Los asesinos de ETA declaran un nuevo ‘Alto el Fuego’ al Gobierno Zapatero asegurando que, al contrario que en 1998, este será ‘permanente’

El alto el fuego permanente de ETA supone una oportunidad inédita que sería irresponsable no intentar aprovechar. Lo nuevo no es el anuncio de tregua, sino que se produzca tras un periodo prolongado, casi tres años, sin atentados mortales. Pero la experiencia obliga a extremar la cautela. ETA habla de alto el fuego «permanente», expresión deliberadamente ambigua. Antes de dar cualquier paso será preciso, de acuerdo con la resolución aprobada en mayo pasado por el Congreso, verificar si se trata de un compromiso firme de renuncia definitiva a la violencia, incluyendo el recurso a la extorsión y otras formas de coacción. Para que la oportunidad abierta desemboque en el fin de ETA será preciso medir los pasos con inteligencia, mantener el criterio de que no puede haber contrapartidas políticas y actuar desde la unidad de todos los demócratas.

La clave del comunicado por el que ETA declaraba ayer un alto el fuego es el adjetivo que lo acompaña: permanente. Se trata, en primer lugar, del mismo término empleado en su día por el IRA, cuyo modelo sigue ETA y sobre todo Batasuna (la Batasuna de Otegi). Permanente es más que indefinida, expresión desacreditada por la tregua de 1998: hasta Arzalluz declaró, tras su ruptura, que ya sólo tomaría en serio ofertas de alto el fuego si eran «definitivas, sin vuelta atrás». Pero alto el fuego permanente no es lo mismo que el fin definitivo de la violencia -«disolverse y deponer las armas»- que la resolución del Congreso consideraba como único destino de ETA. La ambigüedad calculada del comunicado aspira seguramente a permitir una interpretación que, sin ser de reconocimiento abierto de derrota, al estilo de la carta de Pakito, pueda tener encaje en las condiciones establecidas por el Congreso para impulsar un «final dialogado de la violencia». Ese posible cálculo, más el tono general del escrito, relativamente sobrio y bastante medido, parecen indicar que se trata de un texto pactado. Lo que remite a la existencia de alguna forma de contacto previo, directo o a través de intermediarios. Esto explicaría el optimismo gubernamental de los últimos meses frente a señales tan negativas como la continuidad de los atentados mafiosos y de la violencia callejera. Tal vez la decisión ya estaba tomada, como se rumoreaba desde diciembre, y ETA estaba buscando el momento publicitariamente más conveniente para hacerla pública. Esas señales serían la forma de demostrar que conservaba capacidad de hacer daño. La convocatoria de huelga general del 9 de marzo habría querido ser, en esa lógica, la prueba de su capacidad de movilización como paso previo al esperado anuncio. Pero el fracaso de la huelga, más la imputación por la justicia de sus convocantes, entre ellos Otegi, habría alertado de los riesgos de prolongar la situación. El comunicado de ayer evita hablar directamente de autodeterminación o lo que suelen llamar «territorialidad», pero mantiene que el objetivo del alto el fuego no es acabar con la violencia, sino alcanzar su programa político, que presenta como «reconocimiento de los derechos que como pueblo nos corresponden»; España y Francia deberán aceptar «sin limitaciones» esos derechos y respetar «la decisión de los ciudadanos vascos». Resulta sarcástico que ETA exhorte a los demás a respetar la decisión de los ciudadanos tras más de tres décadas de ignorar el deseo de paz de la inmensa mayoría de la población y de acumular más de 800 muertos. También advierte a Francia y España de que deben abandonar la represión. En un segundo comunicado publicado la pasada madrugada, ETA reitera las ideas del primero y muestra su deseo de construir «una paz basada en la justicia». Y añade: «Nos reafirmamos en el compromiso de seguir luchando hasta lograr los derechos de Euskal Herria». El presidente del Gobierno reaccionó con muy medida cautela, evitando cualquier expresión triunfalista y apelando a la recomposición de la unidad entre los partidos, y especialmente entre el suyo y el de Rajoy, que se había limitado a decir que el de ayer no era el anuncio de ETA que esperaban los ciudadanos. Por supuesto que lo ideal sería que ETA se rindiera incondicionalmente, como pedía hace poco Acebes, pero es poco realista esperar algo así. Incluso si ETA hubiera interiorizado su derrota política, en el sentido de que no existe ya ninguna estrategia política a la que haga avanzar la violencia, no lo plantearía en esos términos. Lo que permite mantener la esperanza no es que hablen de alto el fuego permanente, sino que ello ocurra tras casi tres años sin muertos. La resolución del Congreso define la pauta a seguir. Lo primero es exigir a ETA que aclare que su renuncia es irreversible, como planteó ayer el líder del PNV, Josu Jon Imaz, y también Zapatero al decir que se tomaría su tiempo antes de llevar el asunto al Congreso. Un tiempo para confirmar la voluntad de ETA, que recuerda el que se tomó John Major para realizar «verificaciones» sobre el alcance del anuncio de tregua del IRA en 1994. La distinción entre contrapartidas políticas y medidas de gracia para presos y activistas es en parte artificial, porque también esas medidas serían políticas. Pero resulta eficaz para marcar la frontera entre lo posible y lo que no lo sería, de acuerdo con la resolución del Congreso. Resultó especialmente inoportuna la interferencia del lehendakariIbarretxe anunciando la convocatoria de una mesa de negociación política, llamada de normalización, a la que seguiría su famosa consulta. Rajoy reiteró su rechazo a pagar precio político alguno y ofreció su colaboración para avalar la firmeza del Gobierno al respecto. Está bien, pero podía haber añadido que un alto el fuego permanente es una buena noticia y una oportunidad a no desaprovechar; y haber respondido con algo más de cordialidad a las palabras conciliadoras de Zapatero hacia él. En la ponencia sobre terrorismo aprobada en la reciente convención del PP se afirma que «no cabe el diálogo con los terroristas en tanto mantengan su voluntad asesina de utilizar el terror». Lo cual, leído desde el otro lado, significa que si aparece un compromiso verificable de abandono de la violencia ese diálogo será posible, como afirma la resolución del Congreso. Hay base para que los dos grandes partidos vayan juntos en este asunto a fin de que su desembocadura sea un fin de ETA con justicia.

