Díaz de Mera es multado en el juicio del 11-M por asegurar que un policía le habló de un informe sobre vínculos de ETA con el atentado pero que «no podía dar su nombre»

El juicio del 11-M alcanzó ayer un momento de fuerte intensidad dramática cuando el tribunal decidió imponer una multa de 1.000 euros y deducir testimonio por un presunto delito de desobediencia contra Agustín Díaz de Mera, europarlamentario del PP y director general de la Policía cuando se produjeron los atentados de Madrid.

Díaz de Mera, que comparecía como testigo, hizo referencia en su declaración a la existencia de un informe encargado por la Comisaría General de Información en el que se analizaba la posible implicación de ETA en la masacre. El juez Gómez Bermúdez le solicitó que revelara quien le había alertado sobre el informe, a lo que Díaz de Mera respondió que se trataba de un funcionario policial pero que no podía facilitar su identidad para no poner en peligro su seguridad y su carrera. Tras insistir sin éxito en que reconsiderara su decisión, el tribunal acordó multarle y deducir testimonio, lo que supondrá la apertura de una investigación penal sobre si ha incurrido en un delito de desobediencia.

La actuación del tribunal es irreprochable a la luz de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que obliga a los testigos a decir todo lo que saben para esclarecer un delito. Díaz de Mera invocó razones de tipo ético y afirmó que no quería perjudicar a un «honesto» funcionario policial, un argumento que resulta comprensible desde el punto de vista humano pero que entra en conflicto con la exigencia judicial de esclarecer la verdad sobre un atentado en el que murieron 191 personas.

Bermúdez y sus compañeros cumplieron ayer con su deber y demostraron que están dispuestos a remover todos los obstáculos para esclarecer lo sucedido. Ponderaron correctamente el conflicto que se planteaba y optaron por preservar el bien superior, que es la búsqueda de la verdad en la investigación judicial frente a la protección de una carrera profesional.

Mas allá de lo sucedido ayer en el juicio, la cuestión es dónde está ese informe que, según el actual ministro del Interior, nunca existió. El testimonio de Díaz de Mera -dispuesto a afrontar una grave acusación penal para proteger a su fuente- contradice esa afirmación, por lo que sería importante aclarar este asunto. El PP debe instarle a que lo haga y movilizar a todos los demócratas para garantizar que el funcionario en cuestión no sea objeto de ningún tipo de represalia.

Horas antes de la declaración de Díaz de Mera, el inspector de la UCIE, Antonio Jesús Parrilla, había confirmado que él escuchó a Trashorras declarar en un interrogatorio policial que El Chino le había contado que conocía a los dos etarras detenidos en Cuenca. Parrilla afirmó que esa relación la hizo constar en un informe por escrito a sus jefes, que ahora ha desaparecido.También desapareció el informe original de los tres peritos en el que establecían la hipótesis de un posible vínculo entre ETA y el 11-M.

Si lo que sostuvo ayer el ex director general de la Policía es cierto -y no hay duda de que él lo cree-, habría ya tres serios indicios de la destrucción de pruebas sobre la mera hipótesis de la implicación de la banda en los atentados. Todo indica que los responsables de Interior han intentado borrar hasta los más tenues y superficiales rastros que pudieran conducir a ETA, lo cual ya es de por sí muy revelador de cómo se ha llevado a cabo la investigación policial del 11-M.

El ex director general de la Policía Agustín Díaz de Mera cometió ayer algo más que un error inexcusable durante su declaración en la vista oral del 11-M. No es cuestión de hacer un juicio de intenciones sobre su negativa a revelar la fuente que le comunicó la existencia de un supuesto informe policial sobre la relación de ETA con los atentados.

Las razones por las que tomó esta decisión pertenecen a su fuero interno, pero es evidente que, cualesquiera que fueran, debió anteponer su deber de colaboración con la Justicia a un muy subordinado compromiso moral con su fuente. Su testimonio ha sido un duro golpe al proceso, una generación de dudas perfectamente evitable, porque si hay alguien en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tiene información, por mínima que sea, sobre la autoría del atentado, debe ser llamado al juicio para declarar ante el Tribunal. Es una incongruencia absoluta que adopte esta postura quien, como máximo responsable de la Policía, desempeñó sus funciones en la lucha antiterrorista. Más aún, no se entiende que quien tanto hizo por las víctimas del 11-M en el apoyo a sus familias y en la detención inmediata de algunos de los principales acusados ahora amague con un supuesto informe que, si realmente es como dice Díaz de Mera, tendría una incidencia directa en el resultado de las investigaciones.

Con toda razón, el presidente del Tribunal le pidió insistentemente que valorara «la situación en que coloca el proceso». Y con la misma razón no tuvo más remedio que imponerle una multa y deducir testimonio por un posible delito de desobediencia grave, pues como testigo tenía obligación de contestar la verdad.

