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Crisis total en Alianza Popular en la votación: la mitad de los diputados se negaron a respaldar el SÍ defendido por su líder Manuel Fraga

El Congreso y el Senado aprueban la Constitución Española por amplia mayoría: 325 diputados de un total de 350

HECHOS

El último dia de octubre de 1978 el Congreso y el Senado aprobaron la Constitución española.

LOS SIETE PADRES DE LA CONSTITUCIÓN

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El Congreso de los Diputados seleccionó a un grupo de siete ponentes para que fueran los siete redactores de la Constitución. Tres de ellos pertenecientes a la Unión de Centro Democrático (UCD), 1 del Grupo Socialista (PSOE), 1 del Grupo Comunista (PCE-PSUC), 1 de AP y 1 de ‘Minoría Catalana’ (CDC).

herrero_miñon D. Miguel Herrero Rodríguez de Miñón (UCD)

perez_llorca D. José Pedro Pérez Llorca (UCD)

cisneros D. Gabriel Cisneros (UCD)

peces_barba D. Gregorio Peces Barba (PSOE)

sole_tura D. Jordi Solé Turá (PCE-PSUC)

fraga_82_86_89 D. Manuel Fraga Iribarne (AP)

roca_consti D. Miquel Roca (Convergencia Democrática de Catalunya)

VOTACIÓN:

El congreso de los Diputados marcó el siguiente resultado:

  • Votos a favor: 325 diputados (UCD + PSOE + PCE + AP + CDC + Mixto)
  • Votos en contra: 6 diputados (AP y EE)
  • Votos de ‘abstención’: 14 abstenciones (AP, PNV y UCD).

D. Felipe Alcaraz (PCE) explica a J. F. Lamata porque los comunistan votaron SÍ:

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D. Jorge Vestrynge (AP) explica a J. F. Lamata las dificultades para lograr apoyar el SÍ:

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DIVISIÓN EN AP: CINCO DIPUTADOS VOTARON EN CONTRA Y TRES SE ABSTUVIERON

consti_silva    mendizabal_uriarte  D. Federico Silva y D. Pedro de Mendizabal fueron dos de los diputados de Alianza Popular que votaron ‘NO’ a la Constitución de 1978.

A pesar de que, oficialmente, Alianza Popular era partidaria de la Constitución y su Secretario General, D. Manuel Fraga Iribarne, era uno de los redactores de la misma, un gran número de diputados de su grupo votaron en contra. Concretamente eso fue lo que hicieron los diputados D. Federico Silva, D. Gonzalo Fernández de la Mora, D. Alberto Jarabo Payá, D. José Martínez Emperador y D. Pedro de Mendizabal.  El Sr. Silva mostró su rechazo al uso del término ‘nacionalidades’. Tampoco apoyaron la constitución los diputados D. Licinio de la Fuente, D. Álvaro Lapuerta y D. Modesto Piñeiro, aunque estos optaron por la fórmula de la abstención.

Aquella votación causaría una ruptura interna en la Federación de Alianza Popular.

EL ‘NO’ ATRONADOR DEL DIPUTADO BATASUNO

letamendia Junto con el ala ‘dura’ de diputados de AP liderados por el Sr. Silva, también votó en contra de la nueva Constitución española D. Francisco Letamendia, el único diputado de la coalición Euskadiko Ezkerra (EE), la formación por la que pidió el voto ETA Político Militar. El Sr. Letamendia, que tras ser elegido en las listas de EE, ha acabado pasándose a las filas de la coalición Herri Batasuna, abucheó la intervención del portavoz del PNV, D. Xabier Azallus, que optó por la abstención, en lugar del voto en contra y calificó a aquel grupo de ‘neocarlista’ y no nacionalista. El Sr. Letamendia, que se definió como el único representante auténtico comunista en aquella sala (en una clara crítica a los diputados del PCE) terminaría pasándose a la formación pro-etarra Herri Batasuna después de protagonizar fuertes enfrentamientos parlamentarios con los diputados de AP.

LA ABSTENCIÓN DEL PNV

arzalluz_consti D. Xabier Arzallus, defendió la decisión de que todos los diputados del PNV se abstuvieran en la votación recordando que tampoco en 1931 los diputados del PNV apoyaron la Constitución republicana. Aseguró que el PNV no ponía en cuestión la unidad del Estado español, pero que defendía un modelo diferente de concepción de Estado al que se recogía en la carta magna.

