Polémica por la ilegalización de algunas listas de Acción Nacionalista Vasca (ANV) acusadas de ser listas controladas por ETA

La izquierda abertzale existe. Ha tenido una presencia minoritaria pero significativa en todos los procesos electorales que se han celebrado en el País Vasco desde 1979. No puede, ni de lejos, pretender ser portavoz de lo que realmente el pueblo vasco quiere, porque los propios ciudadanos vascos, mediante el ejercicio del derecho del sufragio, así lo indican, pero tampoco se puede pretender ponerla fuera de la ley e impedir su presencia electoral y, por tanto, también su presencia en las instituciones representativas en todos los niveles contemplados en la Constitución: municipal, autonómico, estatal y europeo.

Esto es lo que se está intentando hacer. No se está ilegalizando a un partido político, sino que se está poniendo fuera de la ley a una minoría social, la minoría que reiteradamente se ha expresado electoralmente votando a partidos o candidaturas de la izquierda abertzale. Lo que se está perpetrando es la liquidación electoral de una minoría. La liquidación de una minoría tiene un nombre. La liquidación electoral también debería tenerlo. Es lo que se está haciendo con la aplicación de la Ley de Partidos de la forma en que se está practicando.

No alcanzo a entender cómo nadie se ha parado a pensar que hay entre 150.000 y 200.000 ciudadanos españoles, residentes en el País Vasco, pero españoles, a los que se priva en la práctica del ejercicio del derecho de sufragio. Formalmente siguen siendo titulares del derecho, pero materialmente no pueden ejercerlo, ya que el derecho de sufragio exige que cada ciudadano pueda ejercerlo de la manera que él individualmente considere apropiada y no se vea forzado a ejercerlo de la manera que los demás le imponen.

La privación del derecho de sufragio pasivo que se está practicando con la aplicación de la Ley de Partidos no priva solamente del derecho de sufragio a los ciudadanos que se ven afectados por la misma, sino que priva del derecho de sufragio activo a todos los ciudadanos que integran la izquierda abertzale y que se ven impedidos de ejercer real y efectivamente el mencionado derecho, ya que solamente se les deja la opción de votar a candidaturas de los demás partidos a los que no quieren votar o de abstenerse. El limbo electoral es la única opción real que se les deja a los ciudadanos que integran la izquierda abertzale.

Estamos tirando por la borda toda la teoría de interpretación de los derechos fundamentales que enseñamos en las facultades de Derecho. Hablar de la interpretación de la ley más favorable al ejercicio del derecho fundamental, que, según reiteradísima doctrina del Tribunal Constitucional, es la que siempre debe preferirse, de la presunción de ejercibilidad de los derechos fundamentales, del ejercicio del derecho sin autorización previa, es una broma. Todo esto se está sacrificando como consecuencia del furor persecutorio que nos posee.

Y además con palmeros de lujo que todavía consideran que se está haciendo poco, que se está siendo tibio en la aplicación de la ley. Porque a estas alturas del guión no me voy a sorprender de que el PP esté machacando con el mensaje de que no se está haciendo lo que se debe hacer y que se está incumpliendo la Ley de Partidos, pero no está dejando de sorprenderme que ese mismo mensaje esté siendo puesto en circulación en columnas y tertulias en las que nunca pensé que se iba a jalear una privación de derechos constitucionales de la intensidad de la que se está produciendo y que se iba a criticar al Gobierno o al fiscal general del Estado por no ser lo suficientemente entusiastas en la persecución política de la izquierda abertzale.

Sólo con el tiempo se aprende, decía Borges. Pero a veces lo que se acaba aprendiendo ya no sirve para nada. Con el tiempo aprenderemos que lo que se está haciendo es una barbaridad. Espero que no sea demasiado tarde.

