La Hemeroteca del Buitre

El 19 de mayo de 1960, el Palau de la Música de Cataluña, con motivo del centenario del nacimiento de Joan Maragall, acogió un homenaje al poeta al que asistieron varios ministros franquistas. Aunque prohibido por el régimen, El cant de la senyera, himno oficioso del catalanismo en la clandestinidad, fue interpretado por el público, en abierto desafío a la dictadura. Los disturbios, que pasaron a la historia como los hechos del Palau, se saldaron con numerosas detenciones y un consejo de guerra a Jordi Pujol, que acabó en prisión. Medio siglo después, ese gran templo del catalanismo, sufragado con aportaciones privadas y cuantiosas subvenciones públicas, se ha visto sacudido por el saqueo sistemático perpetrado por Fèlix Millet, egregio representante de la burguesía barcelonesa que como presidente del Palau sustrajo al menos 10 millones de euros, según la querella del fiscal admitida por el juez. Los precedentes históricos quizá expliquen la consternación que se vivió en Cataluña el pasado 23 de julio, cuando los Mossos d’Esquadra registraron el edificio modernista en busca de evidencias de la monumental estafa cometida en la institución.

Tras la confesión por carta de Millet y su lugarteniente, Jordi Montull, que reconocen haberse apropiado sólo de una tercera parte de los fondos presuntamente desaparecidos, quedan pocas dudas de que el expolio de tan emblemática entidad sólo fue posible merced a una pasmosa ausencia de controles financieros, tanto de carácter privado como por parte de las tres administraciones que con cargo al erario público han sufragado sus actividades y las sucesivas reformas del edificio: el Ministerio de Cultura, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona. A medida que se conocen los hechos -facturas y convenios falsificados que los auditores daban por buenos, tráfico de cantidades millonarias en billetes de 500 euros, pagos en dinero negro…- se constata la urgencia de regular a fondo no sólo el funcionamiento del Palau de la Música, sino el de todas aquellas entidades culturales sin ánimo de lucro que se nutren de las ayudas públicas sin someterse a una fiscalización rigurosa por parte de las administraciones competentes.

Millet, próximo a CiU y a la vez patrono de FAES por invitación de José María Aznar, amenazó semanas atrás con desvelar las «comisiones» que ha pagado a cambio de ayudas públicas. Por de pronto, ha trascendido que entregó al menos 72.000 euros a Àngel Colom, ex líder independentista luego adoptado por Convergència, y que la fundación de este partido ha recibido otros 633.000 euros de las arcas del Palau de la Música en la última década. Afloran de nuevo, a falta de mayor concreción judicial, las sospechas acerca de la conexión sistémica entre las adjudicaciones públicas y la financiación irregular de los partidos. Sólo cabe esperar que el juez del caso Millet investigue estas pistas con mayor atención que el tribunal valenciano del caso Gürtel.

La fiscalía se querelló el 10 de junio contra el entonces presidente del Palau de la Música, Fèlix Millet, y otros cuatro directivos de esta institución por los delitos continuados de falsedad documental y apropiación indebida por importe de 2,3 millones de euros, al que luego ha añadido el de malversación de caudales públicos. Ayer, al cabo de más de cuatro meses, el titular del Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona, Juli Solaz, tomó al fin declaración como imputados a Millet y su brazo derecho, Jordi Montull, que hace un mes confesaron por escrito haber sustraído 3,3 millones de euros del Orfeó Català, la centenaria asociación musical que tiene su sede en el Palau. Ni las evidencias palmarias de los delitos cometidos -que ya elevan la estafa a más de 10 millones- ni las alegaciones del fiscal y las acusaciones particulares, que pidieron prisión para los imputados, hicieron mella en el juez, que los ha dejado libres, con cargos pero sin fianza. Eso sí, les ha prohibido abandonar el país y les ha ordenado entregar los pasaportes.

