‘Caso Almería’: Efectivos de la Guardia Civil asesinan brutalmente a tres jóvenes a los que confundieron con etarras

NO SE puede decir que la sociedad no haya sido prudente -o quizá cautelosa- a la hora de esperar una explicación oficial de la muerte de los tres jóvenes santanderinos en Almería, el pasado domingo, en un incidente con la Guardia Civil. La Prensa apenas ha publicado comentario alguno, y aún en los aspectos informativos, y con las excepciones de rigor, la medrosidad ha sido la pauta generalmente seguida. Ello tiene una explicación lógica. De un lado, la Guardia Civil viene sufriendo en sus miembros una considerable parte del alevoso ataque terrorista que este país padece y que se ha visto recrudecido en los últimos meses. De otro, los españoles no nos hemos sacudido todavía el impacto emocional del 23-F. Si a ambas dos cuestiones le añadimos la confusísima información que a diario llega a las redacciones de los periódicos sobre el hecho que comentamos, para nadie será una sorpresa, como decimos, la aparente falta de reacción social frente a la noticia abracadabrante de que tres simples ciudadanos hayan podido ser muertos por las fuerzas de seguridad confundidos con peligrosos terroristas, y el Gobierno no sólo no quiera reconocer la cuestión, sino que encima monte una gran especulación en torno a inencontrables antecedentes delictivos de las víctimas o, lo que es más humillante, respecto al comportamiento personal íntimo de las mismas.Pero es tal la actitud de la autoridad y tan grande el desánimo ciudadano por la falta de reacción adecuada ante semejantes hechos que no es posible, pensamos, dejar pasar ni un solo día más sin ejercitar el deber público de la reflexión respecto a un hecho de inusitada gravedad que, en cualquier circunstancia y situación política, merece algo más que el silencio y la tensión contenida por respuesta.

No vamos a insistir en el valor inapreciable de la vida humana que ayer mismo este periódico reivindicaba en una editorial contra la pena de muerte. La violencia en sí misma es inadmisible en una sociedad civilizada, y es un hecho execrable cuando alevosa y criminalmente se ejerce por el terrorismo contra las vidas de los servidores del Estado, cuya misión es la salvaguardia de la seguridad de la sociedad. Es precisamente el Estado, en la concepción constitucional de nuestra convivencia, el único que tiene el monopolio de la violencia, no tanto como un derecho a ejercer cuanto como un remedio último y necesario frente a los enemigos de la ley. Se entiende, por lo mismo, que el propio Estado y sus funcionarios están al servicio de la sociedad que les entrega las armas y la licencia de su uso no contra la sociedad misma, sino contra quienes tratan de oponerse a ella. Por eso los abusos que desde el Estado y las fuerzas de seguridad se cometan en el ejercicio de la autoridad están severamente penados en los códigos; hechos tan terribles como el de Almería, deben ser por eso esclarecidos cuanto antes, y si sus culpables -cuya identidad se desconoce todavía- no son. convenientemente juzgados, la sociedad perderá la confianza necesaria en sus gestores.

Los sucesos de Almería son tanto más graves cuanto que se enmarcan en una situación de necesario acercamiento de la población civil a las fuerzas de seguridad, en un momento de grave amenaza al régimen por el ataque combinado del terrorismo y el golpismo y, cuando después de los alevosos atentados de la semana pasada, la manifestación del silencio de España había sido una demostración sublime de los deseos de convivencia de este pueblo. Pero la reacción del Gobierno ha sido deleznable y si no se corrige a tiempo será un claro síntoma de complicidad con los hechos. No sólo no se ha dignado dar una información solvente -cuando tanto se apresura a hacerlo en otras ocasiones, según lo recordara recientemente el Consejo del Poder Judicial-, sino que su actitud resulta perturbadoramente turbia frente a la protesta atemorizada y justa de una población que se siente agredida de manera arbitraria por unos servidores de la ley y que no ve que desde los círculos oficiales se tomen las medidas oportunas.

Nadie puede devolver ya la vida a los tres jóvenes de Santander, pero más difícil aún será devolver a los ciudadanos la confianza en el Estado y en el Gobierno, si se pretende’ como parece, echar una manta de silencio sobre lo sucedido, y no se adoptan las sanciones oportunas de todo tipo. Con el agravante de que, por el error de unos y la malevolencia de otros, se puede ver salpicado injustamente el honor de todo un cuerpo armado como es la Guardia Civil. Y eso sí que contribuye, eso, y no el reconocimiento de la verdad, a desmoralizar la fuerza en momentos como el que vivimos.

LA EXPLICACIÓN, por llamarla de alguna manera (solicitada en un editorial de EL PAIS del pasado sábado), que el ministro del Interior intentó hacer ayer en las Cortes de los abracadabrantes sucesos de Almería, al margen las insuficiencias concretas que atañen al esclarecimiento del caso, pone de relieve algo infinitamente más grave: la escasa capacidad del Gobierno, en los momentos actuales, para la dirección de los asuntos del orden público y la debilidad congénita que le aqueja en el buen control de las cuestiones policiales. A decir verdad, no es una cuestión específica del ministro Rosón ni de ningún otro ministro. Sus problemas son los mismos que los de sus antecesores, y serán los de su sucesor si no se emprende de manera urgente una acción del poder destinada a evitar y sancionar los abusos de autoridad en este país.Numerosos miembros de la Guardia Civil, policías nacionales y funcionarios del orden se han dirigido días atrás a este periódico recabando el apoyo de la opinión a la hora de esclarecer debidamente lo sucedido en Almería, a fin de que el error o la infamia de una minoría no arroje injustamente un descrédito más generalizado sobre los cuerpos de seguridad. No se trata aquí de abrir un proceso contra las fuerzas del orden público, sino de esclarecer un hecho concreto y juzgar a los concretos responsables. Si el Gobierno, como en el caso Arregui, como en tantos otros casos, es tan torpe que se empeña en mantener su actitud impúdica de negar la evidencia y lavarse las manos, no conseguirá otra cosa que agitar la justa indignación, popular e impedir un debate sereno y necesario sobre algo que si fue un trágico error, como ya reconoció en su día el propio ministro Rosón, no debe acumularse a errores más trágicos aún: el de suponer que la sociedad está dispuesta a comulgar con ruedas de molino y el de aparentar una firmeza que no existe. Pues no ha de existir firmeza allí donde el poder no es capaz de ejercer la autoridad entre sus propios servidores.

