Caso Pit: Se abre una nueva causa contra el comisario Villarejo por sus gestiones junto a Adrián de la Joya para evitar la extradición a Guatemala de Ángel Pérez Maura

El juez del caso Villarejo archivará la pieza sobre el proceso de extradición a Guatemala del empresario Ángel Pérez-Maura que salpica a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y al que fuera magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, si se acredita que el comisario estaba ya jubilado cuando realizó los presuntos delitos que se investigan.

Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional tomará su decisión cuando se compruebe si el contrato suscrito por Villarejo se firmó antes del mes de julio de 2016, fecha en la que el comisario se jubiló como funcionario policial. Cabe la posibilidad de que los trabajos se realizaran antes de la jubilación y se facturasen después.

Estas mismas fuentes sostienen que si se acredita dicho extremo, «los actos investigados no supondrían una amenaza para la seguridad del Estado, al no ser ya funcionario en activo y por tanto, se trataría de un contrato privado entre particulares». El juez ya tiene en su poder el libro de servicios policiales de Villarejo, que fue solicitado recientemente al Ministerio del Interior, en el que se certifica la fecha de jubilación del comisario.

La constatación de que Villarejo estaba ya jubilado cuando fue contratado por el empresario Ángel Pérez-Maura para frustrar su proceso de extradición a Guatemala llevaría por tanto al archivo de esta pieza denominada ‘Pit’.

Cabe destacar que el archivo de las investigaciones de los presuntos delitos por la jubilación de Villarejo se podría hacer extensivo a otras piezas de la causa, bautizada como ‘Operación Tándem’.

Tal y como desveló este diario, la Audiencia Nacional investiga el papel de Baltasar Garzón en esta pieza secreta del caso Villarejo. Las pesquisas de los investigadores se centran en analizar la presunta responsabilidad o mediación del que fuera magistrado del Juzgado central de Instrucción nº 5 de la Audiencia.

No obstante, hasta el momento en la presente instrucción no se han encontrado “pruebas” que incriminen a Garzón en la participación de un hecho delictivo relacionado con un presunto lucro durante este fallido proceso de extradición.

Anteriormente, El Confidencial publicaba que “la Audiencia Nacional investigaba en una pieza secreta anotaciones realizadas por el excomisario José Manuel Villarejo que afectaban a la ministra Dolores Delgado”. Según dicho medio, “se habría localizado un apunte en el que el comisario reflejaba una cita con la ahora titular de Justicia para recabar su apoyo en beneficio del empresario Ángel Pérez-Maura”.

Desde el Ministerio de Justicia aseguraban que la cita que se reflejaba en los archivos del excomisario “nunca se produjo” y que Delgado “ no participó “en trámite alguno del proceso de extradición”.

La extradición de Pérez-Maura

Los hechos investigados en la pieza ‘Pit’ tienen su origen en la causa abierta por el Ministerio Público de Guatemala contra el empresario español Ángel Pérez-Maura por presuntos delitos de asociación ilícita, cohecho activo y fraude, tras pagar supuestas mordidas millonarias al expresidente guatemalteco, Otto Pérez Molina.

Concretamente, es investigado por firmar un contrato supuestamente irregular entre la Terminal de Contenedores Quetzal, S.A. (TCQ) y la Empresa Portuaria Quetzal por 25 años para la construcción y mantenimiento de una terminal del puerto.

El expediente de Pérez-Maura se tramitó en el Juzgado Central de Instrucción n° 2 de la Audiencia Nacional y la Fiscalía solicitó el archivo de la actuaciones el 26 de julio de 2016 al no haber remitido las autoridades de Guatemala la documentación extradicional dentro de los plazos legales.

La Audiencia acordó el archivo provisional del expediente en agosto de 2016 y en julio de 2017 tras recibir comunicación procedente del Ministerio de Asuntos Exteriores, se acordó la reapertura de la extradición. Posteriormente, se volvía a archivar hasta la recepción de la documentación que han de enviar las autoridades guatemaltecas.

En febrero de 2018 se acordaba elevar las actuaciones a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Después, continuó el proceso y se señaló la vista de extradición para el 21 de mayo. Finalmente, se dictó un auto el 31 de mayo donde se acordó denegar la entrega extradicional de Ángel Perez Maura.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional emitía un comunicado asegurando que “los informes de la Fiscalía, de acuerdo con la documentación obrante en la causa y las constancias informáticas de Fiscalía, fueron emitidos únicamente por los fiscales asignados a la misma, no existiendo informe ni intervención alguna de la entonces fiscal de la Audiencia Nacional, Dolores Delgado”.

