24 mayo 1997

Es una réplica a la propuesta del PSOE a que se realice una investigación sobre la implicación del PP en el caso Sogecable

El PP amenaza con convocar una comisión de investigación contra el PSOE y el Grupo PRISA por supuestos 13 años de tratos de favor

Hechos

Fue noticia el 23 de mayo de 1997.

24 Mayo 1997

No se bajan del balcón

EL PAÍS (Director: Jesús Ceberio)

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HACE DOS días, durante su encuentro en La Moncloa, el presidente del Gobierno y el líder de la oposición con vinieron en sostener una nueva entrevista para abordar las causas de la crispación política. Fuentes del Gobierno se encargaron de señalar que Aznar incluso pidió a González que bajase el tono de sus críticas, versión desmentida por los socialistas. Pero al Gobierno no parece bastarle con que la oposición se modere, pretende que no haya oposición. Lo planteó ayer mediante un chantaje: si el PSOE no retira su propuesta de crear una comisión de investigación sobre los abusos de poder cometidos por el Gobierno contra empresas privadas de comunicación, el PP propondrá otra comisión paralela que investigue el periodo 1982-1996.Desde que la derecha llegó al poder es el ejemplo más clamoroso -ha habido otros- de la desnaturalización a que está sometiendo al Parlamento, que, aparte de legislar, tiene como misión fundamental controlar al Gobierno. Se trata de un grado más en una preocupante deriva autoritaria que augura lo peor. No cabe olvidar que todo esto es la respuesta irritada de un Gobierno que ha sido cogido en mentira a cuenta de las amenazas del secretario de Estado de Comunicación a un empresario. Estas mentiras tienen que ver, a su vez, con evidencias sobre las ilegítimas actuaciones del Gobierno para crear desde el poder un grupo de comunicación favorable a sus intereses a costa de dañar gravemente a otros grupos que no se someten a sus dictados.

Esta vez ha recurrido al chantaje: el portavoz popular, Luis de Grandes, dejó claro que se trata de una réplica a la iniciativa de los socialistas y que actuarán en consonancia con la actitud de éstos. Si se hubiera tratado de averiguar algo, y no sólo de tapar la boca al PSOE, el PP tuvo 13 años en la oposición para hacerlo. Si hubo abusos, su misión era denunciarlos. No supo hacerlo entonces y lo pretende ahora, cuando la función encomendada por los electores es la de gobernar.

Durante años, Aznar y los suyos negaron a los socialistas legitimidad para dirigir la nación. Ahora se la niegan para hacer oposición. Sólo los Gobiernos autoritarios aspiran a gobernar sin control parlamentario. No hace mucho oímos a Aznar asegurar que los del PSOE no tenían «autoridad moral» para controlar, al Gobierno. y ahora sube un escalón más con esta propuesta de investigar a su antecesor. Los partidarios de pasar página pretenden silenciar -con el argumento de que tiene mucho que callar- a un partido que obtuvo en 1996 casi los mismos votos que ellos. La borrachera de poder que ciega a Aznar y a sus escuderos no debería hacerle olvidar esa realidad. De hecho, una de las causas de la crispación actual es la voluntad de ese sector de sustituir la inalcanzada mayoría por medidas intervencionistas para neutralizar a esos 9,5 millones de votantes.

Al ser entronizado (por Fraga) como presidente del PP, Aznar se comprometió a construir un partido «moderado, centrado e independiente». Ha tirado por la borda las tres cosas, pero, sobre todo, la tercera: es el político más obediente de España: a lo que le dictan quienes desde los medios respaldaron su campaña de deslegitimación sumaria de los socialistas. El escrito con que el PP justifica la comisión parece un resumen de las banalidades reiteradas desde hace años por el sector más rabioso del periodismo de campamento. La investigación será sobre las «injerencias, presiones, tratos de favor y actuaciones abusivas en relación a los medios ( … ) entre noviembre de 1982 y mayo de 1996», y su incidencia en «el pluralismo, la libertad de expresión y el derecho a la información». Como ejemplo de lo denunciado, el escrito incluye, como si se tratase de pruebas irrebatibles, la retahíla habitual de intoxicaciones de esos medios: EL MUNDO, la COPE ABC.

