Mediapro es condenada a pagar 100 millones a Sogecable y entra en suspensión de pagos para evitar que se ejecute la sentencia en el marco de la Segunda Guerra del Fútbol

La llamada guerra del fútbol que enfrenta desde hace tres años a Sogecable (empresa participada por PRISA, editor de EL PAÍS) y a Mediapro (accionista de La Sexta) vivió ayer un capítulo decisivo. El juzgado de primera instancia número 36 de Madrid ha estimado íntegramente la demanda promovida por Audiovisual Sport (AVS) -empresa participada al 80% por Sogecable y al 20% por Televisión de Cataluña- contra Mediapro por incumplir el acuerdo firmado entre ambas partes el 24 de julio de 2006.

El fallo, que es recurrible, obliga a Mediapro a aportar todos sus derechos del fútbol a Audiovisual Sport y a pagarle 97 millones de euros, más intereses, por la explotación del fútbol de la temporada 2006-2007 y de la mitad (hasta la decimonovena jornada) de la temporada 2007- 2008. AVS ha anunciado que, tras el fallo, reclamará adicionalmente las indemnizaciones correspondientes a la explotación del resto de jornadas de la temporada 2007-2008 (desde la jornada 20 hasta la 38) y de la temporada 2008-2009 íntegra.

El origen de conflicto de la denominada guerra del fútbol arranca del contrato que firmaron AVS y Mediapro el 24 de julio de 2006 para explotar los derechos de la Liga y la Copa del Rey. Por el mismo, ambas partes se comprometían a aportar los derechos de los clubes que poseían por separado cada uno, y acordaban la retransmisión de los partidos en distintas ventanas: en abierto (a través de La Sexta), de pago (Canal +) y de pago por visión (Digital + y operadores de cable), así como la comercialización en el extranjero.

No obstante, Mediapro se desmarcó del contrato negociando a espaldas de su socio la contratación de derechos de diversos clubes de fútbol. El incumplimiento unilateral del pacto se hizo evidente cuando el presidente de la productora, Jaume Roures, anunció en rueda de prensa en julio de 2007 que se había hecho con los derechos de 39 clubes de Primera y Segunda División.

PRISA aseguró ayer, a través de un comunicado, que con esta sentencia ha ganado «la guerra del fútbol». Por su parte, Mediapro anunció que recurrirá la sentencia ante la Audiencia Provincial, y que la sentencia «no tiene ningún tipo de aplicabilidad en la actual explotación de derechos de los partidos de la Liga y Copa del Rey».

El hecho de que la sentencia pueda ser recurrida no invalida en ningún caso su ejecución. De hecho, PRISA anunció ayer que AVS procederá a solicitar la materialización del fallo de «forma inmediata». Además del pago de 97 millones de euros, la sentencia condena a Mediapro al pago de las costas procesales, tanto de las provocadas por la demanda presentada por AVS, como por la reconvención de Mediapro.

El fallo declara que los derechos audiovisuales de la temporada 2007-2008 del Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid pertenecían a AVS, al igual que los derechos de otros nueve equipos (Mallorca, Valladolid, Almería, Betis, Recreativo de Huelva, Osasuna, Español, Coruña y Getafe). Igualmente, declara que los derechos audiovisuales del Athletic, Zaragoza, Valencia, Villareal, Levante y Sevilla, son de titularidad de AVS prohibiendo a Mediapro disponer por sí o por terceros de dichos derechos.

La sentencia deja claro que Mediapro incumplió, casi inmediatamente después de firmarlo, el contrato con AVS no aportando los documentos de los contratos negociados por su cuenta y a espaldas de su socio con varios clubes. En concreto, Mediapro no remitió los acuerdos a los que llegó con Valencia, Levante y Villareal, ni advirtió a estos clubes que la negociación se hacía en nombre de Mediapro y no de AVS. «Mediapro, como afirmó el señor Roures, contrató con los clubes para adquirir para sí los derechos de explotación y no para cederlos a AVS en franco incumplimiento con las cláusulas del acuerdo», indica la sentencia.

El fallo también señala que, una vez estallado el conflicto y pese a los esfuerzos de AVS, Mediapro siguió produciendo y distribuyendo partidos cuyos derechos no le correspondían a través de La Sexta y de cadenas autonómicas como el Sevilla-Getafe o el Real Murcia-Real Zaragoza, emitidos el 25 de agosto de 2007.

La sentencia también tira por tierra la justificación de Mediapro para no informar de su actividad negociadora. «A tenor de la finalidad del contrato que, como hemos visto, es la explotación de los derechos audiovisuales y la continuidad en el modelo de explotación existente, Mediapro no puede afirmar que no notificó la cesión porque solo fueron adquiridos los derechos de la temporada y que no se notificó porque ya lo sabía AVS por la prensa».

«En este sentido» añade el fallo, «el señor Roures, al margen de manifestar que no recordaba si se entregaron o no los contratos, manifestó que eran públicos. Dichas afirmaciones no pueden ser compartidas por la juzgadora, ya que no sólo le interesa a AVS conocer las cesiones realizadas por su socio y parte integrante del acuerdo para así proceder a una correcta facturación, sino que es deber de conformidad con los términos del acuerdo ceder los derechos audiovisuales de los que era titular Mediapro», señala el auto.