De oficio, el 6 de mayo de 2019 la Fiscalía Anticorrupción presenta querella, dentro de la pieza PIT del caso Tándem, en la que va al motivo por el cual los empresarios Ángel y Álvaro Pérez Maura son contactados por lobbystas profesionales como Enrique Maestre que les pone en manos de Adrián de la Joya y el comisario aún en activo en la Dirección Adjunta Operativa (DAO), José Manuel Villarejo.

El hallazgo en el registro a Villarejo de un archivo etiquetado como “images” conteniendo 167 correos electrónicos, han dado fundamento a una querella por cohecho internacional consistente en un supuesto acuerdo para el pago de sobornos de 30 millones de dólares, a entre otros, los entonces presidente y vicepresidenta de Guatemala, hoy en prisión, para lograr, sin licitación pública, el derecho a construir y operar una terminal de contenedores en Puerto Quetzal.

Los correos “revelan la existencia de los ilícitos pagos planificados, y en parte ejecutados, por los directivos de A. PÉREZ Y CIA y GRUP MARITIM TCB SE y de los que trae causa la orden de detención para extradición emitida por la Autoridades Guatemaltecas en relación al ahora querellado Ángel PÉREZ-MAURA, entre otros”, según el escrito de los fiscales.

A los correos encontrados en el registro se unen los mails que se cruzan Ángel Pérez Maura y sus directivos con su gerente local, detenido en Guatemala en abril de 2016, Juan José Messeguer. Dichos correos fueron la base de un informe de 150 páginas del Ministerio Público de Guatemala (MP) de 29 septiembre de 2016, hoy incorporado al sumario Tandem pero que, sorprendentemente, nunca llegó a los juzgados españoles, lo que evitó la apertura del caso en España. Actualmente, también se investiga si la red de Villarejo logró bloquear la llegada de documentación a la Audiencia Nacional.

“Esperan los 30 ya y cambiar tanto es difícil»

En el informe del Ministerio Público guatemalteco figuraban decenas de correos explícitos, de los años 2012 y 2013 en los que se cerraban la terminal y los cohechos, que relataban las negociaciones entre Ángel Pérez Maura y sus directivos con el “Uno”, el presidente Otto Pérez Molina, y la “Dos”, la vicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti, su secretario Juan Carlos Monzón (reseñado en los correos como JCM) y otros colaboradores.

Como puede observarse en los correos aportados por Guatemala, el 23 de octubre de 2012 Angel Perez Maura escribió: “A las 4.15 recién entrado en el gym llama Gregorio, que tiene novedades y que vaya de inmediato. Me ducho y llego a las 15.00. Me da de comer y me dice que voy a tener reunión pronto con la 2 [Baldetti] Junto a Gustavo y que hay instrucciones de mantener a Guillermo el margen. […] Hablamos de estrategia con la 2, pues es muy dura y cuesta creer que hable con Ángel de números. Por fin a las 18:30 nos convocan en una casa privada donde no está ni 1 ni 2 y si Juan Carlos Monzón, secretario personal de 2. Yo voy con Gustavo. Cuando le explicamos calendario de pago y compromisos dice no saber nada de aplazamientos ni de terceros (argentinos), yo me mantengo firme en el calendario”

Correo de Ángel Pérez Maura entregado ahora a la Audiencia Nacional.

El 24 de octubre de 2012, Ángel Pérez Maura recibe avances de su gerente Juan José Messeguer: “Nos reunimos de nuevo con JCM en el hotel esta vez yo voy con Gregorio para que defienda lo suyo y de sus chicos. JCM insiste que ellos no sabían nada de calendario ni compromisos con nadie. Insisto que no es nuestro problema y que hemos dejado calendario claro desde el primer momento además de temas de seguridad para todos. Me pide tras mucho hablar que sea 15 ya y 15 en 12 meses a lo que me niego en rotundo. Gregorio explica papel fundamental de argentinos y tener cuidado de no romper con gente local que ha colaborado. JCM dice que el problema es que esperan los 30 y ya cambiar tanto es difícil. Reunión tensa y yo digo que lo único posible es adelantar algo el pago de 2016 (es fuera de la legislatura actual)”.

