Los dirigentes de Vox Iván Espinosa de los Monteros, promotor inmobiliario, y su esposa, Rocío Monasterio, con su estudio de arquitectura, construyeron entre 2007 y 2008 un bloque de ocho lofts en el solar de una vieja fábrica de plásticos del centro de Madrid sin una licencia de obra, según la información recogida en el expediente municipal del edificio, al que ha tenido acceso este periódico, y confirma el Ayuntamiento de la capital. «No consta la tramitación de ninguna licencia de obra en esas fechas», ratifican portavoces de Urbanismo. La única que aparece, indican, es una vieja licencia de los años sesenta para una nave en la planta baja y una entreplanta.

Por otro lado, luego vendieron algunos de ellos para ser usados como viviendas, pese a no ser suelo residencial y no tener, por tanto, cédula de habitabilidad o licencia de ocupación, según el relato de compradores de los locales. Espinosa de los Monteros —portavoz de Vox en el Congreso— y Monasterio —líder del partido en la Comunidad de Madrid— vivieron en uno de los lofts con sus hijos. Portavoces de Urbanismo de Madrid confirman que el suelo de esa parcela, el número 6 de la calle Pedro Heredia, es industrial y no consta la tramitación de ninguna licencia o declaración responsable para la transformación en residencial. «Ahí no podría vivir gente», concluyen.

Espinosa de los Monteros y Monasterio aseguran a través de un portavoz que realizaron la obra con la licencia necesaria, aunque no precisan cuál, y resumen que «todo se hizo conforme a la legalidad». Explican que compraron la fábrica “e hicieron una reforma para convertirla en locales de actividad profesional”. En todo caso, el uso de suelo era industrial, no terciario, y requeriría una nueva licencia de actividad. Además, no fue una simple reforma, se trató de una obra de envergadura, pues se demolió todo el edificio, se vació el interior y solo se dejó en pie la fachada. “Se vendieron como locales, no como viviendas, lo que haya hecho luego con ellos la gente que los compró ya es cosa suya”, replican. También niegan haber residido allí.

El expediente urbanístico del edificio refleja que Rocío Monasterio, actual presidenta de Vox en Madrid y diputada en el Parlamento autonómico, se interesó por la situación del edificio a partir de 2003 y en mayo de 2007 la promotora de Espinosa de los Monteros, Metaphore Projects SL, tan solo solicitó un permiso de limpieza del edificio y retirada de maquinaria. Pero no le fue concedido por no cumplir los trámites necesarios y caducó el plazo en noviembre. Poco después pidieron una licencia de acondicionamiento de instalaciones, un tipo de trabajo menor para reformas, pero también fue denegada por la misma razón: no cumplieron los requerimientos exigidos y se cerró en abril de 2009, dos años después, por desistimiento al vencer los plazos. De hecho, en ambos casos les devolvieron el dinero pagado. Los dos documentos de cierre de las solicitudes por desistimiento se pueden consultar en la imagen. Pero en realidad para entonces la obra ya estaba terminada. En septiembre de 2008 Espinosa de los Monteros ya enviaba al resto de nuevos propietarios un correo electrónico, al que ha tenido acceso este periódico, para constituir la comunidad de vecinos «ahora que ya estamos todos más o menos establecidos».

Luego no figura ninguna gestión más y por tanto, según el expediente municipal, Espinosa de los Monteros y Monasterio no realizaron ninguno de los trámites necesarios para una obra de este calibre, pues deberían constar en él. Al exponerles estos detalles y los interrogantes que plantean, rehúsan dar explicaciones y no aclaran por qué no figura ninguna licencia en el expediente. Repiten que todo es legal. Pero sobre el papel, para el Ayuntamiento de Madrid sigue siendo una fábrica, aunque la verdad es que desde 2008 es un edificio con vecinos y oficinas.

Según el procedimiento legal, se deber presentar un proyecto, pedir una licencia de obra o de rehabilitación y, si se construyen viviendas, solicitar una licencia de cambio de uso del suelo a residencial, un trámite muy riguroso que puede conllevar el pago de plusvalías y requerir entre dos y tres años de espera. Luego, además, se debe solicitar una licencia de primera ocupación o cédula de habitabilidad o, si el edificio se destina a oficinas, una licencia de actividad, que tampoco consta. Para ello hay una inspección previa que certifica que las obras son acordes a lo proyectado. “También se admite la adecuación a uso residencial del edificio existente con obras de reestructuración general, mediante la redacción de un Plan Especial”, explican portavoces de Urbanismo, que admiten que tampoco consta ningún plan. En cambio, Espinosa de los Monteros hizo la obra en un año aproximadamente. Fue con una empresa suya, fundada entonces y llamada precisamente Promociones Pedro Heredia 6 SL, según consta en facturas de los trabajos a las que ha tenido acceso este diario.

Esta empresa, de la que era administrador único, se dedicaba a la “arquitectura y diseño de interiores”. Se ocupó de la obra el estudio de arquitectura de Monasterio, que solo dejó en pie la fachada de la fábrica, aún visible a día de hoy, y construyó dentro ocho lofts. Algunos como oficina, pero otros como vivienda, con baños y cocina equipada. Fueron inscritos sin problemas en el registro porque no eran obra nueva. Pese a que oficialmente eran locales de uso comercial o industrial, donde estaba prohibida la residencia, en realidad varios eran pisos y dúplex. Espinosa de los Monteros, dueño de la mayoría de los locales hasta que vendió todos, vivió con Monasterio y sus hijos, entonces dos, en la puerta número 4 de la planta baja durante cerca de un año, según algunos vecinos. En otro loft de la primera planta, actualmente la puerta número 7, el ahora dirigente de Vox tenía una oficina.

Tras el éxito de la operación y vender todos los locales del edificio, en 2010 el matrimonio compró el chalé de lujo donde reside hoy, en el que se han descubierto irregularidades. Los vecinos de Pedro Heredia 6 se fueron empadronando en los pisos y allí siguen habitados varios de ellos hasta hoy, en propiedad y alquiler. Uno de los dúplex, con dos dormitorios, dos baños y cocina, fue puesto en alquiler el pasado mes de julio y fue visitado por este periódico. Tenía la configuración original de dos dormitorios, dos baños y cocina. En los últimos años constan en ese edificio varias operaciones de venta y alquiler de viviendas, incluso de alquiler de habitaciones, en los portales de agencias inmobiliarias, como se observa en la imagen.

“Nos dijo que la cédula de habitabilidad estaba en trámite, pero un día fui al Ayuntamiento y ni estaba pedida. Nos fue dando largas hasta que se mudó y dejó de contestar a los correos electrónicos”, relata una de las personas que descubrió este problema tras firmar la compra de su piso. En su caso supervisó la obra de su vivienda desde el principio, sobre plano, pero desconocía el resto de presuntas irregularidades. En la memoria de trabajos se refleja una obra completa: desde la demolición, movimientos de tierras, estructura de hormigón y estructura metálica a la albañilería y el mobiliario de cocina y electrodomésticos. En el contrato, la obra se denomina “de rehabilitación”. Por su parte, Espinosa de los Monteros y Monasterio, a través de su portavoz, rechazan el relato de este comprador: «Compraron locales y es falso que se les prometiera una cédula de habitabilidad».

