Estalla el ‘Caso Palau’: Félix Millet (CiU) dimite como presidente de la Fundació Orfeó – Palau de la Música acusado de haber desviado 2,3 millones de euros

Querido J:

El asunto Fèlix Maria Millet i Tusell se está poniendo cada día más interesante. Y el juez que lo estudia (en tal hipótesis) debe de pensar lo mismo. Su lentitud en actuar sólo puede ser fruto, como es natural, del relamimiento. Que a mí también me afecta, verás. Para empezar leí el otro día unas declaraciones del simpático arquitecto Óscar Tusquets, autor de la remodelación del Palau de la Música y que, por lo tanto, tuvo a Millet como cliente. Decía Tusquets que el dinero presuntamente robado no había ido en su totalidad a los bolsillos de Millet: que el patrono era sólo un intermediario. Las declaraciones me interesaron relativamente: había buena voluntad en ellas, pero les faltaba empirismo. Les faltaba fuerza (força!), que es lo que las chicas del Hispania ponen en los guisos. Pero sólo tardó unos pocos días en llegar.

Este jueves, el señor Ángel Colom reconocía que Millet le había pagado unas deudas: concretamente 12 millones de pesetas que adeudaba por la fallida operación política del Partit per la Indepèndencia (PI). Las razones por las que Colom acudió a él son difíciles de precisar. No consta que Millet fuera militante del PI o independentista; tampoco pariente o amigo personal de Colom. La única explicación es que «alguien le dijo que fuera a ver a Millet». Alguien al que Colom se niega a identificar con un curioso eufemismo volitivo: «No puedo decirlo». Igualmente curiosa es su precisión posterior sobre el origen del dinero. Él, por supuesto, no podía imaginar que el dinero saliera de las cuentas del Palau y, en definitiva, del común ciudadano. Estamos, sin duda, ante un caso de generosidad de retorta: un hombre se saca de su bolsillo 12 millones de pesetas del año 99 para pagar las deudas que otro hombre al que conoce de vista ha contraído por la gestión de un minúsculo partido independentista. Es ahora cuando el apodo sisales con el que se conoce a Àngel Colom i Colom adquiere una inesperada precisión proteica.

Siendo esto del más grande interés perplejo no es comparable con la reacción que tuvo el señor Felip Puig, secretario general de Convergència Democràtica, al conocer las declaraciones de Colom: «Conociendo a Colom, que es una persona absolutamente transparente y con unas convicciones patrióticas intachables, tenemos la absoluta convicción de que ha actuado en todo momento según la legalidad vigente y no ha cometido ninguna irregularidad». Es una muy bonita vinculación de las convicciones patrióticas con la moralidad de ley. El patriota no delinque en ningún caso: sólo se expresa. El patriota es un artista. Un artista polanski.

Como puedes comprender, semejante estética me sorprende muy poco. En realidad, no se me habría ocurrido molestarte con este asunto si no fuera por la frase aparentemente marginal con que Colom justifica su paso deudor: «Ve a ver a Millet». Estuve regurgitando esta frase durante un rato hasta que, en efecto, salió. Ve a ver a Pujol. Este era, en los 60 y en los 70, el ábrete sésamo de Cataluña. Te precisaré: lo fue desde el 23 de febrero de 1967. Ese día murió Fèlix Millet i Maristany, padre del nuestro. Hasta ese día se dijo en Barcelona: «Ve a ver a Millet». Hay constancia del relevo. Lo describe Albert Manent en su biografía de Millet Maristany. Muy poco antes de morir, el mecenas le escribió una carta a Jordi Pujol. Te traduzco un párrafo: «Yo, que me he pasado la vida hasta ahora trabajando para mí (para los de casa), siempre, sin embargo, teniendo como punto de referencia mi país, que es como parte integrante de mí mismo, he tenido una alegría especial al recibirla [una carta de Pujol] porque representa mi coincidencia con un chico (perdona) de tu edad y eso hace revivir una fe que a pesar de tantas cosas no he perdido nunca».