Javier Pérez Royo

No sé si a ustedes les pasará igual: si a mí me tomasen por tonto Habermas o Vargas Llosa, por ejemplo, lo aceptaría con resignación puesto que a su lado probablemente lo soy; pero que me consideren idiota Conde Pumpido o López Garrido, por no hablar de Pepe Blanco… vaya, es algo que le humilla a uno. Y mi impresión general es que este Gobierno ha decidido que lo mejor es tratar a la clientela levantisca como si no tuviese demasiadas luces -«¡pero qué sabrá usted!»- incluso cuando se les está intentando dar en vez de liebre ya no gato, sino rata disecada. El truco empleado es elemental aunque repetido con renovado énfasis: consiste en decir que en modo alguno se va a hacer o a consentir algo y luego hacerlo o consentirlo pero llamándolo de otro modo. Por tanto, el Gobierno nunca pactará con ETA un precio político del final de la violencia, pero ofrece una mesa política en cuanto acabe la violencia o si se suspende un rato suficientemente largo; no excarcelará a De Juana Chaos, pero se complacerá en verlo paseando fuera de la cárcel, que no es lo mismo; no absolverá de apología del terrorismo a Otegi, aunque no se extrañará de que no se le condene; no permitirá a Batasuna presentarse a las elecciones, pero autorizará decenas de listas de ANV que son «pacíficas y legales» aunque funcionen a todos los efectos como si fueran de Batasuna y por tanto parezcan de Batasuna, qué desconfiada es la gente; y por supuesto no se han reunido últimamente con los delegados etarras con fines de mercadeo, digan estos lo que digan, aunque de vez en cuando se les acerquen a buscar información, que no todo lo resuelve Google. Siguiendo así, el día que ETA pegue un tiro a alguien no se tratará de un asesinato propiamente dicho, sino todo lo más de otro afortunado que pasa a mejor vida…

Lo de las listas de ANV, sobre todo, está convirtiéndose en un auténtico máster de cómo tomar el pelo desde el Gobierno a la resignada grey de los gobernados. A cada telediario apretamos el cinturón de los embelecos un punto más. No sólo hay que creer que Batasuna no se presenta ni poco ni mucho a las elecciones gracias a la firme diligencia gubernamental, no sólo la parte autorizada de ANV nada tiene que ver con ETA pese a los apoyos que recibe de y brinda a los proetarras, sino que según el Fiscal General hasta se ha ido demasiado lejos en el celo prohibitivo. ¡Y aún hay quien pretende encerrar a la sufrida genteabertzale en un Guantánamo electoral! Es lo que viene a explicarnos a los duros de entendederas Javier Pérez Royo en Liquidación electoral de una minoría (EL PAÍS, 19 de mayo de 2007). Con la misma elocuente vehemencia con que otrora justificó a quienes iban a las puertas de la cárcel de Guadalajara para hacer la ola a los condenados del GAL, hoy denuncia que se está intentando ante nuestros ojos nada menos que la liquidación electoral de 150.000 o 200.000 ciudadanos españoles del País Vasco a los que se priva en la práctica del derecho de sufragio. Y así será, si se les impide votar de la manera que cada uno de ellos considere individualmente apropiada y se vean obligados a ejercerlo de la manera que los demás le imponen. A esos perseguidos solamente se les deja la opción de apoyar las candidaturas de los partidos que no les gustan o de abstenerse, es decir que se les condena al limbo electoral. ¡Menudo atropello! Por lo visto, no basta que haya candidaturas nacionalistas, nacionalistas radicales o francamente independentistas. Si el público lo demanda, es imprescindible que se autoricen también otras que no se desliguen de la violencia terrorista, que apoyen la estrategia de ETA y que recauden para ella financiamiento y audiencia política, abierta o encubiertamente. El derecho fundamental de elegir debe primar sobre la condición democrática o no de lo elegido, sea lo que sea. …Pues fíjense, yo no me lo creo. Puede que el derecho, sea constitucional o de otro tipo, no siempre coincida punto por punto con el sentido común del lego pero tampoco es una pieza absurda como las del teatro de Ionesco. Y hay argumentaciones jurídicas que corroboran en este caso el escepticismo ante los razonamientos de Pérez Royo: remito al lector a la obra de otro catedrático de derecho, Carlos Fernández de Casadevante, La nación sin ciudadanos (ed. Dilex) cap. VIII, titulado «Ni todas las ideas, ni todos los proyectos políticos».