LA AUDIENCIA Provincial ha dictado auto de procesamiento por homicidio contra el teniente coronel jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Almería, su teniente ayudante y un número de dicho cuerpo, implicados en la muerte de los tres desventurados jóvenes detenidos como supuestos -e imposibles- terroristas el pasado 10 de mayo. La acusación privada, por lo demás, solicitó que los procesos no fueran por homicidios, sino por asesinatos, y amplía a otros miembros de la Guardia Civil las responsabilidades de esa triple muerte.La presuncion de inocencia, el derecho a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a un proceso público con las debidas garantías, principios todos ellos reconocidos en el artículo 24 de la Constitución, amparan a los tres inculpados, al igual que hubieran debido proteger a Luis Cobo, Juan Mañas y Luis Montes, privados de la vida en circunstancias tan macabras como turbias. Sin embargo, el auto de procesamiento, consecuencia -según establece el artículo 384 de la ley de Enjuiciamiento Criminal- de la existencia de indicios racionales de criminalidad en las diligencias sumariales, apunta a la responsabilidad delictiva de las tres personas contra las que ha sido dictado. Teniendo en cuenta que las peculiaridades de fuero de la Guardia Civil reserva a las audiencias, cuyas salas están formadas por colectivos de magistrados, la facultad exclusiva de dictar tales procesamientos, una vez realizadas las diligencias sumariales en las que intervienen el juez instructor y el ministerio fiscal, resulta difícil sospechar apresuramientos o ligerezas en la adopción de tan grave medida, máxime cuando la materia delictiva es un triple homicidio.

Si a las cautelas y a las intermediaciones del procedimiento sumarial en estos casos, se añade que la decisión del poder judicial contradice o se aparta de las versiones dadas hasta el presente por el poder ejecutivo, cuya resistencia a rectificar las primeras informaciones sobre los trágicos acontecimientos de Almería y a restablecer la verdad de los hechos sólo puede explicarse por una mezcla explosiva de irresponsabilidad, desprecio hacia la opinión pública y miedo, sería un acto de hipocresía considerar esos procesamientos como un asunto de trámite acogido a los beneficios del principio de in dubio pro reo.

De otro lado, el auto dictado por la Audiencia Provincial de Almería debe ayudar a plantear una reflexión, seria y serena, sobre los nocivos reflejos de solidaridad corporativa y de espíritu de cuerpo que pueden bloquear la exigencia de responsabilidades a quienes abusan de su condición de servidores públicos, especialmente cuando su función conlleva la facultad de administrar el monopolio legítirno de la violencia, vestir un uniforme, portar armas y mandar tropas, para conculcar las leyes o invadir la esfera de las libertades y los derechos garantizados por la Constitución. La inclusión en las Ordenanzas Militares del acatamiento y defensa de la Constitución incorpora, por así decirlo, a los valores castrenses y de los cuerpos de seguridad los principios reconocidos en nuestra norma fundamental, entre los que figuran, de manera destacada, los expresados en el capítulo segundo del Título I, dedicado a los derechos y libertades. En momentos en los que la violencia terrorista niega a los ciudadanos, mediante atentados o secuestros, el derecho a la vida, a la integridad física o moral y a no ser víctimas de torturas o tratos inhumanos y degradantes, ningún adversario de esos enemigos de la libertad y de los derechos humanos puede rebajarse a utilizar sus métodos.

En esta perspectiva, parece obligado recordar que la separación del cuerpo ha sido una medida adoptada en otras ocasiones contra miembros a los que se considera indignos de vestir ese uniforme al que no sirven, sino del que se sirven. Porque la Guardia Civil, como instituto armado, no puede responsabilizarse corporativamente de los comportamientos indignos o criminales realizados por algunos de sus componentes. Todo el mundo entendió las palabras del teniente general Aramburu Topete a propósito de los asaltantes al Banco Central de Barcelona, cuando todavía no había sido esclarecida su identidad. Y a nadie le sorprendió la decisión de expulsar de la Guardia Civil al número que utilizó, en Guadalajara, su pistola reglamentaria para dar muerte a un paisano en una reyerta. Otros miembros de ese cuerpo han sido expulsados, tanto en la época del anterior régimen, como en la etapa constitucional, por comportamientos delictivos. Esas medidas no sólo no deterioran la imagen de la Guardia Civil, sino que la favorecen. Al igual que la perjudican los intentos de tapar, por espíritu de cuerpo, irregularidades o delitos de miembros individualizados del instituto o decisiones tan erróneas e incomprensibles como la de mantener en su seno, incorporados además al servicio activo, a los números que participaron en el asalto al palacio del Congreso y mantuvieron encañonados durante dieciocho horas, violando el Código Penal y las Ordenanzas Militares, al Gobierno de la nación y a los diputados elegidos por la sociedad española para representarla.