Quiebra ‘Nueva Rumasa’ en medio de acusaciones a su fundador José María Ruiz-Mateos y a sus hijos por haber estafado a sus inversores

Veintiocho años después de la expropiación de Rumasa, José María Ruiz-Mateos amenaza con provocar otra grave crisis empresarial, llevándose por delante el dinero de los inversores que cándidamente suscribieron sus pagarés de empresa de Nueva Rumasa (más de 5.000) y unos 10.000 empleos repartidos por sus 117 empresas, gestionadas todas ellas desde una caja única. Ruiz-Mateos ha repetido en Nueva Rumasa las mañas de la vieja: pagarés sin solvencia, trasvase alocado de fondos desde unas empresas a otras y el truco clásico de las emisiones de capital que se utilizan para pagar préstamos o emisiones anteriores. Resultado: 10 de las mayores empresas del grupo están en presuspensión de pagos, los suscriptores de pagarés al 8% corren el riesgo de perder su dinero, los empleados denuncian el impago de las nóminas para convertirse en acreedores y el patriarca Ruiz-Mateos ha vuelto a las bufonadas ofensivas, siempre presto a culpar de todo a otros (a la banca y al Gobierno, naturalmente).

Del nuevo desastre de Ruiz-Mateos se deducen algunos hechos incontrovertibles. Los potenciales inversores en los pagarés de Nueva Rumasa fueron repetidamente advertidos (hasta siete veces) por la CNMV del riesgo que corrían. Los precedentes de la vieja Rumasa eran motivo de alarma suficiente para no comprometer los ahorros en los castillos de naipes del empresario jerezano.

Falta por averiguar cuál es el riesgo de bancos y cajas con Nueva Rumasa. Convendría saber además qué tipo de cualificación crediticia se adjudicó a las aventuras empresariales del empresario jerezano. Sería irónico que mientras empresas pequeñas, pero solventes, no consiguen un crédito de 50.000 euros para sobrevivir, la tramoya empresarial de Ruiz-Mateos hubiese contado con financiación preferente.

La expropiación de Rumasa en 1983 resumió el deseo político de librar al sistema económico de prácticas dañinas para los accionistas y los ahorradores. La Nueva Rumasa es una prueba más (recuérdese el caso Afinsa) de que aquellas prácticas no han sido extirpadas. Para extinguirlas quizá sea necesario crear una agencia que defienda al consumidor de servicios financieros. Pero lo imprescindible es que los inversores no coloquen su dinero en inversiones no verificadas por la CNMV. Ese es el primer paso, todavía no superado, de la alfabetización financiera.

JOSÉ MARÍA Ruiz-Mateos insistió ayer en que Nueva Rumasa es un grupo de «tremenda solvencia», pero sus palabras resultan muy poco tranquilizadoras al examinar los problemas que están atravesando algunas de sus empresas como Clesa, con una deuda cercana a los 300 millones de euros, o como Dhul, mucho más pequeña, que debe más de 130 millones.

Ruiz-Mateos afirma que Nueva Rumasa devolverá su dinero a los 5.000 inversores que han suscrito pagarés, pero lo cierto es que el cumplimiento de esa promesa no depende de él. Si los bancos acreedores no aceptan reducir o aplazar la deuda, el grupo del empresario jerezano tendrá que suspender pagos y acogerse al proceso concursal.

Desgraciadamente 28 años después de la polémica expropiación del holding de la abeja, Ruiz-Mateos ha vuelto a incurrir en las mismas prácticas que desembocaron en la intervención pública. Ha creado un grupo empresarial basado en el fuerte endeudamiento, con una estructura muy poco transparente y con operaciones heterodoxas como el traspaso de fondos entre compañías. No es precisamente anécdotico a este respecto que las principales empresas del holding estén controladas por sociedades radicadas en paraísos fiscales como Curaçao, Belice y otros lugares fuera del alcance de las leyes y la Hacienda española. Esas sociedades, meramente instrumentales, son una especie de sumidero por el que se puede canalizar el dinero a cuentas en bancos internacionales. El modelo tiene nombre, se llama dutch sandwich y permite hacer grandes negocios con una reducida inversión, mínimo pago de impuestos y un patrimonio opaco siempre a salvo de la Justicia.

Ruiz-Mateos ha vuelto a repetir muchas de las prácticas que motivaron la intervención de Rumasa en 1983, realizada a través de un chapucero decreto ley que fue convalidado por el Tribunal Constitucional, muy presionado por el Gobierno de González. El saneamiento y liquidación de las empresas supuso entonces un coste al Estado de unos 6.000 millones de euros.