Espero sinceramente que el párrafo te haya emocionado. No sólo es una muestra más precisa que el carbono 14 de un instante de la Creación Colectiva. Te habrás fijado en cómo detalla, con una confianza enternecedora, la confusión (¡la colusión!) entre el Mí, la Casa, el Nosotros y el Yo. En el libro de Manent, que es tan útil como todos los suyos, encontrarás desarrollado ese asunto y muchos otros. En especial la descripción de los escorzos que tuvo que hacer un hombre con un pie en el franquismo y otro en el catalanismo. Estos escorzos no fueron siempre en una misma dirección, como quiere hacer creer la propaganda. Millet tuvo que disimular para ser catalanista; pero también para ser franquista, dado que era las dos cosas. Observa esta prueba del escorzo en una carta que dirigió a Muñoz Grandes sobre el asunto de la lengua. «Mi general, estoy convencido de que Vd. sabrá entender la lucha interior que tengo conmigo mismo para continuar esperando que se resuelva este problema interno de este pedazo de España que, por motivos absolutamente al margen de la propia voluntad de los que en él nacieron, tiene su lengua propia». Lo apreciarás en lo que vale: la lengua como cruz involuntaria. Eso es. Bien dicho.

Jordi Pujol sustituyó al prohombre. Y entonces le fueron a ver a él. La situación duró, más o menos, hasta el advenimiento de la democracia. Cuando Pujol fue encausado por el asunto Banca Catalana utilizó dos argumentos defensivos. El primero se basaba en las fechas: desde 1976 había dejado de tener cualquier responsabilidad en la gestión del banco. Pero lo que se extendió hasta hacernos enrojecer de vergüenza fue el argumento moral. Si hubo irregularidades, lo fueron contra una Irregularidad mayor. El todo por la patria contra la Guardia Civil.

A partir de 1980, y con Jordi Pujol instalado para siempre en el Palau de la Generalitat, Fèlix Millet i Tussell cogió el siguiente relevo y el círculo se cerró. Ve a ver a Millet. Como te dije la otra semana, él fue enteramente una sociedad civil. Esto que en Madrid, que son tan brutos, se llaman grupos de presión y en la Castellana, concretamente en el palco del Bernabéu, se llaman lobbys. La línea de la defensa se entrevé claramente. Después de la confesión de Colom, su abogado Pau Molins ha añadido nuevos e interesantes destinos del dinero público: la Fundación Trias Fargas, la Olof Palme: independentistas, convergentes, socialistas. Franca sociedad civil tripartita. Esta diseminación económica y moral procura un saludable efecto de protección psicológica, y algo más que psicológica, que entenderás. ¡A ver si yo no voy a ser sociedad civil!, se dice uno poniendo la mano. No hay nada peor que corromperse para los demás. Empieza uno asesinando y acaba por no ayudar a cruzar el semáforo a las viejecitas.

Sigue con salud.

El 19 de mayo de 1960, el Palau de la Música de Cataluña, con motivo del centenario del nacimiento de Joan Maragall, acogió un homenaje al poeta al que asistieron varios ministros franquistas. Aunque prohibido por el régimen, El cant de la senyera, himno oficioso del catalanismo en la clandestinidad, fue interpretado por el público, en abierto desafío a la dictadura. Los disturbios, que pasaron a la historia como los hechos del Palau, se saldaron con numerosas detenciones y un consejo de guerra a Jordi Pujol, que acabó en prisión. Medio siglo después, ese gran templo del catalanismo, sufragado con aportaciones privadas y cuantiosas subvenciones públicas, se ha visto sacudido por el saqueo sistemático perpetrado por Fèlix Millet, egregio representante de la burguesía barcelonesa que como presidente del Palau sustrajo al menos 10 millones de euros, según la querella del fiscal admitida por el juez. Los precedentes históricos quizá expliquen la consternación que se vivió en Cataluña el pasado 23 de julio, cuando los Mossos d’Esquadra registraron el edificio modernista en busca de evidencias de la monumental estafa cometida en la institución.