La actitud del juez Gómez Bermúdez no pudo ser más ajustada a las consecuencias que se preveían si Díaz de Mera persistía en una negativa tan injustificada legalmente como incomprensible para la opinión pública y las propias víctimas. Además, Díaz de Mera no reparó en que, como primer cargo político del Gobierno del PP llamado a declarar, iba ser un objetivo seguro de interrogatorios incómodos y orientados a demostrar las supuestas mentiras u ocultaciones de la autoría islamista por parte del Ejecutivo de Aznar. Aquel Gobierno no se merecía esta impronta tan negativa que ha dejado Díaz de Mera, porque si algo está demostrando el juicio es que nadie mintió cuando señaló a ETA como probable autora del atentado y nadie ocultó información a los ciudadanos sobre los descubrimientos de las pistas que acabarían desembocando en la célula yihadista y sus cooperadores de la trama asturiana.

No hay otro momento ni otro lugar más adecuado para hablar de ETA y el 11-M que este juicio y la sala en la que se celebra. Esas llamadas «teorías de la conspiración» -de las que nadie, sea de las defensas o sea de las acusaciones, se está ocupando en el juicio- tenían en el informe aludido por Díaz de Mera una ocasión inmejorable de someterse al filtro de las pruebas ante el Tribunal. Pero la decisión del ex alto cargo del PP de hurtar al juicio la posibilidad de una nueva prueba, quizá decisiva, quizá irrelevante, sólo contribuye a mantener esas teorías en el terreno impune de la especulación incontrolada que, con total desparpajo, acusa, sin solución de continuidad, a los servicios secretos marroquíes, a ETA, a los servicios de inteligencia del Estado y a una conjura de policías y guardias civiles. Teorías hechas de forma que no admiten verificación alguna, pero que han dañado gravemente al PP al instalar en la opinión pública la falsa ecuación de que el Gobierno de Aznar salva su responsabilidad política sólo si aparece ETA por medio, como si la autoría islamista fuera en prueba de una supuesta culpa del PP por el atentado, cuando lo cierto es que gracias a su gestión policial posterior al 11-M hoy se está celebrando este juicio con la amplitud de acusados y pruebas que presenta.

En todo caso, quienes con tanto empeño reprochan a ciertos mandos policiales el miedo a que ETA aparezca en el juicio del 11-M, deberían ahora ejercer su censura con igual rigor sobre la inmoral decisión de Díaz de Mera de hacer exactamente lo mismo, es decir, evitar que la Justicia pueda saber si ETA tuvo o no algo que ver. Por cierto, que no estaría de más que Ángel Acebes, secretario general del PP y en marzo de 2004 ministro de Interior, se pronunciase sobre el inaceptable silencio del que fue responsable de la Policía bajo su mandato.

Se veía venir la entrada del presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, en la cocina de la auténtica conspiración del 11-M, aquella que intenta a través de la manipulación y el engaño a sabiendas ocultar la verdad sobre el atentado islamista. Que una parte de los ingredientes han sido aportados a la marmita por policías resentidos a raíz del cambio de Gobierno tras el 14-M, no cabe ninguna duda. Pero incluso esos polis, como podría ser el caso del inspector Parrilla, echaron ayer agua al vino, desacreditando las versiones de Suárez Trashorras sobre la presunta relación de El Chino con los etarras detenidos en Cuenca. Pero fue el propio ex minero quien ya en su declaración hizo mutis por el foro admitiendo que quizá él había entendido mal a El Chino.

La historia de este juicio ya conoce un antes y un después a partir de ayer. Antes, mucha gente podía tener la impresión legítima o incrédula de que la gran manipulación que se ha montado durante tres años por los medios de comunicación adictos al PP no tendría coste alguno. En otros términos, que nadie pagaría la factura. Después de ayer, la factura llega y comienza a ser abonada. El interrogatorio del testigo Agustín Díaz de Mera hubiera pasado sin pena ni gloria a no ser, precisamente, por su contribución a la teoría de la conspiración.

Fue el ex director general de la Policía quien en septiembre pasado, en un diálogo matinal con dos de los propagandistas de la manipulación más grande jamás montada en este país [Federico Jiménez Losantos y Pedro J. Ramírez], sacó el tema: la existencia de un informe policial en el que se analizaban diversos vínculos de ETA con los islamistas en el atentado del 11-M. Fue una denuncia en toda regla. Un hombre y una mujer de la UCI habían desobedecido a sus superiores y elaboraron dicho informe. «Es un informe ocultado al juez Del Olmo», dijo De Mera en aquella intervención radiofónica. No debía De Mera estar muy seguro de lo que decía aquel día. Porque publicado en EL PAÍS un informe firmado por un hombre y una mujer sobre las relaciones entre etarras e islamistas en las cárceles españolas, el ex director general llamó a varios policías. Quería saber qué había ocurrido con el presunto verdadero informe.

Algunos de estos funcionarios, según dijeron a este cronista, le señalaron que estaba en un error. Que el informe era el de etarras e islamistas en las cárceles. Y punto. Pero De Mera, porfiado, dijo que en ese caso se trataba de una manipulación. También descartó que fuese el informe del ácido bórico.

Este hombre, cuando denunció el informe en septiembre dijo en los medios adictos al PP que era necesario preservar a las fuentes para que un día se pudiera conocer la verdad. Ayer tuvo la oportunidad de su vida, de explicar al tribunal la verdad y nada más que la verdad. Se rajó. ¿Por qué? Porque todo es un montaje. De Mera busca desesperadamente a sus fuentes.

