Aparecen los cadáveres de los etarras Lasa y Zabala: fueron asesinados por los GAL en 1983 y enterrados en cal viva

Después de lo que se supo ayer, con fotografías incluidas, ¿qué espantos nos aguardan todavía en relación con la guerra sucia desplegada contra ETA desde sectores del aparato estatal? No hay ahora mismo política de Estado tan digna de ese nombre como la consistente en limpiar de una vez los bajos fondos de un ministerio en cuyo interior germinó esa falsa guerra con muertos verdaderos. Aunque sólo fuera por eso debería darse al ministro Belloch y su equipo la posibilidad de culminar la limpieza emprendida, pendiente desde el inicio de la transición. La tarea de investigación emprendida por la Audiencia Nacional debe completar el cuadro, aunque para ello tenga que apoyarse parcialmente en las confesiones de personajes tan dudosos como Amedo o el propio Roldán.Tras la identificación de los cadáveres de Lasa y Zabala, las dos primeras víctimas de los GAL, se eleva a 28 el número de personas asesinadas bajo el amparo de esas siglas. El mismo número de víctimas (28) se produjo entre 1974 y 1982 en los cerca de 30 atentados reivindicados por otras fantasmales siglas -Batallón Vasco-Español, ATE…- encubridoras de la misma. práctica de guerra sucia. El resultado de esa imitación de la barbarie terrorista por quienes debían combatirla ha sido prolongar la vida de ETA durante toda una generación.

Durante años, el terrorismo intentó desestabilizar la vacilante democracia española mediante una estrategia de la provocación especialmente dirigida contra el Ejército. Estuvo a punto de conseguir su objetivo un famoso 23 de febrero. Desde entonces, la provocación se ha dirigido a intentar deslegitimar al Estado democrático a fin de hacer verosímil su fantasía de una negociación política en condiciones de igualdad que estableciese una nueva legitimidad. También estuvo a punto de conseguir su objetivo cuando los crímenes de los GAL prestaron alguna credibilidad a la imagen de enfrentamiento bélico que pretendía acreditar ETA. No llegó a ocurrir porque alguien detuvo a tiempo aquella locura. Pero la desestabilización que no consiguió ETA hace 10 años se produce ahora, merced a las confesiones de los policías Amedo y Domínguez.

Ésa es la paradoja del terrorismo. Por sí mismo es impotente para vencer al Estado democrático. Pero una respuesta equivocada por parte de ese mismo Estado puede dar la victoria a los terroristas; al menos, la victoria moral de equiparar a ambos en crueldad y desprecio por la legalidad. Además, el recurso a prácticas ilegales con pretensión de impunidad pone al Estado en manos de mercenarios y policías venales que no dejarán de utilizar esa terrible arma contra la legitimidad del Estado si con ello esperan obtener algún beneficio.

Las fotografías publicadas ayer, y la realidad que evocan, producen espanto. Pero si han podido ser publicadas, y si un forense ha podido certificar que pertenecen a Lasa y Zabala, es porque, pese a todo,funcionarios honestos hicieron su trabajo: realizando una primera autopsia -que es la que permite hablar de signos de tortura-, ordenando la conservación de los restos durante casi 10 años, informando a quien correspondiera de las sospechas reavivadas por otras informaciones, etcétera. La sociedad democrática dispone de mecanismos -a veces lentos, pero a la larga imparables- contra la pretensión de impunidad del poder.

Y eso es lo que ridiculiza a los hipócritas defensores de ETA que ayer creyeron ver confirmada su teoría de las dos violencias simétricas. No sólo porque la desaparición, hace casi una década, de los GAL no ha sido seguida por el cierre del negocio de sus amigos. Sino porque ninguna autopsia, investigación o procedimiento ha. permitido desvelar dónde está y cómo murió Pertur: Eduardo Moreno Bergareche, el dirigente de ETA Político-militar al que sus rivales dentro de esa organización hicieron desaparecer en julio de 1976. Y sigue sin saberse si Joseba Urkijo, Kinito, aquel miembro de la Mesa Nacional de HB reclutado por Amedo, está vivo o muerto.