Pero si por un momento acepto el planteamiento de Pérez Royo, entonces yo también temo formar parte de la minoría electoral liquidada. Porque yo tampoco tengo un partido a mi gusto al que votar. Yo quisiera votar a un partido socialista con una firme posición de rechazo tanto ante el terrorismo de ETA como ante sus pretensiones políticas, un partido socialista que se atuviese al espíritu y la letra del Pacto Antiterrorista tal como fue redactado en su día, un partido socialista que buscara en este punto político fundamental el apoyo del resto de los constitucionalistas y que no debilitara el diseño unitario del Estado de Derecho para conseguir apoyos de los nacionalistas periféricos que no creen en él por mucho que tales concesiones garantizasen su hegemonía en el Congreso. Y como tal partido socialista de mi ideal no existe y por otra parte no puedo inclinarme por una derecha empeñada en el terreno educativo en preferir feligreses obedientes a ciudadanos conscientes, me veo obligado al limbo del voto en blanco. ¡Ay, que zapatética situación la mía! ¡Arnaldo, Pernando, cómo os comprendo y compadezco!

En una de las historietas del genial Fontanarrosa, el gaucho don Inodoro Pereyra se enfrenta a los indios que llegan en destructivo malón. «¿Qué pretendéis?», les pregunta y el jefe responde: «Vamos a arrasar vuestros campos, quemar vuestras casas y violar a vuestras mujeres». «Pero… ¡eso es una barbaridad!», comenta don Inodoro y el otro responde: «Ah, no lo sé, yo soy indio, no sociólogo». En el País Vasco, los indios del malón abertzale siguen manteniendo sus pretensiones tradicionales, pero ahora renovadas y reforzadas: intimidar a los oponentes políticos, extorsionar a la población social y económicamente, convertir su ideario de máximos en un trágala obligatorio para todos del que sólo están dispuestos como mucho a negociar los plazos de cumplimiento. Ya lo están demostrando en la campaña electoral en el País Vasco y hasta el ministro de Justicia lo ha experimentado en carne propia (como no hay mal que por bien no venga, al menos tras los incidentes de Sestao seguro que Fernández Bermejo no necesitó recurrir ese día a ningún laxante). Y después de las elecciones, podemos prepararnos para lo peor. Pero claro, los indios no tienen por qué ser sociólogos. Ese papel lo cumplen otros, que nos explican sus intenciones fundamentalmente pacíficas, su deseo de renunciar a la violencia aún no del todo maduro, las posibilidades futuras de entenderse con ellos porque entre gente de izquierda todo acaba arreglándose, sus derechos vulnerados por la inicua Ley de Partidos y los intolerables caprichos de la derecha montaraz que se empeña en hablar de terrorismo para que la gente no se pasme como es debido ante los logros económicos y sociales del Gobierno. Nunca les habían faltado a nuestros indios proetarras voces sociológicas de elucidación y encomio, pero nunca antes las habían tenido tan abundantes y situadas a tan alto nivel en el ordenamiento estatal.

Ya sé que estas elecciones municipales no son ni debieran ser unas primarias, pero me temo que en gran medida van a funcionar como tales. Porque algunos estamos preocupados sin duda por la corrupción urbanística y temas afines, pero por mero instinto de conservación sentimos otras cuestiones como prioritarias. Y no podemos dejar pasar esta oportunidad de mostrar con la ocasión de voto que se nos ofrece nuestro rechazo ante la explicación sociológica y la ambigüedad gubernamental que refuerza en lugar de impedir el peligro que corren nuestras cabelleras.

