequias del magistrado italiano impresionaron a Bueren. El trío tuvo dificultades para llegar a Palermo. Como únicos representantes de la Judicatura europea, contemplaron estremecidos el lugar donde fue asesinado Falcone y fueron testigos de cómo los asistentes al funeral arrojaban monedas a los autoridades políticas presentes.

De su amistad con Garzón apenas quedan jirones. Hoy, casi ni se hablan. Influyó en ello que Bueren aceptara la recusación que le presentó el ex secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera. Entonces, el magistrado se declaró amigo de Garzón y también de Vera. En noviembre, discutieron acaloradamente en la Audiencia Nacional. Bueren recriminó a Garzón la apertura de sumarios referidos al cuartel de Intxaurrondo.

La instrucción de este sumario, el de los asesinatos de Lasa y Zabala, ha sido el que más problemas de conciencia ha debido crear en Bueren. Al juez, un hombre tan vinculado a Interior que llegó a ser condecorado dos veces por el Ministerio, sus propios allegados le atribuyen un «ánimo adquirido» hacia los casos en los que se ven implicados las Fuerzas de Seguridad. En su despacho, luce banderines y figuras de la Guardia Civil.

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El sambenito de Bueren

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A pesar de su fama de sólo saber redactar autos de prisión -jamás de libertad-, en el procedimiento que afecta al general Rodríguez Galindo y al destacamento de Intxaurrondo su inacción ha sido duramente criticada y llegó a rumorearse que su intención era proceder al archivo de las actuaciones. El sambenito le viene de antiguo. En Arenas de San Pedro (Avila), uno de sus destinos como juez, aún se recuerda cómo procesó y envió a Yeserías a una viuda de Sotillo de la Adrada, cuyo marido había aparecido asesinado. Posteriormente, la mujer fue absuelta.

Su rictus serio y sus «tics» autoritarios no le han granjeado simpatía alguna en el gremio de la abogacía, en el que empezará pronto a trabajar. Además de las diligencias abiertas contra algunos de estos profesionales, varios letrados recuerdan el escrito de queja que presentaron al juez con motivo de la operación «Gamba 1». Bueren les había citado a las diez de la mañana para una declaración. A la una seguían esperando. Al parecer, el juez atendía a los opositores a judicatura a los que daba clase. Una funcionaria del Juzgado trató de identificar a los firmantes a través de su número de colegiado.

Lo que para muchos era signo de su minuciosidad instructora, para otros era sólo reflejo de su lentitud. Su juzgado es, posiblemente, el que acumule más causas pendientes de toda la Audiencia Nacional. Y no es, precisamente, porque el juez no trabaje.

Con su marcha de la Judicatura, Bueren romperá con una tradición familiar. Su padre llegó a ser magistrado del Tribunal Supremo y en Barcelona se le recuerda por ser el juez especial que dirigió una de las mayores redadas del franquismo contra la prostitución, que se tradujo en el cierre de decenas de casas de citas o «meublés». Su hijo sólo será ya el socio número 20.

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APOYO

El gran salto

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Acostumbrados a decidir y a pasear su autoridad, para un juez no debe de ser fácilcambiar su papel por el de letrado. Que se recuerde, sólo dos jueces -además de Bueren- y un fiscal se decidiron a dar el salto a la abogacía.

Entre los primeros, se encuentran el mítico juez de Delitos Monetarios Luis Lerga, que montó su propio bufete y dejó la carrera judicial, ofuscado por no haber sido designado magistrado del Tribunal Supremo. Federico Carlos Sainz de Robles es el otro ejemplo de juez reconvertido en letrado.

Jordana de Pozas. ex fiscal , ha sido el antecedente inmediato de Bueren. Recibió una oferta del bufete Cuatrecasas -un despacho similar al de Uría- y no se lo pensó dos veces.

Más raros aún son los casos de abogados de fama que acaben con la balanza de la Justicia en la mano. El único caso reseñable es el de Pascual Estevill, que abandonó su próspero bufete para vestir la toga de juez. Actualmente, es vocal del Consejo General del Poder Judicial y en su contra el Tribunal Supremo ha admitido una querella por prevaricación.

La aparición del ex magistrado Carlos Bueren durante un registro que había ordenado el juez Baltasar Garzón en la sede central del BBV en Madrid resulta inaceptable. Sobre todo porque se trata de la interferencia de una persona que conoce al dedillo este tipo de actuaciones. Su acción llegó al extremo de entorpecer el trabajo de los funcionarios judiciales y repartir recomendaciones a los directivos de la entidad sobre como debían comportarse en un registro. El ahora abogado Bueren parece dispuesto a utilizar la posición de magistrado que tuvo en el pasado para influir en las acciones de la Justicia que estén relacionadas con sus negocios privados o de influencia, como ya hizo en el registro del joven acusado de enviar paquetes bomba a periodistas, por ser hijo de un cliente suyo. Sus jefes en el bufete Uría y Menéndez deberían exigirle mayor prudencia, pues su fichaje puede convertirse en un incómodo bumerán.