LA ABSTENCIÓN DE ERC

heribert_barrera_congreso Al igual que el PNV el único diputado de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), D. Heribert Barrera se abstuvo. La formación política ERC tenía como objetivo que Catalunya fuera un Estado independiente de España y no una ‘nacionalidad’ como recogía la Constitución, por lo que casi sorprendió que el Sr. Barrera se abstuviera y no votara directamente en contra de la carta magna.

04 - Agosto - 1978

Constitución y elecciones

Antonio de Senillosa

Acción Ciudadana Liberal, su presidente, José María de Areilza, y yo mismo estamos vetados en Televisión Española. Es decir, no podemos aparecer en directo con sonido, porque por lo visto nuestra voz es sumamente peligrosa o demasiado convincente. Quizás se comprenda mejor ahora por qué pretendemos un Gobierno imparcial e independiente.

El borrador de la Constitución se ha aprobado ya, sin grandes variaciones, en el Congreso de los Diputados y está ya en el Senado. Es posible que éste retoque el texto en algunos aspectos, que pueden ser el concepto de nacionalidades, la enseñanza y otros artículos cuyo contenido y redacción resultan ambiguos. Con todo, creo que el proyecto constitucional estará listo para el referéndum en septiembre próximo y en octubre podrá someterse a la consulta popular. Aunque ni ACL ni el PP de C hayan tenido participación en la elaboración constitucional, es claro que deberán tomar posición ante el nuevo ordenamiento jurídico de nuestra vida pública.

La nueva Constitución es, en principio, aceptable para la España de fines del siglo XX. Establece un régimen de derecho, social y democrático, basado en el sufragio, en el Parlamento, en el pluralismo y en las libertades; y ello parece corresponder adecuadamente a la sociedad que tenemos delante. Algunas expresiones de los artículos de la Constitución son equívocas o farragosas y sujetas a interpretaciones confusas. Añadamos también que se nos antoja excesivamente larga, profesoral y doctrinaría. Pero, en conjunto, la creemos válida. Todas las constituciones que hay en el mundo moderno son utilizables si la clase política y los ciudadanos saben qué hacer con ellas y saben, sobre todo, respetar su contenido.

Imagino que tanto nuestro partido como la nueva mayoría que propugnamos recomendarán el voto favorable a la misma a sus afiliados y simpatizantes. Fuimos nosotros quienes en los ya lejanos días del Partido Popular propusimos que se convocaran -en enero de 1976- elecciones generales para un Congreso Constituyente. Y aunque no se quiso dar ese nombre a las Cortes del 15 de junio, el hecho es que se convirtieron en constituyentes y han dado a luz una Constitución. Es preciso decir, sin embargo, que esa elaboración se ha efectuado a espaldas del pueblo, al que ni se le ha informado debidamente ni se le ha convocado para que emitiera su Parecer. Los partidos, enfrascados en el espejismo del consenso, han redactado la Constitución en pactos cerrados, oscuros, de sobremesa: en una simple tertulia de portavoces nada democrática. El resultado ha sido un texto del que las gentes conocen poco y, lo que es peor, apenas se interesan. Es un mal comienzo para el rodaje democrático. Y es esa una de las más poderosas razones por las que las elecciones generales son necesarias tan pronto como quede aprobada en referéndum la nueva Constitución de la Monarquía. Y es claro que, en cualquier caso, el presidente del Gobierno debe poner su cargo a disposición del Rey para que éste le ratifique o le sustituya.

La convocatoria electoral debe hacerse porque las Cortes, que son constituyentes, han cumplido su mandato durante este año, de funcionamiento, sin que juzguemos ahora la escasa brillantez de casi todos los parlamentarios. Prorrogarlas sería una contradicción con el espíritu de la Constitución que va a aprobarse y que debe empezar a marchar cuanto antes para que exista de una vez un Gobierno que gobierne y si es posible, que gobierne bien. El presidente ha afirmado repetidas veces que él no puede hacerlo hasta que sea aprobada la Constitución. Con ello el país, desgobernado, no ha visto resuelto ninguno de los graves problemas que le amenazan y le destruyen: la grave situación económica; la total desconfianza de los inversores, el paro laboral, que aumenta cada mes en cincuenta o 60.000 trabajadores; el temor de los empresarios ante las agresiones verbales de que son objeto; el generalizado clima de rebeldía y violencia; la coacción que se ejerce desde ciertas plataformas sociales en abierta contraposición al supuesto espíritu de consenso de los correspondientes partidos; el desprestigio del poder; la falta de autoridad o el mal empleo de ésta; el clima de guerra civil en el País Vasco; la indecisa flotación de nuestra acción exterior; la falta de credibilidad del proceso preautonómico; la pérdida de imagen, en fin, del partido del Gobierno ante sus electores.