En el registro de la propiedad los ocho inmuebles están inscritos como locales, y así figura en una de las escrituras de venta examinadas por este periódico. “Él siempre hablaba de lofts y en la escritura aparecen como locales porque es lo que eran, pero firmamos convencidos, porque Iván nos lo había asegurado, de que el permiso de habitabilidad era cuestión de meses y no era cierto. Nosotros elegimos en la obra dónde poner el baño, la cocina y esas cosas. Luego lo hablamos entre los vecinos y nadie quiso removerlo, por si nos daba problemas y nos echaban de allí”, relata. Los posibles delitos habrían prescrito. La conversión de naves y suelo industrial en viviendas, no siempre de forma legal, fue frecuente en esos años, explican fuentes del mercado inmobiliario. Era el momento de mayor auge de la burbuja inmobiliaria en Madrid y, ante la escasez de suelo para viviendas y la alta demanda, se recurrió a esta fórmula.

El resto de vecinos del edificio dice no recordar nada o prefiere no hablar. Uno de ellos, propietario de cinco de los pisos, asegura que desconoce cualquier posible irregularidad en la obra del edificio: “Nunca hemos tenido problemas, y tenemos luz, gas, agua, todo. Si el Ayuntamiento tuviera algún problema nos lo habría dicho”. Lo mismo repite otro de los vecinos, que también compró su casa a Espinosa de los Monteros: “Entiendo que está todo bien”. En todo caso, una de las últimas facturas del IBI de un vecino, examinada por este periódico, encuadra su vivienda en un sector extraño: “Parking”.

La obra de Pedro Heredia 6 aparece en la web del estudio de Rocío Monasterio, dentro del apartado de “Rehabilitaciones” y es denominado “Oficinas en Ventas”. Describe así el proyecto: “Un día de paseo por la ciudad descubrimos un edificio industrial maravilloso… su fachada de ladrillo, sus grandes ventanales con arcos de ladrillo, su interior con vigas vistas y grandes alturas… Con mucha ilusión lo rehabilitamos, conservando todos aquellos elementos que le daban singularidad”. El texto habla en todo momento del edificio como si fuera solo de oficinas. Ahora mismo en el felpudo de una de las puertas dice “Bienvenido a la república de mi casa”.

Espinosa de los Monteros y Monasterio han protagonizado casos de irregularidades inmobiliarias en los últimos meses. El pasado 3 de septiembre el Ayuntamiento de Madrid emitió una orden de clausura y precinto del chalé donde vive el matrimonio en el barrio de Chamartín, que también alberga el estudio de arquitectura de Monasterio, por no tener licencia de ocupación ni de funcionamiento de esta actividad. Ellos decidieron cerrar el despacho voluntariamente a finales de mes y esta semana, tras el envío de una inspección, el ayuntamiento les concedió un año para legalizar el inmueble. En junio el dirigente de Vox fue condenado a indemnizar con más de 60.000 euros a un acreedor por no pagar parte del importe de las obras en ese mismo chalé.

Rocío Monasterio, presidenta de Vox en Madrid y diputada autonómica en esta comunidad, presentó su proyecto de fin de carrera (PFC), para obtener la titulación de Arquitectura, en octubre de 2009, según consta en el archivo de la biblioteca de la Universidad Politécnica de Madrid, donde estudió la carrera. Se trata de un proyecto para una explotación turística en Tenerife. Dos meses después, el 21 de diciembre de 2009, se inscribió en el Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM). No obstante, para entonces ya llevaba nueve años al frente de un estudio con su propio nombre, Rocío Monasterio y Asociados, que había realizado varios proyectos en Madrid. En uno de ellos, la construcción de tres lofts en la calle Villafranca, 6, este periódico ha tenido acceso a los planos de septiembre de 2003, donde aparece con claridad: «Arquitecto: Rocío Monasterio», cuando todavía no lo era.

Entre los proyectos de su estudio en esos años se encuentran los dos casos con irregularidades desvelados por este periódico en las últimas dos semanas y que el Ayuntamiento de Madrid ya está investigando. Fuentes del sector confirman que para ser arquitecto y ejercer como tal es imprescindible presentar el PFC, una asignatura más. Solo con el título es posible colegiarse y, luego, para obtener una licencia de edificación es imprescindible un proyecto visado por el colegio profesional. Este periódico trató de recabar una explicación de Rocío Monasterio durante dos días sin obtener respuesta, ni a través de un portavoz ni en su móvil personal. Este lunes, en una comparecencia ante la prensa, la presidenta de Vox en Madrid ha afirmado: «Ahora mismo no me acuerdo cuándo era o cuándo no era arquitecta». Al contrario de otros gremios, en Madrid lo habitual entre los nuevos licenciados es inscribirse pronto en el COAM, pues no tiene una cuota muy alta, en torno a 250 euros al año, y no tiene sentido retrasarlo. Monasterio ha declinado explicar por qué no lo hizo hasta 2009.

El proyecto de fin de carrera es un trámite que se le atasca a muchos estudiantes de arquitectura, y es frecuente que a veces lo vayan posponiendo mientras trabajan en estudios.Tienen la formación necesaria y les sirve de preparación, pero no pueden firmar proyectos. En todo caso, el profesional que encabeza el estudio  es su carta de presentación y siempre tiene los papeles en regla.

Rocío Monasterio, nacida en 1974, estudió en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM), de la Universidad Politécnica, y terminó la carrera en los noventa, a falta del PFC. Empezó a trabajar como proyectista en despachos de arquitectura en 1994, según figura en su currículum publicado en Linkedin. Finalmente, en 2000 fundó su propio estudio, Rocío Monasterio y Asociados, que se dedica a la arquitectura, la rehabilitación y el interiorismo, tal como refleja su web. Comenzó su actividad junto a su marido, Iván Espinosa de los Monteros, promotor inmobiliario y hasta la disolución de las Cortes, en septiembre, portavoz de Vox en el Congreso.

EL PAÍS ha revelado este mes las anomalías en dos obras de envergadura que Espinosa de los Monteros y el estudio de Monasterio llevaron a cabo en Madrid en 2004 y 2007, en los edificios de Pedro Heredia, 6 y Villafranca, 6, en la zona de Ventas, distrito del barrio madrileño de Salamanca. En ambos casos se trató de la construcción de lofts en viejas fábricas, pese a ser suelo de uso industrial, y con licencias que en realidad eran para pequeños trabajos. En ambos inmuebles, alguno de sus compradores, uno en el primer caso y dos en el otro, sostienen que les aseguraron que la cédula de habitabilidad estaba en trámite y era cuestión de tiempo, extremo que niega el matrimonio de dirigentes de Vox. Los compradores fueron expulsados de las viviendas 10 años más tarde por no tener la licencia.

En los planos de la obra realizada en 2004, la inscripción que aparece en la base es clara: “Arquitecto: Rocío Monasterio”. Fueron presentados por Espinosa de los Monteros en una reunión de la comunidad de vecinos de ese año. Los compradores conocieron la oferta de venta de los inmuebles a través del estudio de Monasterio. Cuando por fin ella se colegió en 2009, la dirección profesional que indicó fue, precisamente, Pedro Heredia, 6, en uno de los locales que acaba de construir sin la licencia correspondiente.

