La Audiencia Nacional investiga si los cocineros vascos Arguiñano, Berasategui, Arzak y Subijana pagaron dinero a ETA para evitar ser víctimas de atentados

En sus más de 30 años de trayectoria asesina, sólo hay una cosa que nunca le ha faltado a ETA: dinero. La banda ha pasado por momentos muy duros en cuanto a personal y capacidad de movimientos, ha estado cuajada de topos y se ha visto acosada hasta en sus últimos refugios, pero jamás ha tenido problemas para financiar los gastos de sus pistoleros o para comprar armas en el mercado negro.

«Con bastante menos de lo que paga al año una de las principales empresas contribuyentes del mal llamado impuesto revolucionario -me decía hace unos días un ministro con acceso a la mejor información del Estado- pueden permitirse un misil tierra aire de los descubiertos en Francia, valorado en unos 60 millones de las antiguas pesetas».¿A cambio de qué? De impunidad, por supuesto.

Ahora, cuatro de los principales cocineros que dan lustre y renombre a la gastronomía vasca son señalados por el dedo acusador de su cobrador encapuchado, y la noticia -que muchos intuíamos desde hace años- constituye una metáfora insuperable de la terrible realidad de aquella tierra, envilecida por la cobardía.

Una tierra de gentes laboriosas, amantes del buen yantar y mejor beber, que huyen de «complicaciones» y pagan sin chistar las balas que matan a otros, con tal de vivir tranquilas. Una tierra bella, de cultura milenaria, que no sucumbió a la dominación romana -según reza el credo oficial nacionalista- pero renunció a plantar cara al franquismo, se acomodó con naturalidad a la prosperidad que le garantizaba la dictadura, a cambio de paz social, y sigue desde entonces por idéntico camino, asistiendo impávida al asesinato de cuantos osan oponerse al dictado del terror, entre merluzas en salsa verde, chuletones de buey, y alardes de nouvelle cuisine, regados con vinos de Rioja alavesa.Una tierra que castiga en las urnas a quienes se dejan la vida en defensa de la libertad, pues prefiere la seguridad que otorgan los cómplices del terrorismo.

Dice uno de los cocineros etarras que cuatro propietarios de restaurantes afamados llevan años sirviendo como pinches a la banda y yo me lo creo. ¿Cómo entender, si no, que ni ellos ni sus locales sufrieran atentado alguno, ni hubieran de padecer, como nos ocurre a otros, la carga pesada pero imprescindible de la protección policial, ni manifestaran el menor temor o el atisbo de un compromiso político? ¡Claro que han debido de pagar! Y todos los sabíamos. Pero no lo han hecho solos.

En el País Vasco nadie escapa a la necesidad de pagar. Muchos lo hacen con dinero; la mayoría, con un silencio cobarde y cómplice; y algunos, demasiado pocos, con un altísimo tributo en sangre, miedo y soledad. Ellos, con su dignidad, nos redimen a todos.

Afirmar que Arzak o Subijana son cocineros extraordinarios es algo fuera de discusión. Ahora bien, el talento o la capacidad empresarial de los cocineros vascos citados no exime de cumplir la ley y estos cocineros -según parece- pagaron a ETA para no tener problemas, esto es, para no tener problemas ellos y sus familias porque lo que hicieron fue colaborar a pagar las armas, las bombas y la actividad de los asesinos de ciudadanos inocentes.Podían haberlo puesto en conocimiento de la policía para que los delincuentes que extorsionan fueran detenidos, o para recibir protección policial como llevamos tantos otros ciudadanos, pero no lo hicieron.

Para muchos vascos los cocineros y los futbolistas son grandes iconos de nuestra cultura y de nuestra sociedad. Dos de los colectivos que más podrían animar con su ejemplo a que la sociedad no tolerase en silencio la persecución de sus vecinos. Justamente son dos de los colectivos que menos se han comprometido contra el terror.

No se me olvidará jamás que en la misma mañana en que se conoció el asesinato de un humilde cocinero del barrio de Loyola entró Arzak en antena en el programa del también donostiarra Iñaki Gabilondo. El periodista titubeó mucho menos de un segundo y Arzak, listo como un zorro, no dejó resquicio para que le preguntase por el atentado: se puso a hablar de puerros y tomates y no tuvo una palabra de condolencia pública. Desde luego Arzak no ha tenido problemas en aparecer en la Korrika rodeado de fotos de los asesinos de sus vecinos y tampoco ha tenido problemas en recibir el homenaje de las cuadrillas nacionalistas radicales de las fiestas de Vitoria.Sin embargo, me puedo equivocar, pero me parece que no ha sido visto en manifestaciones contra ETA o firmando manifiestos contra el terror.