Todo ello indica que la radiografia electoral de las tendencias políticas del 15 de junio es sustancialmente distinta a la de aquella fecha. Las elecciones parciales de Alicante y Asturias confirman ese pronóstico. En Alicante, el partido del Gobierno no llegó sino al 15% del voto emitido. En Asturias no alcanzó ni siquiera el 11 %. La abstención fue masiva. ¿Cómo puede hablarse en serio, con estos porcentajes, de «partido mayoritario»? Es preciso convocar urgentemente elecciones para que el primer Congreso de la Monarquía constitucional responda en su formación a unas tendencias de hoy, no a un caprichoso aluvión del ayer. Unas elecciones en las que no se impida desde el poder, por motivaciones personales, la presencia en la palestra pública de personas responsables.

Es claro que para que esas elecciones tengan todas las garantías de imparcialidad sería conveniente que se convocaran por un Gobierno neutral, políticamente no comprometido. Precisamente, por ser las primeras que se celebran dentro del nuevo marco jurídico, habría que rodearlas de la máxima seriedad y el respeto máximo para todos los partidos. Muchos instrumentos municipales y provinciales están todavía marcados por el poder. Todavía hay considerables medios de presión que se ejercen gubernativamente y que pueden servir para inclinar la balanza de los resultados. Todavía hay discriminaciones escandalosas. Por ejemplo, Acción Ciudadana Liberal, su presidente, José María de Areilza, y yo mismo estamos vetados en Televisión Española. Es decir, no podemos aparecer en directo con sonido, porque por lo visto nuestra voz es sumamente peligrosa o demasiado convincente. Y hay orden tajante y reiterada de prohibirla.

Quizás se comprenda mejor ahora por qué pretendemos un Gobierno imparcial e independiente. Si al cabo de casi tres años de haber desaparecido el anterior sistema de autoritaria censura resulta que siguen vigentes tales arbitrarias y despóticas prohibiciones, ¿cómo no pedir que sea un Gobierno neutral, que ampare los derechos de todos, el que presida los comicios generales y, asimismo, las elecciones municipales si éstas tuvieran lugar antes de las Cortes?

Y, para decirlo todo de una vez, sería conveniente también que fuera este Gobierno imparcial quien convocara y presidiera el referéndum constitucional.

  • Antonio de Senillosa
  • Vicepresidente de Acción Ciudadana Liberal y accionista del diario EL PAÍS
01 - Noviembre - 1978

Una Constitución que dure

EL PAÍS (Director: Juan Luis Cebrián)

Es conveniente prevenirse contra los historicismos y evitar caer en el «¡Viva la Pepa!» (según llamaban a la Constitución de 1812) o en cualquier clamor patriotero, sobre este proyecto constitucional del día de San Quintín que ayer aprobaron masivamente el Congreso y el Senado. Pero no se puede ocultar la satisfacción y el entusiasmo por tener al fin, por primera vez desde 1931 y y con una guerra civil por medio, una carta democrática de derechos y deberes que presentar al pueblo español en un referéndum libre. Por eso, sin necesidad de gritar «¡Viva la Pepa!», se deben hoy dar vivas a la Constitucion.Esta doceava ley de leyes que ahora se ofrece al país porte punto final a la travesía del desierto que este pueblo inició, con muy breves paréntesis o descansos, no ya en 1936, sino con la asonada catalana de Primo de Rivera. El caso es que ya tenemos sobre la mesa un texto constitucional que devuelve la soberanía política al pueblo, organiza sus libertades formales y es reputada en algunos aspectos como una de las más progresivas (o si se quiere «modernas») entre las que rigen el occidente democrático.