Rocío Monasterio había guardado silencio estas dos semanas ante las noticias publicadas por este periódico, hasta señalar este lunes que no recuerda cuando se tituló. Su esposo, Espinosa de los Monteros ha hecho comentarios a través de Twitter, pero no ha desmentido las informaciones.

La pareja ha afrontado un tercer caso de irregularidades inmobiliarias, el de su propia residencia, situada en el barrio de Chamartín de Madrid. El pasado 3 de septiembre, el Ayuntamiento de Madrid emitió una orden de clausura y precinto de su chalé, que también alberga el estudio de arquitectura de Monasterio, por no tener licencia de ocupación ni de funcionamiento de esta actividad. Ellos decidieron cerrar el despacho voluntariamente a finales de mes y en octubre, tras el envío de una inspección, el Ayuntamiento les concedió un año para legalizar el inmueble. En junio, el dirigente de Vox fue condenado a indemnizar con más de 60.000 euros a un acreedor por no pagar parte del importe de las obras en ese mismo chalé.

La presidenta de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, firmó planos de arquitectura sin disponer de la titulación académica necesaria para hacerlo. Además, y en colaboración con su esposo, el también dirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros, vendió algunos de estos proyectos realizados en inmuebles industriales de Madrid sin solicitar la licencia de obra adecuada ni la correspondiente cédula de habitabilidad, asegurando a los compradores que se encontraba en tramitación y dando ocasión para que diez años después de la compra algunos de ellos fueran desalojados por el Ayuntamiento. A todas estas irregularidades se suman las de su propio domicilio particular. En junio, Espinosa de los Monteros fue condenado por no abonar parte de las obras a un acreedor, y este mes de septiembre Monasterio fue obligada por el Ayuntamiento a legalizar el estudio de arquitectura que tenía instalado sin licencia para ello.

El conjunto de actuaciones judiciales y administrativas abiertas contra Monasterio y Espinosa de los Monteros explicita esa sensación de que estamos ante algunos ciudadanos de los que creen que la finca (España) es suya y pueden hacer lo que les da la gana. Desprende un tufo de desprecio de las normas por parte de ambos dirigentes de Vox, incompatible con la función pública. No solo por razones relacionadas con el prestigio de las instituciones, que no deberían acoger a personas cuyo comportamiento como ciudadanos deja que desear, sino también porque admitir como legisladores a quienes han demostrado que desprecian la ley es en último extremo una forma de cuestionar y poner en riesgo el Estado de derecho. Monasterio y Espinosa de los Monteros han actuado en sus respectivos campos profesionales como si ambos estuvieran por encima de las reglas que rigen para todos. Estas credenciales resultan inquietantes en el ámbito privado, pero constituirían un ataque contra el sometimiento a la ley de los poderes públicos y de quienes lo ejercen en el caso de proyectarse sobre el ámbito público. Nada indica que estos dirigentes de Vox tengan conciencia de la diferencia entre esos dos ámbitos.

Las declaraciones de algunos dirigentes de Vox habitualmente parecen anteponer la consecución de los fines al respeto a los medios, exactamente como han hecho Monasterio y Espinosa de los Monteros en el ejercicio de sus respectivas profesiones y en el trato contractual con quienes les han prestado servicios particulares. Más que una circunstancia irrelevante en su condición de dirigentes de ese partido, es uno de los rasgos esenciales de una ideología que refleja una concepción de la sociedad en la que todos los ciudadanos no ocupan el mismo lugar ante la ley.

Rocío Monasterio aún asegura que obtuvo el título de arquitecta en 1998, once años antes de la fecha en la que lo hizo en realidad, en el currículum que adjunta en LinkedIn, el portal de relaciones profesionales. La líder de Vox en Madrid, que firmó al menos dos documentos de obras suyas como arquitecta en 2003 y 2004, cuando aún no lo era, siempre se presentaba como tal, incluso en entrevistas en medios, y desde 2000 tenía un estudio con su propio nombre, Rocío Monasterio Asociados. Sin embargo, lo cierto es que obtuvo el título en 2009, momento en el que entregó el proyecto de fin de carrera (PFC), el último ejercicio imprescindible y definitivo para terminar esos estudios.

No es lo que se lee en su currículum de LinkedIn, al que se accede con un enlace desde su perfil en la red social. Es un documento en el que la referencia más reciente se remonta a 2014, es decir, su antigüedad puede ser al menos de hace cinco años. En el apartado de «Formación» señala lo siguiente en el periodo 1992-1998: “Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM). Arquitecto Superior. Calificación de Matrícula de Honor o Sobresaliente en todas las asignaturas de proyectos de la carrera. Proyecto fin de carrera: instalaciones turísticas y de ocio móviles en Tenerife (islas Canarias)”. En efecto, ese fue el tema de su PFC, pero en realidad lo entregó y acabó la carrera en octubre de 2009, no en 1998, tal como ha publicado EL PAÍS este lunes. De hecho, fue dos meses después, el 21 de diciembre de 2009, cuando se inscribió por fin en el Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM).

Rocío Monasterio ha respondido a este periódico a través de un mensaje en el que dice que presentó en 1998 el trabajo de una asignatura del sexto curso como base de su PFC: «Es muy claro y es exactamente lo que pone, en ese año 98 estaba dedicada al fin de carrera que lo comienzo con Proyectos III curso 97/98. Así es. Y acabo todos los cursos de proyectos, curso 6. Eso no es estar colegiado. Creo que no estáis entendiendo lo básico. Lo he publicado en Twitter».

Pero profesores de la Politécnica explican que nadie puede conseguir el PFC simplemente con el trabajo de la asignatura Proyectos III. El PFC es un ejercicio mucho más complejo que incluye un proyecto de diseño, un proyecto de ejecución, presupuesto y medidas y una memoria. Muchos alumnos invierten años en terminarlo.

En su perfil de Twitter, la líder de Vox en Madrid simplemente ha realizado comentarios críticos y ha hecho ver sus notas de la carrera, pero no ha dado explicaciones. Tras la publicación de la noticia, el lunes respondió en una comparecencia ante la prensa: “Ahora mismo no me acuerdo cuándo era o cuándo no era arquitecta». Estas fueron sus declaraciones: «Como muchos jóvenes españoles empecé a trabajar a la vez que estaba estudiando Arquitectura en la Politécnica. Trabajaba por la mañana y por la tarde iba a la universidad. Monté una empresa bastante joven en la que contrataba aparejadores, arquitectos, contables, etcétera, y firmaba planos, unas veces como interiorista. No todos los planos son susceptibles de ser visados. Se puede firmar planos como interiorista o como arquitecta sin visado y se puede firmar planos visando, como yo he hecho como dirección facultativa. En 20 años de carrera he firmado muchos planos”.

En realidad, Monasterio aparece indebidamente como arquitecta o directora facultativa en al menos dos obras en Madrid, en 2003 y 2004. Entonces no había terminado la carrera de arquitectura ni estaba colegiada para ejercer la profesión, dos requisitos obligatorios para proyectos de esa envergadura. El documento de 2003 es un plano sobre la construcción de tres lofts en la calle Villafranca, 6. Su nombre aparece en un recuadro: “Arquitecto: Rocío Monasterio”. Su esposo, Iván Espinosa de los Monteros, presentó ese plano a sus compradores. El documento de 2004 es una certificación de obra para un proyecto en un local de la calle San Marcos, 24. Su firma aparece al pie debajo del título “dirección facultativa”. Este documento detalla operaciones como derribos de muros de carga que solo puede firmar un arquitecto.