Ernesto Ekaizer

El eurodiputado del Partido Popular Agustín Díaz de Mera malinterpretó su obligación de testificar en el juicio por los atentados del 11 de marzo, fecha en la que era director general de la Policía, y así lo entendió el juez Gómez Bermúdez al imponerle una multa e instar contra él un proceso por desobediencia. Confundiendo un tribunal con una emisora de radio -la misma que ha intentado suplantar la instrucción del sumario, y que ahora trata de arrojar sombras sobre el desarrollo de la vista oral-, Díaz de Mera recurrió a un argumento propio del ejercicio del periodismo, como es el derecho a no revelar las fuentes, para ocultar al juez la identidad del autor de un supuesto informe en el que se vinculaba a ETA con los atentados.

Ese derecho no ampara a quien ejercía una importante responsabilidad en el momento de la matanza, aunque resulta esclarecedor sobre la naturaleza de las fabulaciones en torno al 11-M que un ex jefe de la Policía pretenda utilizar a su favor recursos propios de periodistas. La pueril estrategia del testigo Díaz de Mera evidencia en qué manos estaba la seguridad del Estado en el momento de los atentados. Díaz de Mera no pretende proteger ninguna fuente, sino justificar con excusas cada vez más fantasiosas e inverosímiles el culebrón que tanto ha contribuido a alimentar por simples intereses partidistas.

Dijo ante el juez sentirse profundamente identificado con el Cuerpo Nacional de Policía. Sin embargo, no tuvo escrúpulos en arrojar todo género de dudas sobre ese colectivo al decir que la carrera de su informante peligraría si se conociese su identidad, como si hubieran de desencadenarse no se sabe qué fuerzas oscuras. Mal estaríamos si el sistema no fuera capaz de hacer compatible la identificación ante el tribunal de esa fuente con la reserva pública respecto a su identidad. Al envolver su testimonio de misterio, Díaz de Mera creía desviar la atención del secreto de polichinela del que pretende ser celoso guardián: no existe ningún fundamento para vincular a ETA con los atentados del 11 de marzo de 2004. El juez Gómez Bermúdez ha vuelto a poner las cosas en su sitio: esto no es la Cope, ha venido a decirle, con otras palabras, al ex director general de la Policía.

La sombra de ETA volvió a planear ayer sobre el juicio del 11-M. Cuando nadie se lo esperaba, un inspector jefe de la Policía Científica reveló en su declaración ante el tribunal que se hallaron documentos «sobre ETA» bajo los escombros del piso de Leganés. Ayer también se tuvo conocimiento de que el ex director general de la Policía, Agustín Díaz de Mera, envió una carta a los jueces el pasado 1 de abril en la que revela la identidad del comisario que, según él, le alertó de la manipulación del informe sobre las conexiones de ETA y el 11-M.

En cuanto a lo primero, no deja de ser sorprendente que el hallazgo de esos indeterminados papeles «sobre ETA», cuyo contenido se desconoce, no figure en el sumario. Al parecer, el juez Del Olmo ordenó su devolución al agente de la Policía Nacional que vivía -vaya por dios- junto al piso de los islamistas, que afirmó ser supropietario. Otra casualidad más que se suma a las muchas que obligarían a investigar a fondo la posible conexión entre la banda terrorista y los islamistas. En cualquier caso, la actuación del juez Del Olmo fue incorrecta, ya que permitió que se escamoteara una prueba que debería haber figurado en el sumario, sin dejar además constancia de su decisión.

En cuanto a la carta de Díaz de Mera, ya dijimos en su día que el ex alto cargo policial y ahora eurodiputado del PP tenía la obligación inexcusable -tanto desde el punto de vista legal como ético- de revelar la identidad de su fuente al tribunal. Así lo ha hecho por escrito y, por lo tanto, ha rectificado su error.

En su misiva, Díaz de Mera explica que fue el comisario Enrique García Castaño quien le reveló la manipulación del informe policial, pero que este funcionario se niega a corroborar en público lo que le había dicho en privado.

Según la versión de Díaz de Mera, Telesforo Rubio, entonces comisario general de Información, encargó en 2005 a Domingo Pérez Castaño, jefe de la Unidad Central de Inteligencia (UCI) y sin relación familiar alguna con la fuente, que realizara un informe sobre las eventuales conexiones de ETA con los atentados del 11-M. Pérez Castaño presentó su trabajo, pero sus conclusiones no le gustaron a Rubio, que obligó a su sustituto a rehacerlo.

Dado que García Castaño niega haber sido la fuente de Díaz de Mera, el tribunal debería realizar un careo entre ambos para intentar esclarecer quién dice la verdad. Pero los testimonios realmente importantes son ahora los de Pérez Castaño, el técnico al que se le encargó el informe, y su jefe Telesforo Rubio, que ya está citado.

