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El agricultor entró en el Cuartel para pedir ayuda porque se "sentía perseguido por gitanos" tras consumir drogas y tras herir a una agente rompiéndole el dedo fue apaleado por el Teniente con porra eléctrica

Caso Roquetas: Juan Martínez Galdeano muere apaleado por Guardias Civiles después de agredir a una mujer agente

HECHOS

El 2 de julio de 2005 falleció Juan Martínez Galdeano en el cuartel de Roquetas de la Guardia Civil.

SANCIONADO EL RESPONSABLE DE LA MUERTE

El Teniente de la Guardia Civil José Manuel Rivas Ruiz fue condenado a 15 meses de prisión en primera instancia por la muerte del Sr. Martínez Galdeano, que luego el Tribunal Supremo bajó a 12 meses.

El ministro de Interior, D. José Antonio Alonso Suárez, tuvo que comparecer en el Congreso a dar explicaciones sobre la muerte del Sr. Martínez Galdeano.

05 Agosto 2005

Rectificación oportuna

EL PAÍS (Director: Jesús CeberiO)

El ministro del Interior, José Antonio Alonso, comparecerá ante el Congreso el día 11, seis antes de la fecha inicialmente prevista, para informar sobre la muerte de un vecino de Roquetas en el acuartelamiento de la Guardia Civil de esa localidad almeriense. Se trata de una rectificación que corrige la incomprensible falta de reflejos mostrada por el Gobierno ante un hecho de indudable gravedad. La rectificación incluye también la intervención del Ministerio de Defensa para aplicar al teniente y siete agentes del cuartel la suspensión cautelar máxima prevista en la ley.

No tenía justificación retrasar la comparecencia hasta septiembre, y era un error pretender que fuera el secretario de Estado, y no el ministro en persona, quien diera las explicaciones. La opinión pública tiende a ser comprensiva con los gobernantes ante actuaciones incorrectas del personal a su cargo; pero no perdona la falta de reacción de esos responsables políticos ante los escándalos, una vez conocidos. El Gobierno de Zapatero no debería repetir la tardanza que ya protagonizó el del PP en el año 2000, ante la muerte de un detenido en calabozos policiales. También resultó decepcionante el tono banal, y hasta cierto punto exculpatorio, empleado por el director general de la Guardia Civil, general Gómez Arruche, que en su primer y hasta el momento único pronunciamiento público pareció reducir todo el problema a la utilización de una porra no del todo reglamentaria.

El ministro de Defensa, José Bono, ha extendido a todos los guardias del puesto (y ampliado a seis meses) la suspensión de funciones, inicialmente sólo aplicada al teniente. Por su parte, el de Interior ha abierto expediente a todos ellos por supuesto «abuso de sus atribuciones y práctica de tratos inhumanos o degradantes», en aplicación de la Ley de Régimen Disciplinario del cuerpo. Con ello se transmite el mensaje de que, con independencia de lo que resulte de la investigación judicial -que indaga si se han cometido delitos-, de lo que se conoce merced a la encuesta interna se deducen indicios de conductas irregulares.

De eso, y de la aparente falta de profesionalidad de los agentes, incapaces, pese a su número, de reducir a un detenido sin provocarle la muerte, es de lo que tendrá que hablar Alonso en el Congreso. Pero lo fundamental sigue siendo la investigación judicial, que deberá aclarar los numerosos puntos oscuros existentes en los relatos oficiales y oficiosos conocidos. Por ejemplo, las incógnitas que, lejos de despejar, abre el vídeo de algunos de los hechos ocurridos y cuya confusa transcripción se conoció parcialmente ayer.

11 Agosto 2005

¿Quién defiende a la Guardia Civil?

EL PAÍS (Director: Jesús Ceberio)

Juan Martínez Galdeano salió muerto del cuartel de Roquetas tras ser golpeado por varios guardias civiles al mando de un teniente que intentó ocultar las circunstancias que provocaron ese desenlace; pero fue la propia Guardia Civil la que descubrió el intento, informó del mismo a través de la línea de mando y tomó las primeras medidas cautelares contra ese teniente. Hubo, por tanto, como en su momento adelantó el ministro del Interior, resistencias a la investigación por parte del principal investigado, pero no encubrimiento por parte de sus superiores. Ésa fue la conclusión más importante de la comparecencia del ministro ante la comisión de Justicia e Interior del Congreso para informar sobre el caso Roquetas.