La juez María de los Ángeles Martín también desecha el argumento empleado por Mediapro de que el acuerdo original de julio de 2006 no prohibía expresamente la negociación de derechos en solitario. «Si bien es cierto que dicha cláusula no existe literalmente, la cláusula quinta es clara respecto a quién corresponde adquirir los derechos de los clubes de fútbol para las temporadas 2006-2007 y sucesivas», afirma la sentencia.

Durante el conflicto, la Liga de Fútbol Profesional (LFP) se plegó a las exigencias de Mediapro. Javier Tebas, vicepresidente de la LFP, indicó ayer que lo único que ha hecho la Liga es cumplir en cada momento con la ley y los fallos judiciales. «Lo importante es que el conflicto acabe de una vez y se puedan explotar los derechos del fútbol, porque esta guerra no beneficia a nadie y tampoco a los clubes, que son los legítimos propietarios de esos derechos».

CRONOLOGÍA DEL CONFLICTO

– 24 de julio de 2006. Mediapro, Sogecable, TV3 y Audiovisual Sport (AVS) llegan a un acuerdo para la explotación de los derechos del fútbol para las temporadas 2006-2007 y sucesivas. Mediapro aporta los derechos de todos sus equipos y AVS, los suyos. En consecuencia, AVS es titular por el citado contrato de todos los derechos sobre los clubes.

– Agosto de 2006. Mediapro firma un contrato con la Televisión Valenciana (Canal 9) para la adquisición de los derechos de los clubes valencianos (Valencia, Villarreal y Levante) en nombre de AVS, pero se niega a remitirlo reiteradamente a la propia AVS.

– 5 de julio de 2007. AVS anuncia la presentación de una demanda judicial contra Mediapro para exigir el cumplimiento de sus obligaciones de pago y una indemnización por daños y perjuicios. El presidente de Mediapro, Jaume Roures, anuncia en rueda de prensa que ha alcanzado un acuerdo con 39 de los 42 clubes de la Liga de Fútbol Profesional, y pide una renegociación del contrato con Audiovisual Sport, que ha incumplido.

– 9 octubre de 2007. El juzgado de Primera Instancia número 36 de Madrid aprueba medidas cautelares solicitadas por Audiovisual Sport y prohíbe a Mediapro explotar los derechos audiovisuales de los clubes de fútbol de Primera División.

– 15 de julio de 2008. La Audiencia Provincial de Madrid anula las medidas acordadas contra Mediapro. AVS reclama a la productora accionista de La Sexta 200 millones de euros de deuda.

– 4 de junio de 2009. Sogecable y Mediapro llegan a un acuerdo que garantiza a los abonados de Canal + y de Digital+ todos los partidos de la Liga de Fútbol y la Copa del Rey al menos durante las próximas tres temporadas desde la de 2009-2010. El acuerdo no afecta a las temporadas anteriores ni a los litigios que sobre las mismas mantienen ambas empresas.

Mediaproducción SL (Mediapro), la empresa que gestiona los derechos de la Liga de fútbol, ha solicitado el concurso de acreedores (la antigua suspensión de pagos) ante las dificultades para enfrentarse a sus compromisos económicos, en especial los más de 100 millones de euros que un tribunal de Madrid ordenó abonar a Sogecable (empresa participada por el grupo PRISA, editor de EL PAÍS) por el incumplimiento del contrato de 2006 por el que compartían la explotación del fútbol.

Mediapro admitió ayer que ha solicitado el concurso -que abre un incierto proceso de tutela judicial y reestructuración- ante «una situación que puede abocar a un desequilibrio en los flujos de caja», es decir, ante su insuficiencia de fondos. El anuncio se produce después de que Sogecable solicitara, el pasado día 9, la ejecución de la sentencia del juzgado de Primera Instancia número 36 de Madrid, que impuso a Mediapro el pago de una indemnización de 97 millones de euros más intereses, lo que totaliza 105 millones.

Mediapro -presidida por Jaume Roures, dueña de Gol TV y con el control de GAMP, el principal accionista de La Sexta- trató ayer de darle la vuelta a la situación intentando atribuir a Sogecable la responsabilidad de tener que solicitar «la protección judicial mediante la apertura de un concurso de acreedores». Según sus últimas cuentas registradas, las de 2008, Mediapro tiene obligaciones de pago con proveedores de derechos que ascienden a 2.583 millones de euros hasta la temporada 2014-2015. Esta cifra representa 20 veces los fondos propios del grupo, que son 125 millones. Mediapro, con intereses en el cine y la televisión, pertenece al holding Imagina, entre cuyos accionistas figuran el financiero Juan Abelló o WPP, la compañía de publicidad a la que está vinculado Miguel Barroso, ex secretario de Estado de Comunicación.

Como consecuencia del acuerdo firmado en junio de 2009, que puso fin a la llamada guerra del fútbol e implicó un nuevo reparto de los partidos de la Liga, Sogecable debía abonar a Mediapro antes del pasado 15 de junio 90 millones de euros por el primer pago de los derechos de la Liga para la temporada 2010-2011 (si bien dicho pago se podía retrasar hasta el 30 de junio). Ante el «grave riesgo» de que incumpliera sus obligaciones contractuales, Sogecable reclamó a Mediapro un aval bancario u otra garantía antes de realizar el pago ante la previsión de que los derechos vuelvan a su legítimo titular Audiovisual Sport (participada en un 80% por Sogecable y en un 20% por la catalana TV3) y Mediapro no pueda cumplir el contrato de junio de 2009.