Correo de respuesta a Ángel Pérez Maura de uno de sus trabajadores.

Todo iba sobre ruedas y, cuatro años más tarde, el 8 marzo de 2016, los Pérez Maura venden toda su división de terminales a la compañía líder mundial Maerks por 715 millones de euros más una deuda asumida de 196 millones. En España, Maerks tiene sede en el Parque Empresarial La Finca, donde son accionistas Susana García Cereceda y Francisco Peñalver y, jefe de seguridad, el policía en segunda actividad, David Fernández Aumente, todos ellos investigados en la pieza Land del caso Tándem.

Solo cinco semanas después, el 15 de abril de 2016, el CICIG, organismo que combate la corrupción en Guatemala, hace pública, mediante una nota en su web, la investigación sobre la terminal adjudicada en 2012. Ese día, la justicia guatemalteca detiene a nueve personas incluidas el gerente Juan Jose Messeguer y el intermediario en los pagos Jonathan Harry Chevez, alias El Mago, y emite orden de detención internacional que, en España, entra en vigor el día 22, contra otras seis, una de ellas Ángel Pérez Maura. Es presuntamente entonces cuando el “equipo de socorristas” acude al rescate: Enrique Maestre Cavanna del controvertido despacho de Joaquín Arespacochaga, Adrián de La Joya y Jose Manuel Villarejo.

Los frentes abiertos a los Pérez Maura

Tras las órdenes de detención, Ángel Pérez Maura tenía, a priori, dos problemas: uno penal en Guatemala que podía derivarse a Estados Unidos dado que parte del soborno se ingresó en cuentas bancarias americanas, y otro económico, cuantificado en lo que podía reclamar MAERKS si le quitaban la terminal.

Al inicio, su preocupación era el económico, ya que, de un lado, España no extradita españoles, si el país de destino no hace lo propio con sus ciudadanos y, de otro, pensaba que ni en Guatemala ni en España la justicia tenía pruebas directas sobre su vinculación directa con los pagos. Hasta que el 3 de mayo 2016 el problema da un giro, cuando los “socorristas” ponen sobre la mesa la cuestión de unos correos corporativos incriminatorios de los que han tenido conocimiento. Unos mails válidos, para abrir un proceso penal en la Audiencia Nacional. 

Al enterarse de la existencia de los correos, Villarejo y sus compañeros de negocio acuerdan pedir más dinero a los Pérez Maura (al 29 de abril, ya les habían pagado tres millones más IVA).

Ángel y Álvaro Pérez Maura, dos de los cinco hermanos que componen la familia, administran el grupo marítimo Ángel Pérez y Cia, uno de los más importantes de España. En 2012, desarrollaban dos áreas de negocio: una de consignación y otra de terminales bajo la mercantil TCB de la que tenía un 62% y cuya misión consistía en la licitación, búsqueda de financiación y operación de terminales. Fue entonces, presuntamente, cuando los hermanos pagaron hasta 30 millones de dólares en sobornos al ex presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, y su vicepresidenta o número dos, Roxana Baldetti -‘la 2’ como la denominan estos empresarios-.

Tras incorporar Guatemala, en 2014 se inició un proceso de venta competitivo de TCB que ganó a la danesa Maerks, con la que finalmente firmó un acuerdo el 1 de septiembre de 2015, formalizado el 8 de marzo de 2016, tras el habitual proceso de revisión in situ. Pero la fiscalía española sospecha que asunto del soborno investigado en Guatemala ya se palpa detrás de esta operación. En uno de los interrogatorios a los que ha tenido acceso Público, los fiscales logran que Ángel Pérez Maura confirme que el precio final fue corregido a la baja, aunque apela a una justificación de competencia empresarial con Turquía. En España Maerks tiene sede en el Parque Empresarial La Finca, un complejo cuyos accionistas y jefe seguridad están imputados en la pieza Land de la causa Tándem, por sus negocios con el comisario José Manuel Villarejo.