La ministra de Economía, Elena Salgado, afirmó ayer que el Gobierno ha hecho ahora lo que estaba en su mano para advertir a los inversores de la Nueva Rumasa del riesgo que corrían y que la CNMV emitió siete comunicados en este sentido. No nos parece que ello exima de toda responsabilidad al Ejecutivo, aunque es cierto que, según la legislación vigente, las empresas pueden captar libremente capitales privados si éstos no son negociables en los mercados. Algo parecido sucedió con Afinsa y Forum Filátelico, cuya venta de sellos no estaba supervisada por el Ministerio de Economía.

A nuestro juicio, estos casos demuestran que hay que revisar la ley. Lo que no se entiende es que los poderes públicos puedan cerrar un restaurante en Marbella por permitir que se fume y que no tengan armas legales para controlar emisiones en las que se capta el ahorro de miles de personas. Estas emisiones de pagarés, deuda subordinada, obligaciones o como quieran llamarse carecían de la más elemental información en el caso de la Nueva Rumasa, de suerte que los inversores no tenían ni idea de adonde iba a parar su dinero. ¿Hubieran invertido su dinero de haber sabido que las dueñas de Clesa son sociedades que se llaman Alinda y Serendipity, radicadas en paraísos fiscales?

No, la víctima de la situación financiera de sus empresas no es Ruiz-Mateos por mucho que critique a los bancos. Él es el responsable y las víctimas son los inversores que le confiaron sus ahorros, creyendo en su palabra. No es descartable que muchos de ellos tengan que acudir a los tribunales para defender sus derechos.

La idea del empresario expoliado, del hombre trabajador que levanta un imperio desde la nada y que, por presiones de la Banca, e incluso del Opus Dei, pierde su patrimonio a manos de un gobierno socialista, ha sido el mayor activo de Ruiz-Mateos en los últimos 28 años. Pero no el único.

No le negaremos al emprendedor jerezano su capacidad de iniciativa, su perseverancia y su obstinación.

Ruiz-Mateos ha vuelto a las portadas después de mucho tiempo a cuenta de las dificultades financieras de su renacido imperio: Nueva Rumasa.

De nuevo, vuelven a manejarse gastados argumentos, inventadas sentencias, justiprecios nunca abonados.

Pero, ¿cuál es la verdadera historia? ¿Le debe algo el Estado español a la familia Ruiz-Mateos después de una expropiación cuyo recorrido jurídico acabó en el Tribunal Constitucional con una sentencia tan discutible como apurada fue su votación?

Lo primero que hay que ver es cuál era la situación de Rumasa cuando el Gobierno la expropió. En 1991, y tras un arduo proceso de valoración, el Estado estimó que el neto patrimonial de Rumasa (cuya propiedad era 50% de José María Ruiz-Mateos y 50% de sus hermanos) en 1983 era negativo por valor de 261.129 millones de pesetas. Por lo tanto, el valor de sus acciones de Rumasa era cero.

Ruiz-Mateos recurrió esa valoración y, según su propia estimación, el valor de su grupo se elevaría a 600.000 millones de pesetas. La batalla jurídica, tras pasar por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, acabó en el Tribunal Supremo, que, en sentencia dictada el 26 de noviembre de 2004, dio la razón al Estado y estimó en cero el valor de las acciones de Rumasa. El TS distingue entre accionistas minoritarios y mayoritarios (Rumasa). Los primeros tienen derechos a cobrar (y están cobrando) el justiprecio de las acciones de las empresas con valor neto patrimonial positivo (casi la mitad de las 212 que formaban el grupo). Pero el accionista mayoritario sólo cobra si, al consolidar sus participaciones, su valor es positivo. Pues bien, el TS constató que el valor neto patrimonial era negativo en 261.129 millones de pesetas.

La última sentencia en la que se dirimía el valor de una de las empresas del grupo la dictó el TSJ de Madrid el 26 febrero de 2010, sobre un recurso de retasación de Galerías Preciados, en el que estableció igualmente que el valor neto de Rumasa era negativo y que, por tanto, «no hay obligación de pago».

La batalla jurídica sobre el valor de los activos de Rumasa también se trasladó a los bienes radicados en el extranjero. En la pugna por Multinvest (sociedad que controlaba la Rumasa sumergida desde la isla de Jersey), la justicia británica dio la razón al Estado español. En la pugna por la propiedad de Dry Sack, la justicia norteamericana también dio la razón a España.

Sin embargo, la capacidad de lucha de Ruiz-Mateos es inagotable. En estos momentos, tiene planteados 212 pleitos de retasación ante el TSJ de Madrid sobre otras tantas sociedades (él único resuelto es el ya mencionado de Galerías Preciados).

