El comando Buruntza de ETA asesina al jefe de la patronal vasca, José María Korta por oponerse a pagarles ‘el impuesto revolucionario’

A fines de los setenta ETA llegó a asesinar a cerca de cien personas al año, pero nunca hubo tantas personas amenazadas como ahora: concejales, jueces, periodistas, empresarios. El objetivo es generalizar el miedo y la idea de que no puede hacerse nada, excepto rendirse; con la esperanza de que sean esas personas quienes, desde su lugar en la sociedad, presionen a los gobernantes para que cedan. Ese cálculo es el que llevó a los dirigentes de ETA a romper la tregua. Con el empresario guipuzcoano al que ayer quitaron la vida son ocho los asesinados desde entonces, pero también los cuatro activistas que la perdieron el lunes al estallarles los explosivos que portaban deberán anotarse en el palmarés de quienes a fines de 1999 ordenaron reanudar los atentados. Lo hicieron a sabiendas de que nadie en su mundo se les enfrentaría por ello, porque el miedo también domina a quienes lo utilizan como arma. La lista fúnebre pudo haber sido mayor sin la suerte que redujo a un herido grave y diez leves los efectos de la explosión de otro coche bomba, a media tarde de ayer, en Madrid.

ETA no es sólo una mafia, pero a José María Korta lo mataron ayer en Zumaia, según interpretó el diputado general de Guipúzcoa, como culminación de una campaña de intimidación de los empresarios a los que ETA extorsiona, como las mafias, bajo amenaza de muerte. Lo que diferencia a esas organizaciones de delincuentes del terrorismo es la pretensión de legitimidad de estos últimos. Es decir, la pretensión de tener derecho a matar y extorsionar en nombre de un ideal político. Existe la impresión de que esa legitimación es, en parte al menos, exterior; que ciertos discursos, como el que proclama que detrás de la violencia hay un grave conflicto político no resuelto -punto de partida del Pacto de Estella-, son interpretados por ETA como una justificación indirecta de su actuación.

Los nacionalistas vascos democráticos se irritan cuando, tras cada atentado, muchas miradas se vuelven hacia ellos acusadoramente. Sin embargo, lo que esa actitud indica es que la mayoría considera que hay entre ETA y los dirigentes nacionalistas suficientes valores compartidos como para que no sea inútil dirigirles reproches; que hablan un lenguaje común. Con el discurso que ayer hizo Ibarretxe desde Bruselas se puede estar más o menos de acuerdo, pero sus argumentos y los valores que invoca son fácilmente entendibles. Mientras que no hay forma humana de entender la lógica de las palabras que dijo Arnaldo Otegi acerca de los etarras -entre ellos, un supuesto implicado en el asesinato de Miguel Ángel Blanco- a quienes les estalló su propia carga.

Si se lanzan reproches al PNV es porque, pudiendo hacer ciertas cosas que parecerían lógicas desde una mentalidad democrática, no las hace, o las hace tarde y de mala manera. Precisamente porque de un partido democrático se esperan otras actitudes es por lo que deben entender -sus dirigentes, sus militantes y sus simpatizantes, como por ejemplo muchos empresarios vascos compañeros de José María Korta- que se les dirijan tantas y tan serias llamadas de atención. Han de asumir que la vuelta al entendimiento con los demócratas, y la consiguiente ruptura con quienes no lo son, es vital para el logro efectivo de la paz y el cese de la irracionalidad terrorista.

No es cierto que no se pueda hacer nada. Lo primero es acabar con esa legitimación indirecta que necesita ETA; dejar de deslizar mensajes como el de que HB y el PNV se necesitan mutuamente, como si el ideal nacionalista tornase irrelevante que unos consideren legítimo matar en su nombre y otros no. Se habría ganado mucho tiempo si el lendakariIbarretxe hubiera dicho en enero, y de la misma manera, algunas de las cosas que dijo ayer. Otra condición es acabar con esa discusión absurda de las medidas políticas y policiales que el mundo de ETA interpreta como derecho a la impunidad; y, una tercera, que los dirigentes políticos -con el presidente Aznar a la cabeza- no empeoren las cosas con afirmaciones tan irresponsables como la de arrogarse la exclusividad de combatir a ETA con las reglas del Estado de derecho.

En medio del dolor, la indignación, y también una tentación de desánimo e impotencia que me asuelan tras el asesinato de José María Korta y los heridos de Madrid, me parece necesario destacar dos ideas lúcidas que han sido explicadas en los días pasados; la primera por el ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, y la segunda por la viuda de Fernando Buesa, Natividad Rodríguez. Ambas son fundamentales para afrontar con serenidad, pero también con realismo y con eficacia, la lucha frente a esa banda de criminales que nos ha declarado la guerra a todos los españoles.

Jaime Mayor Oreja ha recordado muy oportunamente que los plazos de la democracia son largos. Todo demócrata sabe que la misma grandeza del Estado de Derecho, la garantía de un régimen de derechos y libertades para todos, encierra también un elemento de vulnerabilidad frente a los criminales sin escrúpulos. Y sabe también que el Estado de Derecho no tiene fórmulas mágicas para acabar con el terrorismo. La democracia tiene mecanismos de defensa, pero estos mecanismos son necesariamente lentos.

El problema es que la angustia y la indignación que nos asaltas tras una oleada de atentados como la que estamos viviendo nos llevan en ocasiones a olvidar esa realidad fundamental de los sistemas democráticos. No existen soluciones milagrosas para acabar con el terrorismo, y no caben más que la serenidad y la firmeza democráticas, por muy grande que sea nuestro dolor y muy legítimos que sean nuestros deseos de solución.