De vez en cuando nos llaman por teléfono o nos llega una carta con el jubiloso anuncio de que acaba de tocarnos un apartamento con vistas al mar: ¡enhorabuena! Naturalmente, las personas con experiencia sabemos ya que el supuesto regalo no es tal y que aceptarlo nos saldrá a la postre más caro que comprarlo de nuestro bolsillo. Siento una sensación parecida al escuchar el comunicado de ETA (es un detalle tierno que por primera vez sea una paloma, digo una mujer, quien lo lee) en el que anuncia su alto el fuego permanente. Se le viene a uno a los labios la pregunta guasona y legendaria de Josep Pla tras recibir no sé qué condecoración: «¿Qué se debe?».

Primero, aclaremos las cosas. Este alto el fuego no es una concesión graciosa de ETA, que finalmente ha comprendido lo abominable de sus crímenes, sino una conquista de la democracia española, que tras una larga lucha policial, legal y cívica, ha logrado arrinconar y desactivar el terrorismo. Es una victoria de la sociedad, pero no de toda por igual: los que han luchado son quienes no se dejaron intimidar ni persuadir por los violentos ni sus portavoces, los que han mantenido la necesidad de cumplir las leyes y de aplicar estrictamente la constitución, los que no fueron engatusados por los embelecos de la «voz del pueblo» y han defendido los derechos de la ciudadanía; es decir, los políticos que firmaron el pacto antiterrorista así como la Ley de Partidos, y no los que se opusieron a ambas cosas, los jueces como Garzón o Grande-Marlaska, y no los que les acusan de intransigencia derechista, los periodistas que tuvieron que irse de Euskadi porque no les dejaban vivir, y no los que se quedaron haciéndose los valientes porque criticaban a la Guardia Civil, quienes salieron a la calle para defender el Estatuto vasco y la Constitución, pero no quienes los denunciaron por crispar a la sociedad, etc. A cada cual lo suyo. Que ahora no se pongan medallas quienes nada han hecho en serio contra ETA: si fuera por ellos, ETA hubiera dejado las armas mucho antes, desde luego, pero por haber ganado ya la partida y no por haberla perdido, como ahora.

En segundo lugar, ETA y los nacionalistas que la apoyan (y que se apoyan en ella, no lo olvidemos) pretenden que, ya que acaba la violencia, acabe o quede entre paréntesis también todo lo demás. Mañana en Euskadi no habrá terrorismo; por tanto, admitamos que no hay tampoco instituciones democráticas, leyes ni Constitución española. Hasta nueva orden, todo debe quedar entre paréntesis. Partamos de cero, olvidemos el pasado (sobre todo los crímenes, que suelen tener desagradables secuelas penales) y convoquemos mesas de partidos o de sectas, asambleas de barrio, lo que sea con tal de dar voz en pie de igualdad a quienes han asesinado y a quienes han resistido. Hagamos un referéndum preguntando a la gente con discreción si quieren que vuelvan los de la partida de la porra con la porra en alto o se resignarán mejor a verlos en las instituciones públicas tratados como a próceres. ¿Encarcelar a Otegi o a gente de su bando? ¡Por favor, las circunstancias han cambiado, que se lo piensen los fiscales! Si Al Capone jura que su banda no asaltará más bancos, sería de mal gusto pasarnos la vida recordándole los que ya asaltó. Estamos en la última fase de la imposición mafiosa: ETA extorsiona a empresarios y a eso se le llama «impuesto revolucionario»; ahora, en nombre de la ETA ya caduca, Batasuna y tantos otros nacionalistas tratan de extorsionar al Estado de Derecho, y para llamar a eso tienen otro eufemismo: «diálogo».

No deja de asombrar la naturalidad con que hoy todos los medios de comunicación asumen tranquilamente que, claro, Batasuna es el brazo político de ETA. Ayer, decir eso mismo o defender la ilegalización de Batasuna era como ser compañero de armas del general Mola y de Tejero. ¿Cuánto tardaremos en asumir que los nacionalistas, con Ibarretxe a la cabeza, al exigir la supresión de la Ley de Partidos, la mesa petitoria al margen del Parlamento, el referéndum, etc., están solicitando para ETA las concesiones estrictamente políticas que el Gobierno se ha comprometido a No hacer y que la mínima decencia política prohíbe? O sea, que cierto nacionalismo ni sabe ni quiere desligarse de los fines de ETA, como tantas veces hemos dicho algunos despertando santas indignaciones…, y de sus métodos sólo se desligan ahora, cuando ya no dan los resultados apetecidos. Pues bien: no. Ahora es el momento de la firmeza y de la unidad constitucional. Sólo faltaría que lo que hemos defendido ante las armas, lo cediésemos ante la palabrería de quienes no tienen más remedio que renunciar a ellas. Para la pregunta «¿qué se debe?» no hay más que una respuesta: nada de nada de nada. Y el resto, que lo pidan por favor.