Sea como fuere, son ya demasiadas las casualidades que se dan en una masacre en la que la persona que pone en contacto a los presuntos autores con los supuestos proveedores de los explosivos es confidente de la UCO, en la que quien vende la dinamita es confidente de la Policía, en la que el jefe del comando está siendo grabado y seguido por la UDYCO y en la que al final resulta que los terroristas son vecinos de un agente especializado en la lucha contra ETA. Si sumamos todo a otras casualidades, como el robo del coche de ETA en el callejón de Trashorras o la coincidencia de fechas entre la caravana de la muerte y el transporte de la dinamita de Asturias -por no hablar de la sustancia hallada en los focos de los trenes- la hipótesis del azar resulta demasiado increíble como para explicar todos estos hechos.

El ex director general de la Policía y actual diputado europeo en las listas del Partido Popular, Agustín Díaz de Mera, ha pretendido convertir en drama de capa y espada, con su acompañamiento de honras sometidas a prueba y lealtades no correspondidas, lo que, en realidad, ha sido un episodio de desobediencia al tribunal que juzga la causa del 11-M.

Su declaración ante el juez Gómez Bermúdez, el pasado 28 de marzo, era una de las últimas bazas para seguir manteniendo la implicación de ETA en los atentados. El ex alto funcionario trató de jugarla a favor de los medios de comunicación que han alentado esta especulación sensacionalista y de su propio partido, pero tropezó con el Estado de derecho. Su supuesta pretensión de proteger a la fuente que le había revelado la existencia de vínculos entre el terrorismo etarra y el yihadista se apoyaba en un importante y deliberado error de concepto. Un jefe de Policía no tiene fuentes: tiene información, y su deber es ponerla a disposición del tribunal que se la requiere en calidad de testigo. Y si fuera información clasificada, correspondería al Gobierno tomar la decisión de entregarla o no al tribunal.

En su carta al juez, Díaz de Mera asegura que hasta el pasado septiembre ignoraba que el informe sobre el que se ha pretendido construir la especulación sobre la implicación etarra en el 11-M -y que él mismo presentó entonces como una primicia informativa en la emisora de la Conferencia Episcopal- se encontraba ya incorporado al sumario. Con este reconocimiento de ignorancia retrospectiva, ha demostrado que, además de comportarse como un testigo desobediente, actuó cuando menos con escasa diligencia en su insólito papel de reportero de investigación.

Pero conviene despejar todas las dudas: el informe no sólo se encontraba a disposición de cualquier ciudadano que hubiese tenido la curiosidad de consultar el sumario una vez que se hizo público, sino que, por otra parte, dice exactamente lo contrario de lo que ha defendido Díaz de Mera, y con él la cúpula dirigente del PP, durante estos tres años de desprecio a las víctimas, a los ciudadanos y a las instituciones. Es decir, que no existe ninguna prueba, ni siquiera el más mínimo indicio, de que ETA y los yihadistas estuviesen en connivencia para perpetrar los atentados del 11-M.

«Mi vida la he dedicado a luchar contra ETA y el terrorismo islámico». Ésta es la forma como se autodefine el comisario de Policía Enrique García Castaño, que ayer, sin quererlo, se convirtió en noticia por primera vez en sus 33 años de vida profesional.

Y los que conocemos a García Castaño desde hace muchos años sabemos que eso es verdad y que es la mejor definición que se puede hacer del comisario de inteligencia.

García Castaño ha participado de forma activa en la investigación de los atentados del 11-M y gracias a él y a sus hombres la Policía llegó hasta las tarjetas de los teléfonos móviles que usaron los terroristas islamistas en las mochilas-bombas. También supo llevar a sus compañeros hasta el piso de Leganés donde se refugió Jamal Ahmidam, El Chino, y el resto del comando.

El comisario García Castaño está a punto de cumplir 52 años. Es tauro, cabezón y tenaz, y gran parte de su carrera profesional la ha pasado en los cuerpos especiales de la Policía Nacional. Es un hombre de inteligencia porque la base de su trabajo es la información y la Comisaría General de Información es su casa.

Contraterrorismo (ETA y Grapo), terrorismo islámico (Al Qaeda y otros) y contrainteligencia son las materias con las que trabaja el comisario García Castaño. Ocho medallas al mérito policial acreditan los años de madero de Enrique, o El Gordo, como cariñosamente lo llaman sus amigos y compañeros.

En el currículo de García Castaño hay acciones contra ETA, como el desmantelamiento del comando Madrid, diversas acciones contra los Grapo, la captación del ex embajador de Irak en España en 1991, operaciones contra el tráfico de armas y los atentados del GIA argelino en París en 1995.

Tras los atentados del 11-M, el comisario García Castaño se incorporó al Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista. La función de ese organismo, de nueva creación, era evitar hechos como los ocurridos con los trenes de la muerte y ahí El Gordo ocupó el cargo de jefe de área.

El análisis puro, sin acción, no acababa de colmar las inquietudes profesionales del comisario de Policía y el pasado mes de octubre retornó a su casa, la Comisaría General de Información.

García Castaño ha estado en la información más dura con el PSOE, con el PP y de nuevo con el PSOE. «Sólo soy un profesional», repite una y otra vez Enrique García Castaño. También reconoce el comisario que es amigo de Agustín Díaz de Mera, ex director General de la Policía.