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NI 50 kilos de cal viva pueden enterrar la verdad ni los asesinos borrar todas las pistas. El paciente y laborioso trabajo de la policía judicial de Alicante y la tenacidad del fiscal de la Audiencia Nacional han hecho posible la identificación de dos cadáveres hallados por un cazador en un remoto paraje de la provincia de Alicante hace diez años.

El informe del forense y la confirmación de sus propias familias deja lugar a pocas dudas: se trata de los presuntos etarras José Antonio Lasa, de 21 años, y José Ignacio Zabala, de 20, secuestrados por los GAL en Bayona el 16 de octubre de 1983. Nada se supo de ellos hasta tres meses más tarde. El 20 de enero de 1984, un comunicante anónimo llamó a Radio Alicante para asegurar que Lasa y Zabala acababan de ser ejecutados por los GAL: «Antes de morir han pedido un sacerdote y no se lo hemos concedido porque no se lo merecían».

Ahora, conocemos -gracias al trabajo de los forenses- algunos elementos significativos de su muerte que corroboran el siniestro comunicado: fueron golpeados en la cabeza por un bate de béisbol o una barra de hierro y luego rematados de un tiro. Ambos presentaban muestras de haber sido salvajemente torturados durante un largo periodo de tiempo: les fueron arrancadas las uñas y había indicios de quemaduras en sus restos.

Estos y otros lúgubres detalles nos permiten reconstruir el intenso sufrimiento de las víctimas, que evoca el ensañamiento de mandos de la Guardia Civil con varios jóvenes -a los que confundieron con un comando etarra- en el «caso Almería» o los métodos de tortura empleados en el célebre crimen de Cuenca, en el marco de la España negra de principios de siglo.

Puede que Lasa y Zabala no fueran dos seres inocentes: pertenecían a un comando etarra y tenían antecedentes delictivos. Pero ninguna razón – y menos la de Estado- puede justificar la tortura y un crimen tan repugnante como éste, que muestra la verdadera cara de los que idearon, financiaron, ampararon y mataron en nombre de los GAL.

El hallazgo de un casquillo de bala en Foya de Coves prueba, además, que el asesinato de Lasa y Zabala se cometió allí mismo, desmontando la teoría esgrimida reiteradamente por el Gobierno de que los GAL actuaban fuera de territorio nacional. Ya hay irrefutables evidencias de que, al menos en este caso, no fue así. Por tanto, nada que no sea el pleno esclarecimiento de los hechos puede ser aceptado en un Estado de Derecho. Hay que investigar quiénes fueron los autores e inductores de este crimen y llegar hasta el final de la trama, caiga quien caiga.

Existen también unas graves responsabilidades políticas en el Gobierno, que no ha tenido ningún interés en esclarecer los 26 asesinatos cometidos por los GAL. Rafael Vera era director de la Seguridad del Estado y Julián Sancristóbal, gobernador de Vizcaya, cuando se cometió el secuestro y asesinato de estos dos etarras. Hoy, ambos están en la cárcel: el primero por intentar encubrir la trama y el segundo, como presunto organizador de los GAL. Tanto sus jefes directos, Barrionuevo y Corcuera, como el líder máximo siguen llamándose andana.

No estoy seguro de que el dinero llame al dinero, pero de seguro que los problemas atraen a los problemas. Justo lo que necesitamos en estos momentos es el cuestionamiento de la Guardia Civil y la petición de su retirada de cualquier autonomía española. Y al trapo de tamaño despropósito y hasta injusticia no falta quienes desean entrar. Es verdad que la Guardia Civil ha tenido mala suerte con la imagen: la pareja caminera protectora de terratenientes y terror de gitanos robagallinas, «paso corto y mala leche», Lorca, el tricornio acharolado atemorizante, el crimen de Cuenca, Casas Viejas, el caso Almería, Tejero, Roldán, y lo que pueda venir, que si es malo, vendrá. Con ninguna institución como la Benemérita se ha tomado tantas veces la parte por el todo, distorsionando en anécdotas su historia y olvidando el conjunto de su espíritu y de sus servicios a la sociedad.