Rocío Monasterio hizo otra obra en 2004 sin ser arquitecta y sin licencia

La líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, firmó como arquitecta en la certificación de una obra en Madrid en 2004, según el documento al que ha tenido acceso EL PAÍS, cuando aún no tenía el título, que obtuvo en 2009. Es una obra en un local, el cuarto de los cinco casos conocidos hasta ahora, pero hay más: el expediente municipal revela que incluso hizo esos trabajos sin la licencia necesaria, no consta que se concediera ningún permiso. Solo comunicó un “acondicionamiento de local”, según figura en el expediente, pero derribó muros de carga e hizo otras operaciones de riesgo solo autorizadas a arquitectos.

La certificación de obra de este proyecto en la calle San Marcos 24 de Madrid, un documento del que eldiario.es publicó algunos detalles este lunes, indica que Monasterio asumió, al firmar la dirección facultativa, la responsabilidad de operaciones complejas que solo puede autorizar un arquitecto. Por ejemplo, según consta en las distintas páginas, derribo de muros de carga, colocar cargaderos de acero, desmontaje y demolición de forjados de hormigón e instalar una estructura metálica. Pero es que además ni siquiera tramitó la licencia de obra necesaria para una obra mayor de ese calibre. Simplemente comunicó actuaciones de trabajos de poca monta. De hecho, el Ayuntamiento de Madrid le exigió más información, que nunca llego a aportar. Mientras tanto, en tres meses acabó la obra.

Esta es la segunda ocasión en que Rocío Monasterio aparece como arquitecta en una obra cuando aún no lo era, tras el primer caso en 2003 revelado por EL PAÍS, los planos de tres lofts en la calle Villafranca 6 de Madrid. Su reacción al día siguiente fue decir que no recordaba si en 2003 era arquitecto. La historia de este nuevo caso, en San Marcos 24, repite el método que se ha ido descubriendo en otros negocios inmobiliarios de Monasterio y su marido, el promotor Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso. El local era un espacio abandonado en el centro de Madrid que la compañía Por Un Día SL pensó alquilar para organizar eventos de empresas con su firma Versatile. “Hablamos con tres arquitectos que nos dijeron que no había nada que hacer, que nunca nos darían una licencia de uso para eso, porque era una zona de saturación de ruidos, con vecinos, y era difícil. Pero dimos con Rocío Monasterio y ella nos dijo que no había problema, que tenía contactos en el Ayuntamiento y lo arreglaría”, relata Carolina D. P., una de las dos socias de la empresa. La acabaron denunciando para reclamar una indemnización, aunque perdieron el juicio en 2008.

Llegaron a Monasterio porque en aquella época aparecía en varias revistas de vivienda y decoración, en las que se presentaba como arquitecta, aunque aún no lo era, y mostraba sus proyectos de loft a la moda. Aunque la actual portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid no obtuvo el título hasta 2009, tenía su propio estudio, a su nombre, desde 2000, Rocío Monasterio Asociados. En esa época fue entrevistada en Elle Deco, Nuevo Estilo, Habitania y otros medios como arquitecta, y así la conocieron. “Se vendía muy bien, y te recibía en su estudio, que era también su casa, un loft espectacular en el que tú pensabas que eso era exactamente lo que tú querías”, explica Carolina. Finalmente hicieron la obra en el local, pero tuvieron muchos problemas y al cabo de un año y medio tuvieron que cerrar porque el permiso de actividad nunca llegó. “Todo el papeleo lo mandaba ella desde su oficina y no sabíamos lo que hacía”, relata.

En la comunicación de actuaciones al Ayuntamiento de Madrid la obra se describe así: “Fontanería de baños, electricidad, iluminación, humedades en patio, varios patio soleras, alicatados actuales suprimirlos”. Es decir, hacía parecer lo que Monasterio está defendiendo ahora, que sus trabajos eran de simple interiorismo, cuando en realidad estaba derribando muros de carga y colocando vigas. El Ayuntamiento consideró que la información de la solicitud era insuficiente y exigió, entre otras cosas, “aportar hoja de encargo y de la dirección facultativa de la ins­talación de la actividad visada por el colegio oficial correspon­diente”. Pero así se quedó la cosa, y para entonces la obra ya estaba terminada.

Carolina D. P. y su socia denunciaron luego a Rocío Monasterio en 2006, para reclamarle una indemnización, pero perdieron el pleito. Esta empresaria describe la obra como “una chapuza, era para tirarlo todo”. “Había una escalera de caracol, prohibida desde hace años en una zona de evacuación, y puso el aire acondicionado en el patio vecinal, hacía muchísimo ruido y venía la policía cada dos por tres. Fue una pesadilla, nos destrozó la vida, esta mujer es un peligro público”, lamenta.

Pero el pleito sacó a la luz aspectos interesantes. “Al ir a juicio descubrimos que no era arquitecta y ahí se nos cayó el mundo. Ella misma lo reconoció ante el juez. Dijo que tenía la carrera pero aún no había presentado el proyecto final”, asegura Carolina. Entonces apareció en escena Antonio Monasterio, el hermano. Era ingeniero industrial y quien firmaba el proyecto, “como proyectista y director de la obra”, dice la sentencia. “Pero es que la primera vez que le vimos fue en el juicio. Es más, el juez le preguntó si había ido alguna vez a la obra y dijo que no. Quien estuvo en la obra siempre fue Rocío, pero resulta que sobre el papel no era ella la proyectista, es que ni siquiera era arquitecto”, relata. Aun así firmó el certificado de obra como dirección facultativa.

Los cinco casos de irregularidades urbanísticas de Espinosa de los Monteros y Monasterio destapados hasta ahora en Madrid son: en su propio chalé en el barrio de Chamartín; en un bloque de ocho lofts en calle Pedro Heredia 6; en tres lofts en calle Villafranca 6; en el local en San Marcos 24 y en un loft en Amalia 19. El matrimonio ha respondido a través de un portavoz que ellos nunca prometieron permisos de habitabilidad en sus lofts, como sostienen algunos de sus compradores, y que fueron vendidos como locales, tal como consta en los contratos. No han desmentido el resto de irregularidades.

El Comité de Redacción de EL PAÍS ha emitido un comunicado sobre unas declaraciones de Rocío Monasterio el pasado martes: «El Comité de Redacción de EL PAIS reprueba las declaraciones de la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, en las que acusa falsamente a periodistas de EL PAIS de presionar a testigos, incluso citando por su nombre a un redactor».

En las mismas declaraciones, Monasterio denuncia a «determinados periodistas», señala el Comité, por «la supuesta compra de información a propósito de las noticias sobre presuntas irregularidades en su actividad profesional como arquitecta». «Los periodistas de EL PAIS no presionamos a testigos y tenemos absolutamente prohibida la compra de información. Si la Sra. Monasterio quiere desmentir a EL PAÍS dispone de una amplia batería de recursos legales, incluida la presentación de una demanda ante los tribunales. Condenamos, sin embargo, la utilización de un cargo público para difamar a periodistas en defensa de intereses particulares», concluye el comunicado.

