La Audiencia Nacional absuelte a Al Kassar del secuestro del Achille Lauro: estrepitosa derrota del juez Garzón y el fiscal Fungairiño bajo la sombra del ‘Informe Veritas’

El periodista José Yoldi publica en el diario de su digna dirección un artículo dedicado al presunto traficante de armas Monzer el Kassar y, entre otros asuntos, le entiende relacionado con el atentado contra el libanés Elías-Joussef Awad el 3 de noviembre de 1984 en Madrid, afirmando el señor Yoldi que «en este asunto fue inculpado inicialmente un palestino, que posteriormente fue puesto en libertad por la Audiencia Nacional en extrañas circunstancias».No creo que pueda hablarse en tales términos en cuanto entrañan rareza, anomalía o irregularidad por lo que respecta a la actuación de la Audiencia.

Permítame precisarle, al efecto, que fueron dos las personas procesadas por ese hecho criminal (su mario 74/84 del Juzgado Central número 1) por auto de 18 de enero de 1985, Karnal Abdul Gawad Ghazoul y Youssef Ahmed Saad.

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia, en apelación y por auto de 20 de abril de 1985, alzó el procesamiento de Youssef Ahmed Saad, habida cuenta de la falta de indicios suficientes de su participación en el asesinato y por no poderse considerar los hechos como encuadrados en una actividad terrorista -con los datos existentes en aquel momento- En cuanto a Karnal-. Abdul Gawad Ghazoul, la misma resolución levantó también su inculpación por pertenencia a banda terrorista, pero mantuvo el procesamiento por el delito de asesinato frustrado. Con posterioridad, la Audiencia Nacional se inhibió en favor de la Audiencia Provincial de Madrid, por el citado motivo de no poderse encuadrar los hechos en un contexto terrorista. Pero hasta ese momento, 20 de mayo de 1985, siguió en prisión. Si se decretó la libertad de Karnal Abdul Gawad Ghazoul. (lo que no consta, ni puede constar en los archivos de esta fiscalía por ser competente otra jurisdicción), no fue por el Juzgado Central número 1 ni por la Sección Primera de la Sala de lo Pena].- E. Fungairiño Bringas.

Monzer Al Kassar, notorio traficante de armas internacional residente en España desde 1983 y al -que se le ha relacionado en el pasado con el terrorismo árabe, ha logrado pasar sin romperse ni mancharse por el tamíz de la justicia española. No se ha podido probar su participación en el secuestro del transatlántico italiano Achille Lauro, cometido en octubre de 1985 por el grupo terrorista de Abu Nidal y en el que resultó muerto un ciudadano norteamericano de origen judío. Los 29 años de prisión solicitados por el niinisterio fiscal han quedado en nada. E incluso queda en entredicho, retrospectivamente, la decisión del juez Baltasar Garzón, instructor del caso, de haber mantenido a Al Kassar durante 14 meses en prisión preventiva con tan endebles indicios.La absolución de Al Kassar se produce por la insuficiencia de los testimonios aportados, a los que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional califica reiteradamente de vagos, confusos, incoherentes y, presumiblemente, facilitados a la justicia por motivos económicos y de venganza. La misma insuficiencia aprecia el tribunal respecto de la validez de las pruebas documentales.

Desde esos presupuestos nada hay que objetar al veredicto absolutorio. La justicia sólo puede castigar con . pruebas inequívocas de delito y, en caso de duda, siempre debe inclinar su balanza del lado del reo.

Pero ello no impide que la sentencia produzca perplejidad. Y por motivos que tienen que ver con el proceso mismo, instruido con no escasas dosis de espectacularidad y de aparente eficiencia investigadora a lo largo de los tres últimos años. ¿Cómo se explica que el ministerio fiscal haya mantenido hasta el último instante del juicio oral su petición de 29 años de cárcel por un delito de piratería con resultado de muerte si, a la postre, su acusación era pura farfolla? O el ministerio fiscal ha actuado temerariamente o los indicios de delito eran más fuertes de lo que la sentencia absolutoria establece. ¿Cómo se explica que. el juez instructor haya privado de libertad durante más de un año a alguien acusado de manera tan inconsistente? O el instructor ha hecho uso de manera harto ligera de la prisión preventiva o los indicios de criminalidad eran, en ese momento, más sólidos que lo que el tribunal sentenciador ha estimado después. Éste último afirma que no cabe oponer reparos esenciales a la instrucción del sumario, en razón, sobre todo, de que. en ningún momento se produjo indefensión para el encausado. Pero ¿cabría mayor indefensión que la de haberle mantenido en prisión preventiva durante 14 meses sin motivos suficientemente válidos y de la que pudo librarse mediante una fianza de 1.000 millones de pesetas?Son demasiadas contradicciones como para darse por satisfechos con el veredicto judicial. En todo caso, éste no las ha resuelto convincentemente. Y, por ello mismo, no puede ser el colofón capaz de despejar las dudas dejadas tras sí por un proceso tan atropellado e incoherente como el que ha resultado ser, a la postre, el que se ha seguido contra Monzer al Kassar. Dudas que ahora surgen con más vigor que nunca y de las que la sentencia dictada, con su fuerza de cosa juzgada, se erige en la más firme de las pruebas. Nada de lo realizado en el sumario ha, sido validado por el tribunal sentencia dor. ¿Cabe mayor demostración de la endeblez y de la futilidad de lo actuado en el proceso?,La absolución de Al Kasar no es cuestionable. Lo es, en cambio, esa disparidad absoluta entre una instrucción aparentemente plena de indicios incriminatorios, formalizados en una acusación clara y Contundente del ministerio fiscal, y una sentencia absolutoria que convierte en humo todas y cada una de las diligencias previas al juicio oral. Una justicia creíble exige un mínimo de coherencia a través de las distintas fases del proceso. Cuando no se da, como sucede en este caso, surge la duda de si el delito ha quedado impune, o si, por el contrario, la persona encausada ha sufrido un atropello en sus derechos. Y queda la perplejidad.

