El caso de las Sedaciones en el Hospital Severo Ochoa concluye con el sobreseimiento de la causa contra el Doctor Montes

26 de mayo de 2005. La locutora de la cadena Cope Cristina López Schlichting abre su editorial de la tarde:

«Al menos cuatro personas han sido directamente asesinadas en el hospital Severo Ochoa de Leganés por la vía de la sedación irregular […]. No nos confundamos, no confundamos esto con el asesinato de personas a las que un médico supuestamente progre considera indignas de seguir viviendo».

El 22 de abril de ese año, a las 6.13, el locutor de las mañanas, Federico Jiménez Losantos, es menos directo, aunque igual de duro: «El equipo médico del doctor Montes, porque era un equipo, no era sólo este señor, no era un Kevorkian [pionero en el suicidio asistido], no era un Doctor Muerte, era un grupo que, por lo visto, compartía no se sabe muy bien qué criterios, desde luego no los del juramento hipocrático; era conocido dentro del hospital por Sendero Luminoso. El 90% de los sedados por el doctor Montes murió en menos de 24 horas; ¡que eficacia, claro!, eficacia de la morfina».

En esta línea se movió la Cope durante meses. Los abogados de Luis Montes, del prestigioso despacho de Rafael Burgos, pagados por la asociación de defensa del hospital, grabaron lo que allí decían, y cuando se cumplía el plazo presentaron una querella contra Losantos, César Vidal, Cristina López y contra la cadena de los obispos. El caso está pendiente de fallo, pero en sus declaraciones los periodistas admitieron que no contrastaron la información con Montes y que su fuente principal de información era el diario El Mundo.

El problema es que este diario cometió errores de bulto en el caso. Tras semanas sin apenas informar sobre el asunto, el 11 de abril de 2005 dio como apertura a cuatro columnas del periódico una noticia falsa: «El 90% de los sedados por el doctor Montes murió en menos de 24 horas». La primera página iba ilustrada con una foto de Montes. El periódico reproducía el libro de registro de urgencias, con un código muy repetido. «Muerto en 24 horas desde el inicio de s. [sedación]». El Mundo aseguró que esa «s.» correspondía a sedación, cuando, tal y como establece la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS, significa simplemente síntomas, un término que introducen los trabajadores de admisión o el ordenador lo pone por defecto si el paciente fallece antes de 24 horas y el médico todavía no ha rellenado el acta, según fuentes médicas. Pero nada de sedación. El caso era falso porque además Montes apenas sedaba pacientes. Era el jefe y veía pocos enfermos. De los 15 casos que investigó el juez, la firma de Montes aparecía en cuatro, y siempre como segundo médico. El diario no rectificó ni admitió el error.

La entonces periodista de El Mundo y hoy candidata del PP al Congreso Cayetana Álvarez de Toledo, mano derecha de Ángel Acebes, afirmó en la Cope el mismo día que el diario publicó esa información: «¿Qué lleva a este señor a aplicar este tipo de tratamientos médicos?, ¿es una psicopatía, es una forma muy particular de entender, digamos, el fin de la vida de las personas?», siempre según la querella.

Ahora, la Audiencia Provincial de Madrid ha archivado definitivamente el caso y ha ordenado eliminar cualquier referencia a la mala práctica médica.

La Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado el sobreseimiento y archivo acordado hace siete meses por el juzgado de instrucción que investigó las supuestas sedaciones irregulares en el hospital Severo Ochoa de esa localidad madrileña. Pero la Audiencia ordena además que se retiren de la resolución judicial las referencias que contiene a«mala praxis médica».

De esta manera, lo que empezó como denuncia de «eutanasia masiva» queda disuelto en nada: no había caso Leganés, aunque puede habercaso Lamela, en referencia al entonces consejero de Sanidad, y ahora de Transportes, de la Comunidad de Madrid, que gestionó de la peor manera un asunto que se prestaba a la demagogia más burda e irresponsable.

Todo empezó en marzo de 2005, por una denuncia anónima que incidía en una acusación presentada dos años antes contra el médico Luis Montes, coordinador del servicio de urgencias, denuncia que fue archivada por el Juzgado de Leganés. Lo que se sabe de la denuncia anónima es que hablaba de 400 casos de «eutanasia activa» en ese servicio, según el testimonio del entonces líder del PSOE madrileño, Rafael Simancas, en referencia a lo que personalmente le comunicó Lamela.