En los primeros días de la sublevación militar de 1936, salvo excepciones como el santuario de Santa María de la Cabeza, la Guardia Civil no se alzó: se limitó a seguir al Ejército en la zona que la deparó el destino. Aun con Goded resistiendo en Capitanía es memorable la entrada de la Guardia Civil a caballo en la barcelonesa Plaza de Cataluña poniendo fin al tiroteo y restableciendo el orden republicano. Quizás el problema es que el duque de Ahumada tiene estatuas en su honor pero ninguna fue erigida, por razones obvias, a la memoria del general Escofet, hombre cabal, fiel a sus juramentos constitucionales y vilmente fusilado por Franco al final de la contienda tras haberse negado a huir. Tejero es una excrecencia en el Cuerpo pese a toda la repercusión que tuvo su extravagancia, pero ni éste ni otros casos de corrupción, mal uso de la fuerza, locura o vesania, podrán aplastar los miles de guardias, siempre gentes humildes y abnegadas, que hicieron del honor su divisa y que fueron conscientes de que aquél, una vez perdido, no se recupera jamás.

De un Cuerpo de sesenta mil hombres y mujeres lo sorprendente es que de entre ellos no surgieran personalidades extraviadas, tal como en cualquier otra dedicación. Pero todo el sacrificio y la sangre de la Guardia Civil no se merecen el juicio sumarísimo de maldades concretas y aisladas que habrán de tener su sanción judicial y no política. Por salarios escasos, a tiempo completo, con horas extraordinarias, y a ochenta pesetas, estos agentes hasta tienen que patrullar en sus automóviles particulares por falta de medios y porque no aparecen los «jeep» comprados por Luis Roldán. Su despliegue o es nacional o no lo será. Si la Guardia Civil ha de ausentarse de alguna autonomía española estaríamos dando un paso psicológico hacia la taifa. Antes valdría disolver este secular Instituto Armado y tirar por la ventana toda la cosecha de manzanas porque entre ellas hay algunas podridas. Hay que quitarse los anteojos del franquismo y dejar de considerar a las Fuerzas de Seguridad del Estado como tropa opresora. Cuidado con ese camino no sea que acabemos considerando también como tales a la Ertzaina o a los Mossos d’Esquadra. Toda policía cae en excesos al reprimir el delito pero no sé yo por qué la Guardia Civil se tiene que llevar todas las bofetadas. Cien años de honradez no sé si los tuvo el PSOE, pero, desde luego, la Benemérita, sí.

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La batalla en Canadá.- Probablemente ya está echada a suerte la derrota de la UE (y principalmente nuestra) ante las cuotas de capturas en aguas internacionales frente a Terranova. Canadá ha hecho todo menos el ridículo, y los españoles pescaremos menos de la mitad de fletán que hasta ahora, mientras los canadienses se ponen ciegos de matar a sus focas para comerciar con sus órganos sexuales, presuntamente afrodisíacos. Veinte mil empleos directos e indirectos en el alero, parte de la flota pesquera de altura al desguace, y búsqueda difícil y onerosa de nuevos caladeros probablemente en el Atlántico Sur. En Francia, Irlanda y Sudáfrica tenemos pesqueros apresados. Paciencia y barajar, que es lo mejor que puede hacerse, cuando se pierde una batalla, y extraer enseñanzas de los errores cometidos y las imprevisiones sobre lo tan largamente avisado. No entiendo el envío de una tercera patrullera a Terranova. ¿Para qué? Si es para hacer prácticas de navegación de altura en aguas procelosas, bien, vale. Si es para dar sensación de tardía firmeza y consolar electoralmente al gremio pesquero, más nos valdría ahorrarnos el trabajo y el combustible.