Acaso sus inconvenientes pertenezcan más al campo de la psicología social que al del Derecho comparado; porque es cierto que el proyecto constitucional es largo, farragoso, en exceso detallista y envuelve el caramelo envenenado del tratamiento de autonomías como la vasca, pero ahora el auténtico y principal «problema constitucional» estriba en la necesidad de que la Constitución sea seriamente asumida por la sociedad.

Su elaboración por las Cámaras ha sido prolongada (catorce meses), y el necesario consenso ha quitado mordiente parlamentario a su debate. Tampoco en la carrera de San Jerónimo o en la plaza de la Marina Española han subido a las tribunas muchos oradores de la talla de los Prieto, Azaña, Gil Robles, Besteiro, etcétera. ni la edición de los diarios de sesiones constituiría jamás un best-seller. La transición a la democracia ha durado cerca de tres años en una labor maniobrera y de grandes paciencias en la que el lugar para la brillantez ha sido estrecho. Pero aquí estamos, por fin, en ciernes de votar libremente una Constitución democrática elaborada, contra todo pronóstico, sobre la crisis económica y entre gravísimos sucesos terroristas. Sin duda queda ya para los anales de la historia y del Derecho constitucional el caso de un país que aparta cuarenta años de autocracia sin rupturas ni desgarros profundos, sin depuraciones ni enfrentamientos civiles generalizados, cambia la forma de su Estado y se otorga una carta de libertades. ¿Quién dijo que los españoles éramos ingobernables en democracia?

Incluso los diputados y senadores vascos que han votado contra el texto constitucional (haciendo excepción de las onomatopeyas de su señoría Letamendía) han venido a reconocer que hasta para el más exigente o despechado el proyecto de Constitución instaura y sanciona la democracia en nuestro país. y cualquier género de análisis resulta ocioso.

La tarea que ahora deben afrontarlos partidos políticos es esencialmente divulgadora. Los papeles de la Constitución ya no están en las carpetas de los amanuenses del consenso o de las comisiones parlamentarias y hay que leerlos y discutirlos en las plazas. Porque -¿para qué nos vamos a engañar?- este texto constitucional es un gran desconocido a nivel popular y el peor camino que puede recorrer no es el de recibir altos porcentajes de abstención en Euskadi y sensibles en todo el Estado, sino que sea mayoritariamente aprobado por formulismo entre la rutina y el desencanto con desconocimiento y sin compromiso.

Por lo demás, las votaciones de ayer en las Cortes no tienen mayor comentario por esperadas que el que toca a tres senadores militares. La negativa de los abertzales o la última satisfacción de algunos ex ministros de Franco estaba, por así decirlo, «en el orden del día». Empero, cabe poner un punto de extrañeza sobre la votación de estos tres únicos senadores militares que además por designación real: el voto negativo del almirante Gamboay las abstenciones de los tenientes geenerales Salas Larrazabal y Diez Alegría (don Luis). Los tres sin mando de armas no pueden ser tenidos por representativos de las Fuerzas Armadas, pero por ser los únicos militares miembros de las Cortes cabría haber esperado de ellos el gesto de una afirmación a la democracia que el Ejército deberá defender en caso extremo. Las Fuerzas Armadas no podrán abstenerse en el respaldo y salvaguarda de la Constitución, y por ahí pierde sentido la votación de Salas Larrazábal y Díez Alegría. Y en cuanto al voto negativo del almirante Gamboa, habremos de explicárnoslo removiendo en la sentina de su particularísima conciencia política. A la postre las democracias liberales entrañan la ventaja de la consagración del principio volteriano enciclopedista de la defensa a ultranza de todas las opiniones, y las tres señorías militares han hecho muy bien en votar por sí y para su conciencia, privándose de votar con mavor sentido de la oportunidad histórica. Cuando menos una declaración formal de este trío de senadores -tal y como han hecho otros abstencionistas o que dieron el voto negativo- en el sentido de quede que como ciudadanos acatan la Constitución y como militares están dispuestos a defenderla sería más que conveniente en las actuales circunstancias.

Por lo demás, sobre esta constitución ya se ha escrito y debatido casi todo y sólo resta, insistamos, darla a conocer, preparar al país para que el referéndum aporte votos «útiles», votos de reflexión. Porque lo fundamental de las constituciones democráticas no reside en su mayor o menor efectividad jurídica o en el mucho o poco entusiasmo que susciten al ser promulgadas, lo que hace buena a una Constitución democrática es que dure.