Sus defensores esgrimen como estandarte de sus éxitos ante la justicia internacional la sentencia del Tribunal de Estrasburgo de 23 de junio de 1993, en la que se condena al Estado español por «dilación indebida» en el proceso para el establecimiento del justiprecio. Pero olvidan decir que el mismo Tribunal responsabilizó también al empresario del retraso y, sobre todo, desestima su pretensión de que se establezca una indemnización para compensarle.

A día de hoy, puede decirse que el Estado no le debe nada a Ruiz-Mateos y que éste no le ha ganado en firme ningún pleito al Estado. Esa es la pura verdad.

Algunos ahora resaltan la capacidad del empresario para volver a levantarse después de haber perdido un holding que controlaba 212 empresas, 17 bancos y para el que trabajaban más de 65.000 empleados ¿Cómo pudo volver a construir una Nueva Rumasa desde la nada?

También aquí hay algo de trampa. Fuentes solventes señalan que el empresario logró sustraer a la expropiación activos por un valor de 30.000 millones de pesetas.

Algunos de los métodos utilizados para impedir al Estado recuperar esa enorme cantidad de dinero no son precisamente ejemplares. Las mismas fuentes señalan un caso paradigmático de elusión. El Banco de Jerez y el Banco del Norte (ambos controlados por Rumasa) tenían sucursales en Zurich y Amsterdam. Esos bancos simularon la concesión de créditos a diversas sociedades y el dinero supuestamente prestado iba a parar al Nord Finance Bank de Zurich. El Estado español se dio cuenta de esa operación cuando reclamó la devolución de un crédito a una empresa naviera y ésta demostró que nunca había pedido ni un duro a los bancos de Rumasa. Cuando los abogados del Estado se dieron cuenta y acudieron al Nord Finance Bank, el dinero ya se había esfumado.

Por ello, no es de extrañar que el control de la Nueva Rumasa esté ahora en las Antillas holandesas. El dinero eludido se utilizó para reconstruir un imperio hundido no por el Estado, sino por la mala gestión.

Dicen los defensores de Ruiz-Mateos que el valor de los bienes expropiados por el Estado el 23 de febrero de 1983 se eleva a 18.000 millones de euros ¿Cómo obtienen esa cifra? Muy sencillo, estimando el valor de los activos del grupo a valor actualizado y sumándole los intereses de demora. Vamos, la cuenta de la vieja.

¿Y los pasivos? No, las empresas de Ruiz-Mateos parece que sólo tienen un epígrafe en sus balances.

Al igual que ocurrió en 1983, el principal problema que hay para saber lo que vale Nueva Rumasa es que el grupo no está auditado; es decir, su falta de transparencia. Vale lo que dice que vale Ruiz-Mateos.

La crisis de sus empresas (en general con una pésima gestión) y la desconfianza de los bancos es lo que ha llevado a la Nueva Rumasa a solicitar una negociación previa a la suspensión de pagos.

Lo más triste de todo es que muchos ahorradores (se dice que 5.000) han depositado su dinero en pagarés jugosamente remunerados (entre el 8% y el 10%) y ahora se enfrentan a la incertidumbre de si recuperarán algún día su dinero. Y también que cientos de trabajadores ven peligrar sus empleos justo en las peores circunstancias económicas. La familia Ruiz-Mateos tiene sus bienes a buen recaudo en Curaçao.

EN LA APOTEOSIS de su triunfo electoral de 1982, el Gobierno de Felipe González, con 202 diputados al retortero, quiso dar un aviso al dinero español para hacerle comprender que quien mandaba en España era el nuevo socialismo. La víctima propiciatoria elegida fue Rumasa, donde Ruiz-Mateos había levantado varios centenares de empresas con más de 60.000 trabajadores. Al margen de eventuales irregularidades, que en aquella época eran comunes a no pocos banqueros y empresarios, esa es la verdad histórica. Aquello no fue una operación económica sino política. El presidente del Tribunal Constitucional, presionado hasta la náusea, cedió a la tropelía y después, abrumado, decidió exiliarse.

José María Ruiz-Mateos vivió una terrible ascensión al monte Calvario con la cruz socialista a cuestas. Sufrió prisión en España y en el extranjero, se le expropió al más bajo estilo ratonero, fue vejado de forma inmisericorde y perseguido como si fuera una rata. Reaccionó el empresario y, con un valor acongojante, desafió el poder descomunal de Felipe González. Perdido todo, inició, desde la nada, la aventura de una nueva Rumasa. Fue una operación heroica. Una proeza. Más de cien empresas, más de 10.000 trabajadores, acompañan ahora a Ruiz-Mateos. Desconozco el fondo de las irregularidades o los errores que haya podido cometer el empresario pero no me sumo al griterío descalificador del progresismo de salón, el del caviar beluga y el domperignon.

