27 marzo 2008

Caja Madrid y La Caixa también son condenadas como responsables y deberán cubrir los 88 millones desfalcados

La Audiencia Nacional sentencia el ‘caso Gescartera’ condenando a sus propietarios a 11 y 10 años de cárcel

Hechos

  • El 27.03.2008 la Audiencia Nacional dictó sentencia contra los acusados del llamado ‘caso Gescartera’. 8 acusados fueron condenados a penas de prisión.

Lecturas

EL TRIBUNAL QUE JUZGÓ EL CASO:

Gescartera_tribunal Los jueces Dña. Paloma González Pastor, Dña. Ángeles Barreiro y D. Juan Francisco Martel juzgaron el caso, siendo este último el redactor de la sentencia.

PRINCIPALES CONDENADOS:

Gescartera_camacho D. Antonio Camacho. Propietario de la Sociedad de Valores Gescartera. Condenado a 11 años de prisión por apropiación indebida y falsedad en documento mercantil.

gescartera_ruiz_serna D. José M. Ruiz de la Serna. Apoderado de Gescartera. Condenado a 10 años y seis meses de prisión por apropiación indebida y falsedad en documento mercantil.

Gescartera_gimenezreyna Dña. Pilar Giménez Reyna, presidenta de Gescartera. Condenada a 3 años y medio de prisión por apropiación indebida.

gescartera_anibal D. Anibal Sardón, captador de clientes para Gescartera. Condenado a 9 años de prisión por apropiación indebida y falsedad en documento mercantil.

29 Marzo 2008

Al final de Gescartera

EL PAÍS (Director: Javier Moreno)

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La sentencia impone condenas rigurosas, pero no aclara el papel de la CNMV en el fraude

La sentencia del caso Gescartera es el punto y final para un caso de fraude financiero espectacular, pero deja el poso insatisfactorio de las historias incompletas. Es verdad que las penas impuestas a los principales imputados pueden ser calificadas de ejemplares. El dueño de la agencia de valores Gescartera, y principal responsable de la trama que estafó más de 88 millones de euros a los depositantes, ha sido condenado a 11 años de prisión por delitos continuados de apropiación indebida y falsedad documental, y el resto de los acusados, entre los que figura la presidenta de la sociedad Pilar Giménez-Reyna, hermana del a la sazón secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna, con penas que van desde los 10 años y medio a los 3 años de reclusión. La sentencia incluye además una reparación práctica a los estafados: Caja Madrid y La Caixa, entidades que coadyuvaron «al mantenimiento de la irregular operativa», son responsables subsidiarias y tendrán que pagar a los depositantes el dinero que han perdido.

La inclusión de Caja Madrid y La Caixa como responsables subsidiarios debe entenderse sobre todo como una advertencia para que en el futuro las entidades financieras se esmeren en vigilar las cuentas que acogen y que, sin el debido control, pueden ser simples vehículos de evasión. A partir de la sentencia de Gescartera resultará más difícil que bancos y cajas aleguen desconocimiento para mantenerse al margen de los casos de irregularidades financieras. Harían bien estas entidades en elaborar protocolos rigurosos que, al menos, eviten las cuentas opacas y obstaculicen la falsificación de documentos que permitieron a Gescartera engañar a la CNMV con fondos que no existían.

Sigue sin resolverse satisfactoriamente el problema de la restitución. Los acusados cumplirán sus condenas, con toda probabilidad se beneficiarán de importantes reducciones de pena, pero ni se sabe dónde están los bienes desfalcados ni los condenados han mostrado intención alguna de restituirlos. Reaparece pues la cuestión de si los condenados por fraudes o estafas de especial relevancia, como es el caso, deberían cumplir íntegramente sus penas mientras no aporten la prueba definitiva de su arrepentimiento, que es la devolución de lo estafado.

Pero la sensación de historia incompleta nace sobre todo de que el fraude de Gescartera pudo perpetrarse gracias, en el mejor de los casos, a la incompetencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores o, en el peor, a la sospechosa tolerancia que mostraron los altos cargos de la Comisión, nombrados por el Gobierno del PP, hacia las dudosas cuentas de Gescartera. En la comisión parlamentaria erigida para investigar el caso nunca se pudieron aclarar las relaciones de los ahora condenados por fraude con los altos cargos del Gobierno y de la propia CNMV. Ésa es la conexión política que falta para cerrar el caso.

28 Marzo 2008

GESCARTERA: UN FALLO JUSTO QUE NO ACLARA A DÓNDE FUE EL DINERO

EL MUNDO (Director: Pedro J. Ramírez)

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La Audiencia Nacional dictó ayer un castigo justo y ejemplar para Antonio Camacho y los principales ejecutivos de Gescartera, pero no aclara en su sentencia a dónde fueron los 88 millones de euros defraudados por esta sociedad de valores.

La sanción más dura ha recaído sobre Camacho, dueño de Gescartera, condenado a 11 años de prisión por apropiación indebida y falsedad documental. Pero también sus dos más cercanos colaboradores, José María Ruiz de la Serna y Francisco Javier Sierra, tendrán que cumplir penas considerables. A Pilar Giménez Reyna, hermana del ex secretario de Estado de Hacienda, se le imponen tres años de cárcel por su responsabilidad indirecta en la gestión.

Según la sentencia, los tres ejecutivos actuaron de forma coordinada para vaciar los fondos que les habían confiado sus clientes: «Colaboraron para mantener una situación aparentemente normalizada pero que en realidad constituía una mera fachada a cuya sombra se llevaba a efecto una premeditada, sistemática y persistente maniobra de desapoderamiento de los capitales y los valores invertidos», concluye gráficamente el fallo de la Audiencia Nacional.

El saqueo que describe la sentencia se produjo mediante un complejo sistema de ingeniería de operaciones ficticias, en las que existían cuentas con falsos titulares y se generaban plusvalías o pérdidas para manipular la situación contable de la sociedad.

La resolución declara a Caja Madrid y La Caixa responsables civiles subsidiarios del perjuicio creado a los clientes, por lo que tendrán que responder de los 88 millones defraudados. La Audiencia considera que las dos entidades financieras contribuyeron al encubrimiento de dichas operaciones de Gescartera y de su verdadera situación financiera.

Hay que recordar que Gescartera fue intervenida en junio de 2001 tras una serie de inspecciones de la CNMV en las que se habían descubierto gravísimas irregularidades. En abril de 1999, la propia CNMV ya había detectado un desfase contable de 30 millones de euros, pero no hizo nada.

Como consecuencia de la laxitud en la actuación de la CNMV, de Hacienda y de las autoridades económicas, cientos de inversores perdieron sus ahorros. Entre ellos, la Mutualidad de la Policía, la Asociación de Huérfanos de la Guardia Civil, las Agustinas Misioneras y la ONCE, que llegó a ser accionista de Gescartera.

Siete años después de su intervención, la sentencia de la Audiencia Nacional ha castigado a los principales responsables del fraude y ha establecido la responsabilidad subsidiaria que permitirá recuperar lo perdido a los inversores, que ayer celebraron el fallo. Pero han quedado sin sanción las responsabilidades políticas de los altos cargos de la CNMV y de Hacienda, que no actuaron a tiempo para parar la bola de nieve que fue creciendo y que aplastó a quienes depositaron su confianza en unos desalmados.