El testimonio del comisario Enrique García Castaño fue sin duda el plato fuerte de la sesión de ayer en el juicio del 11-M. El hecho de que fuera el fiscal jefe Zaragoza y no su colega Olga Sánchez quien lo interrogó es un síntoma inequívoco de lo que el Ministerio Público quería sacar de su declaración: dejar como un mentiroso al ex director general de la Policía, Agustín Díaz de Mera, que había señalado a García Castaño como la fuente que le habló de la manipulación de un informe sobre las relaciones entre ETA y los islamistas. Lejos de admitir este extremo, el comisario aseguró que nunca dijo una cosa así y que nunca hubo «ni pruebas ni indicios» que relacionen a ETA con la masacre. Díaz de Mera respondió ayer a este testimonio con una nota en la que solicita al tribunal un careo que clarifique las contradicciones entre su declaración y la de García Castaño, y aporta nuevos detalles de su relación con él. Asegura que el mismo día que compareció ante el juez, el comisario le dijo que estaba dispuesto a ir a la cárcel por él, al día siguiente le indicó que iba a recibir asesoramiento de un juez y al tercer día le comunicó a través de su hijo que le habían recomendado cortar toda comunicación. En este sentido, resulta muy significativo que uno de los testigos de la reciente boda del comisario fuera precisamente el juez Garzón, cuyas posiciones en torno a la instrucción y al sumario del 11-M son sobradamente conocidas.

La comparecencia de Enrique García Castaño para desmentir todo lo alegado por Agustín Díaz de Mera sobre las relaciones entre islamistas y ETA dominaba evidentemente todas las informaciones de ayer sobre el juicio del 11-M. El tremendo pim-pam-pum permitió expresiones rotundas, como las de Ricardo Coarasa, en ‘La Razón’: «La situación del ex director general de la Policía se complica por momentos. (…) García Castaño compareció ayer como testigo y desbarató por completo las palabras de su antiguo superior jerárquico». «Lo laminó literalmente. Lo liquidó», afirmaba Victoria Prego en EL MUNDO, señalando además la eficacia escenográfica de un nuevo dúo Sacapuntas: «Las intervenciones, ayer, del comisario de Policía Enrique García Castaño, y del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, compusieron un dúo que actuó como un conjunto de natación sincronizada que se dio las réplicas con ritmo, con buen estilo homicida y con extraordinaria eficacia».

Por su parte, Pablo Ordaz, en ‘El País’, pasaba del arte escénico a otro para quejarse de «una mañana dedicada al surrealismo más espantoso», con las preguntas a los policías sobre la existencia o no de sangre en el piso de Leganés tras la explosión del 3 de abril. Y Germán Yanke, en ‘ABC’, volvía sobre las negaciones de García Castaño para despellejar a… Eduardo Zaplana, ya que el Turia pasa por Valencia: «Miremos un momento fuera de la sala porque el portavoz parlamentario del PP, Eduardo Zaplana, ha hablado de las ‘muchas expectativas’ para que en el juicio se sepa la verdad. Caramba. Luego vuelve a hablar de una ‘versión oficial’ del PSOE. Caramba otra vez. Zaplana está virando su nave sin viento, algo que no logran las embarcaciones de la Copa América en Valencia. Resulta que él tampoco dijo que ETA tuviera algo que ver con la masacre aunque lo que dijo es que no tenía pruebas para afirmar eso ni lo contrario. (…) Ha sido su batalla personal, el asunto que ha hecho que organice el grupo parlamentario de un modo y no de otro, su gran tema político».

Luego llegó la exigencia de un careo por parte del hoy eurodiputado Díaz de Mera, y sobre todo lo que EL MUNDO agrega sobre el comisario García Castaño, que hace días tuvo de testigo de su boda a su dilecto amigo Baltasar Garzón, y que declaró también (además de lo de Díaz de Mera) sobre su constante presencia en los grandes momentos conocidos, desde la mochila de Vallecas hasta el piso de Leganés: «El testigo estrella de hoy tuvo, como ha dejado patente en sus declaraciones, una participación destacada en la creación de la versión oficial», escribe Luis del Pino, para el que «las contradicciones han aflorado en cuanto se ha comenzado a rascar». ¿Habremos oído por última vez a este testigo?

De nuevo existen contradicciones graves entre los más altos cargos policiales durante la etapa de los atentados / El responsable de la UCAO, García Castaño, ha desautorizado a su antiguo director general negando el informe que relacionaba a ETA con el 11-M / Sus datos chocan también con los de otros testigos

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Lo decía Sabina en una de sus canciones emblemáticas. Hay algunos que mienten incluso cuando dicen la verdad. El juicio del 11-M ha llegado esta semana a un puerto cuya dirección ya nos habían anunciado. Esta vez ya no se trata de personajes marginales, delincuentes habituales o confidentes que bordean la legalidad. Ahora, los que se contradicen, los que mienten, con el cuchillo en la boca, son altos cargos de la cúpula policial.