24 Mayo 1997

Causa general contra PRISA

EL PAÍS (Director: Jesús Ceberio)

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El escrito constituye una causa general contra el Grupo PRISA. Es verdad que los socialistas amenazaron con acciones judiciales. Ahí está la querella de Barrionuevo contra el director fundador de EL PAÍS, Juan Luis Cebrián, por informaciones relativas a los GAL. ¿Quién cerró El Independiente?: la ONCE, después de su clamoroso fracaso en el mercado, aunque es cierto que quienes cobraron millonarias indemnizaciones acusaron alternativamente a Mario Conde o al Gobierno de entonces. Que entre las denuncias figure el cese de José Luis Gutiérrez como director de Diario 16 parece una broma: indica que el PP ni siquiera se ha molestado en distinguir el programa de la Asociación de Escritores y Periodistas Independientes (AEPI) del suyo.Es cierto que el Estado abandonó la SER, como la COPE, Radio España y otras emisoras en las que participaba como herencia de la incautación decretada por Franco tras la guerra civil. PRISA pagó 3.200 millones por el 25% del Estado, cuando había adquirido el 75% en el mercado privado por 1.200 millones. No hubo otorgamiento» a PRISA del 36% del mercado radiofónico. En 1989 se adjudicaron a la SER 23 emisoras -30, si se suman las asociadas- sobre un total de 320. ¿No le interesa al PP investigar también las 69 adjudicadas al grupo Blas Herrero o las 14 al grupo Rato, perteneciente a la familia del vicepresidente económico?

Respecto a las alusiones a los monopolios o a las posiciones dominantes, simplemente no las hay en España. La concentración que se está produciendo en las empresas obedece a los mismos impulsos y estrategias que en el, resto de los sectores económicos. Nadie en su sano juicio puede decir que hay «posición dominante» o «monopolio» en el mercado de prensa escrita, cuando PRISA tiene -sumados EL PAÍS, As y CincDias- el 13,07% de la cuota de mercado. Algo similar puede decirse de la radio, donde la SER convencional tiene el 24,6% de la cuota de sintonía; la COPE, el 20,9%; Onda Cero, el 17,3%, y Radio Nacional, el 12,2%. En cuanto a la televisión, Canal + tiene tan sólo el 2% de la audiencia televisiva, aunque algún programa -por ejemplo, los guiñoles- supere ampliamente ese porcentaje.

Aparte otras consideraciones, y en lo que más nos afecta como profesionales, es una vergüenza que diputados de este país pidan que se investigue cómo han conseguido sus informaciones y exclusivas a lo largo de 13 años los periodistas de los medios señalados. Produce arcadas que esa petición se haga en nombre de la Constitución y en defensa de la libertad de expresión. Si lo que desean es defender a su presidente y a su Gobierno, están en su derecho. Pero abusan manifiestamente -recordando tiempos peores- cuando pretenden acosar a un grupo de comunicación por la escueta razón de que no le presta apoyo ni coincide con sus intereses. Ése es el meollo de la cuestión: no existe ninguna batalla de los medios, y si existiera no tendría mayor importancia. Lo que sí la tiene, y mucha, para el conjunto de los ciudadanos es el intento de un Gobierno de acallar una voz que les parece -con razón- crítica.

La obsesión del PP de que se investigue lo que hicieron los socialistas en el pasado en materia de medios de comunicación es muy indicativa de su talante y de lo que entiende por mirar hacia adelante. Pero la apoyamos sin reservas y solicitamos a los demás grupos parlamentarios que también lo hagan. Así se podrá despejar de una vez ese conjunto de patrañas mil y una veces repetidas durante mucho tiempo sobre los favoritismos al Grupo PRISA. Todavía ahora se repite, sin vergüenza, que la concesión de Canal + fue irregular, sin que importe una sentencia contraria del Supremo.

El espíritu de concordia de la transición se ve amenazado por la actitud de esta derecha que emite a diario mensajes increíbles sobre su disposición a servir el «interés general». En medio, la economía crece y navegamos viento en popa hacia Maastricht. Es lógico, si se contemplan las habilidades de nuestros gobernantes, que la prensa extranjera denomine a esta situación el milagro español. Y que el presidente Aznar confiese ufano: «El milagro soy yo». No tiene idea de hasta qué punto.