Para intentar paralizar la ejecución de la sentencia y retrasar el pago de los 105 millones, «la respuesta de Mediapro ha sido imputar falsamente a Sogecable la necesidad de declararse en concurso de acreedores», afirmó ayer Sogecable en un comunicado.

La compañía que lidera Jaume Roures respondió que se trataba de una «burda artimaña» y, en otro comunicado, acusó a Sogecable de incumplir «sus obligaciones de pago correspondientes al contrato por los derechos de emisión de la Liga de fútbol» y dio por roto el acuerdo para emitir los partidos de Liga a través de Canal + y Canal + Liga.

Distinta es la postura de Sogecable, ya que entiende que podrá emitir la Liga con normalidad, porque el contrato de junio de 2009 sigue en vigor. Sogecable manifiesta su decidida voluntad de cumplirlo, «sin perjuicio de la incidencia que en el mismo tenga la sentencia judicial».

En la misma línea, la Liga de Fútbol Profesional (LFP) confió en que la solicitud de concurso de acreedores no afecte a las retransmisiones en abierto o a través de Canal + y Canal + Liga, dijo un portavoz a Europa Press.

Mediapro y Sogecable han estado enfrentados en los últimos años por la llamada guerra del fútbol. En marzo pasado se puso fin a ese enfrentamiento. El Juzgado de Primera Instancia número 36 de Madrid estimó íntegramente la demanda promovida por AVS por el incumplimiento del acuerdo firmado en julio de 2006. Y obligó a la productora a aportar todos sus derechos a AVS. Sogecable anunció ayer que presentará una segunda demanda por los daños y perjuicios causados durante la temporada y media restante (desde febrero de 2008 hasta el final de la temporada 2008-2009)

En el comunicado difundido ayer, Mediapro afirma que el concurso de acreedores «no pone en duda la rentabilidad y viabilidad» de la compañía y que la iniciativa no tiene «ninguna repercusión en el resto de empresas del holding Imagina ni de en los grupos Globomedia y Mediapro [sic], ni en ninguna de sus filiales». Roures es el impulsor del diario Público.

UNA SALIDA A LA INSOLVENCIA

La suspensión de pagos -rebautizada como concurso de acreedores a partir de la Ley Concursal de 2003- es la vía legal a la que puede acogerse una empresa en situación de insolvencia o iliquidez, bien de forma voluntaria, o bien obligatoria, cuando quien insta el procedimiento es un acreedor.

El objetivo es poder renegociar todas sus deudas de forma global y bajo tutela judicial. A partir de entonces, cualquier movimiento de la firma, que no se puede endeudar más, requiere el visto bueno judicial y queda, asimismo, bajo la tutela de un administrador concursal que dirige el proceso de la compañía. El objetivo es que la mayor parte de acreedores pueda cobrar. Se renegocia con la banca y proveedores nuevos plazos de pago e incluso quitas (se perdona parte de la deuda) y, si hay convenio, se empieza a pagar. La normativa también establece qué tipo de deudas tienen prioridades sobre otras. La firma, para cumplir, suele verse obligada a planes de reestructuración que pasan por la venta de activos o ajustes de plantillas, entre otras medidas. Durante el proceso judicial también se depuran posibles responsabilidades de los administradores de la compañía. Cuando se ha cumplido con el convenio, la firma sale de concurso.

La crisis ha disparado el número de empresas que se declaran en concurso de acreedores en España en los dos últimos años. El último caso sonado ha sido la suspensión de pagos solicitada la semana pasada por varias firmas del grupo Marsans, que pidió el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, antes de venderlas.

‘LA GUERRA DEL FÚTBOL’

– Julio de 2006. Mediapro, Sogecable, TV3 y Audiovisual Sport (AVS) llegan a un acuerdo para explotar los derechos del fútbol para las temporadas 2006-2007 y posteriores. Mediapro aporta los derechos de todos sus clubes y AVS, los de los suyos.

– Julio de 2007. AVS anuncia una demanda contra Mediapro, después de que esta se negara a remitirle los derechos de los equipos valencianos que había adquirido a Canal 9. El presidente de Mediapro, Jaume Roures, dice que ha llegado a un acuerdo con 39 de los 42 clubes de la Liga Profesional y pide renegociar el contrato con AVS.

– Octubre de 2007. El juzgado de Primera Instancia número 36 de Madrid prohíbe cautelarmente a Mediapro la explotación de los derechos audiovisuales de los clubes de Primera División.

– Julio de 2008. La Audiencia de Madrid anula las medidas acordadas contra Mediapro. AVS le reclama 200 millones de euros de deuda.

– Junio de 2009. Sogecable y Mediapro sellan un pacto que garantiza a Canal + y Digital + partidos de la Liga de Fútbol y la Copa del Rey al menos durante tres temporadas.

– Marzo de 2010. El juzgado de Primera Instancia número 36 de Madrid condena a Mediapro a pagar a AVS 97 millones de euros por incumplimiento de contrato y a aportarle todos sus derechos.

– Junio de 2010. Mediapro presenta concurso de acreedores.

