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Estalla la crisis de Banca Catalana: Temor en el nacionalismo catalán a que salpique al presidente de la Generalitat, Jordi Pujol Soley

HECHOS

En noviembre de 1982 se hizo pública la situación financiera de la entidad Banca Catalana.

22 Noviembre 1982

Banca Catalana: una crisis carísima

EL PAÍS (Director: Juan Luis Cebrián Echarri)

EL DESENLACE de la crisis de Banca Catalana ha llevado la tranquilidad al grupo que, gracias a las grandes ayudas recibidas, escapa de los peligros de la suspensión y de la quiebra. De nuevo, un banco de dimensión media, por su volumen de depósitos, es saneado con dineros del Estado y del resto de los establecimientos bancarios.Desde que en enero de 1978 se planteó el problema del Banco de Navarra, donde, como en el caso de Catalana, el pasivo superaba los activos realizables, funciona una serie de mecanismos de salvaguardia para reparar las vías de agua que se abren en no pocas instituciones de crédito españolas, evitando así que vayan a la quiebra. Pero, en cambio, no se han dictado unos preceptos claros y contundentes que permitan limitar y controlar la expansión del crédito y de la actividad vertiginosa del negocio bancario, evitando de antemano estas grandes catástrofes.

En muchos países industriales existen normas de regulación que determinan el volumen posible de préstamos de los bancos en función del capital propio. Una proporción generosa podría situar esta relación en uno a quince (quince millones de disponibilidades crediticias por cada millón de capital). Aplicado este porcentaje al caso de Banca Catalana, hubiera significado que, con un capital próximo a los 6.000 millones de pesetas, los créditos concedidos no habrían superado los 90.000 millones.de pesetas. En la realidad han rebasado, a nivel de todo el grupo bancario, los 200.000 millones, de los que entre 60.000 y 70.000 millones son irrecuperables. Por otra parte, de haber existido una limitación como la apuntada, la Administración habría sido mucho más cuidadosa.

Por poner otro ejemplo concreto, en Alemania Occidental, país gobernado por los socialdemócratas durante los tres últimos lustros, las normas bancarias son rigurosamente objetivas. No pueden rebasarse, ni existe ninguna capacidad discrecional por parte de las autoridades. Además, la claridad en las definiciones facilita la intervención de la justicia: el incumplimiento o la temeridad es camino seguro de la cárcel. Palabra ésta que, por cierto, para nada aparece entre los temores de los responsables de estas grandes quiebras encubiertas en España.

Las enormes pérdidas de Banca Catalana, así como las de otros bancos con problemas, se deben, en gran parte, a la crisis industrial y a un fracaso específico en el sector de la construcción. En el sistema financiero español, a través de testaferros o de sociedades interpuestas, es fácil sortear las prohibiciones sobre concentración de riesgos, incluidos los de las propias empresas de los bancos. Las conexiones camufiadas entre administradores de entidades de crédito e inmobiliarias facilíta un método para burlar la prohibición existente de que un banco posea ínmuebles por un valor superior al de sus recursos propios, es decir, a su capital. La prohibición que impone el Código de Comercio a la autocartera, es decir, la compra de sus propias acciones por el banco, con dinero de los depositantes, también se conculca una y otra vez, aunque sea difícil o imposible de probar.

La legislación financiera actual todavía procede, en su mayor parte, de los años 1968-1969, época en la que los intereses públicos y determinados intereses privados estaban íntimamente solapados. Y pese a que la actual legislación penal permitiría aplicar las figuras de los delitos o faltas como estafa, abuso de confianza, negligencia grave, etcétera, los tribunales se inhiben casi siempre porque dicen no entender estas complejidades financieras. El resultado es que, como decimos, los delincuentes de cuello blanco de las crisis financieras no pagan por el delito que cometen, míentras que los ladrones de coches (o de bicicletas) y los rateros atestan las comisarías y los centros de reclusión.