Pero la comunicación por parte del consejero de que la denuncia había sido remitida a la fiscalía se acompañó de la destitución provisional, y enseguida definitiva, de Luis Montes. Fue esa decisión la que convirtió en acusación gravísima una denuncia cuya veracidad no había sido investigada. El efecto fue una lógica reacción de alarma y desconfianza hacia el hospital de Leganés y, por extensión, hacia la sanidad pública. Pero también contra la práctica misma de la sedación terapéutica de los enfermos terminales.

Así, lo que es una actividad médica prevista en la ley, cuya finalidad es ahorrar sufrimientos a enfermos terminales, permitiéndoles una muerte digna, siempre con el consentimiento del paciente o sus familiares, se vio revestido de una truculencia inquietante, con efectos incontrolables. E incluso sirvió de coartada para que médicos contrarios a esa práctica por motivos ideológicos o de otro tipo se negaran a aplicar las sedaciones reclamadas por familiares. Esto es especialmente grave en un país en el que la mitad de las personas que fallecen lo hacen sin posibilidad de aliviar el dolor con los medios disponibles.

La resolución de archivo adoptada en junio reflejaba en cierta medida el clima de sospecha creado al mantener una referencia a «malas prácticas médicas», aun descartando relación con las muertes investigadas (las cuales fueron reduciéndose de las 400 iniciales a apenas cuatro). Esa referencia carecía de base, según la Audiencia. «Es evidente que no me he equivocado», dijo Lamela un mes después de destituir a Montes. El PP movilizó a los consejeros de Sanidad de seis comunidades en su apoyo. Pinchado el globo, es la hora de asumir responsabilidades.

La telebasura ni se crea ni se destruye, sólo se transforma. Si alguien piensa que, tras cerrar el Tomate, Telecinco va a emitir documentales de animales, que caiga del guindo. Con todo, el concepto de telebasura es una etiqueta algo injusta y en constante redefinición. Hace 20 años, Falcon Crest era considerado telebasura y hoy no escandalizaría ni a la asociación de telespectadores más pacata. Además, ninguno de los excesos del Tomate, que han sido muchos, le llega a la altura del zapato a la auténtica inmundicia de algunos medios: la prensabasura, la radiobasura.

Periodismo ficción

Hasta en el amarillismo hay grados. No es lo mismo bromear con chismes sobre folclóricas que presentar como prensa seria una conspiración sobre el 11-M en la que sólo faltó Elvis. Lo segundo es más grave, pues la mentira es doble, en la forma y en el fondo. Y mucho más dañina. Cuando la radio de los obispos llama asesinos a los médicos de Leganés y no rectifica ni siquiera después de que la Justicia los absuelve, hablar de simple manipulación es generoso. No se interpreta la realidad: directamente se reinventa.

Al servicio de Esperanza Aguirre

La conspiración no es casual, tiene su motor en la Comunidad de Madrid. Y se aprovecha de dos debilidades de la sociedad: la falta de memoria y la impunidad. El doctor Montes ha denunciado a la COPE, donde le acusaron de 400 asesinatos. Si gana, será indemnizado como mucho con 300.000 euros. Me parece poco. Pero, al menos, podrá ser compensado. ¿Y el daño a la convivencia? ¿Y los miles de enfermos terminales que han sufrido en sus carnes la campaña contra la medicina del dolor? A esos, ¿quién los indemniza?

Necesita el Partido Socialista montar la de San Quintín con los obispos a toda costa o, en argot zapateril, «como sea». Urge calmar el escozor de su desconfiado electorado por el batacazo económico masivo de las economías más desfavorecidas y de las más endeudadas, de los mileuristas jóvenes (y no tanto), de los inmigrantes abocados al paro y, en fin, de las clases medias o de los escarmentados de la movida de los sms del 11 al 14- M que, a falta de un mes para las elecciones, le dan la espalda. Moncloa parece una jaula de grillos con ataque de histeria y Ferraz está al borde del soponcio. Buena muestra de ello son sus detritus de precampaña, el sórdido vídeo del cenizo del cáncer popular que se han visto obligados a retirar o los injuriosos vituperios anti-comunidad de Madrid que agazapan indisimuladas elegías pro-eutanásicas.