Mediaproducciones SL, la empresa del grupo Mediapro que explota los derechos audiovisuales de la mayoría de los clubes de fútbol, ha solicitado en un juzgado de Barcelona la apertura de un concurso de acreedores ante la decisión de Sogecable, comunicada el pasado lunes, de no cumplir con sus obligaciones de pago correspondientes al contrato por los derechos de emisión de la Liga de fútbol, que ascienden a alrededor de 100 millones de euros. La solicitud ha sido aceptada por el juez.

Según informó ayer a través de un comunicado la productora catalana, el impago de Sogecable, filial audiovisual del grupo Prisa, «ha provocado una situación que puede abocar a Mediaproducción SL a un desequilibrio en los flujos de caja». Ante esta circunstancia, y siguiendo «un elemental sentido de la prudencia», Mediaproducciones SL ha decidido solicitar la protección judicial mediante la citada medida.

Entre otras cosas, esta medida impedirá la ejecución de la sentencia dictada el pasado 15 de marzo por la titular del juzgado de primera instancia número 36 de Madrid, María de los Ángeles Martín Vallejo, que condenaba a Mediapro a pagar 97 millones por supuesto incumplimiento del acuerdo sobre explotación de los derechos del fútbol firmado en 2006 y a cedérselos a Audiovisual Sport, empresa controlada por Sogecable.

Mediapro tiene recurrida la citada sentencia ante la Audiencia de Madrid, instancia que ya ha dado la razón a la productora catalana en las dos ocasiones anteriores en las que presentó recurso frente a sendas resoluciones de ese mismo juzgado también centradas en el conflicto por la gestión de los derechos audiovisuales de la Liga en el marco de la conocida como la guerra del fútbol.

Por otro lado, como señala Mediapro (algunos de cuyos accionistas son editores del diario Público), el «grave incumplimiento contractual» que supone por parte de Sogecable el impago de sus obligaciones «implicará que Canal+ y Canal+ Liga no podrán emitir los partidos de la Liga de fútbol de primera y segunda división la próxima temporada».

Mediaproducción SL, por su parte, seguirá explotando los derechos de la Liga «con total normalidad», como ha hecho hasta ahora. De hecho, el concurso de acreedores «no pone en duda la rentabilidad y viabilidad de Mediaproducción SL, puesto que la misma ha estado motivada, únicamente, por la decisión de Sogecable de no hacer frente a sus obligaciones de pago». Asimismo, la empresa de Mediapro «ejecutará todas las acciones legales que estén en su mano para exigir el resarcimiento de los daños y perjuicios causados».

La productora deja claro que el concurso de acreedores no afectará en absoluto a los grupos Mediapro y Globomedia, que conforman a su vez el holding Imagina, ya que sus efectos se limitan a Mediaproducciones SL. Además, la actividad ordinaria de esta última empresa «no se verá afectada por la apertura de este proceso concursal y continuará como hasta el momento».

Por su parte, Sogecable reconoció en un comunicado que debería haber hecho efectivo este mes un primer pago a Mediapro por los derechos de la Liga para la próxima temporada, según el acuerdo que firmaron ambas sociedades en junio de 2009, y por el que ya abonó en su momento las cantidades correspondientes a la temporada pasada. Sin embargo, señala que, antes de pagar, ha decidido solicitar a Mediapro «un aval bancario u otra garantía suficiente» ante la previsión de que los derechos vuelvan a Audiovisual Sport, como indica la sentencia del juzgado número 36 de Madrid, recurrida por Mediapro.

Por último, fuentes de la Liga de fútbol expresaron su confianza en que la situación se solucione y no acabe afectando a las retransmisiones de la próxima temporada.

Mediaproducción SL (Mediapro), la empresa que gestiona los derechos del fútbol español, reconoce que la decisión de presentar concurso de acreedores (la antigua suspensión de pagos) se debe principalmente a su insolvencia para hacer frente a la ejecución de la sentencia judicial que le obliga a desembolsar 105 millones de euros «de forma inmediata» a Audiovisual Sport. Este pago es consecuencia del litigio que ha enfrentado a ambas compañías por los derechos de la Liga de fútbol.

En el escrito remitido al Juzgado de lo Mercantil de Barcelona, Mediapro explica que en el momento de presentar la solicitud se encuentra «en estado de insolvencia inminente» y detalla las causas: Mediapro admite que los altos desembolsos de tesorería que tiene que afrontar en el corto plazo, relacionados con la adquisición de los derechos audiovisuales de los clubes de fútbol, no le permiten «hacer frente a la ejecución de la parte pecuniaria de la sentencia» del juzgado de Primera Instancia número 36 de Madrid, que le impuso una indemnización a AVS (participada por Sogecable y la televisión autonómica catalana) de 97 millones de euros más intereses, por el incumplimiento del contrato de 2006 firmado para la explotación televisiva del fútbol. Según la información facilitada al juzgado, Jaume Roures es el administrador único de Mediaproducción SL, sociedad que cuenta con 279 trabajadores, con un pasivo de 900 millones de euros frente a un activo de 951 millones.

En un comunicado difundido el miércoles, Mediaproducción responsabilizó a Sogecable (empresa participada por el grupo PRISA, editor de EL PAÍS) de la solicitud del concurso de acreedores por el impago de las «obligaciones contraídas por Sogecable» por los derechos de la Liga de la próxima temporada, y afirmó que Canal + y Canal + Liga no podrían emitir los partidos de la temporada 2010-2011.