Tras la confesión por carta de Millet y su lugarteniente, Jordi Montull, que reconocen haberse apropiado sólo de una tercera parte de los fondos presuntamente desaparecidos, quedan pocas dudas de que el expolio de tan emblemática entidad sólo fue posible merced a una pasmosa ausencia de controles financieros, tanto de carácter privado como por parte de las tres administraciones que con cargo al erario público han sufragado sus actividades y las sucesivas reformas del edificio: el Ministerio de Cultura, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona. A medida que se conocen los hechos -facturas y convenios falsificados que los auditores daban por buenos, tráfico de cantidades millonarias en billetes de 500 euros, pagos en dinero negro…- se constata la urgencia de regular a fondo no sólo el funcionamiento del Palau de la Música, sino el de todas aquellas entidades culturales sin ánimo de lucro que se nutren de las ayudas públicas sin someterse a una fiscalización rigurosa por parte de las administraciones competentes.

Millet, próximo a CiU y a la vez patrono de FAES por invitación de José María Aznar, amenazó semanas atrás con desvelar las «comisiones» que ha pagado a cambio de ayudas públicas. Por de pronto, ha trascendido que entregó al menos 72.000 euros a Àngel Colom, ex líder independentista luego adoptado por Convergència, y que la fundación de este partido ha recibido otros 633.000 euros de las arcas del Palau de la Música en la última década. Afloran de nuevo, a falta de mayor concreción judicial, las sospechas acerca de la conexión sistémica entre las adjudicaciones públicas y la financiación irregular de los partidos. Sólo cabe esperar que el juez del caso Millet investigue estas pistas con mayor atención que el tribunal valenciano del caso Gürtel.

La fiscalía se querelló el 10 de junio contra el entonces presidente del Palau de la Música, Fèlix Millet, y otros cuatro directivos de esta institución por los delitos continuados de falsedad documental y apropiación indebida por importe de 2,3 millones de euros, al que luego ha añadido el de malversación de caudales públicos. Ayer, al cabo de más de cuatro meses, el titular del Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona, Juli Solaz, tomó al fin declaración como imputados a Millet y su brazo derecho, Jordi Montull, que hace un mes confesaron por escrito haber sustraído 3,3 millones de euros del Orfeó Català, la centenaria asociación musical que tiene su sede en el Palau. Ni las evidencias palmarias de los delitos cometidos -que ya elevan la estafa a más de 10 millones- ni las alegaciones del fiscal y las acusaciones particulares, que pidieron prisión para los imputados, hicieron mella en el juez, que los ha dejado libres, con cargos pero sin fianza. Eso sí, les ha prohibido abandonar el país y les ha ordenado entregar los pasaportes.

En el ánimo del instructor ha pesado más el escrito de autoinculpación de Millet y Montull, en el que, a fin de eludir la prisión preventiva, declararon su arrepentimiento y el propósito de colaborar con la justicia para reparar el daño infligido a las arcas del Palau. Una declaración que, sin embargo, presenta más sombras que luces. Primero, porque los imputados ampliaron en un millón de euros la magnitud del fraude no precisamente por contrición espontánea, sino tras saber que la auditoría ordenada por los nuevos gestores de la institución había detectado irregularidades no recogidas en la querella de julio. Segundo, porque exculparon a los familiares que trabajaban a sus órdenes, algunos en puestos directivos. Y tercero, porque Millet declaró haber destinado parte de los fondos a pagar «comisiones» para lograr las ayudas públicas y privadas de las que se nutría el Orfeó, pero ayer se negó a desvelar los nombres de los comisionistas con el turbio argumento de que no quería comprometerlos.

Que el pecador reconozca el pecado pero encubra a sus cómplices no parece un ejemplo modélico de cómo cooperar con la justicia. Máxime cuando ya se ha conocido que pagó al menos 72.000 euros al hoy dirigente de Convergència Democràtica Àngel Colom, y también que entregó 540.000 euros a una fundación ligada a este mismo partido a cuenta de unos convenios que no estaba autorizado a firmar. Ni el juez ni el fiscal preguntaron ayer por estos hechos.

En los delitos económicos, la Ley de Enjuiciamiento Criminal autoriza al juez a decretar la prisión preventiva del imputado para conjurar el riesgo de fuga o el de la destrucción de pruebas. Los acusados cumplen ambos requisitos: está demostrado que disponen de cuentas en el extranjero, y podrían estar tentados a alcanzar acuerdos de protección mutua con los beneficiarios de las comisiones cuyas identidades prefieren ocultar.