Vuelve la manipulación a granel. Empecemos por el caso de las urgencias del hospital madrileño Severo Ochoa. Al jefe del servicio, Luis Montes, sólo se le relevó del cargo de coordinador, de libre disposición, pero siguió trabajando de anestesista. Parece como si la Comunidad de Madrid lo hubiera expulsado y maltratado. Pues no solo no ocurrió, sino que el propio Montes recurrió su destitución a los tribunales, que en sentencia firme le han dado la razón a la Consejería de Sanidad. Es más, las denuncias contra Montes no sólo provinieron de la administración madrileña sino que la ministra Elena Salgado también envió su querella a la fiscalía. Y Zapatero todavía tiene la cara dura de exigir a Rajoy responsabilidades por lo mismo que hizo su subordinada.

Lo cierto es que un primer informe que alertaba de posibles sedaciones irregulares fue enviado a los juzgados de Leganés y, posteriormente, once peritos del Colegio Oficial de Médicos de Madrid concluyeron en otro dictamen que existieron «múltiples sedaciones dudosas». Al no poderse practicar autopsias, el caso fue archivado puesto que no existían pruebas suficientes. Ese es el quid de la cuestión. Por ello, la Audiencia, con sus dos jueces pro eutanasia, han avalado el auto de archivo eliminando la referencia a la «mala praxis» médica. Sencillamente carece de «trascendencia penal» al no poderse «probar la relación causal por la imposibilidad de exhumar los cadáveres». ¿Es eso eximir de responsabilidad al anestesista sedador que brinda ahora con champán? De la brutal manipulación del asunto deberán rendir cuentas los troleros gubernamentales y los pepiñazos.

Seguro que si a Z o a Pepiño se les pone mala la suegra no la llevan a Leganés bajo la supervisión de Montes. O sí, dependiendo de lo hartos que estén de ellas, pero siempre que después incineren rápidamente sus restos. A lo mejor a algún familiar le sale un cáncer y entonces será automáticamente un cenizo del PP. A un mes de las elecciones, el partido del Gobierno no tiene un pase. Zapatero y su cohorte han perdido el norte. Entre tanto, ¿acaso piensan que Mariano Rajoy no tiene otra cosa que vender más que entrar a su burdo y maloliente trapo de la mitra y la dictadura? Desde luego, por ese camino la llevan clara. ¡Van a acabar en urgencias!

La sobrerreacción de euforia orquestada en torno al auto de la Audiencia Provincial de Madrid que elimina la calificación de «mala praxis» de la sentencia del caso Severo Ochoa responde a una óptica electoralista que en nada afecta a la descripción de los hechos que precedieron al encausamiento, en 2005, de parte del equipo de urgencias del hospital de Leganés que dirigía el doctor Luis Montes.

Los partidos de izquierdas y el Gobierno, a través de sus ministros Bernat Soria y Elena Salgado, zarandean el auto y exigen responsabilidades políticas y dimisiones con la vista puesta en la campaña electoral. Tratan de convertir el auto en una caza de brujas contra el Gobierno de Esperanza Aguirre y, en particular, contra el ex consejero de Sanidad Manuel Lamela. Pero ni la absolución de Montes ni el cierre definitivo del caso invalidan el informe pericial del Colegio de Médicos de Madrid, ni el auto anterior del Juzgado de Leganés, que concluyen que «sí hubo mala praxis». Porque cuando la Audiencia Provincial elimina esa calificación, lo hace en razón de un silogismo particular de orden estrictamente jurídico, según el cual, dado que no se puede probar que la causa de las muertes de los pacientes fue la sedación -no se pudieron hacer las autopsias- no tiene «relevancia penal» que hubiera mala praxis.

Desde un punto de vista lógico, sin embargo, la falta del valor probatorio del informe pericial no varía el significado de sus conclusiones ni cambia el hecho de las muertes. Ayer mismo, la Asociación Madrileña de Cuidados Paliativos, una entidad que engloba a los profesionales sanitarios que trabajan con enfermos terminales, reiteró que en el servicio de urgencias del Hospital Severo Ochoa «hubo mala praxis médica y se aplicaron dosis de sedación terminal excesivas y no indicadas». La sola duda sobre el modo en que actuó el equipo del doctor Montes parece motivo suficiente para justificar la destitución del anestesista. Es lamentable y preocupante que, al calor de la hoguera electoral, se haga ideología con la Sanidad, un área en la que la izquierda parece cada día más vinculada a posiciones extremistas.