El Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Luis Portero, asesinado por el ‘Comando Andalucía’ de ETA

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Luis Portero, se convirtió ayer en la decimocuarta víctima mortal de ETA en lo que va de año. La organización terrorista, que estos días fracasó en su intento de asesinar a tres militares en Sevilla, ejecutó en Granada sus propósitos criminales en la persona de un miembro relevante del ministerio público. La sucesión de crímenes de la banda, que en estos nueve meses ha agredido ya a casi todos los sectores de la sociedad y en muy diversas comunidades autónomas, ahorra la vana cuestión sobre la intencionalidad de sus atentados. La coacción, con la muerte como supremo argumento, es el proyecto político esencial de ETA y su mundo. Y la pretendida «liberación de Euskal Herria» pasa por sojuzgar a punta de pistola a quienes se niegan, en el País Vasco y fuera de él, a que las balas sustituyan a los votos, y la bomba lapa, al auténtico diálogo democrático.Hay que estar muy ciego o muy obcecado para no terminar de ver la naturaleza totalitaria que se esconde bajo el discurso supuestamente político de ETA y sus partidarios. Mientras los terroristas campeaban por Andalucía, sus alevines quemaban en Bilbao el centro emisor de Radio Popular y lanzaban sus artefactos incendiarios en San Sebastián contra la vivienda de una familia por haber acudido a la manifestación de ¡Basta Ya! Para poner coto a los violentos no es suficiente, por tanto, que la ciudadanía vuelva a salir a la calle contra el nuevo asesinato. Más importante incluso que la movilización es la deslegitimación política y social del terror. Y es en este apartado en el que se echa en falta un compromiso más decidido del nacionalismo vasco, que no puede refugiarse en su huraño victimismo. De poco vale condenar la violencia desde el punto de vista ético si a continuación se la viene a justificar de forma implícita denunciando en paralelo supuestos déficit democráticos del Estado de derecho o colocando en un imposible plano de igualdad el crimen de ETA con la acción judicial contra el presunto aparato político de la organización.

Pero el desafío terrorista supone también una interpelación directa al Gobierno, como responsable primero de proteger a los ciudadanos y de poner a disposición de la justicia a los criminales. Y a la vista está que los terroristas residen y circulan por territorios que están fuera de la jurisdicción de la Ertzaintza. La colaboración que el Ejecutivo debe tener en la lucha contra ETA le obliga, a su vez, a evitar un aprovechamiento partidista. El apoyo leal al Gobierno no significa que haya que aceptar todas sus iniciativas como única verdad posible. Y, desde luego, no se favorece la unidad ni la confianza entre los demócratas cuando el presidente Aznar plantea comparaciones hirientes entre el País Vasco y la Serbia de Milosevic, pone en duda el compromiso del PSOE, hace depender el encauzamiento del problema de que su partido sustituya en el poder al PNV o hace afirmaciones tan faltas de base empírica como que habrá menos muertos con un Gobierno no nacionalista.