En una foto de periódico aparece una pareja que, por lo que se ve, lleva una vida feliz, sin apenas sobresaltos, más allá de los que el mismo diario donde aparece la instantánea pueda causarles al publicar, con toda la mala leche del mundo, algunos aspectos de su vida.

Se trata de Rocío Monasterio y de Iván Espinosa de los Monteros. Son gente de Vox, el partido de extrema derecha, franquista, que a algunos políticos les quita el sueño.

A mí, no. Yo incluso he llegado a echarles de menos. Mi infancia está llena de personajes así. En esa época, más de la mitad de la población se definía como franquista. Parejas “modernas” como la que forman Rocío e Iván había bastantes, y yo las recuerdo con faldas de vuelo ellas y con guantes de conducir ellos (había guantes de conducir entonces). Por supuesto, eran también arquitectos. Y lo mismo diseñaban un chalé que una discoteca.

También los de entonces podían estar con un negro al lado. Sin componer ningún gesto de repugnancia.

Pero me cuesta mucho ver a Iván y Rocío en color, cuando lo suyo es ser de color gris. De un gris muy parecido al de los guardias de antes, que oían la palabra “libertad” y se liaban a mamporros. O del gris de las chaquetas del torturador Billy el Niño. O del gris resultante de la mezcla entre el negro de la toga y el blanco de la caspa de un juez corrupto y franquista como era Ricardo Varón Cobos. O el pelo gris del inductor de los asesinatos de Atocha. O los pantalones grises del alcalde franquista de Madrid que autorizó que se construyera una torre que se ve a través de los ojos de la Puerta de Alcalá.

Pero los de entonces eran mejores. No se les pasaba por la imaginación, por ejemplo, decir que eran partidarios de una Constitución que protege las libertades ciudadanas. Ni de la Transición.

Eran mejores los de antes. Igual de salvajes en su concepción de la vida que tenían que llevar los demás. Pero no fingían.

No fingían, sobre todo, defender en Cataluña una Constitución que habla de autonomías y de lenguas cooficiales.

¿Por qué mienten? Se deberían quitar los colores y volver al gris que acostumbraban. Se puede ir de gris y construir chalés sin licencia, y sonreír a los fotógrafos y a los negros.

La líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, aparece una vez más como arquitecta, y es el tercer caso, en un plano de una obra en Madrid de 2003, seis años antes de obtener el título. La novedad y relevancia de este caso es que el documento figura en el expediente municipal del proyecto y fue tramitado en un acto administrativo. En los episodios anteriores eran papeles entregados a sus clientes. Con este ya son ocho los casos de irregularidades en obras de Monasterio y su esposo, Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso. El matrimonio, que construyó y vendió lofts en suelo industrial, en muchos casos sin licencia, no ha desmentido las acusaciones. Solo replica a algunos compradores, que les acusan de haberles prometido que conseguirían el permiso de habitabilidad, que ellos vendían locales y el uso posterior como vivienda fue decisión de cada propietario.

Al margen de estas irregularidades, se abre el otro capítulo: ya es la tercera vez que Monasterio, licenciada en 2009, aparece indebidamente como arquitecta o directora facultativa, tras otros dos casos descubiertos en obras de 2003 y 2004 en Madrid. El primero, desvelado por EL PAÍS el mes pasado, es un plano sobre la construcción de tres lofts que entregó a los vecinos de la calle Villafranca, 6. Su nombre aparece en un recuadro: “Arquitecto: Rocío Monasterio”. El documento de 2004 es una certificación de obra para un proyecto en un local de la calle San Marcos, 24. Su firma manuscrita aparece al pie debajo del título “dirección facultativa”. Detalla operaciones como derribos de muros de carga que solo puede firmar un arquitecto.

El proyecto en el que ahora aparece de nuevo como arquitecta es el de una obra en un bajo del número 19 de la calle Carolinas, en el barrio de Tetuán, en 2003. Al igual que en el primer caso consta claramente en el membrete del plano: “Arquitecta: Rocío Monasterio”.

El expediente de las obras en este bajo es accidentado y está lleno de incidencias. Monasterio compró el inmueble en 2002 y pidió ese año una licencia para darle uso residencial y convertirlo en dos lofts. Figuran en el plano, registrado en el Ayuntamiento, en el que ella aparece como arquitecta. Sin embargo, comenzó a chocar con los vecinos, tuvo denuncias y renunció al proyecto. Cambió la idea para convertirlo en oficinas. También hubo problemas porque tras una nueva denuncia y una inspección se pararon las obras: no tenía licencia. En la nave había un tejado de uralita, compuesto de amianto, peligroso para la salud, que decidió no retirar, solo cubrir. Legalmente entonces solo estaba obligada a eliminarlo si estaba en mal estado. Finalmente, se construyó un estudio televisivo, que ha permanecido hasta la actualidad como sede de distintas empresas. Los vecinos llevaron a juicio al estudio de Monasterio por obras no consentidas y que afectaban a la estructura del edificio, pero perdieron en 2006 y en 2008. Los residentes se niegan a hablar con este diario y no quieren ni oír mencionar el asunto.

Monasterio estudió la carrera en la Universidad Politécnica de Madrid entre 1992 y 1998, pero presentó su proyecto de fin de carrera (PFC), el último e imprescindible paso para obtener la titulación, en octubre de 2009. Se trataba de un proyecto para una explotación turística en Tenerife. Dos meses después, el 21 de diciembre de 2009, se inscribió en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM). No obstante, para entonces ya llevaba siete años al frente de un estudio con su nombre, Rocío Monasterio y Asociados, que había realizado muchos proyectos en Madrid. Ella se presentaba como arquitecta, también en artículos de prensa y entrevistas.

Cuando EL PAÍS publicó el primer caso de su firma como arquitecta respondió que no recordaba cuándo había obtenido el título. Después admitió en Twitter que fue en 2009, al publicar ella misma la carta de felicitación de la universidad por su licenciatura. El 6 de noviembre de 2009 el director de la escuela le decía: “Quiero darte la enhorabuena por tu nuevo título”. Este periódico reveló luego que Monasterio falseó su currículum de LinkedIn, el portal de relaciones profesionales, donde mantiene que obtuvo el título de arquitecta en 1998, once años antes de la realidad. En el apartado de “Formación” señalaba lo siguiente en el periodo 1992-1998: “Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM). Arquitecto Superior. Calificación de Matrícula de Honor o Sobresaliente en todas las asignaturas de proyectos de la carrera. Proyecto fin de carrera: instalaciones turísticas y de ocio móviles en Tenerife (islas Canarias)”. Ese fue su PFC, pero lo entregó y acabó la carrera en 2009, no en 1998.

Los dos socios de Vox en el Ayuntamiento y en la Comunidad de Madrid, PP y Ciudadanos, han sostenido estas semanas que los casos de irregularidades urbanísticas de Monasterio y Espinosa de los Monteros son “asuntos privados”. No obstante, el propio vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, de Ciudadanos, fue una de las víctimas de los lofts ilegales.

El colegio oficial de Madrid guarda silencio

El actor y presentador televisivo Arturo Valls ha demandado este mes a Rocío Monasterio por su trabajo como arquitecta en un loft de Madrid en 2005, tras contratarla para convertir un local comercial en una vivienda. Valls, contactado por este periódico, y sus abogados confirman la presentación de la demanda, pero el intérprete prefiere guardar silencio para que los tribunales hagan su trabajo. El juicio civil será, previsiblemente, en el plazo de un año. Este diario ha tratado de recabar el punto de vista y la versión de Monasterio, pero portavoces de Vox han replicado que ya no comentan las informaciones de EL PAÍS.

