Penas leves en la sentencia por la ‘Operación Puerto’ que investigaba una trama de Dopaje

LA SENTENCIA que condena a un año de cárcel al doctor Eufemiano Fuentes, principal implicado en la operación Puerto, deja la sensación de una gran injusticia y constata el fracaso de las autoridades para perseguir el dopaje. Resulta inconcebible que en 2006 aún no existiera en España una legislación específica para perseguir este delito, así como que la operación policial no se aplazara seis meses, el tiempo que tardó en aprobarse la normativa contra el uso de estimulantes prohibidos. Como consecuencia, ningún deportista se ha sentado en el banquillo y los encausados –Fuentes, su hermana, el ex entrenador Ignacio Labarta y los ex directores Manolo Saiz y Vicente Belda– sólo han podido ser juzgados por un delito contra la salud pública.

La resolución es descorazonadora por cuanto incluye como hechos probados que las prácticas de Fuentes tenían «la exclusiva finalidad de elevar artificialmente el rendimiento físico del ciclista», que los tratamientos comportaban «un importante peligro para la salud» y que las transfusiones, realizadas «sin cumplir las garantías higiénico sanitarias», buscaban burlar los controles antidopaje.

Es difícil entender que a Alberto Contador se le suspendiese dos años tras encontrársele una sustancia en la sangre en una proporción infinitesimal que no podía mejorar su rendimiento y que quienes utilizaron los métodos manifiestamente ilegales de Eufemiano Fuentes puedan acabar sin castigo alguno. El fallo, sobre el que ya se ha anunciado recurso, rechaza que las bolsas de sangre requisadas en la operación sean entregadas a los organismos federativos, aduciendo que han de prevalecer «las garantías del deportista y el respeto a sus derechos fundamentales». Con toda la razón, tanto la Federación Española de Ciclismo, como la Agencia Mundial Antidopaje, la Unión Ciclista Internacional y el Comité Olímpico Italiano habían solicitado su entrega. Ya que no se puede actuar penalmente contra los tramposos, al menos debería poder perseguírseles en el ámbito deportivo.

Existe una gran sensibilidad en todo el mundo por el problema del dopaje. El caso de Lance Armstrong ha conmocionado a la opinión pública. Algunos medios, fuera de nuestras fronteras, han extendido sospechas sobre los deportistas españoles a raíz de sus grandes éxitos. Son acusaciones injustas porque pasan las mismas pruebas que el resto. Ahora bien, es cierto que la legislación y los controles en España han ido por detrás de los demás países de nuestro entorno.

Los ojos de los organismos internacionales estaban ahora puestos sobre la operación Puerto, la más importante que se ha desarrollado en España contra el dopaje. Una sentencia ejemplar hubiera contribuido a proteger la imagen de nuestro deporte. Está claro que un juez no puede guiarse por esas consideraciones a la hora de emitir un veredicto, pero también es cierto que la Fiscalía y la Abogacía del Estado pedían penas mayores y que tres de los cinco imputados –Yolanda Fuentes, Belda y Saiz– han sido absueltos. Si la sentencia es frustrante, llega además en el peor momento: a sólo cuatro meses de que se elija la sede olímpica de 2020. Para la candidatura de Madrid es una mala noticia.

Tras siete años de instrucción y tres meses de juicio, el primer gran caso de dopaje en el deporte juzgado en España, la Operación Puerto, se ha saldado con una gran decepción. Tres de los cinco acusados han sido absueltos y los otros dos, condenados a penas mínimas que ni siquiera implican el ingreso en prisión. Al principal acusado, el médico Eufemiano Fuentes, le ha sido impuesta una pena de un año de prisión y cuatro de inhabilitación, pero solo para ejercer la medicina deportiva.

Si bien es positivo que por primera vez se haya impuesto una condena por facilitar sustancias dopantes a deportistas, la sentencia se alinea con la tibieza que los observadores internacionales atribuyen a las autoridades españolas en la lucha contra el dopaje y en absoluto es coherente con la gravedad de los hechos. Porque en el juicio ha quedado probado que existió una trama de dopaje y que la actividad ilícita pudo alcanzar, según la propia sentencia, a un centenar de deportistas. Como en 2006 el dopaje no estaba específicamente tipificado como delito, la acusación era por un delito contra la salud pública. La juez ha decidido imponer una pena sensiblemente inferior a la solicitada por las acusaciones y ha ordenado además destruir las 212 bolsas de sangre y plasma incautadas, a través de las cuales se podría identificar a los deportistas implicados.

La sentencia será recurrida, pero, de momento, ya ha causado un nuevo y grave daño a la imagen de España. Al deterioro que el descubrimiento de la trama causó a la fama de los deportistas se suma ahora el deterioro de la imagen de la propia justicia. La instrucción se ha dilatado durante años —y es previsible que dure aún algunos más si llega hasta la última instancia—, ha presentado graves problemas de prueba y la juez se ha decantado por una interpretación muy benigna del Código Penal. No es extraño que la Agencia Mundial Antidopaje califique la sentencia de “decepcionante e insatisfactoria”.