El juez Santiag Pedraz abre proceso para investigar a Leire Díaz, Santos Cerdán, Pérez Dolset, Gaspar Zarrías y la gerente del PSOE, entre otros, por el llamado caso de «Las cloacas de Ferraz»

LA INSTRUCCIÓN judicial sobre las cloacas del PSOE ha dado un salto cualitativo de enormes dimensiones. El sumario, conocido ayer, contiene múltiples indicios que apuntan a que el Ministerio del Interior se involucró de forma directa y reiterada en los planes de la presunta organización criminal montada y pagada por el PSOE para, en palabras de los investigadores, «proteger los intereses del presidente». Entre la maraña de causas que manchan al Gobierno, ésta es la más grave: los jefes políticos de la Guardia Civil, todos ellos cargos de confianza de Fernando Grande-Marlaska, incluida la directora general del Cuerpo, Mercedes González, socialista de carné y amiga personal de Pedro Sánchez, intentaron amedrentar a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) que vienen investigando al entorno político y familiar del presidente. El cerco a Sánchez se estrecha aún más si cabe.

La Moncloa pretende encapsular este escándalo en el partido y, en concreto, en Santos Cerdán. El relato era inverosímil, pero ahora salta por los aires. El Gobierno aparece como un actor determinante en la trama que operó contra el Estado desde el Estado. Desde el mismísimo Ministerio del Interior, como ya ocurrió en los tiempos de Mariano Rajoy con la operación Kitchen. La magnitud del daño que esto inflige a las instituciones y a la confianza ciudadana es inaceptable. Si albergan un mínimo respeto por sí mismos o por las fuerzas de seguridad, ni el ministro ni la directora de la Guardia Civil pueden continuar un minuto más en sus cargos.

El sumario del caso Cloacas ha permitido descubrir las presiones que los mandos de la Guardia Civil han desplegado contra la UCO, por un lado, para dejar «en nada» sus informes sobre el hermano del presidente, David Sánchez, juzgado estos días por su contratación en la Diputación de Badajoz; y, por otro, para que la unidad se pusiera «de perfil» ante las investigaciones políticamente más sensibles. Lo relevante es que no se trata de inferencias o deducciones, sino del testimonio del ex director de la UCO, Rafael Yuste. En su declaración, Yuste señala a Leonardo Marcos, entonces director general de la Guardia Civil, y al actual DAO, Manuel Llamas, y sitúa esas maniobras en julio de 2024. Es decir, poco después de los «cinco días de reflexión» en los que Sánchez amagó con dimitir tras la imputación de su mujer, que es cuando la trama empieza a actuar contra jueces, fiscales y policías, según el juez Santiago Pedraz.

Los intentos de intimidar a los investigadores no acabaron ahí. Aquellas órdenes se completaron más tarde con la apertura de tres investigaciones internas a la UCO, por las que fueron interrogados el propio Yuste, el teniente coronel Antonio Balas y el jefe de la Policía Judicial, Alfonso López Malo. Los agentes del caso Leire consideran que la directora de la Guardia Civil se plegó de este modo a las consignas de la trama criminal para blindar al presidente, que en el sumario aparece citado como «el One» y que, según palabras que la fontanera atribuyó en privado a Cerdán, estaba al corriente de toda la operación.

A ello se añaden las mentiras en las que habrían incurrido tanto Marlaska como Mercedes González. Los dos han negado públicamente cualquier relación entre ésta y Leire Díez, pero la UCO las sitúa en «al menos» tres reuniones. Los agentes también apuntan a conversaciones de móvil entre ambas posteriormente borradas.

A medida que la causa avanza, lo que dictaba el sentido común lo dicta también una acumulación de indicios creciente. Y las piezas van encajando con una coherencia abrumadora. Frente a la campaña populista en la que vive inmerso el Gobierno, ni ha habido una cloaca hecha de lawfare, de «UCO patriótica» y de «bulos» periodísticos destinada a desestabilizar al presidente por ser «progresista», ni existe una conspiración orquestada por la oposición para apartarle del poder. Al contrario: es el Gobierno quien, según lo que vamos conociendo, ha practicado una guerra sucia continuada contra los funcionarios que investigan a Sánchez y a su círculo más próximo, con el propósito declarado de atornillarle al poder.

La causa está abierta y la Justicia deberá determinar su alcance penal, pero la responsabilidad política del presidente excede el umbral de lo cívicamente tolerable en una democracia europea. La unidad de élite de la Guardia Civil especializada en perseguir la corrupción denuncia haber sido víctima de una operación de descrédito y acoso por parte de sus superiores políticos, aquellos a los que nombra el Consejo de Ministros. La reacción de Sánchez, que no ha dado ninguna explicación sobre esta trama e incluso ha salido a apoyar a la gerente del PSOE, imputada por fabricar facturas para ocultar los pagos a la cloaca, sólo subraya esa responsabilidad intransferible. El presidente y sus alfiles han superado la fase de avergonzarse de la corrupción para exhibir su impunidad. Es el paso que va de respetar la democracia a no hacerlo.