Según el expediente municipal del inmueble al que ha tenido acceso este diario, la líder de Vox en Madrid repitió el patrón de conducta de casos anteriores: las obras de reforma del local para transformarlo en vivienda se llevaron a cabo sin licencia. Monasterio se limitó a enviar la solicitud inicial, para luego desentenderse del procedimiento. Al igual que en otros episodios, también habría asegurado que se podía cambiar el uso de local comercial a vivienda, cosa que nunca ocurrió. Es el noveno caso de irregularidades urbanísticas revelado por este periódico que salpica a Monasterio y su marido, Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso y promotor inmobiliario.

El actor y presentador buscaba un piso en Madrid en 2005 y entró en contacto con el estudio de la futura dirigente de ultraderecha, Rocío Monasterio Asociados (RMA). Ella entonces aparecía en medios y se presentaba como arquitecta, aunque no obtuvo el título hasta 2009. Monasterio y Espinosa de los Monteros ofrecieron a Valls la posibilidad de convertir en vivienda un bajo que habían localizado en el número 7 de la calle Rodas, en el barrio de Lavapiés. Era un viejo local comercial, pero le aseguraron, según el demandante, que se podía tramitar el cambio de uso a vivienda.

El plano del proyecto del loft, al que ha tenido acceso este periódico, es de una vivienda de 100 metros cuadrados, con baño, cocina y dormitorio. Fue visado el 3 junio de 2005 en el Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos y Aparejadores de Madrid, a nombre de una colegiada que trabajaba en el estudio de Monasterio. No obstante, en dos de los planos, la propia Monasterio firma de puño y letra en el membrete del estudio, aunque entonces no era arquitecta. Después, ese mismo mes, el 30 de junio, Valls compró el local, según consta en el Registro de la Propiedad, y empezaron las obras.

El expediente municipal del inmueble revela que el mismo 3 de junio de 2005 se solicitó licencia para obras de conservación, un trámite que se archivó tres años después “al no haber aportado en el plazo concedido la documentación preceptiva”, según consta en la respuesta del Ayuntamiento dirigida al estudio de Monasterio. Luego se pidieron licencias para cambio de uso de local a vivienda, pero ella de nuevo se desentendió de los procedimientos y los requerimientos municipales. Las peticiones simplemente fueron archivadas por desistimiento en 2008, 2011 y 2018. Entretanto, como en proyectos anteriores, hizo la obra. En la actualidad, el inmueble sigue figurando oficialmente en el registro como “local comercial-tienda”.

En los casos publicados hasta ahora, Monasterio y Espinosa rechazaban las acusaciones de sus clientes de haber prometido el cambio de uso de los locales a residencial gracias a sus contactos en el Ayuntamiento. Sin embargo, en esta ocasión es la propia Rocío Monasterio la que asegura haberlo hecho en la página web de su estudio: ella misma afirma que este loft es una vivienda y que tramitó el cambio de uso de local a residencial. En el apartado de proyectos de rehabilitación incluye el de la calle Rodas y lo describe de este modo: “En pleno Rastro de Madrid encontramos un local en pésimo estado, repleto de estanterías y de objetos almacenados que no permitían ni apreciar el espacio. Se demolió toda la tabiquería, se abrió al patio antes existente y se tramitó el cambio de uso a vivienda. El resultado es un espacio de vivienda fantástico y luminoso en el centro de Madrid”. En realidad no es así, no tramitó nada

Por sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 49 de Madrid, de fecha 1 de septiembre de 2020 se publica lo siguiente:

“Doña Rocío Monasterio San Martín, no ha infringido ninguna norma legal en su actividad en el sector inmobiliario y, en particular, antes de ser arquitecto colegiado, no ha firmado nunca proyecto alguno que exigiese tal condición, y no ha inventado ningún máster para sí porque se ha limitado a afirmar en Twitter que el título de arquitecto expedido por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, que es el que ella recibió, es hoy equivalente a dos títulos, de grado y el de máster”.

Hasta los 19 años, yo, chica de barrio, pensaba que eso de que los pijos tenían un acento particular era una leyenda urbana. De los barrios que abarcaban el Madrid del Este yo no había conocido a nadie que hablara con esa voz nasal de la que teníamos noción por algún humorista, sin estar seguros de su existencia real. Diose la circunstancia de que yo, chica de radio, comenzara a trabajar a esa edad en una emisora ubicada en pleno cogollito del barrio de Salamanca. Se trataba de un caserón que albergaba a La Voz de Madrid. Estábamos, en aquel momento, en un territorio muy nacional, soliviantado con la democracia, franquista. Algunas cafeterías parecían albergar conversaciones de la novela Romanticismo de Manuel Longares, o escenas de La escopeta nacional berlanguiana. En invierno, los abrigos, del beige al verde, daban al ambiente un tono general que invitaba a la cacería. Era aquel verde que bauticé como Condesa Viuda de Ripalda. Y daba la impresión de que los viernes, tras el vermú, emigraban a su finca en León o en Valladolid, porque ya iban cubiertas las cabezas con un sombrerito de corte tirolés.

Mis oídos descubrieron que aquel acento al que yo no había puesto rostro existía. Mi afición a desayunar de lujo me llevaba a escaparme sola y gastarme el mísero sueldo en una de aquellas barras en las que tomaba unas tostadas fabulosas mientras prestaba oídos a las conversaciones. Era curioso: detrás de la barra, donde estaban los camareros, surgía el silabeo entrecortado del Madrid castizo, y del lado de los clientes, todo se llenaba de eses y vocales que se recreaban en el cielo de la boca. Comencé a hacer un personaje de pija en la radio. Se trataba de Mona, una vecina del barrio que subía cada día a la emisora a contar su vida regalada. Le tenía muy bien pillado el truco a esta Mona en su manera de vocalizar, mejor dicho, de no vocalizar: consistía la imitación en hablar con la boca abierta, siempre sonriendo aunque estuviera diciendo barbaridades, y con la dentadura cerrada. De esa manera, las consonantes solo se insinuaban y toda la pronunciación se volvía gangosa y nasal. Lo extraordinario es que aquella forma de hablar favorecía la amoralidad del personaje: Mona podía estar en contra del aborto y acompañar a Londres a una amiga; ir a misa los domingos y poner los cuernos al marido los sábados; ser muy sensible con la vieja tata y pagarle una miseria; indicarle al servicio lo que tenía que votar o hablar de la sinvergonzonería de la izquierda envidiosa y dejar pufos y cuentas pendientes con los operarios o los subordinados. Eran los de su clase muy franquistas, les jodía en lo más hondo que las libertades hubieran pasado a ser patrimonio de cualquiera y no de unos elegidos. Ellos y ellas habían hecho toda su vida lo que les había salido del higo, pero que lo hiciera cualquiera propiciaba el desmadre.

Cuando escucho a Rocío Monasterio mi mente vuelve a aquellos años de juventud en que yo desayunaba en barras fachas para alimentar el estómago y el oído. Es extraordinario: el habla popular se ha ido modificando, pero el del cogollito de la España eterna sigue intacto. Como intacta sigue la sonrisa, y el convencimiento de que los privilegios de clase les exoneran de rendir cuentas de sus pufos.