Fernando Savater

Es inevitable comenzar cualquier valoración del comunicado de ETA señalando la inmediatez del mismo respecto a la aprobación de la propuesta de reforma del Estatut por la Comisión Constitucional del Congreso. Dentro de poco tiempo percibiremos ambos acontecimientos como simultáneos, pero ahora somos capaces todavía de apreciar la secuencia: aprobación del Estatut, primero; después, anuncio del «alto el fuego». No faltará quien se niegue todavía a aceptar que exista entre ambos una relación causal. En su derecho está, pero tal posición es ahora más débil que nunca. ETA ha desautorizado a los que sostenían hasta ayer la paradójica independencia de los procesos soberanistas emprendidos por los nacionalismos catalán y vasco en colaboración con la izquierda. En teoría, el post hoc, propter hoc podría ser engañoso. Nadie cree ya que lo sea. En noviembre de 1999, el anuncio etarra de la ruptura de la tregua desveló la trama oculta del Acuerdo de Estella. El comunicado de ayer otorga un sentido único a los procesos de reforma estatutaria emprendidos en esta legislatura y los hace aparecer como interdependientes. En otras palabras, ETA confirma en su comunicado que, pese a todos los desmentidos del Gobierno, estamos en un proceso constituyente.

La vicepresidenta saludó -lo siento, éste es el término exacto- el anuncio del «alto el fuego», definiéndolo como una «buena noticia», y tras este alarde personal e institucional de imprudencia, recomendó prudencia a todo el mundo, fuese y no hubo nada. No creo conveniente frivolizar más de la cuenta, especulando, por ejemplo, sobre el efecto suasorio que haya podido tener en Fernández de la Vega el hecho de que ETA encomendase la lectura del comunicado a una terrorista de cuota, pero es innegable que el actual Gobierno se preocupa menos de los contenidos que de las formas. El contenido del comunicado, dicho sea de paso, es preocupante. Mucho más que el del anuncio de la tregua de 1998. Como discurso, no se distingue apenas del de Ibarretxe, pero su emisor es ETA, no el PNV. También el discurso de la banda coincidió temporalmente con el del PNV en septiembre de aquel año. Catorce meses después endosaría al PNV la responsabilidad de la ruptura de la tregua. Quizá Fernández de la Vega habría debido pensárselo dos veces antes de calificar la noticia de buena, sobre todo después de que el Gobierno insistiera tanto en que la única noticia aceptable de ETA sería su disolución. Pero resulta comprensible. Tras la última campaña de extorsiones y atentados, este Gobierno necesitaba dar por bueno cualquier gesto de apaciguamiento, toda vez que ETA -léase de nuevo el comunicado- ni se plantea la rendición. El buenismo socialista no puede justificarse ya por las intenciones. Precisa resultados, y aunque éstos no sean los que esperaba y prometía, debe aprobarlos, como ha hecho en la Comisión Constitucional con el Estatut. Parece seguir en ello una lógica que recuerda mucho a la del tosco hegelianismo del joven Unamuno: «Las cosas son como son y no pueden ser más que como son, sin que haya más que una manera de conseguir todo lo que se quiera, y es querer todo lo que suceda» (Paz en la guerra).

La lógica de ETA es otra. No necesita resultados. Como siempre, el comunicado plantea demandas imposibles de satisfacer en el marco político actual. Esta vez, ni siquiera se ha esforzado en formularlas de un modo original. Se ha limitado a recoger las exigencias de Ibarretxe que fueron taxativamente rechazadas en el Congreso. Como en 1998, ETA ofrece una trampa con final anunciado. Romperá el «alto el fuego» cuando le convenga, por supuesto, en función de unas expectativas que sólo la banda conoce y que tienen que ver con su logística, no con sus reclamaciones manifiestas. La estrategia de ETA permanece inmutable. Es hoy la misma que en 1998, pero han cambiado las circunstancias y los actores. No cabe, por tanto, eludir el análisis remitiéndose a la tregua anterior, pero ésta es referencia obligada. Sabemos que supuso un respiro para la organización terrorista, infiltrada y golpeada por la Policía. Que le permitió reestructurarse, reactivar el terrorismo socializado de la kale borroka e irrumpir finalmente, en vísperas de las elecciones legislativas de marzo de 2000, con una nueva campaña de atentados que mantuvo un crescendo durante el primer año de la segunda legislatura de Aznar, para ir debilitándose después. ETA no puede ya actuar de otra manera. Esta variante espasmódica del terrorismo implica un cambio de táctica: las treguas o, simplemente, los períodos de inactividad responden a la necesidad de concentrar fuerzas para volcarlas en fases intensivas y breves de atentados. Es un terrorismo de gasto rápido (al estilo, por cierto, del terrorismo islamista).