Una ayuda frecuente en este género de fraudes que el Gobierno ha convenido en llamar «irregularidades bancarias» son las licencias de estilo en la elaboración de balances, mediante el expediente de realizar anotaciones contables que no están respaldadas por níngún activo real. Estos activos ficticios ascienden a 16.000 millones en el caso de Banca Catalana. Si además se le añaden 45.000 millones de activos fallidos y 11.600 millones de activos no rentables, se comprende que el Fondo de Garantía de Depósitos se vea obligado a sanear la entidad con 60.000 millones de ayudas y otros 15.000 millones más si tiene que suscribir en su totalidad el capital que debe reponerse.

Los accionistas de Banca Catalana han perdido su capital. Las acciones de mil pesetas valen simbólicamente una o cinco pesetas, según la serie. En la junta general extraordinaria celebrada el 17 de noviembre, los accionistas han aceptado con serenidad su destino. Incluso la petición de responsabilidades a los administradores ha sido rechazada, porque los que estaban en contra superaban a quienes exigían explicaciones. Queda, naturalmente, abierta la vía del expediente administrativo, que instruirá la autoridad monetaria para determinar si existen o no responsabilidades de los antiguos consejeros.

Además de las aportaciones del Fondo de Garantía de Depósitos, el Banco de España -como proclamó el secretario del Fondo actual y administrador de Banca Catalana- ha anticipado 86.000 millones de pesetas para cubrir los déficít de tesorería que se han originado en la entidad desde que se hicieran patentes los síntomas de crisis. La cantidad en su conjunto es enorme, y no sale de la nada, sino del bolsillo del contribuyente en gran parte. Supone, además, un drenaje inadmisible en las ya mermadas posibilidades de inversión que tiene este país. Un fracaso como el de Banca Catalana justificaría que, en adelante, si un banco cualquiera necesita una aportación de tesorería superior al 6% (por ejemplo) de sus recursos ajenos, su entrada en el Fondo de Garantía de Depósítos sea automática. Se evitarían así, en el futuro, las dudas de si los condicionamientos políticos pueden o no retrasar las medidas de saneamiento financiero, como parece que ha podido suceder en el tema que comentamos por la proximidad de las elecciones y la personalidad de algunos de los protagonistas. Entre otras razones porque una solución más rápida es siempre más barata, y lo exigible en estos casos no es tanto generosidad cuanto celeridad.

Pasemos a la acción

CON LAS reuniones de los accionistas del Banco Industrial de Cataluña (BIC) y del Banco Industrial del Mediterráneo (BIM), celebradas a comienzos de diciembre, concluyeron las juntas extraordinarias de las tres entidades del grupo de Banca Catalana, confirmándose la existencia de unas pérdidas descomunales. Se conoce el total de los activos ficticios -es decir, de los activos teóricos que, por no responder a ningún soporte patrimonial, son meros apuntes contables- y de los activos fallidos de las tres entidades: 129.112 millones de pesetas. Paralelamente, con el eslogan pasemos a la acción, se está desarrollando una campaña que busca una recuperación de la confianza popular en la Banca Catalana, imprescindible para que la entidad siga abierta al público, pues resulta difícil de creer que el Fondo de Garantía de Depósitos, dependiente del Banco de España, vaya a sostenerla de forma indefinida.En las tres juntas extraordinarias los accionistas mostraron un comportamiento atípico respecto a lo que cabe esperar de quienes están detrás de cualquier entidad financiera. Los problemas de Banca Catalana aparecen desde este punto de vista, como el desastre más idealizado de toda la historia de la banca mundial. Sin embargo, la realidad desmintió de forma estrepitosa ese proclamado idealismo en el momento más decisivo del drama, esto es, cuando los impositores de Catalana, enfrentados con el riesgo de perder sus ahorros, exhibieron el mismo talante que los clientes de cualquier otro banco y retiraron masivamente sus dineros. El idealismo, pues, ha sido una virtud circunscrita estrictamente a los accionistas, especialmente después de que éstos recibieran ambiguos mensajes que les hicieron concebir la esperanza de que el Gobierno y el Banco de España atenderían las responsabilidades económicas de la entidad.