Detrás de la hermosura y delicadeza de los fogones de lujo por los que han pasado reyes y príncipes, directores de cine y políticos de los que gastan con tarjeta visa oro, se escondía una realidad sórdida que se nos aparece hoy como una metáfora de la sociedad vasca, una sociedad rica y que come estupendamente bien pero donde muchos han mirado durante mucho tiempo hacia otro lado para no ver su lado sórdido y miserable y para no comprometerse haciendo frente a los totalitaris armados. Seguro que habrá silencios en el mundo del nacionalismo vasco, y también reacciones comprensivas y corporativas con ellos, pero ni el egoísmo, ni la comodidad, ni el talento eximen de cumplir la ley en un sistema democrático.Es por eso, por dignidad democrática, por lo que el fiscal debe investigar y si los cocineros han delinquido deberán pagar por ello. Ante la ley son ciudadanos, sólo ciudadanos.

Ayer la entrega del Premio Comentaristas de EL MUNDO que lleva el nombre de José Luis López de Lacalle tuvo un especial significado, al coincidir con la denuncia de esa vil carta de coacción que la banda terrorista ETA ha enviado a una persona que forma parte de la redacción de este periódico en Bilbao. Es la indignante constatación de que la libertad de expresión, 26 años después de que la Constitución la reconociera, cuatro desde que José Luis fuera asesinado por insistir en ejercerla, sigue sin existir en una parte de España.

Mientras, el cocinero Pedro Subijana pedía también ayer «un poquito de respeto» tras declarar junto a Arzak en la Audiencia Nacional por su supuesto pago a la banda terrorista, fruto de una extorsión que ETA intenta con todos, aunque unos cedan y otros no. Porque hay chantajes que reclaman dinero y otros que buscan otras concesiones, como el que ETA pretende ejercer sobre los periodistas que intentar informar con libertad de lo que ocurre en el País Vasco.

Los terroristas también ejercen su macabro chantaje sobre ciudadanos prácticamente anónimos, trabajadores que tienen su pequeño negocio o empresa en Euskadi, que seguramente tendrán más dificultades que alguien de tanto prestigio como Arzak o Arguiñano para salir adelante en otro lugar y que muchas veces no pueden pagarse una protección privada. Son personas que en muchos casos cederán ante el acoso de ETA, llevados por el miedo que algunos llaman estado de necesidad. Se trata de un poderoso eximente que debe merecer más que «un poquito» de respeto, especialmente por parte de quienes no viven esa terrible situación y juzgan desde la relativa frialdad de los principios morales.

Sin embargo, aunque todos los amenazados sean dignos de respeto y su miedo sea comprensible, entre esos ciudadanos anónimos y quienes tienen una actividad y una proyección públicas hay una diferencia irrenunciable, que es la magnitud de su responsabilidad.Es el caso de los periodistas, que dejarían de serlo en el momento en que se plegaran al silencio o la desinformación impuestos por la banda. Y es también el caso, sin duda, de los cocineros de renombre, que no son personajes anónimos entre fogones, sino que conceden entrevistas y dan conferencias, y cuyos gestos -ni siquiera ellos lo negarán- sirven de referencia al conjunto de la sociedad.

Resulta paradójico que quienes han cerrado filas de inmediato en torno a estos famosos restauradores, manifestando públicamente su solidaridad, apoyo y cariño, se mantuvieran en silencio y sin la más mínima señal de duelo tras el asesinato del cocinero de la Comandancia de Marina en San Sebastián, Ramón Díaz García.

Lo que ha de respetarse es el veredicto de los jueces sobre la acusación. No es, y hay que decirlo claramente, el respeto a la conducta ilegal de quien paga el chantaje de ETA. Porque si dedicáramos nuestra comprensión y respeto a las personas que ceden, se lo estaríamos restando a las que no lo hacen, a las que día a día sufren la amenaza y dan la cara. Les estaríamos faltando al respeto a cuantos, por no ceder, pagaron con su vida -como López de Lacalle- o todavía la arriesgan. Esos sí que merecen, además de nuestro respeto, nuestro agradecimiento y admiración.

Me llama la atención que algunos presuntos representantes de la opinión pública española se estén planteando la conveniencia de que la Justicia encarcele a dos cocineros acusados de haber cedido al miedo y pagado un chantaje y que, en cambio, apenas hayan dicho nada -o no hayan dicho nada en absoluto, o incluso hayan aplaudido- al saber de la puesta en libertad de Enrique Rodríguez Galindo, individuo que se prevaleció de su cargo público para cometer secuestros, torturas y asesinatos.

La puesta en libertad de alguien así no les incomoda, ocupados como están en reclamar que se castigue con cárcel el miedo de dos cocineros.

Es pasmosa la naturalidad con la que se utilizan hoy en día varas de medir escandalosamente diferentes.