La sentencia de la Audiencia Nacional que absuelve al sirio Monzer Al Kassar, que ha estado en prisión provisional catorce meses, de haber participado en el secuestro del buque Achille Lauro es el último de la larga serie de reveses procesales que viene sufriendo el juez Baltasar Garzón. Los errores cometidos en la instrucción del sumario han conducido a la absolución por falta de pruebas. Todo el acopio de testimonios de Garzón ha quedado reducido a la nada ya que las acusaciones del principal testigo de cargo están plagadas de inverosimilitudes y contradicciones. Si bien la sentencia no opone reparos formales a la instrucción y niega que se haya producido indefensión, lo cierto es que ha vuelto a quedar en evidencia la torpeza instructora del magistrado con frustrada vocación política. No se han disipado algunas sombras de sospecha pues la sentencia puntualiza que no es lógicamente imposible que Al Kassar trasladara las armas al comando palestino, pero sí se confirma que la actividad instructora del juez Garzón constituye el camino más directo hacia la absolución. Los abogados del empresario sirio estudian ahora querellarse contra el juez instructor al que podrían acusar de prevaricación. Catorce meses de prisión preventiva para luego quedar absuelto su cliente son muchos meses.

SERIA del género idiota tomarse en serio la pamema que ayer se montó Monzer Al Kassar a la salida de la Audiencia Nacional, dándose aires de compungida víctima maltratada por la Justicia. Ha logrado una sentencia favorable. Vale. La ha obtenido gracias a que las pruebas reunidas contra él en relación a su participación en el secuestro del Achille Lauro carecían de consistencia suficiente. De acuerdo. Un testigo se cayó desde un balcón -también es mala suerte- y se murió. Otro se desdijo y su palabra perdió la necesaria credibilidad. Las pruebas que aportó un agente de la DEA habían sido conseguidas de modo ilegal. Una rueda de reconocimiento organizada por el juez Garzón tuvo graves defectos de forma. Todo ello ha llevado al tribunal a dictar una sentencia absolutoria. Bien. Pero nadie se llama a engaño. La trayectoria de Al Kassar es inequívoca. Estados Unidos, Italia, Alemania, Gran Bretaña y Francia, sin ir más lejos, tienen sobre su persona historiales cuyo volumen rivalizada con el de las guías telefónicas. Su nombre está indisolublemente ligado no sólo a escándalos políticos: también a historias de comercio de coches de lujo robados, de compra-venta de joyas de más que dudosa procedencia y de entrada en Europa de partidas de droga salidas del Oriente Medio.

Esto lo conoce la opinión pública. Y es lógico que sienta una frustración cierta cuando ve que personajes así pueden salir absueltos. No faltarán los que decidirán rápidamente -y más de uno de modo interesado- que la culpa de que tal cosa haya sucedido la tienen los errores cometidos por Garzón en la instrucción del sumario.

El problema de fondo no es que el magistrado cometiera tal o cual yerro, por más que la sentencia hable de que «no cabe poner óbices formales al sumario». La clave está en las condiciones en que trabajan los jueces de la Audiencia Nacional.

Tomemos el caso del propio juez Garzón ahora mismo. Está instruyendo el sumario principal de los GAL, y también el sumario del «caso Marey», y el de los papeles falsos de Laos y, ya de paso, varios contra ETA y algunos de narcotráfico. Son todos sumarios importantes y delicados. Se supone que tiene que llevarlos adelante simultáneamente sin apenas medios, pero con diligencia y el más escrupuloso cuidado. ¿Es posible? En el caso de Al Kassar, Garzón, con su elemental tinglado de investigación, tuvo que enfrentarse a un personaje que no carece precisamente de medios económicos -con la cantidad de puertas que abre y de bocas que cierra el dinero- y que, además, como eficaz vendedor de armas, gozaba del apoyo de gentes muy influyentes en el aparato del Estado español.

Y como ese caso, tantos otros. Si se desea que la Audiencia Nacional pueda realizar su tarea con eficacia, está claro que hay que dotarla de muchos más medios. Claro que si lo que se desea es lo contrario -y a veces no faltan los motivos para sospecharlo-, entonces habrá que convenir que todo está haciéndose perfectamente.

El fiscal que actuó en la causa de Monzer Al Kassar, Eduardo Fungairiño, y entre cuyas funciones destaca la de vigilar el respeto procedimiento judicial, no sólo permitió que el juez Baltasar Garzón manipulase el sumario de la causa sino que incluso cumplió diligencias del magistrado para emitir los informes que le convenían y fecharlos falsamente, según se desprende de unas notas manuscritas personales, obtenidas en exclusiva por DIARIO16.

El manuscrito, de puño y letra de Baltasar Garzón, cuya copia está en poder de este periódico, es un ejercicio de falsificación sumarial (…)