Sogecable insistió ayer en que todos sus abonados a Canal + y Canal + Liga tienen garantizada la emisión de los partidos de la Liga de Primera y Segunda División la próxima temporada. A través de un comunicado, la compañía reiteró su intención de «cumplir el contrato» suscrito con Mediapro en junio de 2009 «y con todos sus compromisos de pago, como ha venido haciendo hasta ahora, siempre y cuando Mediapro facilite a esta compañía un aval bancario u otro tipo de garantía».

Igualmente, Sogecable ha solicitado esta garantía de forma excepcional para asegurarse de que los 90 millones que Sogecable debe entregar a Mediapro como primer pago por los derechos audiovisuales de la próxima temporada se destina a los anticipos para los clubes de fútbol. Y más aún cuando esta compañía acaba de solicitar un concurso de acreedores.

Roures dijo ayer, tras su intervención en el Fórum Europa, que la solicitud de concurso de acreedores ha sido «un movimiento defensivo» de Mediapro para defender a una de sus filiales ante la negativa de Sogecable a abonar los derechos del fútbol. Una versión distinta a la que expone ante el Juzgado de lo Mercantil. De paso, también acusó a Sogecable de intentar destruir a Mediapro.

La suspensión de pagos de Mediapro no ha sido una sorpresa para el consejero delegado de Sogecable, Pedro García Guillén -«éramos conscientes de su estado de insolvencia», asegura-, pero sí le causan asombro la reacción y la campaña de «desprestigio» que ha lanzado Mediapro contra Sogecable para intentar eludir el pago de los 105 millones de euros y la devolución de los derechos de los clubes de fútbol a AVS que los tribunales han impuesto a la empresa que lidera Jaume Roures.

Pregunta. ¿La petición de concurso de acreedores por parte de Mediapro reabre la guerra del fútbol?

Respuesta. No es nuestra intención reabrir ninguna guerra. Hemos tomado una serie de decisiones que cualquier empresa sensata tomaría. Defendemos nuestros legítimos intereses. Hay una sentencia que nos da la razón en el pleito que conocemos como la guerra del fútbol. Dice que Mediapro nos tiene que pagar 105 millones, incluyendo intereses y costas, y que, además, los derechos que está gestionando unos son de Sogecable y otros está obligada a aportarlos a AVS. De modo que AVS, participada al 80% por Sogecable, recuperaría todos los derechos. La aplicación de la legalidad no significa que haya una guerra.

P. La sentencia es de marzo. ¿Por qué no se ha ejecutado?

R. Mediapro ha aprovechado sus armas legales. Ha pedido aclaraciones a la sentencia para tratar de dilatar el momento del pago e ir ganando tiempo. Una vez que la juez ha despachado esas aclaraciones, Mediapro ha recurrido. Y es a partir de ese momento cuando podemos solicitar la ejecución de la sentencia. Cualquiera en una situación similar hubiera hecho lo mismo. No creo que exista ninguna empresa en el mundo que perdone a otra 105 millones de euros o renuncie a lo que llevamos peleando varios años, que es la titularidad de unos derechos que nos corresponden.

P. ¿Esa ejecución la puede ordenar el Juzgado de Primera Instancia número 36, pese a que haya un recurso ante la Audiencia?

R. Efectivamente, la juez del 36 tendrá que determinar cuándo y cómo se ejecuta. Entendemos que será total: por una parte el pago dinerario y, por otra, la recuperación de los derechos. Y eso, y únicamente eso, es lo que trata de evitar Mediapro. Con la solicitud del concurso de acreedores ha pretendido paralizar la ejecución de la sentencia.

P. En el escrito que Mediapro presenta al Juzgado de lo Mercantil de Barcelona reconoce que no puede hacer frente al pago.

R. Es algo sorprendente. No se entiende por qué ayer [por el miércoles] Mediapro emite un comunicado muy agresivo en el que dice que la decisión de solicitar concurso de acreedores no pone en duda su rentabilidad y que la misma está motivada por la decisión de Sogecable de no hacer frente a sus obligaciones de pago. Y cuando hemos recibido el escrito que Mediapro ha enviado a los juzgados de Barcelona, vemos que el principal motivo de su estado de insolvencia inminente es la ejecución de la sentencia. No entendemos por qué tratan de desprestigiar y atacar de forma agresiva a su mejor cliente. Digital + le paga al año a Mediapro más de 260 millones de euros, con los que financia una gran parte de la factura total de los derechos audiovisuales de la Liga. Aspiraría a que algún día Mediapro nos trate como el buen cliente que somos y no como su peor enemigo.

P. Sogecable debía también pagar 90 millones por los derechos de la próxima temporada.

R. Nos hemos comprometido por escrito a cumplir el contrato. Mediapro es consciente de que tenemos hasta el día 30 para abonar esa cantidad. Por eso no entendemos que digan que hemos roto el contrato. Sogecable era consciente del estado de insolvencia de Mediapro y es entendible que si ahora tenemos que hacer un anticipo de 90 millones por unos derechos de la próxima temporada que una sentencia dice que son nuestros, queremos garantías de que ese dinero va a ir destinado a los clubes de fútbol.