Según las grabaciones del comisario ahora en prisión, a los Pérez Maura les preocupa que durante la negociación de 2012 ellos y su equipo dejan un rastro de correos electrónicos, desvelados por Público, y que vendrían a demostrar soborno y cohecho. Tras la detención de Molina y Baldetti en 2015, Guatemala quiere detener a los empresarios españoles y estos contratan los servicios del comisario José Manuel Villarejo y su amigo Adrián de la Joya y al grupo de ‘lobbistas socorristas’ con influencia mundial que gira entorno a ellos.

«Contactamos con un lobbysta, Manny Ortiz, que tenía experiencia de haber negociado en un caso de cohecho»

La terminal se gesta durante el mandato de Álvaro Colom pero se desarrolla durante el de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, quienes la llevaban en el programa con el que han las elecciones de noviembre de 2011. Su campaña se investiga por financiación ilegal el motivo, por el que en julio 2017, Guatemala pidió a España la detención y extradición del ex embajador de Guatemala en Estados Unidos, Julio Ligorria, cuya defensa asumió el ex juez Baltasar Garzón. Pero hasta entonces, Ligorria también llamado ‘El Gordo’ en las grabaciones era una de las personas a las que Adrián de la Joya, Villarejo, Enrique Maestre Cavanna y los Pérez Maura quería poner como candidato a la presidencia del país.

La terminal se adjudicó sin licitación pública a los Pérez Maura el 11 de julio de 2012. La financiación fue aportada por la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial tras fracasar con entidades privadas, según declaran los Pérez Maura, quien estudió y aprobó la inversión sin detectar irregularidades. Por entonces, Gabriel Goldsmith era el coordinador de infraestructuras para América y el Caribe de IFC.

A finales de 2015 la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que dirige el jurista y diplomático colombiano Iván Velásquez con quien mantiene buenas relaciones el ex juex Garzón, inicia una investigación en Guatemala sobre un supuesto pago de 30 millones de dólares con destino a los mandatarios y otros partícipes a cambio de la terminal. La investigación se inicia y desarrolla en secreto, en mitad del proceso de venta a Maerks. El CICIG construye el caso gracias al testimonio y documentación que le aportan dos implicados reconvertidos en confidentes, el secretario de la vicepresidenta y Jonathan Harry Chevez ‘El Mago’, intermediario (“mula”) de los pagos.

Solo cinco semanas después de escriturarse la venta de TCB, el CICIG hace pública la investigación y se detiene a cargos públicos, al gerente de los Pérez Maura en Guatemala Juan Jose Meseguer, a El Mago que sale libre al poco y se emiten órdenes de detención para Ángel Pérez Maura y otros huidos a España como William Schwank.

Fiscal: Que todo lo que pensaba que se podía hacer no ha salido a que se refiere?

Álvaro Perez Maura: Hombre vamos a ver nosotros contactamos con un lobbysta americano que tenía la experiencia, Manny Ortiz, de haber negociado un acuerdo en un caso similar de cohecho.

F.: ¿De presunto cohecho quiere decir?

Álvaro P.M: Bueno se le acusaba de cohecho.

F.: ya claro.

Los servicios para buscar la impunidad en España

Por este delito se investiga, además de a los clientes, al equipo compuesto por Adrián de la Joya como voz cantante, Villarejo, su hijo, su socio Rafael Redondo, Enrique Maestre Cavanna del controvertido bufete de Joaquin Arespacochaga, el ex embajador Julio Ligorria, el ex policía Antonio Bonilla y un colaborador llamado Armando Mateo.

En total y desde el 24 de abril de 2016 hasta noviembre de 2017, la fiscalía acredita que los Pérez Maura les pagan 12 millones de euros más IVA. Durante la declaración de Angel Pérez Maura el fiscal muestra su extrañeza por el pago de semejante cantidad para evitar una extradición, porque debía saber que no tenía recorrido por su condición de español.

Fiscal: ¿Le explicaron [refiriéndose a Villarejo y socios] cuando surge el problema, cuando usted firma pagar una prima de 10 millones de euros por no ser detenido, por no ser ingresado en prisión, no ser extraditado, le explicaron que siendo español era improbable que fuera usted extraditado a Guatemala?

Ángel Pérez Maura: eh no…

Fiscal ¿Le explicaron si era muy caro o muy barato?

