Derribado el presidente de Guatemala, Jorge Serrano, tras intentar dar un auto-golpe de Estado e implantar su dictadura

Dirigentes políticos guatemaltecos señalan que el intento de autogolpe de Jorge Serrano es consecuencia de lo sucedido en Venezuela con la destitución de Carlos Andrés Pérez, por temor de Jorge Serrano de que a él le pasara  algo parecido. Jorge Serrano, pastor evangélico de línea conservadora lleva dos años en la presidencia y se le ha cuestionado desde círculos democráticos por su influencia en los militares y su obstaculización a las negociaciones con la guerrilla. Ante su posible enjuiciamiento Jorge Serrano ha optado por suspender la Constitución y gobernar con el Ejército siguiendo el ejemplo de Alberto Fujimori en Perú, pero a diferencia de Fujimori, que contaba una alta popularidad entre los peruanos, la popularidad de Serrano está por los suelos.

EL «AUTOGOLPE» de Estado del presidente de Guatemala, Jorge Serrano, con el que concentra en sus manos todos los poderes y disuelve el Parlamento y la Corte Constitucional, es casi un calco del que realizó Fujimori en Perú hace un año. Serrano justifica su golpe con los mismos pretextos: la necesidad de luchar contra la corrupción y de depurar los «métodos democráticos», en vista de lo cual aplica la censura a los periódicos y suspende las emisoras de televisión y radio que no repiten sus consignas. Jorge Serrano es un político de extrema derecha, denunciado en los foros internacionales por sus violaciones de los derechos humanos. Ahora va más lejos: quiere liquidar las instituciones democráticas e imponer un poder autoritario. Todo ello, impulsado por altos mandos militares que siempre se han opuesto al avance de la democracia.Guatemala es el país de Centroamérica en el que la lucha de las guerrillas de la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) se prolonga desde hace más tiempo. Ésta tiene un fuerte respaldo campesino, sobre todo en zonas de población indígena. Mientras en El Salvador y en otros casos la lucha armada está desapareciendo, las negociaciones entre la URNG y los enviados del Gobierno, patrocinadas en México por la Iglesia, han fracasado repetidamente. La cerrazón de Serrano determina esta lamentable excepcionalidad de Guatemala. Pero no se han contentado con ello los militares y han presionado para que la democracia sea liquidada.

Un dato positivo en el confuso presente es el de la amplitud de la oposición al golpe. La Corte Constitucional se ha reunido a despecho de las órdenes presidenciales y ha declarado nulos todos los decretos de Serrano que suspenden la legalidad. El Procurador de los Derechos Humanos (equivalente al Defensor del Pueblo en España), escapado de la policía, ha hecho una declaración solemne pidiendo a Serrano que renuncie a sus planes. Prácticamente todos los partidos se han pronunciado en igual sentido. El ministro de Trabajo, Mario Solórzano, ha dimitido de su cargo, y la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchu, conocida por su esforzada labor en defensa de los indígenas, denunció también la maniobra golpista.

En el plano internacional las condenas han sido numerosas. Los Gobiernos de Madrid y de Washington fueron los primeros en denunciar al golpista Serrano. En Chile, el Parlamento Latinoamericano ha pedido la expulsión de Guatemala de esa institución. En cuanto a la Organización de Estados Americanos (OEA), ha convocado una reunión de cancilleres para estudiar las medidas que deben ser adoptadas. Conviene que éstas tengan la mayor operatividad y que se pongan en marcha con toda urgencia. Por ahora, aún logran hablar en Guatemala entidades y personas en defensa de la democracia. Pero si no hay una acción internacional eficaz, Serrano logrará acallar esas voces con la ayuda de la policía y del Ejército. De ahí la necesidad de un apoyo exterior a la Corte Constitucional y la urgencia del envío de observadores internacionales que vigilen el respeto de los derechos humanos y denuncien los actos de represión.