EL EX ministro Barrionuevo tardó 48 horas en abrir la boca después de que la sociedad española quedara sobrecogida por la noticia de la identificación de los cadáveres de dos etarras secuestrados por los GAL cuando él era ministro del Interior. Cuando lo hizo, después de que el presidente del Gobierno le respaldara públicamente, fue para decir que no se le había «pasado por la cabeza» la idea de dimitir. Señaló que la dimisión sólo estaría justificada por motivos subjetivos, y que su conciencia no le dice que «haya hecho nada irregular», o por motivos políticos, cuya apreciación correspondería «al partido y al grupo parlamentario». Que su conciencia, a la que erige, en juez y parte de su causa, no encuentre nada que reprocharse es lo más alarmante de la actitud de Barrionuevo. Si quien era máxima autoridad política de la lucha antiterrorista cuando Lasa y Zabala fueron secuestrados, seguramente torturados durante meses y finalmente asesinados tiene la conciencia tranquila es que carece de ella. Pues o no se enteró, en cuyo caso su incompetencia es notable, o sí se enteró, y no hizo nada, en cuyo caso merecería calificativos que preferimos no formular.Desplazar a su partido la apreciación de los posible motivos políticos de dimisión es una forma de esquivar la cuestión. Es el carácter personal y espontáneo de la decisión lo que le da valor de gesto político: el de reconocer una responsabilidad política, al margen de que se admita o no una culpabilidad subjetiva en los hechos. Y resulta manifiestamente ventajista remitir la decisión al partido un día después de que su secretario general elogiase su «buen hacer» como ministro de Interior.

Opinión esta del presidente, por lo demás, extremadamente discutible. Con lo que hoy sabemos es delirante decir que Barrionuevo fuera un buen ministro del Interior, al menos en el aspecto de la lucha antiterrorista. Por mucha comprensión que se tenga hacia las dificultades del cargo, y aun admitiendo que hoy hay mayores exigencias éticas a los comportamientos de los políticos que hace 10 años, no puede dejar de reconocerse la responsabilidad de Barrionuevo en el origen de un desastre que sólo hoy se hace evidente en toda su extensión. Si González insiste en su apoyo habrá que pensar que tampoco él ha entendido lo que de verdad ha supuesto, para la lucha antiterrorista, para el prestigio del Estado y para la salud del sistema, la aventura iniciada el día en que alguien decidió imitar los métodos mafiosos de ETA para combatirla.

Es cierto que han pasado 12 años desde el secuestro de Lasa y Zabala y casi 10 desde que alguien ordenó detener esa guerra sucia; pero será difícil que, no ya los tribunales, sino los ciudadanos, archiven lo ocurrido mientras nadie se haga responsable de esa fatal dinámica. Cierto, el objetivo era acabar con un enemigo que jugaba con la ventaja de no tener que someterse a código alguno de conducta. Y la impunidad de que disfrutaba ETA en Francia era intolerable. Pero erraron gravemente quienes pensaron que un Estado democrático puede comportarse como si no lo fuera, restaurando la pena de muerte a voluntad y prescindiendo de la legalidad con pretensión de impunidad.

Ello supuso perder el control de la lucha antiterrorista a favor de aventureros sin escrúpulos, siempre dispuestos a chantajear al poder político. Además, la necesidad de tapar aquello que podría ser utilizado por los propagandistas del terror fue la coartada para la extensión de la corrupción. Y no evitó que esos propagandistas utilizaran, de todas formas, la corta existencia de los GAL para justificar retrospectivamente los crímenes de ETA y renovar los argumentos a favor de su continuidad.

La coordinadora KAS, el organismo que dirige el entramado de la violencia, ya ha aprovechado la emoción del momento para concluir, en un comunicado, que, frente a un Estado capaz de semejantes crueldades, la lucha armada no sólo está amparada por el «derecho de legítima defensa», sino que es una «obligación ética». Por supuesto que tales elucubraciones son una desfachatez. Pero nada estimula tanto la reproducción generacional del terrorismo como cualquier signo que otorgue credibilidad a su discurso de las dos violencias simétricas. De manera que incluso concediendo que la existencia criminal de los GAL influyera en el desmantelamiento del santuario etarra, fue al mismo tiempo un factor decisivo en la perpetuación del tinglado de que se nutre ETA y que en 1983 se encontraba, tanto electoralmente como en su influencia social, en el momento más bajo de su historia. En eso consistió el éxito de una política antiterrorista, dirigida por Barrionuevo, que se quiso compatible con la guerra sucia. Enlodó al Estado y nos deja una catastrófica herencia.