Pero lo que tenía ETA enfrente era un bloque democrático compacto del que la operación frentista de Estella sólo consiguió desgajar a los partidos y sindicatos abertzales y a la Izquierda Unida de Madrazo. Hoy, ese bloque no existe, dada la ruptura tácita del consenso constitucional, que ha abierto una brecha entre los dos partidos mayoritarios. La disolución oficiosa del Pacto Antiterrorista, corolario inevitable de la política gubernamental de aislamiento del PP, favorece a ETA no tanto en el aspecto represivo (no parece probable que el Gobierno relaje la presión policial sobre la banda o Batasuna, al menos de momento) como en el político. Es muy difícil que los aliados nacionalistas del Gobierno se plieguen a un criterio unitario en el tratamiento de la previsible escalada de exigencias que, a partir de ahora, le planteará un frente abertzale que, tras el comunicado de ETA, ha hecho del plan Ibarretxe su programa común. Un frente que abarca el arco parlamentario nacionalista de Vitoria, desde el PNV al PCTV, con el refuerzo exterior de Batasuna y, claro está, de ETA.

Por otra parte, el Gobierno de Rodríguez Zapatero tiene escaso margen de maniobra después de su pintoresca gestión del proceso soberanista o semisoberanista de la mayoría parlamentaria catalana. De hecho, sólo le ha sido posible moverse desde el maximalismo de ERC al gradualismo de CiU. Ir más allá, salirse del esquema nacionalista, le estaba vedado por el compromiso que adquirió el presidente de apoyar la decisión mayoritaria del Parlamento de Cataluña. Los nacionalistas vascos no le van a exigir menos. Pero ahora harán depender de la respuesta de Rodríguez Zapatero la «posible» desaparición de ETA, a la que el presidente ha concedido gratuitamente credibilidad con sus reiteradas declaraciones acerca de ciertas claves y seguridades ocultas cuyo conocimiento se ha negado a compartir con la oposición. Si tal conocimiento se hubiese limitado a la certeza de la inminencia del «alto el fuego», sería bien poca cosa. Ahora Ibarretxe está en una posición ventajosa para reclamar del Gobierno la aceptación de las condiciones que fueron rechazadas en su día por el Congreso de los Diputados, con la seguridad de que el rechazo de las mismas -que son idénticas a las que ETA plantea- haría caer del lado del Gobierno la responsabilidad de una reanudación de la actividad terrorista de la banda. Lo que, sin duda, sería políticamente injusto pero, con el precedente de la inculpación política de Aznar a raíz de los atentados del 11-M, tendría lo suyo de justicia poética. Rodríguez Zapatero debería reunirse cuanto antes con Rajoy para contarle lo que sabe. Por prudencia, como aconseja su vicepresidenta.

Jon Juaristi

Ninguna persona bien nacida puede dejar de alegrarse ante un alto el fuego de ETA. De momento, por solidaridad con los miles de amenazados, cuya presión acaba de experimentar un inmenso alivio. Y después, por las expectativas, mayores o menores, que esta circunstancia puede abrir para encontrar una salida definitiva. Si estamos ante el famoso principio del comienzo del preámbulo del fin del drama, ante el comienzo de una peligrosa incógnita o sólo ante una pausa o un siniestro intermezzo, es algo que ahora probablemente nadie sepa. Aunque es posible que haya personas que sepan algo más de lo que dicen. Y que exista una hoja de ruta secreta cuyo mapa y alcance desconocemos la inmensa mayoría.

A estas alturas, parece consolidado un estado de opinión pública poco dispuesto a obtener paz a cambio de un precio de dignidad moral, y el Gobierno está en condiciones de saberlo. Se diría que lo sabe, a juzgar por sus cautelosas reacciones ante lo que, a primera vista, constituye un éxito cuya euforia está controlando por ahora de manera razonable.

Motivos tiene, desde luego. El primero de ellos, la Historia reciente. Fracasará sin remedio el que saque conclusiones que ignoren el modo de comportarse de ETA y su empeño en tutelar e intervenir el discurso político del País Vasco. El segundo, la evidencia de que ha mendigado demasiado este paso, más allá incluso del decoro político. Y el tercero, la necesidad metafísica de abordar un consenso que es tan importante como el proceso en sí mismo, y tan difícil para un poder que ha hecho estrategia del disenso intencionado. Los españoles quieren inequívocamente la unidad ante este reto, y aunque se trata de un compromiso que obliga al Gobierno y a la oposición, parece clara la responsabilidad predominante de quien está obligado a tomar las decisiones.

El PP salió ayer con prudencia del primer envite que le planteaba la nueva situación. Su misión consiste en garantizar que se cumplan unas determinadas condiciones de decencia política, sin que de ningún modo se le pueda percibir como un obstáculo interesado. Como alternativa de poder que representa, tiene que ser leal a su responsabilidad de Estado. Escéptico, desconfiado y firme, pero leal.

La palabra clave de esta hora es cautela. Cautela porque permanente no significa indefinido. Porque ETA no habla de dejar las armas, sino de tenerlas calladas a cambio de una negociación política. Porque los lúgubres encapuchados del vídeo no parecían arrepentidos de nada. Por eso es hora de una saludable desconfianza y de recordar que no vale cualquier precio, y menos que ninguno el de la humillación de las víctimas. Cuando está en juego la vida de las personas y la esencia misma del proyecto nacional, no ha lugar para los errores, por bienintencionados que sean. Nadie puede olvidar que éste es un arriesgado baile con lobos. Con los dientes mellados, pero aún aptos de sobra para merendarse a los listillos, a los providencialistas, a los oportunistas y a los incautos.