Ángel Pérez Maura: a mí eso me lo había explicado ONTIER [su bufete de abogados habitual, y al que pertenece Juan Casanueva, su letrado en Tandem]

Fiscal: Pero ONTIER que fue quien le representó […] en todo ese proceso de extradición, también cobraba aparte ¿no? Por el mismo objetivo

Angel Pérez Maura: Bueno es que [ONTIER] es el que cobraba por eso

Fiscal: Bueno no, y Cenyt también y Stuart Mckenzie… , también cobraban por evitar su detención, prisión y extradición [el fiscal lo dice porque es lo que pone como objeto de los contratos]

En las conversas transcritas se aprecia que la principal preocupación era lo que podía reclamarles Maerks si le quitaban la terminal o le cambiaban las condiciones.

El grueso del pago de los 12 millones se produjo en momentos determinados: un primer pago a empresas de Villarejo de 3 millones más IVA tras hacerse pública la investigación una vez escriturada la venta de TCB y ser rechazada la detención de Ángel Pérez Maura por la Audiencia Nacional; y dos pagos millonarios cuando el 3 mayo de 2016 se ponen sobre la mesa correos corporativos incriminatorios cruzados entre los Perez Maura y sus directivos, válidos para abrir la causa en España: 2 millones más IVA a empresas de Enrique Maestre el 2 de junio de 2016 y 1 millón a Adrián de la Joya el 7 de julio de 2016. Estos pagos fueron seguidos de igualas mensuales de entre 50 y 120 mil euros para cada uno de los tres.

Villarejo y sus socios sacan la cuestión de los correos justo cuando el aún entonces CEO de TCB, Xavier Soucheirón, informa a los Pérez Maura de que tiene que firmar un permiso a un forense informático contratado por Maerks para acceder a los correos electrónicos corporativos del personal y directivos de TCB que aun estén en los servidores.

«¿No está diciendo que “puedo declarar contra ti, por lo tanto, págame todo lo que te pido aquí”?. Está pidiendo muchísimas cosas, hasta 14 millones de euros»

Además de más pagos, los correos y la supuesta contratación del forense por Maerks trajeron un cambio en la estrategia, hasta entonces centrada en descargar cualquier responsabilidad en sus directivos. Se compran nuevos servidores a los que se vuelcan los datos pero sin los correos de riesgo, los correos de riesgo se llevan a un notario al que se manifiesta que están manipulados.

Tras ello se requiere judicialmente a Maerks, el 17 de junio 2016, que se abstenga de difundir correos internos a terceros y, por último, desde el 5 de mayo de 2016 se planifican acercamientos a imputados y/o detenidos con el fin de “cuidarlos”. en palabras de Villarejo. Esto hace preguntarse a los fiscales si el objetivo real era ayudar o perjudicar los intereses de los Pérez Maura. La fiscalía identifica aproximaciones a William Schwank, huido a España y sobre el que pesa orden de detención y a Juan Jose Meseguer, gerente local de la terminal y entonces preso.

Con Schwank, por ejemplo, se discute la posibilidad de conseguirle la residencia en España, de buscarle alojamiento y de afrontar sus gastos, según un audio incautado de la reunión con Schwank en la que se le entregan dos mil euros.

En el registro a los Pérez Maura en la calle Fortuny, 9 de Madrid se encuentra una carta sin firma y fecha y que les remite el gerente local detenido, Juan José Meseguer, con una propuesta en la que asume toda la responsabilidad a cambio de 14 millones de dólares y por la que los fiscales preguntan a  Ángel Pérez Maura:

Fiscal: ¿Reconoce usted este documento? ¿Qué es?

Ángel Pérez Maura: Una copia de una carta de Juan Jose Meseguer

Fiscal: Es una carta que le hace llegar desde su situación de prisión preventiva en Guatemala, ¿no?

Ángel Pérez Maura: Lo ha pasado muy mal

Fiscal: Le está transmitiendo que lo está pasando muy mal y le está pidiendo de alguna manera, incluso de una manera muy concreta, algunos mecanismos de satisfacción o retribución porque estuvo dispuesto a asumir (leo literalmente) “toda la responsabilidad para exculparte a ti”. […] ¿Le está diciendo que usted el responsable final de los delitos por los que el está constituido en prisión en Guatemala?

Ángel Pérez Maura: El lo que dice está diciendo es que si hubiera alguna manera en la que ÉL pudiera asumir toda la responsabilidad y que todo el mundo quede libre estaria dispuesto a hacerlo.