El espectáculo comenzó la semana anterior con las versiones contrapuestas que aportaron Díaz Pintado, el que fue subdirector operativo de la Policía y Santiago Cuadro Jaén, comisario general de Seguridad Ciudadana durante los atentados. La palabra Titadyn propició un abismo insalvable entre ellos. No era un tema menor, porque se trataba de la palabra que más confundió al Gobierno de Aznar durante aquellos días trágicos. ETA, una vez más, influía así en el rumbo de una nación que había hecho de su lucha contra el terrorismo una de sus principales banderas.

Y, de nuevo, esta semana dos mandos policiales se enfrentan ante el tribunal por un informe sobre la organización terrorista. Enrique García Castaño, responsable el 11-M de la UCAO, la Unidad de Apoyo Operativo de la Policía, desmentía de una forma rotunda, y sin misericordia, a Agustín Díaz de Mera, ex Director General de la Policía.

Fue la segunda vez que descubrimos, con muy pocos días de diferencia, las distintas familias, los diferentes grupos irreconciliables de las Fuerzas de Seguridad que aparentaban, entonces, ante la opinión pública formar una piña.

MANIOBRAS DE DISTRACCIÓN

Hay quien considera que toda esta polémica es una simple maniobra de distracción. Lo importante, dicen, lo medular es saber qué tipo de explosivo se utilizó en las explosiones de los trenes. El resto, aseguran, es accesorio. Sostienen que se trata de una burda cortina de humo para que se siga pronunciando la palabra ETA en torno a los atentados con el consiguiente desgaste que eso supone para el Gobierno anterior. Tal vez por eso, el PP huye de la polémica y de todo lo que está relacionado con el juicio considerando que ya pagó un duro precio político y que la trifulca no le va a reportar ningún beneficio.

Probablemente tengan razón los que así opinan pero no podemos pasar de puntillas sobre esta polémica sin destacar que esa realidad puede acercarnos un poco más a la verdad sobre lo que realmente sucedió el 11-M.

Es difícil encontrar a alguien en las comisarías de Policía que hable, a estas alturas del juicio, sobre los atentados. Eso es al menos lo que se deduce de una observación superficial. Sin embargo, en pequeños corros de amigos y siempre en privado, el tema está más caliente que nunca. Se hacen listas, se ponen sobre la mesa recuerdos, se contrastan datos para saber quién está con quién y quién pertenece a cada grupo en esta trama. Todos los consultados dan por hecho que queda mucho todavía por descubrir. En este sentido, se comenta la ingenuidad demostrada por personas como Agustín Díaz de Mera e incluso se discute sobre si ese aparente despiste no esconderá alguna intención más profunda.

La boda de Enrique García Castaño -el amor le ha hecho adelgazar 65 kilos-, celebrada el sábado por la tarde en León fue, en este sentido, un verdadero test. No estaban todos los que debían estar y algunos invitados se borraron en el último momento. Fue en el Parador de León. No asistieron los que habían sido sus aparentes amigos íntimos, como Agustín Díaz de Mera o Jesús de la Morena. En la mesa número dos estaba, sin embargo, el juez Baltasar Garzón mientras que se caía de la lista la jueza Teresa Palacios.

En otra mesa se reunieron miembros de distintas legaciones diplomáticas. No es un secreto que García Castaño se ha llevado siempre muy bien con miembros de los servicios de inteligencia extranjeros. Sus coqueteos con sirios, estadounidenses o israelíes le permitieron siempre ofrecer información sensible a periodistas -ocupaban parte de las mesas 16 y 21 de la boda-, a los que a lo largo de los últimos años ha pasado información relevante, que no siempre resultó exacta. No faltaron invitados con nombres vascos como Zubi, Gaizka o Jon -Eneko no pudo ir-.

Pero lo más curioso de la comparecencia de García Castaño en el juicio del 11-M no han sido, en mi opinión, las contradicciones con Díaz de Mera sino los datos que ha aportado sobre capítulos tan importantes de la investigación como la tarjeta de la mochila de Vallecas, la localización del piso de Leganés o la intervención del hermano de Kounjaa, uno de los presuntos terroristas que se inmolaron el 3 de abril de 2004 durante la intervención de los Geos.

¿FUE POR LA MAÑANA O POR LA TARDE?

Vayamos por partes. Nos han dicho ya en dos ocasiones que los datos aportados en las primeras consultas a Amena sobre la tarjeta de la famosa mochila itinerante fueron de viva voz. Los intervinientes «daban por supuesto» que existían los mandamientos judiciales que respaldaran esas consultas. No hay papeles escritos que nos muestren cuál fue la respuesta de Amena aquella mañana del 12-M. Y, sin embargo, esos datos tuvieron la máxima trascendencia a la hora de canalizar la investigación. Fue esa tarjeta la que llevó a Zougam y a las primeras detenciones al día siguiente. Y fueron éstas las que dieron un vuelco definitivo a la percepción de los ciudadanos sobre lo ocurrido. El Gobierno mentía -en su opinión- al empeñarse en la participación de ETA. La vía islamista aparecía diáfana y sólo alguien con mala intención podía asegurar lo contrario.