22 - Julio - 1978

El modelo Económico

Gonzalo Fernández de la Mora

En las encrucijadas nacionales de la edad contemporánea, la clase dirigente tiene que pronunciarse ante dos alternativas principales: la institucional y la económica. Prácticamente ya se ha decidido la primera opción. Hagamos sucinta memoria del proceso. ¿República o monarquía? A propuesta de Franco se instauró la realeza. ¿Democracia orgánica o inorgánica? A propuesta del Gobierno se votó lo segundo. ¿Democracia presidencialista o parlamentaria? El Congreso ha acordado esto último. ¿Bipartidismo o multipartidismo? Al ser constitucionalizada (artículo 63) la representación proporcional se ha elegido el fomento de la pluralidad. En suma, el modelo institucional que nos ofrece el «consenso» es la monarquía parlamentaria y pluralista, que, por cierto, cuenta con numerosos antecedentes hispanos y transpirenaicos.

Ambigüedad del modelo económico

Pero todavía no ha habido un pronunciamiento claro sobre el modelo económico. El que actualmente se aplica no es ni el liberal, o de mercado; ni el socialista, o de centralismo estatal; es híbrido, aunque con progresiva tendencia intervencionista. Parecida ambigüedad se refleja en el proyecto de Constitución, cuyo artículo 34 consagra «la libertad de empresa dentro de la economía de mercado», pero donde también se reconoce la «iniciativa pública en la actividad económica», «reservas al sector público» e «Intervención de empresas por el Estado» (artículo 122), el cual podrá «Planificar la actividad económica» (artículo 125). Esta yuxtaposición de modelos contradictorios explica que tanto centristas como comunistas entiendan que podían aplicar sus programas sin vulnerar la Constitución. En suma, que ni por los datos factuales ni por las normas en elaboración sabemos a ciencia cierta cuál es el modelo económico elegido.

Trascendencia de la economía

Contrariamente a lo que parece pensar la mayoría de la clase política española, entiendo que la operación intelectual de elegir un modelo económico es más importante que la de construir el modelo institucional. La primera razón es que hay formas de Estado que no condicionan la economía, mientras que hay sistemas económicos que necesariamente determinan la estructura del Estado. Por ejemplo, hay monarquías, como la rumana, que, aunque brevemente, fueron compatibles con programas económicos liberales y también socialistas. Y con el sistema de mercado han convivido absolutismos, imperios y repúblicas de todo tipo. En cambio, el modelo económico socialista desemboca inexorablemente en un Estado totalitario. La segunda razón es que la alternativa institucional se refiere a la forma de Estado y a meros procedimientos: ¿unicameralismo o bicameralismo?, ¿presidencialismo o parlamentarismo?, ¿bipartidismo o pluripartidismo?, ¿centralización o regionalización? Los modos de articulación de las funciones públicas son arbitrios cuya bondad dependerá de su eficacia concreta: así, la república ha sido excelente en Suiza y pésima en España. En cambio, el sistema económico se refiere al fondo, es decir, a los contenidos de la rnayor parte de las decisiones políticas: que se prohíba o no la propiedad privada de los medios de produción es la abismal diferencia que separa a China de Japón y a Alemania oriental de la occidental, donde, más que dos diferentes tipos de Constitución, se enfrentan dos concepciones polares de la vida. La tercera razón es que, en España, las Constituciones, sin que se las pueda calificar, como se ha hecho, de papel mojado, han tenido muy escasa operatividad: los más intensos procesos de progreso socioeconómico ( 1835-1845, 1876-1898, 1923-1929 y 1959-1973) se han hecho independientemente de la ley fundamental