Fue una comparecencia rigurosa. José Antonio Alonso admitió el carácter desafortunado de las declaraciones en tono exculpatorio del director general de la Guardia Civil, Gómez Arruche, pero defendió sin fisuras su actuación: la decisión de alejar al teniente del cuartel desde el primer momento, para facilitar la investigación, y la ulterior de separarle del cargo y abrirle expediente tras comprobarse que había tratado de ocultar dos elementos esenciales: la utilización de material prohibido (las porras con que golpeó al vecino de Roquetas) y las imágenes de la paliza que recoge el vídeo del cuartel, y que según su confesión hubiera borrado de saber que existían.

A esa ocultación se refería Alonso, en sus declaraciones del día 6, al hablar de resistencias a la investigación. El portavoz del PP, Ignacio Astarloa, consideró que, al denunciar públicamente tales resistencias y hablar de «trato inhumano» al detenido y de «abuso de autoridad» de los agentes que intervinieron, el ministro había puesto a la Guardia Civil «a los pies de los caballos». Es una grave acusación que no probó. Es cierto que la coincidencia entre investigación judicial e interna puede (y suele) plantear problemas. Pero en este caso, y a la vista de lo que se sabía una vez que se difundió la autopsia del fallecido, hubiera resultado insólito que no se adoptara ninguna medida disciplinaria cautelar, o que se adoptase pero se ocultase a la opinión pública o no se dieran las razones de la misma.

El PP actúa a veces como si el honor de la Guardia Civil fuera un asunto de su exclusiva competencia. Sin embargo, el ministro -y luego otros portavoces- había subrayado insistentemente que los comportamientos individuales de algunos guardias no deben afectar al crédito de la institución como tal, y que precisamente la forma de separar una cosa y otra consiste en depurar con rigor las responsabilidades cuando se produce un abuso. Por eso era decisivo dejar claro que no había habido intentos de encubrimiento ni tampoco falta de diligencia al adoptar las medidas adecuadas a lo que en cada momento se sabía.

Es cierto que el Gobierno dio sensación de pasividad en el tiempo que separa las primeras medidas cautelares, el 26 de julio, dos días después de los hechos, de las reacciones en cadena que se producen a partir de la difusión de los resultados de la autopsia. El ministro lo justificó diciendo que habría sido imprudente ir más allá de lo que se había ido antes de conocer esos resultados. Es cierto, pero eso no explica las vacilaciones posteriores sobre quién y en qué fecha debía comparecer ante el Congreso, con la excusa de que había que dar tiempo a la investigación. Según el relato del propio ministro, para entonces ya se sabía lo que ayer explicó. En esto tuvo razón Astarloa, pero en todo lo demás sus críticas -que el ministro sólo buscaba defenderse a sí mismo, que había un conflicto entre Interior y Defensa, o entre el ministro y el director de la Guardia Civil, etcétera- fueron superficiales o demagógicas. Su petición de dimisión de Alonso sonó artificiosa, a manual de obligado cumplimiento.

Eso no quita gravedad a lo ocurrido. Los detalles conocidos plantean muchos interrogantes. Al margen del estado en el que se encontrara, no es normal que alguien que acude a pedir protección a un cuartel sea detenido y apaleado. Tampoco lo es que los superiores del teniente ignoraran que había sido objeto de varias denuncias judiciales por malos tratos, por mucho que los casos hubieran sido sobreseídos. Y no se entiende la actitud del director general al minimizar el asunto. El ministro rechazó las insinuaciones de algunos portavoces nacionalistas sobre un sistema procesal que favorecería la persistencia de la tortura, pero mostró su disposición a reforzar los mecanismos internos de inspección y evaluación de la relación entre agentes y detenidos en instalaciones policiales. Fue la segunda conclusión más importante de la comparecencia.

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