Manuel Jiménez de Parga es nombrado miembro del Tribunal Constitucional y la Cadena SER lo bautiza como ‘copito de nieve’

EL GOBIERNO se ha retrasado sólo 40 días en la designación de los dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que debía renovar por ley. Una minucia si se compara con los largos periodos de interinidad habidos en el pasado en instituciones tan relevantes como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Defensor del Pueblo e, incluso, el propio TC, por falta de acuerdo entre los partidos. La decisión del Consejo de Ministros del pasado viernes de nombrar jueces del TC al catedrático de Derecho Constitucional Manuel Jiménez de Parga y al de Derecho Penal Tomás S. Vives Antón conjuró, en todo caso, un riesgo que tomaba cuerpo: la reincidencia en ese comportamiento político que tanto ha contribuido al deterioro institucional en los últimos años.Si el Gobierno ha estado en esta ocasión entre el suspenso formal -ciertamente no ha cumplido la letra de la ley- y el aprobado real -es posible que el retraso de 40 días no haya violado su espíritu-, el que merece un elogio en toda regla es el CGPJ, que ha acudido con rigurosa puntualidad a la cita. El órgano de gobierno de los jueces designó a los dos magistrados del TC que le corresponden con estricto respeto a la letra y al espíritu de la ley y sin agotar los plazos. El pasado día 9 de febrero, 12 días antes de concluir el largo plazo de cuatro meses establecido para este tipo de nombramientos institucionales el Poder Judicial cumplió sus tareas y propuso a Enrique Ruiz Vadillo, hasta ahora presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, y a Javier Delgado Barrio, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del mismo tribunal. Víctima en el pasado del incumplimiento de los plazos en la renovación de sus vocales, el Consejo no ha querido caer en el mismo vicio cuando debía nombrar representantes en otra institución. El CGPJ ha aprendido en sus propias carnes la lección.

El TC está en condiciones, pues, de iniciar con normalidad su nueva etapa. Su inmediata tarea será elegir presidente, tras jurar sus cargos los nuevos magistrados, probablemente. el próximo sábado, ante el Rey. Queda la designación de un quinto magistrado por el Senado, pero esta circunstancia no condiciona el funcionamiento del TC. Mejor que sea así porque este quinto nombramiento se prevé polémico y, por tanto, puede ir para largo. Necesita el consenso obligado entre el PSOE y el PP para llevarse a efecto -tres quintos de senadores-. Y es de suponer que ahora el PP haga valer caro su voto tras las duras críticas que ha vertido contra los dos magistrados designados por el Gobierno.

Los cuatro nuevos magistrados del TC reúnen los requisitos exigidos: son juristas de reconocida competencia, con más de quince años de ejercicio profesional y en activo. El sesgo ideológico que el PP les imputa como algo negativo no afecta para nada a su idoneidad para el cargo. ¿Quién dice que un cargo institucional no debe tener ideología? Les comprometería, en cambio, su toma de postura pública sobre recientes conflictos jurisdiccionales si, llegado el caso, tienen que intervenir en ellos desde su nuevo cargo. Es el caso de Jiménez de Parga en relación con la falta de imparcialidad objetiva que atribuye al juez Garzón en el sumario de los GAL por su paso por el Ministerio del lnterior.

Tenga o no razón Jiménez de Parga, sería, incoherente por su parte que no se aplicara a sí mismo esa doctrina en caso de que, como magistrado del TC, tuviera que resolver los recursos de amparo relativos a los GAL pendientes en ese tribunal. Y no por sus opiniones al respecto, como ridículamente pretenden algunos, sino por lo que pudiera afectarle el hecho de que su antiguo despacho profesional asesora al ex ministro Barrionuevo en temas conexos con el sumario de los GAL. En supuestos en los que la imparcialidad objetiva. del juez queda manifiestamente en entredicho, abstenerse no es sólo elegante, es lo obligado. Llámese Garzón o Jiménez de Parga el juez en cuestión.