García Castaño, en su línea habitual, permaneció sereno y seguro de lo que decía. Hasta que comenzó a hablar de las detenciones de los indios que habían vendido la tarjeta al locutorio de Tribulete de Jamal Zougam. Cometió un error al adornarse explicando que esos indios no habían querido colaborar en la tarde del 12-M con las Fuerzas de Seguridad. No habían querido colaborar con quién, ¿con los dos clientes que se presentaron con preguntas absurdas y que no se identificaron como policías?

García Castaño insistió en que siempre se hace así en una primera aproximación al objetivo. Se estudia el terreno y el tipo de personas relacionadas con un caso. Eran dos inspectores de la UCAO, dos hombres de Enrique, los que actuaron de esta forma en la tarde del 12-M en el establecimiento de los indios. Pero éstos no tenían por qué saberlo.

Contestaron a las preguntas de aquellos clientes con toda la paciencia que puede tener un tendero con dos individuos que ve que no van a comprar nada y que sólo le están haciendo perder tiempo. Las preguntas eran de primero de básica. ¿Se necesita un carné de identidad para comprar una tarjeta prepago? Pues naturalmente que no. Los indios podían haberles mandado a paseo sin contemplaciones y no por eso tendrían que ser acusados de falta de colaboración. García Castaño no supo explicar al tribunal a qué se refería con la falta de colaboración y su salida de que «nuestros hombres están siempre en la calle y saben cuándo alguien miente» es tan absurda que no merece comentario.

Lo del piso de Leganés, tiene aún más enjundia. García Castaño se empeñó en su declaración en afirmar que había sido entre las 12.00 y las 12.30 horas, cuando sus hombres se habían enterado de la localización del piso. Habló de que en una llamada de una de las tarjetas apareció una inmobiliaria y que acudieron allí para ver si entre los pisos alquilados había alguno que lo ocuparan islamistas.

NO ERA UNA AGENCIA INMOBILIARIA

Pero el caso es que ese número no les llevó a una inmobiliaria sino a una gestoría. Y además esa gestoría no alquilaba pisos. Sólo por hacer un favor a un amigo que estaba en Galicia -según uno de los testigos relacionados con esa empresa y que ya ha declarado en el juicio- pusieron en alquiler un único piso. Para corroborarlo, el testigo también afirmó que no se anunciaban en ninguna parte como una inmobiliaria ya que no tenían otros pisos en alquiler.

Pero es que además, la hora en que los policías de la UCAO encuentran ese piso, -según García Castaño-, las 12.30 horas del día 3 de abril de 2004 no coincide con el testimonio del comisario general de Información, Jesús de la Morena, ni con la declaración del policía de la UCIE, la Unidad Central de Información Exterior, que persiguió a uno de los terroristas después de que bajara una bolsa de basura.

De la Morena dijo ante el tribunal que era imposible que nadie supiera de la existencia de ese piso antes de las 15.00 horas de ese día. La razón que esgrimió parecía definitiva: «Si se hubiera sabido antes de esa hora yo hubiera tenido que conocerlo necesariamente».

Para colmo, García Castaño afirmó durante toda su comparecencia que él informaba siempre y puntualmente de todos los datos relevantes que encontraba a quien tenía que informar, a su jefe, Jesús de la Morena. La contradicción es manifiesta.

El policía de la UCIE, el que recordaba todo lo de Leganés con mucho detalle, el que aseguró que de la bolsa de basura -en la que no encontraron huellas- sobresalían ramas de dátiles, aseguró que cuando fueron a las cercanías del piso, a eso de las 15.00 horas, se manejaban a ciegas ya que no tenían ninguna referencia de la planta ni de la letra del piso de los islamistas. Pero ¿no dice García Castaño que a las 12.30 horas de esa mañana ya sabían por la inmobiliaria el piso concreto alquilado por los terroristas?

Esa hora coincide, más o menos, con la hora en la que el entonces responsable de los Tedax, el comisario Manzano, señaló como la que le habían llamado para que estuviera preparado con un equipo para una intervención en un piso de Leganés. O sea que la Policía conocía a esa hora que podía haber islamistas relacionados con explosivos en un piso concreto y no avisaron ni a De la Morena ni a los Geos, a los que se llamó ¡a las 17.00 horas! Totalmente absurdo.

LA CASUALIDAD DE PARLA

La visión profesional de García Castaño no pudo ser más eficaz en aquellos días posteriores al 11-M. No sólo encontró la procedencia de la tarjeta de la mochila de Vallecas y la ubicación exacta del piso de Leganés sino que además supo dónde colocarse con sus hombres en la tarde de los suicidios. Era el encargado del apoyo operativo así que se alejó todo lo que pudo de Leganés y del piso de los islamistas para situarse, por casualidad, en la localidad de Parla.

El milagro se produce de nuevo. Es en Parla donde aparece esa tarde el hermano de Abedenabí Kounjaa para decir que ha hablado con éste por teléfono y que está dispuesto a inmolarse en un piso de Leganés en cuya puerta han acumulado explosivos. No está mal. Tres bingos seguidos en menos de 20 días.