Mientras todo el mundo especula sobre el futuro penal de los dos cocineros, acusados por un detenido (que al parecer tiene línea directa con los medios de comunicación), apenas se está hablando de una disparatada vista judicial que se celebra estos días: la del llamado caso Otano. Se supone que la Audiencia de Navarra juzga un delito de encubrimiento de cohecho cometido por quien era a la sazón presidente de la Comunidad Foral, Javier Otano. Pues bien: el fiscal ha pedido que el tribunal se declare incompetente porque -alega- el presunto delito se cometió fuera de España. La muy injustamente llamada acusación pública se apoya en que el dinero del cohecho fue depositado en una cuenta corriente en Suiza, desdeñando que la operación se gestó y pactó en España.La pretensión exculpatoria del fiscal se ve facilitada por la circunstancia, no menos insólita, de que el Gobierno de Navarra decidió no querellarse contra los acusados, pese a que fueron las arcas forales las sometidas a pillaje. Con lo cual, al no haber denuncia de la parte perjudicada, el fundamento jurídico de la acusación anda por tiempos.

Otano comparte acusación con el también ex presidente navarro y ex cura Gabriel Urralburu, acusado de haberse embolsado la dádiva de 176 millones de pesetas de Bosch Siemens. Urralburu, según nuestra singular legislación en materia de cohechos, sólo podría ser condenado a cuatro años y dos meses de cárcel, que ya en ningún caso cumpliría.

Me pregunto cómo puede ser que pase sin pena ni gloria el enjuiciamiento de un escándalo de esas dimensiones. Y cómo se explica que haya tan escaso interés por recordar un caso de corrupción tan flagrante.Y cómo se justifica que la propia Justicia haya abordado el asunto tan tarde y con tan poco entusiasmo, hasta el punto de dejarlo casi (o sin casi) impune.

Me lo pregunto, sí, pero prefiero no responderme, porque podría ser que la respuesta me acarreara una acción fiscal en nada parecida a la que han merecido Otano y Urralburu, que han sido llamados a responder ante los tribunales tarde, poco y mal.

No sé. Lo mismo es que ellos se benefician de haber sido frailes antes que cocineros.

O para ser más exactos, la subvención a ETA. Eso que los etarras llaman «impuesto revolucionario» es en realidad el patrocinio que se ofrece a una banda criminal para que asesine, secuestre y extorsione a otros. Supone empujar la gran bola de la muerte para que cada vez se haga más grande y mate más y mejor.

Se dice mucho ahora, con motivo del presunto «impuesto» que pagan algunos ilustres cocineros, que para dejar de pagar esas macabras subvenciones hay que ser un héroe. ¡Anda, coño, y para escribir llamando asesinos a los etarras, y para salir a la calle para protestar de sus fechorías, y para representar en el País Vasco a un partido político no nacionalista, y para oponerse en cualquier concejo municipal a las propuestas de los batasunos, y para ser una persona decente, trabajadora y legal en cualquier pueblo de Vasconia, ya no hablemos de ser españolista.

Demos la vuelta a esa oración del que paga porque a nadie se puede exigir que sea un héroe, y digamos que quien paga sin estar de acuerdo en subvencionar el crimen es un cobarde. Es un cobarde, pero está vivo, dirán los cobardes que pagan. Sí, claro, está vivo porque otros han muerto con el dinero que él ha dado. Las leyes hay que cumplirlas, y si para cumplir las leyes se necesita ser «héroe», pues se hace la heroicidad y sea lo que Dios quiera. Si todos pensaran así, el «impuesto revolucionario» no habría prosperado en el País Vasco. Ni habrían muerto mil personas inocentes, ni en los zulos que ahora han sido descubiertos habría aparecido ese carísimo arsenal de armas de destrucción bélica, armas de guerra.

Creo que este asunto del «impuesto etarra» es algo que el Estado ha descuidado desde los inicios criminales de la banda vasca y asesina. Ha sido tratado con desentendimiento desde el Estado y con indiferencia y aún con naturalidad y disculpas desde los gobiernos nacionalistas. Este mal viene de muy lejos. Gobernaba la UCD cuando se descubrió que el Casino de San Sebastián pagaba una subvención a ETA. Pedí en aquella ocasión que se cerrara inmediatamente el Casino, y que se hiciera lo mismo con las empresas, grandes, chicas o medianas, que se doblegaban ante la extorsión de los asesinos. Para combatir una situación así, de chantaje a toda una sociedad, al Estado sólo le queda una solución: cerrar la fuente de financiación. O sea, cegar el grifo que alimenta a los asesinos.

No se hizo nada, y los empresarios y los destacados profesionales vascos se encontraron durante años, se encuentran todavía, desamparados y desprotegidos por el Estado ante las exigencias de los que piden dinero para comprar bombas, metralletas, pistolas y hasta misiles, instrumentos de muerte. Más que «impuesto revolucionario» habría que llamar a eso «impuesto de guerra». No sé si los famosos cocineros que andan ahora por los despachos de la Audiencia Nacional (los Arguiñano, Arzak y compañía) han pagado a la banda etarra. Lo que sí sé es que los que pagan a ETA, no sólo son cobardes, sino cómplices de sus asesinatos. Y el gobierno que no impide el chantaje, es cómplice, encubridor y aliado de la banda. Así de sencillo y así de claro.