Fernando Savater

Las alusiones personales siempre son molestas, en especial cuando son inexactas, porque te obligan a hablar de ti mismo, algo que nunca es agradable. Pero hay ocasiones en que las alusiones son tan maliciosas que no se pueden dejar pasar.

Por ejemplo, la alusión que me dirige Fernando Savater en Indios y sociólogos (EL PAÍS, 22 de mayo de 2007). Tras mencionar mi columna del sábado 19, Liquidación electoral de una minoría, escribe lo siguiente: «Con la misma elocuente vehemencia con que otrora justificó a quienes iban a las puertas de la cárcel de Guadalajara para hacer la ola a los condenados del GAL, hoy denuncia que se está intentando… la liquidación electoral de 150.000 o 200.000 ciudadanos… a los que se priva en la práctica del derecho de sufragio».

Nunca justifiqué la concentración que se produjo en la puerta de la prisión de Guadalajara el día que José Barrionuevo y Rafael Vera ingresaron en ella. Ello no quiere decir que no estuviera en desacuerdo con la instrucción del sumario por Baltasar Garzón y con las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Lo argumenté en varias ocasiones. La primera el 5 de enero de 1995, en un artículo en EL PAÍS, Dudas constitucionales, en el que sostenía que Baltasar Garzón carecía de la imparcialidad constitucionalmente exigida para instruir el sumario del caso Marey. Después volví sobre el tema también en EL PAÍS en varias ocasiones y en la revista jurídica La Ley. También argumenté que el Tribunal Supremo había vulnerado el derecho constitucional a la presunción de inocencia de Barrionuevo y Vera, porque habían sido condenados sin pruebas. La ley del número era el título de mi columna, en la que sostenía que toda la argumentación de la sentencia se reducía a que los siete magistrados que firmaron la sentencia eran más que los cuatro que formularon votos particulares.

Desde diciembre de 1994 no he dejado de estar al lado de Barrionuevo y Vera. No los conocía personalmente antes de su procesamiento y he acabado siendo amigo de ambos. Solicité autorización para poder visitarlos en Guadalajara y volví a solicitarla para visitar a Rafael Vera en Segovia. No me avergüenzo de haberlo hecho, sino todo lo contrario.

Durante todos estos años he estado prácticamente solo manteniendo esta posición. Parece que al final voy a tener una excelente compañía, la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tiene prefigurada su sentencia en la que se condena al Estado español por falta de imparcialidad del juez y por vulneración del derecho a la presunción de inocencia de Rafael Vera en el caso Segundo Marey.

Pasemos de la alusión al fondo del asunto, que no es otro que el de los límites constitucionales en la lucha contra el terrorismo. Tú, Fernando, das por buenas todas las iniciativas que se han puesto en marcha desde la Ley de Partidos de 2002 y lo único que te parece mal es que el actual Gobierno socialista no esté aplicando la ley con el rigor con que debería hacerlo. Yo no.

Lo dije desde que se aprobó la Ley de Partidos y lo he venido reiterando en múltiples ocasiones. Resumo mi posición, que descansa en los dos siguientes puntos:

1º La Ley de Partidos carece de cobertura constitucional.

2º Aun en el supuesto de que en su redacción pudiera salvarse la constitucionalidad de la ley, en su aplicación la Ley no puede no ser anticonstitucional.

La Ley de Partidos carece de cobertura constitucional, porque la Constitución, en el artículo 22, que es en el que se reconoce el derecho fundamental de asociación, no contempla nada más que la vía penal para poner fuera de la ley a un partido político. El artículo 22 es derecho constitucional obligatorio. Ninguna constitución democrática puede no contener dicho artículo. Lo podrá contener en términos distintos a como lo contiene la Constitución española, como hace, por ejemplo, la Ley Fundamental de Bonn, que contempla además de la vía penal una vía constitucional para poder poner fuera de la ley a un partido. Pero el derecho fundamental de asociación tiene que figurar. Y figura, en cada caso, en los términos en que el constituyente ha querido que figure. En el caso de España, con ese único límite.