Una de las cosas que no se ha subrayado nunca lo suficiente es que España tuvo que constituirse democráticamente en medio de una presión terrorista inusualmente intensa. Esto es algo que no ha ocurrido en ningún otro país europeo. Nuestra primera experiencia democrática estable, ya que la de la Segunda República fue de una duración muy breve y convulsa no ha dejado de estar acompañada en ningún momento por el terrorismo. Las ilusiones que nos pudimos hacer acerca de la posible desaparición del terrorismo una vez que, aprobada la ley de amnistía, estuviera implantada la democracia, y que, con el ejercicio del derecho a la autonomía, se constituyera un Gobierno nacionalista en el País Vasco, no duraron apenas nada. El terrorismo en España ha sido básicamente un terrorismo contra la democracia. Ni cuantitativa ni cualitativamente se puede comparar la acción terrorista contra el régimen del general Franco con la acción terrorista contra la democracia constitucional.

Es verdad que ha habido momentos desde la entrada en vigor de la Constitución en que pareció que se podía estar aproximando el fin del terrorismo. Quien repase las hemerotecas podrá comprobar hasta qué punto se abrieron esperanzas de poner fin al terrorismo con la firma del Pacto de Ajuria Enea a finales de los años 80. Y quien repase los barómetros del CIS se sorprenderá de qué lugar tan bajo ocupaba el terrorismo entre las preocupaciones ciudadanas en 1993, tras la caída de la cúpula de ETA en Bidart. Y todos tenemos en la memoria la última tregua declarada por ETA durante el primer Gobierno de José María Aznar y las esperanzas que se abrieron con la negociación que el presidente del Gobierno ordenó abrir con la banda terrorista. Como consecuencia de la combinación de la eficacia policial y de iniciativas políticas ha habido ocasiones en el pasado en que pareció vislumbrarse el final del terrorismo etarra.

Nunca se llegó a alcanzar ese objetivo. La esperanza del fin de ETA resultó ser en el pasado un espejismo. La sociedad española parecía resignada a convivir de manera indefinida con la presencia del terrorismo, aunque fuera con un terrorismo debilitado como consecuencia de la eficacia de la acción de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de las condenas judiciales.

EN ÉSAS estábamos hasta que se produjo el atentado del 11-M del 2004. Desde esa fecha se ha producido un cambio en la percepción del terrorismo en todos los países europeos en general, y en España en particular, que es sobradamente conocido. No se ha llamado la atención, sin embargo, sobre algo que, en mi opinión, ha debido de tener una influencia determinante en la decisión de ETA de declarar un alto el fuego permanente conocida ayer. Se trata de lo siguiente: la dirección de ETA y de Batasuna tuvieron ocasión de comprobar el propio 11-M que prácticamente toda la sociedad española consideraba que ETA era capaz de cometer un atentado tan brutal como ése. ETA no lo cometió, pero los ciudadanos españoles pensamos inicialmente –antes de que el Gobierno mintiera de manera deliberada–, es decir, espontáneamente, que había sido ETA. En consecuencia, la dirección de ETA y Batasuna sabían que el canon por el que los juzgaríamos en el futuro no sería el anterior al del 11-M, sino el posterior a esa fecha y que, en consecuencia, cualquier atentado a partir de ese momento supondría el fin de cualquier posibilidad de diálogo.

No cabe duda de que ETA está muy debilitada y que tiene muchas más dificultades que en el pasado para continuar matando, pero tampoco creo que quepan muchas dudas acerca de su capacidad para poder hacerlo. La ausencia de atentados con víctimas mortales desde hace casi tres años es consecuencia de una decisión política. De una decisión que no ha sido libre, sino que le ha venido impuesta por las circunstancias. ETA y Batasuna saben que ya no pueden matar, que tienen la capacidad para poder hacerlo, pero que no pueden hacerlo. ETA y Batasuna saben que, tras el 11-M, quien cometa un atentado terrorista no se pone solamente fuera de la ley, sino que dejará de ser considerado por la sociedad española como parte de ella misma. A partir de ese momento sólo cabe la erradicación por el Estado de la organización terrorista, sin posibilidad de que se pueda explorar siquiera algún tipo de fin que no sea exclusivamente policial y penitenciario. Podría ser largo y doloroso para la sociedad española, pero el camino de la erradicación de ETA sería un camino sin retorno.
En esta convicción de ETA/Batasuna es donde está el origen del comunicado de alto el fuego definitivo dado ayer. ETA/Batasuna han llegado a la conclusión de que ya no pueden posponer por más tiempo el reconocimiento de su derrota, porque ya no tienen ninguna baza que jugar.

Esto es lo que, muy probablemente, quería decir el presidente del Gobierno al hablar del comienzo del principio del fin de ETA. Una guerra no se acaba cuando lo decide el que la gana, sino cuando el que la ha perdido acepta su derrota. Lo estamos viendo en Irak. El presidente Bush declaró que la guerra había terminado a los tres meses de haberla empezado. No fue ésa la opinión de la insurgencia iraquí y así están las cosas en Irak. Con el terrorismo de ETA ocurre algo parecido. No es el Estado español el que puede decidir cuándo se ha ganado la guerra, sino que es ETA la que tiene que reconocer su derrota, la que tiene que reconocer que el terrorismo ha dejado de ser un instrumento con el que poder intervenir en la política española. Es lo que acaba de hacer por primera vez desde que se dio a conocer como organización terrorista.