P. Mediapro asegura que Canal + y Canal + Liga no tendrán fútbol la próxima temporada.

R. Eso es falso. No entiendo por qué quieren confundir a la opinión pública. Vamos a cumplir el contrato que está en vigor y está firmado por tres temporadas.

Acostumbrado a afrontar fichajes millonarios como los de Cristiano Ronaldo, Kaká o Ibrahimovic, el fútbol español está más preocupado que nunca: la empresa que gestiona los derechos audiovisuales de la Liga es insolvente. La solicitud de concurso de acreedores por parte de Mediapro ha generado preocupación en los clubes, que tienen pendientes de cobro 300 millones de euros de aquí a fin de año.

Ningún club, ni siquiera los grandes de la Liga, como el Madrid y el Barça, saben a ciencia cierta si cobrarán. Tras la declaración del concurso de acreedores (la antigua suspensión de pagos), todas las actuaciones de Mediapro están sujetas desde el pasado día 22 a lo que determinen los dos administradores concursales designados por el juez: el letrado Ignacio Marroquín y el representante de la auditora Ernst & Young Llorenç López Carrascosa.

A ellos se dirigirá Sogecable (integrada en PRISA, grupo editor de EL PAÍS) esta semana para reclamarle los derechos audiovisuales del fútbol que, por sentencia judicial, son de Audiovisual Sport (AVS, participada al 80% por Sogecable y al 20% por la televisión pública de Cataluña). De momento, estos derechos están en manos de Mediapro, una empresa intervenida que no puede disponer de su patrimonio.

Pero la justicia ha dicho que los derechos televisivos de todos los clubes de Primera y Segunda División son de AVS. El juzgado de Primera Instancia número 36 de Madrid condenó en marzo de este año a Mediapro a devolvérselos y a pagarle una indemnización de 105 millones de euros por incumplir el contrato de 2006 que establecía el modelo para la explotación del fútbol.

Sogecable reclamará los derechos formalmente ante el Juzgado de lo Mercantil número 7 de Barcelona, que se ocupa del concurso de acreedores de Mediapro. Al tiempo, la filial audiovisual de PRISA ha declarado públicamente que asumirá los compromisos de pago adquiridos para poder disponer de la señal de los partidos de la próxima temporada. De hecho, tiene de plazo hasta el 30 de junio para pagar unos 90 millones.

«Sogecable va a pagar por el fútbol», insisten sus directivos, que han exigido garantías para que la factura que abone vaya a parar a los clubes de fútbol y no a las arcas de una compañía (Mediapro) insolvente y en suspensión de pagos. De ahí que, con independencia de que los derechos los explote AVS o Mediapro, la compañía de PRISA mantiene que su plataforma de pago ofrecerá los partidos de Liga de la campaña 2010-2011. «Digital + y Canal + van a dar el fútbol porque lo van a pagar, sea quien sea el dueño de los derechos», subraya. De momento, los administradores judiciales han remitido un escrito a Sogecable reclamándole el pago del anticipo por la cesión de las imágenes de la temporada que viene. De lo contrario, advierten, podrían negarle la señal de los partidos.

La Liga española es la mejor del mundo gracias a la televisión. Los operadores -públicos o privados, en abierto o de pago- aportan centenares de millones de euros cada temporada para alimentar el campeonato con más estrellas. El modelo de explotación del fútbol, que durante años ha funcionado perfectamente engrasado, ha atravesado también por etapas convulsas. La llamada guerra del fútbol, que enfrentó a Sogecable y Mediapro, se cerró judicialmente el pasado 15 de marzo, cuando el juzgado de Primera Instancia número 36 de Madrid condenó a Mediapro (el fallo está recurrido en la Audiencia Provincial). Esta guerra, que se arrastra con altibajos desde 2006, se ha desarrollado ante el silencio del Gobierno.

La titular del juzgado 36 ordenó esta semana la ejecución de la sentencia, pero Mediapro hizo un quiebro al solicitar, a su vez, concurso de acreedores. Informaba de su estado de «insolvencia inminente», una circunstancia que ha causado gran inquietud en la Liga. El hecho de que la empresa propietaria de los derechos televisivos sea insolvente ha obligado a más de un club a replantearse su política de fichajes.

Según el escrito remitido al juzgado de lo Mercantil, Mediapro se encuentra en situación de insolvencia y no puede hacer frente a los 105 millones de euros que, por sentencia, debía pagar a Sogecable (más 31 millones para atender los gastos del proceso). Jaume Roures, principal directivo de Mediapro, ha calificado esta actuación de «movimiento defensivo» ante las peticiones dinerarias de Sogecable y ha negado que tuviera impacto sobre la compañía u obedeciera a un problema de liquidez.

Pero los jueces no lo ven así. La titular del juzgado 36 ordenó el embargo de las cuentas corrientes de Mediapro, sus derechos de crédito y sus participaciones accionariales en entidades como Gol TV o La Sexta, cadena en la que participan la productora Globomedia, Torreal -el grupo inversor del empresario Juan Abelló-, la multinacional de origen británico WPP o la mexicana Televisa. Los principales directivos de La Sexta son, además, personas próximas al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Posteriormente, el mismo juzgado decretó la suspensión de la ejecución de la sentencia al estar todo el proceso en manos del juzgado de lo Mercantil, que es el órgano que resolverá acerca de los más de 800 acreedores que, según la documentación presentada en el momento de solicitar la suspensión de pagos, confesó Mediapro.