En los tres últimos años han cerrado en España por encima de las 200.000 empresas. Entre las que han sobrevivido, el 80% atraviesan graves dificultades y se debaten por las deudas a los proveedores y por el acoso de Hacienda y la Seguridad Social. Que Ruiz-Mateos soporte problemas en el 10% de sus empresas está dentro de la lógica de la crisis. Que puede superar la situación, así lo creo, salvo que el cerco político y mediático le asfixie. Hay quienes no pueden digerir que el gigante derribado y pisoteado se haya levantado y gallee ante sus antiguos verdugos.

Así que adelante, Ruiz-Mateos, adelante. Ya no tiene 40 años el empresario, es verdad. Pero le sobra energía y lucidez para sortear el precipicio y zafarse de las navajas cachicuernas. El viejo león enardecido ha enseñado las garras. Está dispuesto de nuevo a convertirse en ave Fénix y renacer otra vez de las cenizas. Las atarjeas de sus empresas no están cegadas y son muchos los que creen que Ruiz-Mateos las desatascará para que circule fluidamente la sangre del dinero. El espectáculo no tendrá desperdicio. Otra vez la lucha del hombre contra el destino, la cicatería y la escombrera. Hace unos meses, Ruiz-Mateos pronunció la frase memorable: «Si Miguel Boyer necesitara trabajo, con mucho gusto se lo daría». Ojalá le acompañe el éxito en esta hora de las grandes dificultades, para satisfacción de todos los que de una forma u otra de él dependen.

Luis María Anson

A medida que se van conociendo detalles sobre el deterioro económico y financiero de Nueva Rumasa se aprecia con mayor nitidez que José María Ruiz-Mateos y su familia habían construido un grupo empresarial siguiendo las mismas pautas viciadas que condenaron a la vieja Rumasa a la expropiación en 1983 para evitar daños mayores a los accionistas minoritarios y a los empleados. La ruina de la Nueva Rumasa es algo más que una hipótesis; los créditos morosos del grupo ascienden ya a 161 millones de euros, el 22,6% del total de créditos que tiene concedidos. La ruina acecha al grupo empresarial en una espiral implacable: los proveedores responden a los impagos cortando el suministro de primeras materias, lo que a su vez amenaza con cierres de las plantas productivas y minimiza las posibilidades de recuperar ingresos y generar caja.

Pero la crisis de Nueva Rumasa no es un caso más de dificultades momentáneas causadas por la recesión económica. La Rumasa de 1983 contravenía peligrosamente las normas de prudencia financiera y de gestión. Ruiz-Mateos sostuvo un holding empresarial con prácticas muy próximas al engaño financiero (pagarés y solicitudes de capital a cambio de altas remuneraciones utilizadas para pagar las deudas vencidas, un sistema que se aproxima al llamado fraude piramidal) y la Nueva Rumasa está cimentada sobre los mismos desafueros. La única diferencia entre ambas es que el grupo que ahora se tambalea no está conectado a una estructura bancaria. Pero el papel de las entidades de crédito lo jugaba en esta ocasión Clesa, la mayor empresa del conglomerado.

No se entiende cómo el responsable de un fiasco empresarial y financiero de la magnitud de la antigua Rumasa ha podido conseguir financiación bancaria para construir de nuevo un castillo de naipes que amenaza con derrumbarse llevándose por delante más de 9.000 puestos de trabajo; ni es fácil imaginar por qué algunos inversores han acudido a suscribir sus pagarés o ampliaciones de capital, como si no existiese el precedente de 1983. Ni las entidades financieras ni los suscriptores podrán decir que no estaban advertidos, por la CNMV y por los ostentosos precedentes de un empresario ofuscado; las deudas que no cobren o el dinero que no recuperen será el pago de la negligencia.

Pero mientras se decide el futuro del grupo, es imprescindible que la justicia investigue la trama de la Nueva Rumasa y aclare, en lo posible, la red de intereses, transferencias y préstamos cruzados que contaminan las 160 empresas del grupo. La responsabilidad de esta quiebra es de Ruiz-Mateos y su familia; los tribunales deben asegurarse de que esas responsabilidades se cumplen. Es muy probable además que el empresario supermán dé rienda suelta a interpretaciones paranoicas (conjuras bancarias, presiones políticas); nadie debería alentarlas ni seguirlas. La catástrofe de la vieja Rumasa debería ser vacuna suficiente contra grotescas cortinas de humo.