Pero, además, esa solución no puede venir tan solo de los políticos. La viuda de Fernando Buesa ha pedido acertadamente a los ciudadanos que no dejen solos a los políticos y que se comprometan con la paz. Y es que la pervivencia del terrorismo también se explica por la dejación de la sociedad por ese silencio y pasividad que los terroristas confunden con la comprensión, con el plegamiento a sus pretensiones o con la impunidad moral. Cuando ese terrorismo está, además, tan imbricado en diversas redes sociales, tan naturalmente asentado en nuestro entorno cotidiano como lo está el terrorismo etarra, los ciudadanos no deben tan solo volver la cabeza hacia los políticos. Deben volverla también hacia ellos mismos

Edurne Uriarte

Cuatro activistas de ETA -entre ellos, al parecer, el jefe del comando Vizcaya, Francisco Rementería- murieron en la noche del lunes en Bilbao cuando les estalló la carga explosiva que transportaban en un automóvil. Ayer, poco antes del mediodía, una bomba acababa en Zumaia con la vida de José María Korta, máximo dirigente de Adegi, la patronal guipuzcoana. Y, ya por la tarde, un coche bomba estallaba en Madrid. No causó víctimas mortales, pero hirió a 11 personas, a dos de ellas de alguna gravedad.

Todas las muertes violentas son lamentables. Pero esa constatación, ciertamente elemental, no nos puede llevar a ignorar el abismo que existe entre la muerte de los cuatro etarras de Bilbao y la de José María Korta. Los activistas resultaron víctimas de sus propios artilugios de violencia, con los que sin duda iban a perpetrar alguna acción de destrucción y de muerte. El empresario José María Korta, por el contrario, ha perdido la vida sin razón ni culpa alguna. Tan sólo porque se negó a someterse a la extorsión de unos iluminados.

LA «LOGICA» DE HB. Los concejales de Herri Batasuna de Zumaia ni siquiera asistieron al Pleno municipal del que salió una severa y sentida condena del asesinato de José María Korta. A cambio, HB, por boca de su portavoz, Arnaldo Otegi, anunció la convocatoria de una jornada «de movilización» para el jueves y una huelga general en las localidades natales de los etarras muertos, los cuales -dijo- fueron «patriotas independentistas vascos que han luchado por su país».

Dejemos inicial constancia de nuestro convencimiento de que esta encendida loa de Otegi a los cuatro activistas muertos es poco menos que un prototipo de lo que el Código Penal tipifica como apología del terrorismo. Sería muy conveniente que la Fiscalía del Estado reparara en ella, y actuara en consecuencia.

Pero, en todo caso, ¿contra quién pretende HB dirigir sus acciones de protesta? ¿Tal vez contra quienes fabricaron las bombas que estallaron prematuramente en el coche de los cuatro «patriotas independentistas»? ¿O quizá contra las personas que iban a ser víctimas de su artefacto de 25 kilos y que han escapado de él?

HB se ha encerrado en una lógica infernal, según la cual todo lo que hagan los de su bando, así sea en su propia contra y sin intervención ajena de ningún tipo, es culpa de los demás; nunca de ellos.

El propio Arnaldo Otegi realizó anteayer unas declaraciones al diario francés Sud-Ouest en las que vino a justificar los asesinatos de Jáuregui («Había elegido campo», dice) y de López de Lacalle («Donde hay un conflicto», sentencia, «los medios nunca son neutrales»). Tal cual.

Este es el mismo Otegi que hace unos meses era presentado por los dirigentes del PNV como un hombre «sensato», «partidario del diálogo» y «deseoso de la paz», al que había que apoyar para «reconducir» al llamado MLNV hacia el terreno de la lucha meramente política. Ese mismo.

EL DILEMA DEL PNV. El diputado general de Guipúzcoa y dirigente del PNV Román Sudupe tuvo ayer una reacción que le honra. Dijo que si ETA ha asesinado a José María Korta por no ceder a su chantaje, «se ha equivocado de diana», porque él es el principal responsable de que los empresarios no paguen, dado que eso es lo que él les ha recomendado que hagan. También fue contundente en su reacción el lehendakari Juan José Ibarretxe, que calificó a los etarras de «alimañas».

El PNV insiste en que ya ha roto todas sus relaciones políticas con HB, a la vista de su complicidad con ETA. Pero, al margen de que aún no se haya marchado de manera clara e inequívoca del foro de Lizarra, es imposible olvidar las muy recientes y muy contundentes declaraciones de su portavoz oficial, Joseba Egibar: según él, el PNV y HB «se necesitan mutuamente», porque el País Vasco tiene que rotar en torno a un eje nacionalista, y ambas organizaciones conforman lo esencial del frente abertzale.

Así que Sudupe, Ibarretxe y todos los demás nacionalistas de bien -que los hay, y son muchos- pueden hacer cuantas enérgicas proclamas consideren de rigor, pero el portavoz del PNV, que es el encargado de fijar públicamente la posición del partido, lo ha dejado claro: necesitan de los justificadores de la bomba lapa y de los homenajeadores del terrorismo. Es secundaria la división entre la democracia y la antidemocracia; lo es también la diferencia entre la libertad y el crimen: la división definitiva para el PNV -no lo decimos nosotros: lo afirma su portavoz autorizado- es la que existe entre nacionalistas y no nacionalistas.

El PNV tiene ahí un dilema con el que no puede seguir jugando. O es lo uno o es lo otro. O con la muerte o con la libertad.