LA RETIRADA A MILLET de la Creu de Sant Jordi se me aparece como la imagen de un militar frente al mando a punto de despojarle de sus galones y botonera. Chaqueta desabrochada, se sentirá humillado frente a un futuro incierto. Pero éste es sólo un espejismo cinematográfico. El ex presidente del Palau parece decir «quédense ustedes con la crucecita de marras que yo haré lo propio con mis cuentas en Suiza». Poco honor el de Fèlix Millet. Las imágenes que nos van ofreciendo las televisiones muestran un individuo dispuesto a esperar la que se le viene encima para proseguir después. Y no sólo él. La señora Millet, pillada por las cámaras de TV3 retocándose los labios antes de salir a la calle donde se topará con la prensa tras comer con su marido, tampoco parece vivir el drama como si de una realidad se tratara. Da la sensación de que todavía no han percibido el desprestigio social. Se inclinan a refugiarse en una frase que les mantiene vivos: «Con todo lo que hemos hecho por el Palau».

La decisión del juez del caso Millet de dejar en libertad con cargos al hasta hace poco presidente del Palau de la Música de Barcelona y rechazar, por el contrario, la prisión preventiva incondicional que había solicitado para él la fiscalía de Cataluña ha desconcertado a amplios sectores sociales, provocando las ineludibles comparaciones con otros casos de corrupción que se tramitan en los tribunales. También ha provocado ácidas y hondas discrepancias, con visos incluso de trascender lo jurídico, entre jueces y fiscales, y de jueces entre sí.

El juez del caso Millet se ha parapetado tras la ley para defender su decisión. Pero no es cierto que la actual regulación legal de la prisión provisional impida acordarla en el caso de un imputado por apropiación indebida, posiblemente asociada a malversación de caudales públicos por más de 10 millones de euros (20, según los fiscales), al que podrían corresponderle hasta nueve años de cárcel -una pena muy superior a la de dos años que la ley exige para adoptar esta medida cau-telar-; del que todavía falta por investigarse una parte de su actuación delictiva, con el riesgo de destrucción de pruebas que ello conlleva, y cuya situación familiar y económica acrecienta el peligro de fuga.

El juez ha interpretado los requisitos de la ley en favor del imputado. Estaba en su derecho, pero es responsabilidad suya haberlo hecho, no de la ley, que no necesita reforma alguna para que pueda acordarse la prisión provisional incondicional solicitada por la fiscalía. Quizás para salir al paso del malestar social creado por la decisión del juez, la fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, con los fiscales que investigan el caso, defendieron en una rueda de prensa su posición. Pero es ante los tribunales donde debe defenderla y afinar sus argumentos jurídicos, pues lo que ha decidido el juez instructor no es definitivo. Todavía puede ser enmendado por la Audiencia Provincial de Barcelona mediante el correspondiente recurso.

También algunos jueces han mostrado su extrañeza por la «extraña» decisión de su colega del caso Millet, lo que ha provocado que otros jueces salgan en su defensa y se atrevan, incluso, a proponer sanciones para los jueces que han puesto peros a la decisión. Lo peor que podría pasar es que los casos de corrupción, por afectar principalmente a partidos políticos y a personajes con influencia, terminaran por desgarrar la judicatura. Nada lo justificaría, ni decisiones como la del juez del caso Millet ni la descarada actuación del juez De la Rúa en el caso Camps. Tampoco actuaciones tan estridentes como la instrucción inquisitorial, más que inquisitiva, a que está dando lugar la querella contra el juez Garzón por haberse atrevido a dejar plasmado en dos autos judiciales un relato de los crímenes franquistas y la valoración jurídico-penal que merecen. El sistema judicial debe tener capacidad no sólo para enmendar sus propios errores; también para redimirse de las debilidades y miserias personales de sus servidores. Es lo que esperan los ciudadanos.