ES EVIDENTE que entre lo que ETA ha decidido y lo establecido en la resolución del Congreso de los Diputados para empezar a hablar hay una distancia, y una distancia no pequeña. Queda, por tanto, todavía un camino por recorrer que no va a resultar fácil para nadie. Entre otras cosas porque hay mucho dolor acumulado, mucha desconfianza por parte de la sociedad española y una realidad judicial y penitenciaria que puede resultar muy resistente a una negociación de naturaleza política.
Pero esta vez sí parece que nos aproximamos al fin de la pesadilla de estos últimos 40 años. Las manifestaciones de alegría ciudadana con que fue recibido en la sociedad vasca el comunicado de ayer de ETA así parecen indicarlo. Esto no ha ocurrido nunca en el pasado. Los ciudadanos vascos, sobre todo, saben que esto no es una simple tregua. Es el reconocimiento de una derrota. Es la aceptación por ETA/Batasuna de que, aunque no les guste, no tienen otra opción que abandonar las armas y hacer política. Justamente por eso es más que probable que esta vez vaya a ser que sí.

El anuncio de alto el fuego permanente de ETA provocó ayer un terremoto político, social y mediático de una enorme magnitud.

La importancia y el calado de la iniciativa de la organización armada y su indudable aportación al proceso de resolución del conflicto ocupó, prácticamente desde el mismo instante en que se hizo público el mensaje, portadas y horas de emisión ininterrumpida en todos los medios de comunicaciónŠ o en casi todos.

La iniciativa de ETA sitúa el proceso en un nuevo prisma y, en cierto modo, obliga a retratarse a muchos de los actores, protagonistas o agentes que, durante estos últimos y convulsos meses, han pretendido moverse en una indefinición o ambigüedad interesadas. La inercia en la que algunos han querido ampararse en estos últimos años ha coqueteado en demasiadas ocasiones con la tentación de poner obstáculos, e incluso poner en peligro el proceso mismo, en lugar de trabajar por abrir vías de soluciones, hasta el punto de reflejar que en esa situación había quien parecía sentirse cómodo. Pese a estas actitudes, hoy asistimos a una iniciativa que ha sacudido muchas cosas y que, en buena lógica, debería llevar a la reflexión a quienes esgrimen discursos y actitudes que en nada ayudan a buscar un camino de resolución. El terremoto ha sido tal que ha provocado reacciones oficiales en las principales capitales mundiales, incluidas Londres y Washington.

Es obvio que al primer momento de impacto deberá seguir, en buena lógica, una reflexión pausada que permita a todas las partes dar la dimensión adecuada al alto el fuego permanente de ETA, dimensión que va, sin duda, mucho más allá del cese de las acciones armadas. A nadie con un mínimo conocimiento de los procesos de resolución de conflictos en el ámbito internacional y con un rigor básico a la hora de abordar estas cuestiones se le escapa que cuando una organización armada toma una decisión de tal trascendencia es porque es de suponer que ha habido un intenso trabajo de trastienda, labor que implicará y comprometerá a otros actores claves del proceso abierto.

A nadie se le escapa, tampoco, que este anuncio en absoluto significa el final de un camino, como algunos pretenden hacer creer en función de sus propios intereses, sino todo lo contrario, el inicio del partido si utilizáramos un símil deportivo. Un partido que exigirá mucha responsabilidad a todas las partes y mucha voluntad de avanzar en la resolución del conflicto y cuyo futuro, como desde su nacimiento ha sostenido este diario, deberá sustentarse en el diálogo, la negociación y el acuerdo, y, en último término, en la palabra y la decisión que adopten los ciudadanos y ciudadanas vascas sobre su futuro.

Todo aquel que se adentra con seriedad en esta cuestión coincide en apuntar que será un proceso largo y complicado, en el que, a buen seguro, no faltarán tropiezos y obstáculos. De ahí el ejercicio de responsabilidad exigible a todos los actores implicados en el mismo. Diríase que es hora de responder con claridad, y con hechos, al futuro. Habrá, cómo no, quien no lo haga porque no le interese hacerlo, y algunas reacciones registradas ayer dejan clara constancia de ello. París y Madrid respondieron en clave de prudencia, aunque están llamadas a dar pasos que demuestren su voluntad real. La mayoría de los agentes de Euskal Herria, cada uno desde su punto de vista, tuvo una reacción positiva, que debe verse corroborada con compromisos efectivos.Pero, a la postre, será la movilización de la sociedad a la que representan esos agentes la que, en la balanza, tome más peso, ya que es el activo que necesita, y la garantía que precisa, un proceso para la resolución del conflicto basado en el reconocimiento de los derechos de Euskal Herria. El momento es importante; lo que está en juego, mucho más: Euskal Herria.