En el ánimo del instructor ha pesado más el escrito de autoinculpación de Millet y Montull, en el que, a fin de eludir la prisión preventiva, declararon su arrepentimiento y el propósito de colaborar con la justicia para reparar el daño infligido a las arcas del Palau. Una declaración que, sin embargo, presenta más sombras que luces. Primero, porque los imputados ampliaron en un millón de euros la magnitud del fraude no precisamente por contrición espontánea, sino tras saber que la auditoría ordenada por los nuevos gestores de la institución había detectado irregularidades no recogidas en la querella de julio. Segundo, porque exculparon a los familiares que trabajaban a sus órdenes, algunos en puestos directivos. Y tercero, porque Millet declaró haber destinado parte de los fondos a pagar «comisiones» para lograr las ayudas públicas y privadas de las que se nutría el Orfeó, pero ayer se negó a desvelar los nombres de los comisionistas con el turbio argumento de que no quería comprometerlos.

Que el pecador reconozca el pecado pero encubra a sus cómplices no parece un ejemplo modélico de cómo cooperar con la justicia. Máxime cuando ya se ha conocido que pagó al menos 72.000 euros al hoy dirigente de Convergència Democràtica Àngel Colom, y también que entregó 540.000 euros a una fundación ligada a este mismo partido a cuenta de unos convenios que no estaba autorizado a firmar. Ni el juez ni el fiscal preguntaron ayer por estos hechos.

En los delitos económicos, la Ley de Enjuiciamiento Criminal autoriza al juez a decretar la prisión preventiva del imputado para conjurar el riesgo de fuga o el de la destrucción de pruebas. Los acusados cumplen ambos requisitos: está demostrado que disponen de cuentas en el extranjero, y podrían estar tentados a alcanzar acuerdos de protección mutua con los beneficiarios de las comisiones cuyas identidades prefieren ocultar.

La decisión del juez del caso Millet de dejar en libertad con cargos al hasta hace poco presidente del Palau de la Música de Barcelona y rechazar, por el contrario, la prisión preventiva incondicional que había solicitado para él la fiscalía de Cataluña ha desconcertado a amplios sectores sociales, provocando las ineludibles comparaciones con otros casos de corrupción que se tramitan en los tribunales. También ha provocado ácidas y hondas discrepancias, con visos incluso de trascender lo jurídico, entre jueces y fiscales, y de jueces entre sí.

El juez del caso Millet se ha parapetado tras la ley para defender su decisión. Pero no es cierto que la actual regulación legal de la prisión provisional impida acordarla en el caso de un imputado por apropiación indebida, posiblemente asociada a malversación de caudales públicos por más de 10 millones de euros (20, según los fiscales), al que podrían corresponderle hasta nueve años de cárcel -una pena muy superior a la de dos años que la ley exige para adoptar esta medida cau-telar-; del que todavía falta por investigarse una parte de su actuación delictiva, con el riesgo de destrucción de pruebas que ello conlleva, y cuya situación familiar y económica acrecienta el peligro de fuga.

El juez ha interpretado los requisitos de la ley en favor del imputado. Estaba en su derecho, pero es responsabilidad suya haberlo hecho, no de la ley, que no necesita reforma alguna para que pueda acordarse la prisión provisional incondicional solicitada por la fiscalía. Quizás para salir al paso del malestar social creado por la decisión del juez, la fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, con los fiscales que investigan el caso, defendieron en una rueda de prensa su posición. Pero es ante los tribunales donde debe defenderla y afinar sus argumentos jurídicos, pues lo que ha decidido el juez instructor no es definitivo. Todavía puede ser enmendado por la Audiencia Provincial de Barcelona mediante el correspondiente recurso.

También algunos jueces han mostrado su extrañeza por la «extraña» decisión de su colega del caso Millet, lo que ha provocado que otros jueces salgan en su defensa y se atrevan, incluso, a proponer sanciones para los jueces que han puesto peros a la decisión. Lo peor que podría pasar es que los casos de corrupción, por afectar principalmente a partidos políticos y a personajes con influencia, terminaran por desgarrar la judicatura. Nada lo justificaría, ni decisiones como la del juez del caso Millet ni la descarada actuación del juez De la Rúa en el caso Camps. Tampoco actuaciones tan estridentes como la instrucción inquisitorial, más que inquisitiva, a que está dando lugar la querella contra el juez Garzón por haberse atrevido a dejar plasmado en dos autos judiciales un relato de los crímenes franquistas y la valoración jurídico-penal que merecen. El sistema judicial debe tener capacidad no sólo para enmendar sus propios errores; también para redimirse de las debilidades y miserias personales de sus servidores. Es lo que esperan los ciudadanos.