Recientemente algunos articulistas de sección fija en periódicos de gran tirada se lamentaban, en sus escritos y columnas, de la polémica generada alrededor del caso Félix Millet-Palau de la Música. Criticaban la dureza de las acusaciones que se lanzaban entre sí los partidos políticos catalanes. Consideraban impropia del oasis catalán tanta crispación. Algunos de estos insignes opinadores describieron la virulencia de las declaraciones partidarias como un combate en el que las armas eran heces con ventilador adosado. Quizás sí, quizás se ha ido demasiado lejos en la disección de nuestras miserias y convendría una cierta dosis de pulcritud, de sosiego. No lo discuto, pero no es menos cierto que algunos gastan un olfato muy fino y dormitan en atmósferas ricas en oxígeno. Deberían saber que en la política, como en cualquier ámbito de la vida pública o privada, hay de todo. En la cotidianidad de nuestra existencia hay placer, dolor, odio, amor y mil cosas más. La política no es ajena a esa contradictoria cotidianidad. La política es reflejo de la vida misma. La cotidianidad nos brinda momentos sublimes y también realidades obscenas, penosas, cutres y lamentables. Aquellos que pretenden hacernos vivir en un mundo relacional color de rosa fantasean o fenecen mentalmente en el intento. Es preciso asumir la realidad sin complejos y no dimitir en el empeño de modificarla en positivo.

El caso Félix Millet-Palau de la Música ha conmocionado a la sociedad catalana más en el terreno simbólico nacional y de clase que en el económico. Cierto, tan cierto como que la mayor parte de las páginas del serial aún están por escribir. Irán saliendo a la luz, no lo duden, a lo largo del proceso judicial permitiéndonos analizar con detalle, tanto sus conexiones, como sus efectos colaterales. Y lo evidente es que estos efectos ya han hecho notar su influjo sobre las administraciones públicas y las fundaciones partidarias. El fragor de la polémica nos ha permitido oír cosas tan insólitas como las declaraciones de Agustí Colomines, director de la Fundación Trias Fargas, afirmando que todo lo que es legal es moralmente correcto. Les ruego que reflexionen, unos instantes, acerca de esa afirmación. Por ejemplo: La pena de muerte es legal en un buen número de estados modernos. ¿Acaso puede considerarse esa medida como moralmente aceptable? Más ejemplos: La prostitución está legalizada, o tolerada, en algunos países. ¿Implica ello que ha de ser aceptada en el terreno ético y moral? Y para redondear la argumentación: Las espectaculares indemnizaciones y sueldos que se adjudican algunos banqueros en plena crisis económica, aduciendo que están dentro de la legalidad… ¿Son moralmente edificantes a los ojos de la ciudadanía? No, claro que no.

CDC se ha equivocado de pleno en la forma de abordar su vinculación al caso Millet. Ha intentado confundir a los ciudadanos blandiendo la legalidad de sus transacciones económicas con el Palau obviando la moralidad de las mismas. Ha pretendido justificar, sin éxito, que los recursos donados para el mecenazgo de la cultura puedan ser objeto de uso en campañas electorales; como se ha demostrado en Barcelona con Xavier Trias. Pero Convergència ha errado, más aun, al permitir que personajes como Felip Puig y Agustí Colomines monopolizaran la imagen del partido nacionalista y la defensa de sus argumentos. Lo han hecho mal, muy mal, levantando dudas donde no las había; contradiciéndose y justificando, sin rubor, la opacidad de sus convenios y andanzas políticas.

El colofón a tanta insolvencia nos lo ha servido la televisión publica catalana con una nueva entrevista a Artur Mas -ya van seis en lo que llevamos de año. Luego dirán que se les margina – en la que intentó centrifugar culpas relacionando, torpemente, una caja de ahorros con las actividades de los socialistas catalanes. A las incisivas preguntas, de ese crack comunicacional que es Josep Cuní, el líder nacionalista respondió con evasivas y difuminados propósitos de restitución económica al Palau de lo gastado por la Trias Fargas. Dejó para sus adentros la explicación del rol del señor Àngel Colom en el asunto y la cantidad de dinero de la que se sirvió. Obvió explicar quién apadrinó al líder del PI con la eficacia suficiente para que Millet le soltara unos milloncitos de nada; tampoco dijo si se consideraba deudor, o no, de esa factura etc., etc.

Corren malos tiempos para el prestigio de la política. Tiempos en los que el ciudadano espera de sus representantes públicos claridad de ideas, sentido común y la humildad suficiente para reconocer los errores. Ninguna de esas circunstancias se ha dado en la actitud de CDC ni en la de sus máximos responsables. Aunque el tiempo todo lo cura… la mancha queda.