El antecedente británico

Se explica, pues, que en coyunturas críticas como la nuestra otros países hayan consagrado más atención a la alternativa económica que a la institucional; es decir, han entendido que la máxima prioridad política no era articulación de los partidos y de los poderes, sino la elección de sistema económico. Este es, entre otros, el caso de Inglaterra y de Alemania Federal. En las postrimerías de la segunda gran guerra, Hayek, profesor de la London School of Economics y luego premio Nobel de Economía, publicó su famoso libro Camino de servidumbre (1944), pronto vertido al español. En aquella época los políticos e intelectuales británicos habían abandonado el liberalismo y, muy influidos por el marxismo, por los iniciales éxitos nazis y por la obligada planificación bélica, se inclinaban hacia el modelo intervencionista que patrocinaban los socialistas. La tesis densamente argumentada de Hayek es que la economía dirigida conduce necesariamente al autoritarismo, como lo demuestran el análisis especulativo y la experiencia de la Unión Soviética, del III Reich y de la Italia de Mussolini. El autor afirma que el nazismo y el fascismo son hijos de los socialistas en sus nupcias con el nacionalismo. El libro de Hayek no logró impedir la episódica y funesta experiencia británica de un Gobierno nacionalizador e intervencionista. Pero la opinión inglesa rectificó pronto y, sobre todo, el partido laborista renunció al dogmatismo marxista y aceptó plenamente la economía de mercado. Estos titubeos y palinodias coinciden con los críticos zigzagueos de la Inglaterra posbélica.

La lección germana

En la Alemania que había admírado la apoteosis del III Reich y que sufría el caos financiero de la derrota, también la mayoría de los líderes se inclinaba por una intervención centralizada de la economía como receta para salir del hambre, la descapitalización, la inflación astronómica y el trueque. Entonces, un profesor de la Universidad de Münster, Müller-Armack, publicó su famoso libro Economía dirigida y economía de mercado (1946), también traducido a nuestra lengua. En esta obra se desarrolló la tesis de que la economía de mercado no se identifica con el «laissez faire» o liberalismo del siglo XIX, sino que puede revestir otras formas que eviten los monopolios y promuevan la justicia distributiva y la realización de valores. Es la llamada «economía social de mercado», fórmula acuñada por el propio autor. Contra toda predicción, los democristianos alemanes concluyeron aceptando el programa de Müller-Armack, que fue desarrollado y brillantemente ejecutado por Erhard. El resultado es ese continuo milagro económico alemán, que transformó una completa quiebra nacional en un alto bienestar colectivo, creciente y estable.

Con otros muchos países, como Japón, se podría establecer paralelos. En la vecina Italia, Einaudi, luego presidente de la República, en sus magistrales Principios de Hacienda Pública (1946), polemizando con la corriente keynesiana, se refirió a la «increíble ilusión de que la economía intervenida o regulada puede coexistir con instituciones como la libertad de expresión, de religión, la inviolabilidad, etcétera». Y con ese criterio, idéntico al de Hayek, se eligió el modelo económico italiano de la posguerra.

En nuestra Patria, la renuncia a la autarquía -impuesta por el cerco exterior- y al dirigismo, y sobre todo la parcial aplicación de la economía social de mercado mediante el plan estabilizador y liberalizador de Navarro Rubio, nos condujeron al «milagro económico español», desgraciadamente interrumpido en 1974.

Los partidos, entre la definición y el equívoco

Si. rebasando las prácticas y las leyes, nos aventuramos a penetrar en las intenciones, ¿qué nos revela el panorama parlamentario? El PCE era y es colectivista. Propone el capitalismo monopolista de Estado o economía centralizada y dirigida, con nacionalización de los bienes de producción. Este modelo, allí donde se ha aplicado, ha conducido al terror, a la pésima asignación de recursos, al mercado negro, al mediocre nivel de vida y a una bajísima productividad. Recordemos que en la feraz Rusia, donde hay veinticinco millones de agricultores colectivizados, se alimentan de ochenta millones de toneladas de trigo, que, después de abastecer a su inmenso mercado interior, les sobran a dos millones y medio de libres cultivadores norteamericanos. Estos resultados empíricos los confirmael análisis teórico del modelo marxista hecho por Pareto, Eucken, Böhm, Mises y el propio Müller-Armack, entre otras figuras estelares de la ciencia económica.

El PSOE comenzó propugnando un modelo análogo, es decir, colectivista; pero hoy se manifiesta dividido entre dos tendencias: una que sigue la trayectoria del socialismo alemán (renuncia al marxismo y aceptacion del mercado) y otra, al parecer mayoritaria, que insiste en un cambio fundamental de nuestro modelo económico, lo cual revela un ideal colectivista. ¿Hacia dónde se decantará el partido? Es deseable que la razón y el patriotismo le inclinen hacia el sistema de mercado, pero no es improbable que los intereses electorales le lancen hacia el marxismo para no ceder terreno al PCE. Un «sinistrismo» económico del PSOE sería extraordinariamente negativo en la coyuntura actual.