Queda ahora la incógnita de si el juez Javier Gómez Bermúdez aceptará el careo entre Agustín Díaz de Mera y Enrique García Castaño. Sería una pérdida de tiempo. Gente próxima a ambos nos ha comentado que la confianza del primero sobre el segundo fue alimentándose en los últimos años a base de confidencias aparentemente útiles para el ex director general.

Hay que destacar que las revelaciones que hizo éste, hace meses en una emisora de radio, sobre la existencia de un documento que involucraba a ETA con el 11-M, no fueron fruto de una improvisación. La mejor prueba es que primero llamó a los informativos de fin de semana de esa emisora para tratar de salir en antena. No le hicieron mucho caso y volvió a llamar para salir en directo, esta vez en un programa de gran audiencia por la mañana. Díaz de Mera midió cada una de las palabras que pronunciaba. Por mucha fe ciega que tuviera en García Castaño, nadie se cree que fuera tan ingenuo como para no saber que su fuente en ese tema no destacaba como un ejemplo de transparencia.

LA NOCHE DE IFEMA

Agustín Díaz de Mera tiene que contar todavía muchas cosas importantes sobre el 11-M. Por ejemplo qué fue lo que supo y lo que hizo en la noche siguiente a los atentados en el recinto de Ifema. Precisamente a las mismas horas en que, escoltado por los cuchicheos al oído de su director de gabinete, Gabriel Fuentes, repetía sin cesar a todo el que quería escucharle: «¡Esto huele a morito!».

Por lo demás, el juicio ha entrado en la recta de la negación sistemática y de la pérdida de memoria. Los diferentes testigos repiten como loros que no se acuerdan de nada. Los etarras -¿para qué querían los abogados que declararan?- incluso se habían olvidado de la famosa caravana de la muerte, la de Cañaveras. Les daba risa todo aquello hasta que el juez les advirtió que podían estar cometiendo un delito de denegación de auxilio a la Justicia. Fue un espectáculo detestable e innecesario.

Abdelkrim Bensmail, disfrazado de islamista radical, también sonreía cuando negaba la evidencia de que le habían encontrado en su poder, en la cárcel de Villabona, un papel con datos de varios etarras importantes.

Ya no queda esperanza de que en este juicio nadie reconozca nada. Los posibles autores no aceptan su responsabilidad ni siquiera como propaganda de su causa. Los testigos se contradicen con naturalidad y los cargos policiales ofrecen un espectáculo bochornoso al insistir en que esto o aquello no era de su responsabilidad, que no estaban allí o que la posible culpa la tienen siempre los demás.

Y, como cada semana, quedan cosas en el tintero muy importantes que no reciben titulares. El abogado de Nayo ratificó que éste contó a la Guardia Civil las relaciones de la trama asturiana de explosivos con ETA. «No registraron el monte que les indicó porque era muy grande».

También resultó revelador el testimonio del policía que estaba en el mostrador de denuncias de la comisaría de Gijón el día que se presentó un ciudadano, Francisco Javier Lavandera, para denunciar posibles delitos. «Sí nos dijo» -en 2001- «que traficaban con explosivos y con dinero falso, que querían fabricar bombas con móviles y que estaban relacionados con ETA». Añadió que «ante la gravedad de esos hechos» lo comunicó a sus superiores inmediatamente. Al final era todo verdad, a pesar de todas las dudas que muchos han querido enfatizar desde que nuestro periódico lo descubrió, en otoño de 2004.

El guardia civil que multó a El Chino en Burgos, ahora resulta que sí habló con la central. «Esas conversaciones tienen que estar grabadas. Lo que pasa es que me dijeron que ese día la grabadora se había estropeado».

DETENCIONES ILEGALES

Al final, a los pobres muchachos de la UCIE les ha pillado el tren por la cosa más tonta. El juez Bermúdez deduce testimonio por posible detención ilegal contra el muchacho que llamó a Telemadrid para una consulta a la misma hora que el que llamó para informar de la existencia de una cinta con una reivindicación en una papelera cercana a la mezquita de la M-30.

«No me dejaron llamar a un abogado. Me presionaron entre 10 policías. Me aplicaron la ley antiterrorista y me dijeron que estaban interrogando también a mi novia».

Al juez Bermúdez no parecía importarle mucho las explicaciones de Corrales, el responsable de la Policía Científica durante el 11-M. Es evidente que espera a las pruebas periciales y que se fiará de éstas para configurar la sentencia.

No puedo dejar pasar la ocasión de hablar del testimonio del presidente de la comunidad en la que trabajaba el portero que se fijó en aquellos individuos sospechosos que estaban en Alcalá junto a la furgoneta Renault Kangoo.

El testigo ha asegurado que vio aquella mañana a los dos coches de policía que llegaron primero al lugar de los hechos. Es hora ya de que alguien les pregunte a los cuatro policías que ocupaban esos vehículos, tres hombres y una mujer, qué es lo que vieron en la furgoneta en un primer momento y a quién llamaron para comunicar qué. Nuestros lectores ya lo saben porque ya les hemos pormenorizado lo que nos dijeron. Ahora no estaría de más que también se lo contaran al juez.