El artículo 6 de la Constitución es derecho constitucional opcional. Hay constituciones que no lo contienen. El artículo 6 se limita a reconocer la relevancia constitucional de los partidos, pero no reconoce derecho fundamental alguno. Al contrario: el artículo 6 presupone el reconocimiento del derecho fundamental sin el cual no tendría sentido. El artículo 22 es el presupuesto del artículo 6 y no a la inversa. Así es como figura en la Ley Fundamental de Bonn, el derecho fundamental en el artículo 8 y el rela-tivo a los partidos en el 21, coincidiendo plenamente la redacción de ambos en cuanto a las vías de ilegalización de los mismos. Una vía constitucional, distinta de la penal, en Alemania tiene cobertura constitucional.

Pero en España no la tiene y no la tiene porque el constituyente no quiso que la tuviera. El constituyente español del 78 tuvo muy presente la constitución alemana y tomó de ellas muchas cosas: la cláusula del Estado social y democrático de derecho, la definición de los derechos fundamentales, la moción de censura constructiva y un largo etcétera. Si estableció la vía penal como la única vía para poner fuera de la ley a un partido político fue porque quiso, no porque inadvertidamente se le pasara por alto la posibilidad de una vía constitucional distinta de la penal. Entre otras cosas, porque la Constitución se hizo en medio de una presión terrorista muy intensa, de la que quedan huellas en su texto.

Un derecho fundamental únicamente puede ser limitado en los términos en que el artículo de la Constitución que lo reconoce lo permite. No se puede retorcer la Constitución y hacer prevalecer el artículo que no lo reconoce, el derecho constitucional opcional, frente al artículo que lo reconoce, el derecho constitucional obligatorio.

Pero la Ley de Partidos no tiene solamente el problema al que acabo de hacer referencia. La Ley es anticonstitucional por su proyección en el proceso electoral. La ilegalización de un partido por razones constitucionales podría surtir efecto si el partido afectado tuviera su base electoral esparcida por todo el territorio del Estado, pero no puede hacerlo cuando, como ocurre en el País Vasco, esa base electoral está concentrada en un territorio muy pequeño. Las tres provincias vascas caben en la provincia de Cádiz. En una sociedad tan intensamente articulada como la vasca, la izquierda abertzale no necesita un partido político para competir electoralmente. Le conviene tenerlo, pero no le resulta imprescindible. Buena prueba de ello fue el resultado electoral del Partido Comunista de las Tierras Vascas. Con partido o sin partido, la izquierda abertzale obtendría el mismo resultado electoral. Perdería parte de la financiación, pero no presencia institucional.

Ésta es la razón por la que la Ley de Partidos no se circunscribe a limitar el ejercicio del derecho de asociación, sino que tiene que extenderse a la limitación del derecho de participación política reconocido en el artículo 23 de la Constitución. El procedimiento previsto para impedir que la izquierda abertzale pueda concurrir a las elecciones mediante la fórmula de las agrupaciones de electores no es que carezca de cobertura constitucional, es que no puede no carecer de ella. Ni siquiera mediante una reforma de la Constitución se podría conseguir ese objetivo. En un Estado democrático es constitutivamente imposible que se pueda privar a nadie del ejercicio del derecho de sufragio sin condena judicial firme que lleve aparejada la pérdida de tal derecho por el tiempo que indique su condena. En estas últimas elecciones 87.000 ciudadanos en pleno uso de sus derechos civiles y políticos han ido al notario para constituir agrupaciones electorales, con la finalidad de poder ejercer el derecho de sufragio. ¿Con base en qué precepto constitucional se le puede prohibir el ejercicio de tal derecho? Una agrupación de electores no es un partido político. Es un ente de naturaleza distinta. No puede haber continuidad jurídica entre un partido político y una agrupación de electores y, en consecuencia, la ilegalización del primero no puede extenderse nunca a la segunda. Es radicalmente imposible. Jurídicamente hablando, el salto de la ilegalización del partido a la ilegalización de la agrupación de electores es un salto necesariamente mortal.