UCD propugna la economía de mercado, pero su ala izquierda está imponiendo directrices que amenazan la efectiva supervivencia del mercado: penalización fiscal e inflacionista del ahorro, expansión del sector público, control de precios, rigidez de plantillas, disminución de la rentabilidad real del capital y, consiguientemente, desestímulo de la empresa privada. Esta ambigüedad práctica es un monumental factor de perplejidad para las fuerzas económicas. Si a él se unen las ambigüedades o el radicalismo de la Oposición, se comprende la vertical caída de las tasas de inversión y, con ello, la recesión y el creciente paro.

Alianza Popular ha incluido en su programa, y la ha sostenido en todas sus actuaciones parlamentarias e intervenciones públicas, la economía social de mercado, que no es una noción esotérica, sino brillantemente ejemplificada en el mundo y rigurosamente teorizada por la doctrina. En análoga actitud se encuentra algún partido regional.

La gran cuestión

Coincido plenamente con Erhard en que «la primera preocupación de todo reformador social debe consistir en dar al orden económico el más elevado grado de eficacia, y sólo después podrán plantearse otras cuestiones». Pues bien, nuestras fuerzas políticas se han pronunciado sobre la alternativa institucional, pero pocas lo han hecho con suficiente rotundidad sobre la alternativa económica. Y en este punto no caben habilidades retóricas ni oportunismos maniobreros, porque los resultados económicos son realidades no manipulables «a posteriori». Mientras no se colme ese vacío, que a estas alturas considero dramático, las coordenadas políticas de España seguirán siendo gravemente inciertas, y no serán posibles ni la estabilización del orden institucional ni una sólida recuperación del desarrollo socioeconómico. La más urgente tarea de algunos partidos es enclaustrar a sus dirigentes y expertos hasta que elaboren un esquema sistemático y unívoco sobre el modelo económico. ¿Colectivismo o mercado? Esta es la gran cuestión.

01 - Noviembre - 1978

La Constitución

DIARIO16 (Director: Miguel Ángel Aguilar)

Tras un largo, complejo, laborioso y a veces duro proceso de elaboración, los españoles contamos desde ayer con un texto definitivo de Constitución, respecto del que hemos de pronunciarnos el próximo día 6 de diciembre. Todo hace presumir, y las sesiones de ayer en el Congreso y el Senado pueden haberse convertido en un ensayo general del referéndum constitucional, que el pueblo español refrendará masivamente la defintiiva plasmación de la democracia en esta norma jurídica de rango superior.

Los ‘noes’ que en las Cortes ha recibido el proyecto eran, en términos generales, los esperados, con alguna que otra excepción más o menos pintoresca. En cualquier caso, y por encima de algunas respuestas individuales inesperadas, el refrendo de las fuerzas políticas ha sido abrumadoramente positivo. Y la única variante, si no fuera porque también era esperada, sería la del Partido Nacionalista Vasco, que, por otra parte, ha dejado abierta la puerta a la actitud constructiva en el periodo posterior a la aprobación de la Constitución, acatando de antemano las reglas del juego de esta. Se lee el recién aprobado proyecto de Constitución y no hay más remedio, a poca sensibilidad ciudadana que se tenga, que sentir vergüenza por aquella farsa constitucional que fueron las llamadas ‘leyes fundamentales’ del periodo franquista. Es otro mundo, surgido directamente de la pluralidad española, el que fue entrevisto en las explicaciones de voto efectuadas por los principales líderes de los partidos políticos, comenzando por el propio representante del PNV, Xabier Arzallus, cuyo lenguaje parlamentario dista muchas leguas del de sus mítines vasquistas. Adolfo Suárez, Pérez Llorca, Felipe González, Joan Reventós, Jordi Pujol, Santiago Carrillo y Fraga Iribarne convergieron desde distancias recíprocas muy  considerables, en un aval generalizado hacia cuanto supone para España este fundamental paso legislativo.

El proyecto de Constitución, tanto en sus virtudes como en sus defectos, responde a una exigencia de realismo, de no hacer una ley de esta trascendencia por encima de la sociedad que ha de hacer de ella letra viva. Pragmática, realista y esencialmente a la altura del grado de cultura y civismo demostrado por nuestro pueblo a la salida de la dictadura, la futura Constitución ofrece de antemano una imagen de viabilidad esperanzadora.

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