Con esta resolución en la mano, la compañía que capitanea Roures entiende que los contratos con los clubes siguen siendo suyos y que «queda suspendido el pago de cualquier cantidad que, por causas del pleito tuviera que pagar Mediapro a Sogecable» (los famosos 105 millones). Además de declararse dueña de los derechos, advierte de que Digital + no tendrá las imágenes de la Liga si no paga.

Sogecable, sin embargo, hace otra interpretación del decreto que deja en suspenso la ejecución de la sentencia: «Es un proceso normal. La parte dineraria pasa a ser reclamada como cualquier otro acreedor. Y para solventar la parte de los derechos habrá que dirigirse a los administradores judiciales».

Lo que el fútbol tiene claro es que sin el dinero de la televisión no puede sobrevivir. Y solo un modelo de explotación pacífica de los derechos puede garantizarle los ingresos suficientes para que las estrellas salten a sus estadios. Ahí está el recuerdo de la temporada 2007-2008. El modelo voló por los aires cuando Mediapro denegó sistemáticamente la señal a Digital + y La Sexta llegó a emitir en una sola jornada hasta cinco partidos en abierto.

Sobre los máximos directivos de Mediapro -Jaume Roures y Josep Maria Benet- Digital + interpuso en 2007 una querella por un presunto delito contra la propiedad intelectual por ofrecer partidos de la Liga española a televisiones extranjeras sin tener los derechos.

La denominada guerra del fútbol, que desde 2007 enfrenta a Sogecable (filial audiovisual del grupo PRISA, editor de EL PAÍS) y a Mediaproducción SL (Mediapro) por la gestión de los derechos televisivos de la Liga, ha saltado de los tribunales a los mercados bursátiles. En una maniobra sin precedentes cercanos, Mediapro lanzó la semana pasada una campaña de desprestigio contra PRISA a través de una carta enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En respuesta, PRISA remitió ayer al organismo regulador un «hecho relevante» en el que denuncia los comunicados «difamatorios y mendaces» de Mediapro y la confusión que «maliciosamente» ha creado en el mercado.

Además, PRISA anuncia que presentará ante la CNMV una denuncia contra Mediapro por intentar «perjudicar la cotización de la acción». Aunque la compañía que lideran Jaume Roures y Josep Maria Benet no cotiza en la Bolsa española, la CNMV puede tomar cartas en el asunto si percibe que en el mercado se han producido comportamientos que traten de confundir con información falsa y engañosa o si comprueba que se han difundido noticias ficticias y rumores a través de los medios.

Igualmente, PRISA estudia poner en marcha acciones penales contra Mediapro por impulsar actuaciones que solo persiguen manipular el precio de los títulos de PRISA. Tales acciones se añadirían a las que ya ha promovido en los tribunales contra los principales directivos de la productora «por ejercer la piratería y vulnerar las leyes de propiedad intelectual».

De hecho, en noviembre de 2007 fue admitida a trámite una querella contra Roures y Benet -y varios directivos de La Sexta- por ofrecer partidos de la Liga a operadores de televisión extranjeros a sabiendas de que carecían de los derechos. Este proceso se sigue en el juzgado de Pozuelo de Alarcón (Madrid).

La reciente campaña contra PRISA tuvo su punto álgido el pasado viernes, cuando Benet (como apoderado general de Mediapro) remitió una carta de tres folios al director general de Mercados, Ángel Benito, en la que acusaba a PRISA de «omitir» en sus comunicaciones a la CNMV determinados hechos y datos que, según Mediapro, «son muy relevantes para los inversores», como que la sentencia que condenaba a Mediapro a devolver los derechos del fútbol a Audiovisual Sport (participada al 80% por Sogecable y al 20% por Televisión de Cataluña) y a pagarle 105 millones de euros era recurrible. Benet justifica la carta en que las acciones de PRISA comenzaron subiendo un 5% y alcanzaron un incremento del 6,5% «en el momento en el que estamos realizando esta comunicación a la CNMV».

A través de la nota remitida ayer al órgano regulador, PRISA negó rotundamente las acusaciones y aprovechó el «hecho relevante» para comunicar a los analistas, mercados financieros y clientes «su total disposición» a cumplir sus compromisos de pago para contar así con la señal de los partidos de fútbol de la próxima temporada en la plataforma Digital +. Tras subrayar que para el primer pago de esos derechos (90 millones de euros) hay un plazo establecido «como mínimo» hasta el 30 de junio, añade que Sogecable, como licenciataria de la explotación de derechos audiovisuales, «dará el fútbol con normalidad a través de sus plataformas y pagará al titular legítimo de los derechos».

En estos momentos, los derechos están en manos de Mediapro, declarada insolvente y en concurso de acreedores el pasado día 22. Desde entones, tiene sus bienes embargados y todos sus movimientos han pasado a manos de dos administradores concursales (el letrado Ignacio Marroquín y el economista de la firma Ernst & Young Llorenç López Carrascosa). En un escrito firmado por ambos el pasado día 25 reclamaron a Sogecable el pago de los 90 millones de euros por el primer plazo de la señal de la Liga de la temporada 2010-2011. En caso contrario, mantenían, podrían denegar a Sogecable la señal de los partidos cedidos. PRISA ha insistido en su voluntad de pagar, pero reclama a los administradores garantías de que ese dinero irá a parar a los clubes.

