Amplia manifestación contra el matrimonio homosexual, respaldada por la Iglesia y el PP (Acebes, Rouco y Cañizares)

Me casé dos veces: la primera boda, religiosa; la segunda, civil. Me casé con Pilar en la iglesia del Buen Suceso; ofició monseñor Boulart, capellán de Franco, y fue una boda del régimen. Había testigos gloriosos: por la familia, el teniente general González de Mendoza; estaba mi protector Víctor de la Serna, creyente, no solo falangista, sino hitleriano; el popular marqués de la Valdavia, por la novia. No me acuerdo bien, pero tengo fotos a disposición de los miserables digitales que quieran acusarme de franquista. El cura Boulart vendió la gran iglesia, monumento, y se llevó el culto a un localito próximo. Pilar y yo no éramos creyentes. Pero había razones: imperaba, como ahora, el código Napoleón, introducido en el nuestro, que trataba de crear una burguesía uniendo ramas. Iba a venir un hijo, Eduardo, que tendría que ser inscrito y todo lo demás.

Las mismas razones que la segunda boda, con Concha; pero ya por lo civil; ya lo había conseguido Fernández Ordóñez, el católico ministro de Justicia que implantó el divorcio. Una legislación escándalo: las mismas manifestaciones que ahora y la misma técnica de la mentira social. Decían que el divorcio acababa con la libertad de la familia. Igual, todo igual: pedían hasta la libertad de no divorciarse, como si alguien les fuese a obligar. Qué locos peligrosos. Ah, me casé en Nápoles, y me casó el cónsul general Jaime Zarraluqui. Era su primera boda, y lloraba. Bien, necesitábamos también nuestra burguesía, nuestras formas hereditarias y nuestras disposiciones legales: tenía que decidir el uno por el otro el momento y las leyes de la muerte, las cuestión de la vivienda, de los posibles hijos. No se suma uno a la sociedad que quiere, si no a la sociedad que hay; aunque vengan de Napoleón o de Franco, que cometió la vileza de borrar del registro los matrimonios civiles y los nacimientos registrados durante la guerra. Es un hombre al que no se podrá olvidar nunca.

Si se produjese hoy en mí una transformación hormonal, en la que no creo, o meramente psicológica, me casaría con un hombre amado, con permiso de Concha. Tendría una tercera familia, y no sería la primera vez que adoptase, aunque no se lo recomiendo a ningún adoptado posible: no soy buen padre. (Y eso sí me duele: hoy me pueden herir ellos).

Cientos de miles de ciudadanos se echaron ayer a las calles de Madrid para protestar contra la ley de matrimonios homosexuales.La gran afluencia de manifestantes venidos de toda España, en su mayoría familias, contribuyó a que el protagonismo de los políticos del PP y de los obispos quedara diluido. Nadie podrá argumentar en esta ocasión que los ciudadanos han sido movilizados por un partido que hace llegar sus demandas a través de la calle, pues la iniciativa ha surgido claramente de la sociedad civil.Ni siquiera podrá afirmarse que todos los manifestantes se movilizaron en función de creencias religiosas, pues su reivindicación es perfectamente defendible desde posiciones laicas. No hubo ayer, como habían augurado las plataformas gays y la Fiscalía General del Estado, «insultos vejatorios» para los homosexuales. La marcha transcurrió sin ningún tipo de incidentes, tranquila y en un tono de fiesta. Aunque el Gobierno se empeñe en referirse a los manifestantes en términos peyorativos, los lemas que se corearon no se dirigieron contra nadie, sino en defensa de unos valores familiares que muchos españoles consideran importantes. El Foro Español de la Familia, organizador de la iniciativa, ha pedido a Zapatero una reunión para expresarle directamente sus planteamientos y solicitarle que modifique la ley. Puesto que el presidente del Gobierno hizo bandera de su voluntad de escuchar a los ciudadanos, y entendiendo que tiene que hacerlo especialmente con aquellos con los que discrepa, debería acceder de inmediato a dicha petición.