El juzgado de 1ª Instancia nº 49 ha condenado a El País a rectificar unas informaciones sobre Rocío Monasterio en las que denunciaba que la dirigente de Vox había ejercido de arquitecta «sin titulación» y «sin estar colegiada».

El diario del Grupo Prisa publicó varias informaciones bajo titulares como «Los trucos de Rocío Monasterio para suplantar la firma de ‘arquitecta’ (y otros desmanes)» y «El Colegio de Arquitectos archiva la denuncia por intrusismo contra Monasterio porque sólo investiga a sus miembros». En dichas piezas, los periodistas de El País señalan, entre otras cosas, que la dirigente de Vox «ejerció la profesión sin título entre 2002 y 2009, según demuestran numerosos documentos y declaran varios testigos». También que Monasterio «según explica un arquitecto» se había «inventado» un título de máster.

Estas informaciones del diario dirigido, actualmente, por Javier Moreno dieron pie a una campaña política en la izquierda española contra Rocío Monasterio. La dirigente de Vox negó en todo momento las acusaciones vertidas por el diario de Prisa, llegando a enviar una nota de rectificación donde negaba todas las afirmaciones realizadas en las páginas de ICON Design –el suplemento de El País sobre arquitectura y decoración–. Sin embargo, la misma –a la cual tiene derecho todo español según la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo– no fue publicada. El País hizo caso omiso, de ahí que el caso llegara a los tribunales.

Dado que el escrito de rectificación no se publicó en los tres días que marca la ley, Monasterio y su equipo jurídico tenían 7 días para interponer la correspondiente demanda. La última fecha para su presentación era el día 26 de diciembre. Sin embargo, no se presentó hasta un día después. La defensa de El País esgrimió que no debía admitirse la causa por haber caducado. Este argumento fue rebatido y tumbado por la magistrada, doña Hortensia Domingo.

En la sentencia la juez da la razón a Rocío Monasterio y obliga a El País a publicar dos notas de rectificación, una por cada uno de los artículos publicados. En la primera, Monasterio aduce que «Doña Rocío Monasterio San Martín no ha infringido ninguna norma legal, entre el 2002 y 2009, en su actividad en el sector inmobiliario y, en particular, antes de ser arquitecto colegiado, no ha firmado nunca proyecto alguno que exigiese tal condición».

El segundo texto de rectificación, el que se refiere a la noticia de ICON Design, que la juez obligó al diario de Prisa a publicar decía lo siguiente: «Doña Rocío Monasterio San Martín, no ha infringido ninguna norma legal en su actividad en el sector inmobiliario y, en particular, antes de ser arquitecto colegiado, no ha firmado nunca proyecto alguno que exigiese tal condición, y no ha inventado ningún máster para sí porque se ha limitado a afirmar en twitter que el título de arquitecto expedido por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, que es el que ella recibió, es hoy equivalente a dos títulos, de grado y el de máster ”.

Además, la empresa perteneciente al grupo Prisa tuvo que sufragar las costas del proceso.

La Fiscalía de Madrid se ha querellado contra Rocío Monasterio, la líder de Vox en esta comunidad autónoma, por falsedad en documento público, según confirman fuentes del ministerio público. Es un caso desvelado por EL PAÍS en noviembre de 2019 y que luego fue llevado por Más Madrid a los tribunales. Ha sido esta denuncia, presentada en marzo de 2020, la que motivó la investigación de la Fiscalía y, finalmente, más de un año después, la presentación de la querella. La dirigente de ultraderecha, candidata de su partido en las últimas elecciones regionales de Madrid, utilizó varias veces un visado falso del Colegio de Aparejadores de Madrid en los trámites que realizó en el Ayuntamiento en 2005, 2011 y 2016 para la reforma de un local que quería convertir en loft en el barrio de Lavapiés, cosa que nunca consiguió. El inmueble era propiedad del actor y presentador de televisión Arturo Valls, que acabó denunciándola por incumplimiento de contrato, en otra causa distinta que llegará a juicio el próximo mes de julio. El último trámite que hizo en 2016, que no ha prescrito, ha sido el que ha acabado en la Fiscalía. Monasterio, al ser diputada autonómica, está aforada y será el Tribunal Superior de Justicia de Madrid quien lleve el caso.

Monasterio recurrió a un corta y pega de un sello auténtico de un trabajo anterior. Lo hizo porque no tenía el título de arquitecta, tal como desveló este periódico, aunque abrió un estudio a su nombre y se presentó como tal, también en revistas y publicaciones, durante siete años. En realidad terminó la carrera en 2009. No obstante, en ese periodo, en que compraba locales que luego vendía como lofts aunque no tenían permiso de habitabilidad, también inscribió su nombre en planos y documentos sin ser arquitecta. Del mismo modo, junto a su esposo, el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, acometió numerosas obras sin licencia, aunque todo ha prescrito.

En este caso, Monasterio contrató en su estudio a una antigua compañera de universidad, adscrita al Colegio de Aparejadores. Hizo su trabajo y registró el proyecto en su colegio profesional en 2005. Luego dejó de colaborar con Monasterio. Sin embargo, la actual líder de Vox, siguió utilizando una copia de ese sello en otros documentos en los años siguientes, sin que ella lo supiera. De hecho, lo descubrió al ver publicada en EL PAÍS una reproducción de los planos del proyecto. A continuación, el Colegio de Aparejadores confirmó que era un sello manipulado. El colegio cotejó los documentos, siete en total, y comprobó que no estaban registrados en sus archivos, solo tenían un primer sello original copiado y pegado encima. Con ese truco, la política se ahorraba tener que contratar a otros profesionales para visar planos y evitaba nuevos trámites. Tanto el Colegio de Aparejadores como esta profesional se unieron luego a la denuncia de Más Madrid.

En realidad, cuando Monasterio presentó los papeles en 2016, el Ayuntamiento detectó que no eran correctos, según reconoció el delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, de Ciudadanos, en enero de 2020, pero no inició ningún procedimiento. Sencillamente denegó la solicitud. Fuentes confirmó que toda la obra fue totalmente ilegal porque nunca se le concedió licencia y el proyecto “estaba invalidado de inicio”. Sobre este y los otros casos con irregularidades administrativas de Monasterio y Espinosa de los Monteros, también señaló “el modus operandi de los distintos expedientes revisados, donde los titulares de las actuaciones y sus técnicos aprovechaban la ineficacia de la Administración pública para realizar actuaciones no amparadas por una licencia urbanística”.

Monasterio, que no quiso hacer declaraciones a este periódico en 2019, reaccionó entonces en Twitter tras la denuncia. En su opinión, no cometió una irregularidad: “Aportar en Ayto. en 2016 copias de un expediente de hace 15 años, no es falsear un visado. Es cumplir con lo que te piden. Falsearlo sería aportar algo distinto. Todo esto os lo cuento con cariño… ¡progres!”.