Con una plantilla de 279 trabajadores y 816 acreedores, Mediapro tiene como socios al Grupo Árbol (matriz de la productora Globomedia), Torreal (compañía de inversión de Juan Abelló) y a la multinacional WPP (uno de los grupos de servicios de comunicación más importantes del mundo, con actividades en el campo de la publicidad y la medición de audiencias). Torreal y WPP tienen, cada una, el 20% de Imagina, el holding nacido de la fusión, en 2006, entre Mediapro y el Grupo Árbol.

Sogecable, filial audiovisual de PRISA, depositó ayer en el Juzgado de lo Mercantil número 7 de Barcelona 90 millones de euros por el primer plazo de los derechos televisivos de la Liga de fútbol para la próxima temporada. PRISA quiere así garantizar «la explotación pacífica» del fútbol y que el dinero vaya a parar a los clubes. El pago fue reclamado por los administradores judiciales de Mediapro, gestora de los derechos de los clubes de fútbol que ha sido declarada insolvente.

Al mismo tiempo, Sogecable ha pedido a la administración concursal que vigila todas las operaciones de Mediapro que haga efectiva la devolución de los derechos de los clubes de Primera y Segunda División a Audiovisual Sport (AVS participada al 80% por Sogecable y al 20% por Televisión de Cataluña). Para ello se apoya en la sentencia que ordenó a Mediapro restituir la titularidad a AVS y pagarle una indemnización de 105 millones de euros.

El consejero delegado de PRISA, Juan Luis Cebrián, aseguró que Sogecable «cumplirá con todas sus obligaciones contractuales», garantizó que Digital + seguirá ofreciendo fútbol y acusó al Gobierno de «generar un caos formidable» en el sector audiovisual al adoptar decisiones orientadas «por el favoritismo o el clientelismo».

Burbuja audiovisual

Sobre la llamada guerra del fútbol dijo que «con el amparo del poder político» se ha utilizado el mercado de los derechos de la Liga «para tratar de debilitar las posiciones de PRISA en el sector audiovisual». Y en referencia a Mediapro sostuvo que una empresa «caracterizada por su aventurerismo, irrumpió en el mercado de derechos futbolísticos ofreciendo sumas que ahora se confiesa incapaz de pagar, por insolvente, y generando una burbuja cuyo pinchazo puede provocar un auténtico estallido social».

Cebrián se refirió también a las negociaciones para ampliar la participación de PRISA en Le Monde, donde posee el 15%. Expuso que el primer accionista del diario francés ha decidido abrir un periodo de negociación con un trío de inversores ajenos a los medios, pero dejó claro que todavía no hay nada resuelto. «Nuestra decisión es hacer valer nuestros derechos como accionistas», subrayó. Al tiempo, expresó su voluntad de seguir apoyando a Le Monde por motivos profesionales y estratégicos, no financieros. Y también porque PRISA apuesta claramente «por la prensa de calidad y de influencia»

El mismo día en que la selección española de fútbol amagaba con dar un disgusto a la afición y debutaba con mal pie en el Mundial de Sudáfrica, luego felizmente rectificado, la compañía Mediaproducción, filial de Mediapro, y a su vez esta filial 100% de Imagina, donde se reúnen todos los propietarios de la cadena Sexta de televisión, el financiero Abelló y la agencia de publicidad WPP, solicitaba la suspensión de pagos ante los tribunales. La cuestión carecería de importancia, si Mediapro no fuera la sociedad que ha contraído multimillonarios compromisos con los clubes de fútbol, a despecho de los contratos firmados por ella con Audio Visual Sport y en una actitud que le llevó a ser condenada a indemnizar con más de 100 millones de euros a esta última empresa y a poner a disposición de la misma los derechos de los clubes.

La insolvencia de Mediaproducción, consecuencia de su aventurada política empresarial, amenaza a la financiación del fútbol español en un momento en el que las deudas de este difícilmente pueden ser aliviadas, como ha sido costumbre, mediante la utilización del erario público, salvo que alguien pretenda que es más importante la política del pan y toros que el mantenimiento del ya maltrecho Estado de bienestar. No se puede decir que la opinión pública, los responsables oficiales -tanto los del Gobierno central como los de las autonomías- y el mercado en general no estuvieran avisados al respecto. Pero hasta ahora solo las instancias judiciales han servido para poner orden en estas guerras mediáticas en las que se han ventilado -y al parecer evaporado- grandes cantidades de dinero y que se han beneficiado de la habitual pasión de los poderes políticos por contar con medios de comunicación serviles.

En cualquier caso no hay mal que por bien no venga y las dificultades económicas por las que atraviesan las empresas de Jaume Roures y sus socios pueden ser ocasión para que el Gobierno siga la estela judicial y se decida a poner, él también, orden en la competición y en el mercado audiovisual español después de tanto desorden como el propio Ejecutivo ha propiciado en los últimos años.

Lo que le faltaba a La Moncloa es que a la quiebra de tantas empresas se le añada ahora la del fútbol. Seguro que hay maneras de evitarlo, pero la temporada próxima está a la vuelta de la esquina y queda muy poco tiempo para hacerlo.