A la vista de lo sucedido con el Banco de los Pirineos o con el grupo de Domingo Solís, hay que reconocer que el Banco de España y las autoridades se está portando con evidente generosidad en el caso de Catalana. Por primera vez en la historia bancaria española se concede una nueva oportunidad, otra operación acordeón, a un banco que, como el Banco Industrial del Mediterráneo, tuvo ya que recurrir, hace dos años y medio, a este trámite extraordinario. Y por primera vez, que sepamos, sobre unas pérdidas bancarias no inferiores a los 130.000 millones de pesetas se han adoptado soluciones que gravitan sobre todos los contribuyentes sin que se hayan exigido responsabilidades personales a los protagonistas de una mala gestión.

Por lo que respecta a la exigencia de responsabilidades, los accionistas del Banco Industrial de Cataluña y del Banco Industrial del Mediterráneo ni siquiera las solicitaron en las juntas extraordinarias; y quienes las pidieron en la junta de Banca Catalana quedaron en minoría e incluso fueron abucheados. La conclusión es que el accionariado, tras dar por irreversiblemente perdido lo que ya está perdido, quiere echar tierra encima del pasado y encarar cómodamente el futuro en la seguridad de que el Fondo de Garantía de Depósitos y el Banco de España correrán, una vez más, con todos los gastos. Ahora bien, el propio Banco de España no puede rehuir sus obligaciones hacia la sociedad española y tendrá que desvelar antes o después -esperamos que sea antes- el secreto sobre las actuaciones que condujeron a los resultados por todos conocidos de los tres bancos mencionados.

Ni que decir tiene que la exigencia de responsabilidades no se contrapone, sino todo lo contrario, a una política de ayuda a los bancos en dificultades. El hundimiento de Catalana sería un golpe gravísimo para Cataluña, tanto por su significado en el sector financiero como por sus repercusiones directas sobre las numerosas empresas que integran el grupo. Pero es preciso acabar con la ficción, corriente en Cataluña, de identificar a estos bancos que funcionan mal en la pedestre realidad con una supuesta esencia ideal de Cataluña. Cataluña no es, afortunadamente, propiedad de esos tres bancos ni del grupo familiar y político que se encuentra detrás de ellos. Los sentimientos y las reivindicaciones nacionalistas o autonomistas no sólo tienen su lugar en el sistema democrático, sino que la totalidad del edificio constitucional se asienta sobre su garantía. Sería una burla que esas emociones sinceras y esos legítimos derechos sirvieran simplemente de tapadera para un negocio, confirmando la peligrosa tendencia de los grupos que ejercen el poder económico o político a manipular, en beneficio propio, los símbolos comunitarios de Cataluña, del País Vasco, de Andalucía o de España entera.

La campaña popular de recuperación de depósitos está recordando estos días a la opinión pública las deudas morales que tiene contraídas Cataluña con este grupo bancario. El señor Espar Ticó, que encabeza el movimiento, señalaba días atrás que Banca Catalana había ayudado a sufragar iniciativas tan encomiables como la Gran Enciclopèdia Catalana o el Congrés de Cultura Catalana y a tapar los agujeros presupuestarios del diario Avui. Una relación exhaustiva de este tipo de gastos, la forma como se realizaron y la información que en su momento se facilitó a los accionistas servirían para explicar el destino de una parte de los 130.000 millones de pesetas, pero de ninguna manera justifica lo que ha pasado, ni con eso ni con el resto. No se trata de sembrar duda alguna sobre la honestidad de quienes han sido los gestores de los bancos. Ahora bien, dado que esas elogiables iniciativas en favor del catalanismo van a ser sufragadas a la postre por todos los contribuyentes españoles, nadie debería exhibir medallas por filantropías que han corrido a cargo de todos.

En definitiva, hay que deshacer de una vez por todas la idea de que la supervivencia de Cataluña pasa por los resultados contables de tres bancos que, durante años, al mismo tiempo que hacían patria, proporcionaban cuantiosas ganancias a un sector muy reducido de ciudadanos privados, y que ahora hay que acudir a salvar casi llamando a los bomberos. Y sobre todo hay que preguntarse públicamente por qué se está operando con la medrosidad y la pacatería evidentes a la hora de exigir cuentas a los responsables, emboscados en la manipulación de sentimientos que son de todos, como los caudales que ahora concurren a resolverles su problema.

En esta línea, la de ofrecer información fiable y exigir las responsabilidades pertinentes, en esta línea, sí, pasemos a la acción.

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