En pocas palabras, Fernando: en este terreno estamos en desacuerdo en todo. Yo estoy convencido de que José Barrionuevo y Rafael Vera son inocentes y que han sido condenados de una manera perversa, con vulneración de los derechos fundamentales más esenciales en el proceso penal, lo cual no justifica que se hagan manifestaciones contra la sentencia que los condenó, pero sí que se alce la voz todo lo que se pueda contra la iniquidad de dicha sentencia. También estoy convencido de que la Ley de Partidos carece de cobertura constitucional y de que, aunque la tuviera en la limitación del derecho de asociación, no puede tenerla en su proyección al derecho de participación política. En la práctica no se está limitando el derecho a constituir un partido, sino que se está privando del ejercicio del derecho de participación a una minoría social. La aplicación de la Ley de Partidos de la forma en que se está haciendo supone la eliminación electoral de una minoría, de la minoría abertzale.

A ti te parece bien. A mí no. Espero que mis argumentos hayan quedado claros. En todo caso, me gustaría que en el futuro quedaran excluidas las alusiones personales.

Javier Pérez Royo

El acoso, las amenazas, los abusos y el chantaje que los proetarras están utilizando en la localidad guipuzcoana de Lizarza se han convertido, este jueves, en el ejemplo claro y nítido de la forma de actuar públicamente de las franquicias de los terroristas etarras. Y es que Accion Nacionalista Vasca no sólo es una franquicia de ETA; no son simplemente unas siglas que sirven como excusa para abrir el grifo de las subvenciones y de las ayudas económicas. Han pasado de forma descarada al ataque, a la beligerancia y a la confrontación contra la democracia. Actúan bajo el paraguas de la banda y al mismo tiempo han iniciado ya una clara estrategia pública de acoso y derribo contra todo lo que sea la normalidad y la decencia democrática, al más puro estilo de los terroristas.

Nadie esperaba que ANV condenara los atentados de la banda terrorista ETA, puesto que son su propia marca. Eso entraba en el guión. Ahora además se han quitado la careta de forma descarada y se han lanzado al ataque. En este sentido, hay que subrayar lo ocurrido en Lizarza donde amenazan a la Alcaldesa y concejales del Partido Popular por participar en las fiestas o en la ciudad de Pamplona donde en el Ayuntamiento han retirado las banderas de España y de Europa en la sala donde minutos después ofrecían una rueda de prensa.

¿Sorpresa por lo ocurrido? Ninguna. Lo que pasa es que esta actitud, esta estrategia tan descarada, tan insistente y tan clara deja en evidencia y en ridículo al Gobierno Zapatero y al Partido Socialista. ¿Quién puede defender con un mínimo de responsabilidad y de seriedad, desde los principios democráticos, la presencia de ANV en los Ayuntamientos? ¿Quién puede tener el descaro de decir públicamente que no hay pruebas para ilegalizar a Acción Nacionalista Vasca? Nadie. ¿Cómo se puede escurrir el bulto de esta manera como si esta franquicia de ETA fueran cuatro amiguetes radicales? De ninguna manera. Y eso menos lo puede hacer el Gobierno de España. Y lo está haciendo descaradamente.

Lo que está claro es que ANV está haciendo lo que era previsible, está cumpliendo al milímetro el guión escrito desde los terroristas. Lo que no se puede entender es que el Gobierno de Zapatero siga mirando hacia otra parte, justifique con su silencio a los terroristas, ampare con su complicidad las reacciones de esta gentuza contra los ciudadanos que creen y defienden las Instituciones democráticas. El presidente del Gobierno ha decidido negar la realidad, prescindiendo de ella. Es su nueva fórmula. Se calla, guarda silencio y se quita del medio. Mientras, los terroristas y sus franquicias siguen campando por sus fueros. Zapatero sabe perfectamente que ahora mismo no ilegalizar ANV es justificar a los terroristas.