Y, sin embargo, no da la impresión de que el Gobierno vaya a rectificar.Más bien lo contrario. Horas antes incluso de que comenzara la manifestación, Fernández de la Vega comparecía acompañada de Pedro Zerolo -uno de los promotores más beligerantes del matrimonio gay- para sentenciar que la convocatoria del Foro de la Familia no pasaría «el examen», porque pretende mantener «discriminaciones odiosas» y «exige que un derecho se les niegue a otros». Además de que respondía a un intento por parte del Gobierno de ponerse la venda antes de la herida, el argumento de la vicepresidenta es sencillamente falso. Nadie, ni los convocantes de la marcha, ni el PP, ni siquiera la Conferencia Episcopal, discute la necesidad de reconocer a las parejas homosexuales los mismos derechos civiles -fiscales, hereditarios, etcétera- que tienen las parejas de distinto sexo. Lo único que está en discusión es su derecho a la adopción -sobre el cual debe primar siempre el bien del menor- y si su unión tiene que llamarse matrimonio, desvirtuando así una institución milenaria. Estas dudas no son privativas de la derecha, como demuestra el razonamiento impecable que ha hecho la senadora del PSC Mercedes Aroz para rechazar el matrimonio gay. Y puesto que España es uno de los poquísimos países del mundo en dar este paso, cabe preguntarse si lo nuestro es progresismo o mera frivolidad.

Muchos ciudadanos, casi tantos como en la reciente manifestación contra la negociación con ETA, aunque muy lejos del millón y medio que clamó la enfervorizada lectora del manifiesto final, se movilizaron ayer en Madrid contra la legalización del matrimonio entre homosexuales. Lo más significativo no fue sin embargo el número de manifestantes, importante en todo caso, sino la presencia entre ellos de numerosos obispos, de acuerdo con el apoyo expreso a la convocatoria manifestado por la Conferencia Episcopal. Fueron asimismo significativas las presencias y ausencias de dirigentes del PP, que también la había respaldado.

Es tradicional la obsesión del clero en general, y de los obispos en particular, por los temas sexuales, así como su resistencia a considerarlos una cuestión privada. Pero como se habían abstenido de impulsar movilizaciones por otros temas de mayor relevancia en relación con los derechos humanos, han tenido que sobreactuar para participar en la de ayer. El obispo de Málaga ha llegado a decir estos días, en una pastoral, que, aunque los católicos no son ya objeto de tortura física, sí lo son de «torturas psicológicas, que no son menos dolorosas y graves». Y el portavoz de la Conferencia ha dejado dicho que la Iglesia «nunca se encontró nada parecido en sus 2.000 años de historia». Es significativo que estuvieran presentes 19 prelados (de un total de 78), pero también lo son ausencias como las del presidente de la Conferencia, Blázquez, o los obispos catalanes y el de Sevilla: aunque se opongan a la reforma, no todos consideran que la cuestión sea de las que exigen bajar a la calle.

El PP tiene un sector amplio de militantes y votantes que no le perdonaría que se distanciase de los pronunciamientos de la jerarquía eclesial. Problema que no tiene el PSOE con sus votantes creyentes. Eso parece atenazar al partido de Rajoy, que envió a la marcha ni más ni menos que a su secretario general, Acebes, y al portavoz parlamentario, Zaplana, entre otros dirigentes, pero que se abstuvo de acudir. Los pronunciamientos de Rajoy sobre la manifestación han sido vacilantes. Dijo que su oposición a la reforma legal no tenía que ver «con ser creyente o no, sino con que se llame matrimonio» a la unión entre personas del mismo

sexo. Si esa es toda la divergencia, compartida por ejemplo, por el Consejo de Estado, lo normal sería votar en contra, no sumarse a una manifestación contra lo decidido por la mayoría de los diputados.

Un partido que aspira a recuperar parte del electorado centrista cometería un grave error si se convirtiera en la fuerza de choque del sector más obseso del episcopado. Pero hay una evidente dependencia mutua, con derivaciones incluso en medios de comunicación. Por eso, los dirigentes que no fueron a la manifestación se cuidaron de mantener la incertidumbre sobre su actitud y se abstuvieron de cualquier gesto que pudiera serles reprochado por los votantes más devotos.