Denuncia archivada por el Colegio de Arquitectos

El Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM) archivó una denuncia por intrusismo contra Monasterio con el argumento de que no podía investigar sus actividades antes de 2009 porque, precisamente, no era colegiada hasta ese año. No obstante, la decana, Belén Hermida, admitió después que el comportamiento de la dirigente de Vox era irregular. Dijo que firmar un plano diciéndole a un cliente que es arquitecto es asimilable a “un médico que firma cuando no está titulado o no está colegiado, o cuando un abogado ejerce sin tener la correspondiente titulación”. “Es una irregularidad, claro, no es otra cosa. Por supuesto. Yo creo que eso no se ha puesto en duda en ningún momento”, añadió.

Para José Manuel Calvo, el concejal que presentó la denuncia junto a Marta Higueras, aunque ambos han dejado Más Madrid y ahora son independientes, es una “buena noticia”. “Esta es la forma de combatir a la ultraderecha, perseguir sus supuestos delitos y llegar hasta el final en los tribunales. Hicimos un trabajo minucioso y riguroso investigando las posibles irregularidades de Monasterio, y esperamos que sirva para que rinda cuentas de sus responsabilidades, algo que ningún candidato fue capaz de recordarle y discutirle durante la campaña”, subraya. Cree que la actuación de la Fiscalía “vuelve a recordar que la derecha investigada en los tribunales vuelve a gobernar en Madrid y hay que trabajar para sacarla de ahí”.

Para Más Madrid la decisión de la Fiscalía es una “buena noticia” y destaca que los indicios “de una práctica irregular eran claros, a pesar de la falta de voluntad política de Comunidad y Ayuntamiento por estudiar el asunto y conocer la verdad”. La formación dijo confiar en que se llegue hasta el final en la causa judicial y que desde el ámbito político se asuman responsabilidades.

EL PAÍS ha publicado hasta ahora 18 casos de obras de Monasterio y Espinosa con anomalías. Hicieron 14 obras en locales, transformados en vivienda sin la licencia correspondiente, y en cuatro casos aparece el nombre o la firma de Monasterio en planos o documentos de obra antes de tener el título de arquitecta. En el caso que ha llegado a los tribunales, la denuncia de Más Madrid enmarcaba los posibles delitos en los artículos 390 y siguientes del Código Penal: “alterar un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial”, “simular un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad” y “suponer en un acto la intervención de personas que no la han tenido”. Y el artículo 392.1 concluye: “El particular que cometiere en documento público, oficial o mercantil, alguna de las falsedades descritas (…), será castigado con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses”.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha desestimado la querella de la Fiscalía contra la diputada autonómica y portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid Rocío Monasterio por falsedad documental. Según la denuncia del ministerio público, Monasterio delinquió al presentar visados falsos para la construcción de un piso en Lavapiés. En su argumentación, los jueces señalan que para que exista este delito “es requisito nuclear que la alteración de la verdad tenga un mínimo considerable de apariencia, una entidad suficiente que sea capaz de inducir a error”. La falsificación de documentos de Monasterio fue “tan burda y perceptible”, prosiguen, que no es posible que hubiese confusión con su autenticidad. En otras palabras, hubo tan poco esmero en la elaboración del fraude, que no podría inducir a error a los técnicos que debían validar el proyecto.

Monasterio contrató en su estudio a una antigua compañera de universidad, adscrita al Colegio de Aparejadores. Hizo su trabajo y registró el proyecto en su colegio profesional en 2005. Luego dejó de colaborar con Monasterio. Sin embargo, la actual líder de Vox siguió utilizando una copia de ese sello en otros documentos en los años siguientes, sin que ella lo supiera. Monasterio no obtuvo su título de arquitecta hasta 2009. La profesional fue consciente del engaño cuando EL PAÍS destapó el caso. La falsedad fue llevada a los tribunales por Más Madrid y posteriormente lo hicieron el Colegio de Aparejadores y dicha profesional.

La Fiscalía sostenía en su querella que Monasterio incluyó “una fotocopia en blanco y negro del sello visado del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid de un primer proyecto en ese mismo inmueble del año 2005”, en vez de los preceptivos sellos visados que requiere cada nuevo proyecto, y que lo hizo hasta en dos ocasiones en los planos que presentó ante el Ayuntamiento de Madrid para la obtención de una licencia de obras en un inmueble.

Los jueces apoyan el relato del ministerio fiscal, pero no los “juicios de valor” que llevaron a la Fiscalía a apreciar delito. En la justificación de la decisión, el tribunal sostiene que en el primer expediente que aparece el sello, el visado del Colegio de Arquitectos de Madrid “consiste en un anagrama en color que resalta de una manera evidente”, incluso al tacto. En el segundo proyecto presentado por Monasterio, ese visado aparece como una fotocopia en blanco y negro. “La diferencia con el anterior casi podríamos decir que es grosera”, apostilla el texto. La líder de Vox en Madrid ha tuiteado que espera que “todos los medios de comunicación progres le den la misma publicidad que le dieron a la querella”.

El uso que hizo Monasterio del visado es tan “burdo y grosero”, según el escrito, que no puede “pasar inadvertido”, lo que priva al fraude de tener un efecto jurídico. Los jueces definen los proyectos presentados por la líder de Vox en la Comunidad de Madrid como una “operación extraña” y “difícil de entender”, por lo que no cumplen las exigencias para ser contemplados como una falsedad documental. “No resulta concebible que la inserción fotocopiada y de escasa calidad del visado de 2005 en los planos que se aportan en 2016 pudiese generar apariencia alguna de autenticidad”, puntualiza el auto. Cabe recurso de súplica ante esta resolución.

La dirigente de ultraderecha utilizó varias veces este visado falso entre 2005 y 2016 para la reforma de un local que quería convertir en un piso diáfano, cosa que nunca consiguió. El inmueble era propiedad del actor y presentador de televisión Arturo Valls, que acabó denunciándola por incumplimiento de contrato, en otra causa distinta que llegará a juicio en julio.

Aclaro una vez más que no he estudiado Derecho, pero sé leer y, modestia aparte, razonar. Con ese bagaje, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que ha absuelto a Rocío Monasterio del delito de falsedad en documento público, porque la falsificación del visado de aparejador que adjuntó a la documentación, auténtica, de una obra, auténtica, era tan burda que no podía engañar a nadie, me ha dejado estupefacta. Yo creía que en el instante en que Monasterio intentó colar un documento falso, ya estaba delinquiendo, pero los jueces han dictaminado que no. En realidad, han premiado la chapuza, la incapacidad técnica de la acusada para fabricar una falsificación de calidad, sin tener en cuenta la intención de engañar que la movió a presentar ese documento, burdo o no. La argumentación me habría parecido incomprensible siempre, pero la encuentro aún más exótica ahora, mientras el partido de Monasterio, y otros, intentan presentar recursos contra el indulto a los independentistas presos porque, en algún momento, dijeron ante un micrófono que lo volverían a hacer. Yo diría que decir es siempre menos grave que hacer, pero vete a saber. En cualquier caso, los jueces deberían tener más en cuenta la comprensión lectora y la capacidad de razonar de la ciudadanía. Porque la extravagancia promueve la extravagancia, y de la misma manera que ellos perdonan las falsificaciones de mala calidad porque son burdas, los ciudadanos estamos en el derecho de sospechar e, incluso, de aseverar, cuáles son los verdaderos motivos de que el PP se niegue una y otra vez a renovar el CGPJ. De momento, quienes estén pensando en cometer un delito en España ya han aprendido algo. Cuánto más chapucero sea su método, tanto mejor.