Aunque sea bajo el eufemismo de un «alto el fuego» y con la contradicción intrínseca de declararlo «permanente», el anuncio de ETA de que renuncia en la hora presente al terrorismo merece ser acogido con satisfacción y esperanza. Queda por ver si ello incluye también el fin de la extorsión, de la kale borroka y de otras manifestaciones de violencia de baja intensidad o si, como ocurrió en 1998, la banda vuelve a jugar a dos barajas, aprovechando la tregua para fortalecerse. En todo caso, hay que congratularse por el alivio experimentado por miles de personas amenazadas por ETA y ante la perspectiva de un País Vasco sin asesinatos ni secuestros, aunque es inevitable preguntarse a cambio de qué.

Todas las respuestas a esta pregunta clave suscitan motivos de sombría y grave preocupación. Hasta el punto de que esta inquietud neutraliza, o al menos merma, esos sentimientos de satisfacción y esperanza. Tanto por lo que dice el comunicado como por el contexto en el que se produce.

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EL COMUNICADO DE ETA

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La banda no habla de negociar la entrega de las armas, de repatriar a los exiliados o huidos de la Justicia, de reinsertar a sus dirigentes o ni siquiera de acercar a los presos o buscar fórmulas legales que permitan acortar su estancia en la cárcel. O sea, no habla de nada de lo que el Estado puede negociar. ETA sólo habla de «impulsar un proceso democrático en Euskal Herría para construir un nuevo marco en el que sean reconocidos los derechos que como Pueblo nos corresponden». Es decir, de iniciar una negociación política que implique sustituir el marco constitucional vigente por una nueva legalidad auspiciada por quienes han llegado hasta aquí aupados por una montaña de cadáveres.

ETA anuncia que «al final de ese proceso los ciudadanos vascos deben tener la palabra y la decisión sobre su futuro» y que «los Estados español y francés deben reconocer los resultados de dicho proceso democrático sin ningún tipo de limitaciones».O sea, la autodeterminación y, eventualmente, la independencia.

El resto del comunicado se mueve entre la retórica habitual sobre «la superación del conflicto» -así le llaman a sus 30 años de crímenes horrendos- y la exigencia del fin de «la represión» -así le llaman al funcionamiento del Estado de Derecho-. Por muy acostumbrados que estemos a todos estos eufemismos, no puede dejar de producir una profunda repugnancia leer cómo ETA se atreve a hablar de «la construcción de una paz basada en la justicia».

Aceptar todo esto supondría dinamitar el Estado constitucional, renegar del espíritu de la Transición, renunciar a nuestra identidad común como españoles, decretar la inutilidad del sacrificio de las víctimas, traicionar su memoria y convertir en estéril y absurda la resistencia de los vivos.

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APOYO CRITICO AL GOBIERNO

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Al Gobierno francés le entrará por un oído y le saldrá por otro este comunicado. ¿Por qué nos alarma tanto a nosotros si hemos escuchado exigencias similares en numerosas ocasiones? La respuesta es sencilla: porque por primera vez en tres décadas existe el riesgo de que quien representa al Estado esté dispuesto a realizar concesiones políticas a ETA. Y ello no es una simple hipótesis sino un temor que se sustenta en la trayectoria de este Gobierno.

Ha sido el propio Zapatero quien ha suscitado las expectativas de una negociación con ETA, quien afirmó en sede parlamentaria que el concepto de nación era «discutido y discutible» y quien ha demostrado que no tiene nada claros los límites del artículo dos de la Constitución, que habla de la «indisoluble unidad de la nación española».

Ha sido este Gobierno quien ha roto el Pacto Antiterrorista, quien no ha respetado el pacto constitucional no escrito de abordar por consenso las reformas de Estado y los Estatutos y quien impulsó en el Congreso una resolución que daba alas a ETA al concederle un protagonismo político con el que ni podía soñar.

Tras dosificar hábilmente las expectativas de la tregua anunciada ayer, ETA se ha convertido en un interlocutor político del Gobierno, lo que siempre ha sido su máximo objetivo. Y esto ha sido posible por el contexto creado por una serie de hechos como los anteriormente citados, su permisividad con Batasuna y otras muchas concesiones más. La lista sería interminable, pero el hito fundamental que enmarca el anuncio de ETA es la aceptación por la Comisión Constitucional del Congreso de la autodefinición de Cataluña como nación, en reconocimiento de la supuesta soberanía del Parlamento catalán.No es una casualidad que entre el comunicado y la decisión del Congreso hayan pasado menos de 24 horas. Nuestra preocupación sería mucho menos fuerte de no haber visto sucumbir a Zapatero en un asunto tan esencial ante las presiones nacionalistas.

No resulta descabellado pensar que la banda ha querido recompensar al presidente por su decisiva contribución a un Estatuto que abre un proceso de ruptura de la unidad del Estado, como pretenden los nacionalistas y la propia ETA.

No faltará quienes intenten equiparar la anterior tregua concedida por ETA en septiembre de 1998 con la anunciada ayer. Pero la de hace casi ocho años no tiene nada que ver con la de ahora, ya que fue la consecuencia de un pacto entre los partidos nacionalistas y la banda y la actual ha sido promovida por el Gobierno a través de dirigentes del PSE. La anterior tregua fue precedida de una dura y efectiva campaña de acoso policial, que puso contra las cuerdas a ETA, muy debilitada tras la reacción social por el asesinato de Miguel Angel Blanco. Cogió por sorpresa a Aznar, lo que no se puede decir de la actual, largamente anticipada.Las circunstancias son hoy totalmente distintas, entre otras razones, porque sabemos cómo ETA utilizó aquel alto el fuego para volver a asesinar.