Fiscal: ¿No está diciendo que “puedo declarar contra ti, por lo tanto, págame todo lo que te pido aquí”?. Está pidiendo muchísimas cosas, hasta 14 millones de euros.

El naviero no negó a la fiscalía el papel, pero sí que llegase a un pacto en dicho sentido, lo explicó como una carta escrita por Meseguer en un momento de desánimo. Meseguer fue visitado en prisión por Rafael Redondo y el abogado de Villarejo, Ernesto Diaz Bastién.

Además de estas dos personas, existen indicios de aproximación a Harry Chevez El Mago, reconvertido en confidente estrella del CICIG y sin cuyo testimonio y datos de transferencias no tendrían caso ni la identidad  del pagador: El Mago recibía el dinero desde una red off shore sin vinculación directa con los Pérez Maura.

En varias conversaciones se oye a Ángel Perez Maura habla del papel clave que El Mago puede jugar con el CICIG para sacarles de la causa, así como definirlo como su gran preocupación. AsÍ y tras los tres bloques de pagos, en febrero de 2017 se pagan de golpe a una empresa española de Villarejo 1,2 millones de euros más IVA que este debe reenviar a “El Mago”.

Con respecto de la causa en Guatemala también se discute la habitual gestión de medios para crear clima de opinión y una maniobra procesal a la que el comisario es aficionado: personarse en el procedimiento con una “acusación popular”, para poder maniobrar a favor del investigado. El uso de acusaciones populares propias o de asociados, con el objetivo de buscar la absolución de clientes, o la condena de rivales de clientes, es un clásico. La “acusación popular” vinculada al comisario más conocida es “Transparencia y Justicia” pero tiene más registradas.

El abogado y socio de José Manuel Villarejo, Rafael Redondo, ha reconocido ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón que cobró 7,5 millones de euros de los hermanos Ángel y Álvaro Pérez-Maura. Los navieros habrían realizaron este pago en concepto de asesoramiento jurídico al letrado tras unos contratos firmados con él en el año 2016.

Redondo se desmarca, así, del operativo creado para frenar la extradición a Guatemala de Ángel Peréz-Maura -donde estaba siendo investigado por corrupción- que actualmente se instruye en la pieza separada número 4 del ‘caso Tándem’.

El socio del comisario Villarejo ha reconocido que se efectuaron abonos por haberes desde la empresa Pérez y Cía, S.L. a las empresas Cenyt y Stuart&McKenzie, ambas sociedades en las que figura como administrador único el ex comisario Villarejo y de las que Redondo era apoderado, pero que, en todo caso, los pagos correspondían a un asesoramiento jurídico «desde la legalidad».

Sin embargo, por dichas transacciones vinculadas al entramado societario que compartía junto a José Manuel Villarejo, el juez García-Castellón imputa a Redondo varios delitos de cohecho, tráfico de influencias, encubrimiento y falsedad en documento mercantil.

Armando Mateo

También ha declarado este martes, en el marco de esta pieza separada, el empresario Armando Mateo Flandorfer en su calidad de investigado en la causa. Mateo ha reconocido que en el momento de producirse los hechos objeto de la causa judicial, trabajaba para la firma APTM, encargada de ofrecer asesoramiento jurídico a los Pérez-Maura y que durante el tiempo en que estuvo vinculado a la misma viajó al menos en una ocasión -en 2016- a Guatemala.

Fuentes judiciales explican a OKDIARIO que durante su comparecencia Mateo ha insistido al juez en que los servicios prestados por las empresas de Villarejo y por la filial danesa al naviero Pérez-Maura eran «exclusivamente las propias de asesoramiento jurídico al empresario cántabro para evitar su extradición al país centroamericano pero desde la legalidad».

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 interrogará este miércoles al comisario José Manuel Villarejo en relación a la ‘Pit’ -donde se investigan los negocios con los Pérez-Maura- y a la pieza separada número 9 sobre los encargos realizados por el BBVA a las empresas del comisario.

El juez y los fiscales anticorrupción se trasladarán hasta la prisión de Estremera, donde Villarejo cumple prisión provisional desde noviembre de 2017. Los servicios médicos del centro penitenciario han desaconsejado el traslado del ex comisario -debido a su delicado estado de salud- a sede judicial para que preste, nuevamente, declaración.