Desde sus primeras fechorías, ETA ha anunciado treguas en diez ocasiones. La de ayer fue la undécima. Hace ocho años, unos dirigentes etarras declararon en la BBC que su generación no volvería a coger las armas. Apenas un año después, la banda reanudó los asesinatos. Es suficiente motivo para mantener el escepticismo.

Resulta muy dudoso que ETA no vaya a recurrir de nuevo a sus métodos, pero siempre hemos dicho que apoyaríamos a cualquier Gobierno democrático que buscara una solución dialogada al conflicto vasco previa renuncia a la violencia de la banda terrorista.Por tanto, vamos a respaldar de forma crítica las acciones de este Gobierno, con una condición que también hemos subrayado con frecuencia: que la paz no implique pagar un precio político.Por ejemplo, el Gobierno no puede ni debe aceptar la creación de una mesa de partidos fuera del Parlamento vasco para discutir cambios en el marco jurídico, porque esto sería una victoria de ETA.

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PACTAR CON EL PP

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Hay cosas que el Ejecutivo puede y debe hacer, pero hay otras que no. Por ejemplo, no debe respaldar la declaración del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que anticipó ayer que va a pedir a los jueces que «valoren la incidencia» de sus actuaciones a la luz de la «nueva situación» que se deriva del alto el fuego de ETA. Ello supone una interpretación arbitraria de la ley, como resaltaron ayer varias asociaciones judiciales, y un verdadero despropósito en boca de un jurista, que, como el fiscal general del Estado, se proclama adicto al principio de legalidad.

Relajar la persecución policial, mirar para otro lado cuando se vulnera esa legalidad, renunciar a perseguir a los criminales son las cosas que no se deben hacer. Sí se puede, en cambio, dialogar o negociar ahora con ETA sobre cómo hacer operativo su definitivo adiós a las armas. El Gobierno tiene toda la legitimidad para actuar así siempre que se respeten los límites legales y políticos que un Estado no debe traspasar.

En cualquier caso, sería deseable explicitar y concretar tales límites con las formaciones con representación parlamentaria y, muy especialmente, con el principal partido de la oposición.Zapatero ha marginado a Rajoy de la política antiterrorista.Ahora, necesariamente debe contar con él. El líder del PP reaccionó ayer de forma constructiva y debe hacer un esfuerzo por ayudar al Gobierno, pero no a costa de sus convicciones.

La garantía de que el Gobierno no va a traspasar esos límites se halla precisamente en un acuerdo entre los dos grandes partidos, lo que además fortalecería sensiblemente la posición negociadora de Zapatero. Si no fuera posible alcanzar ese consenso en las próximas semanas, no habría otro recurso que una convocatoria de elecciones generales para que los españoles decidieran hasta dónde puede llegar el Estado en el proceso que se acaba de abrir con la tregua de ETA.

Como un niño al que llevan de la oreja a clase tras fracasar en sus remoloneos absentistas, Zapatero está siendo conducido por Otegi al pupitre donde deberá escribir mil veces: «nunca pactaré con el PP». Eso no le preocupa a Pepe Luis, bien al contrario. Nada le gusta más que diferenciarse, antagonizar o pelearse con la Derecha española y para ello no vacila con unirse a la hez del populismo iberoamericano o a la peor basura terrorista musulmana o separatista. Lo malo es que la segunda penitencia, castigo o condición impuesta por la ETA y asociada a la primera es: «nunca defenderé a España». Y aunque Navarra, el País vasco, Cataluña y, sobre todo, la libertad de los ciudadanos le importan a Zapatero muy poco, tirando a nada, ese paso retórico-disciplinar lo debería deslegitimar radicalmente como Presidente del Gobierno español.

Esto es lo que el PP debe remachar ante la opinión pública: que el pacto de la ETA con el PSOE es el del PSOE con la ETA, y que ambos, como fuerzas más visibles del izquierdismo y el nacionalismo, han pactado la marginación y destrucción del PP como único partido nacional español, y que con esa destrucción lo que se pretende destruir es la idea misma de España. Naturalmente, para hacer esto, que no sería sino decir la verdad, es preciso abandonar el buenismo pasota, esa hipócrita cantinela de que el PP apoya al Gobierno en la búsqueda de la paz con ETA pero rechaza todo diálogo político con la banda criminal. Todo diálogo de un Gobierno es político. Todo diálogo político con una banda terrorista es criminal.

Rajoy ha demostrado con los hechos que el PP no ha aprendido nada de su fracaso en la tregua-trampa. La Derecha ha vuelto a demostrar que el guión de El silencio de los corderos se escribió pensando en ella. No es fácil que Rajoy admita un error, según vamos viendo. Pero es que el del Debate sobre el Estado de la Nación es peor que un mal día y mucho más que un error. Era, es y será siempre un crimen. La eutanasia pasiva de una fuerza política no es aceptable cuando implica la eutanasia activa contra la Nación. El PP no puede aceptar pasivamente que se consume el pacto ETA-PSOE pensando que más tarde o más temprano se vendrá abajo y las masas ovinas lo llamarán gimoteando al Poder. En vez de venirse abajo se les puede venir encima. Y del liberticidio y el españicidio no se libra absolutamente nadie. Ni del PP ni de España.