Por otra parte, la comunidad internacional (y de un modo particular España, unida por tantos lazos a Latinoamérica) debe tomar medidas que corten esta moda latinoamericana de golpes, militares o civiles, que están destruyendo numerosos sistemas democráticos: Perú, Haití, los intentos en Venezuela, ahora Guatemala. Si en este último caso se aplican sanciones de verdad (a un país con gran dependencia económica del extranjero) sería posible impedir la consolidación de un nuevo régimen dictatorial. Ello exige una acción diplomática rápida.

Alberto Fujimori ha negado que sea «un exportador de golpes», pero, al mismo tiempo, ha bendecido la actuación de su émulo guatemalteco Jorge Serrano. La coartada de ambos es la misma. «Los pueblos no quieren la demagogia que se disfraza de democracia» comenta Fujimori; «Vivíamos en anarquía (…) La gente confunde libertad con libertinaje» asegura Serrano para justificar la disolución de las cámaras y la concentración de poderes. Recurrentes argumentos, típicos de dictadores. Pero en Guatemala hay un rayo de esperanza: la unánime y valiente oposición de ciudadanos, partidos, sindicatos y empresarios. Un clamor del que quedó constancia en la macromanifestación (y misa) de ayer, en la que no faltó Rigoberta Menchú, símbolo de la lucha por los derechos humanos y por la democracia. El Ejército disolvió, con un despliegue de tanquetas, otra manifestación.

El Ejército derrocó ayer al presidente de Guatemala, el evangelista Jorge Serrano Elías, cuando se cumplía justamente una semana de su autogolpe y puso en manos del hasta ahora depuesto Tribunal de Constitucionalidad el inmediato retorno del orden legal al país. Serrano fue depuesto por el mando militar tras haber fracasado horas antes en un intento desesperado por sobornar a antiguos diputados y tratar. de obtener de éstos una fórmula legal que le permitiera seguir gobernando. El contragolpe fue palaciego y el Ejército no tuvo que salir a la calle.

Serrano, escoltado por oficiales del Estado Mayor Presidencial, fue desalojado de su residencia oficial a las 19.30 de Madrid y recluido en un lugar no precisado del palacio presidencial, edificio muy cercano al anterior. Al observar la presencia de los periodistas el depuesto presidente giró su mirada y exclamó: «Hijos de la gran puta. Me la van a pagar».Jorge Serrano no aparentaba ir detenido, pero la escolta militar que le rodeaba dejaba entrever que su traslado. era forzoso. Al frente de este grupo de oficiales figuraba el jefe del Estado Mayor Presidencial, general Francisco Ortega Menaldo, el militar que más había confraternizado en los últimos tiempos con el depuesto presidente.

Al parecer, Serrano fue conminado en su residencia oficial a presentar su renuncia, pero se negó en un principio. La comunicación partió del propio Ortega Menaldo, que había sido encargado de ejecutar esa orden por el grupo de oficiales que decidió dar el contragolpe. El ministro de Defensa, Juan Domingo García Samayoa, que se había mostrado en los días que duró este autogolpe muy cercano emocionalmente a Serrano, asumió la responsabilidad del Ejército desde el primer momento. Fue el alto mando militar el que comunicó a los notables civiles la necesidad inmediata de buscar una salida legal a esta crisis, en la que en ningún momento debería de figurar el Ejército como poder, ni siquiera transitorio.

Un grupo de notables civiles fue convocado por los militares al palacio presidencial para informarles de su decisión. Entre los convocados figuraban personalidades muy variadas del arco político de Guatemala como Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz; el procurador de los Derechos Humanos, Ramiro de León Carpio; y el arzobispo de Guatemala, Próspero Penados del Barrio.

Restauración democrática

El Ejército, a través del ministro de Defensa, informó que había tomado su decisión acatando la decisión del Tribunal de Constitucionalidad el mismo día 25 de mayo que exigía la destitución de Serrano por haber alterado el orden constitucional.

Los militares anunciaron asimismo que el Tribunal de Constitucionalidad asumirá la dirección de la restauración democrática para después ser el Congreso de la República, ya depurado de sus diputados corruptos el que designe a la persona que asumirá la jefatura del Estado hasta completar el período constitucional que había iniciado Serrano, que expira el 14 de enero de 1996.

El ministro de Defensa invitó a todas las fuerzas políticas y sociales del país a apoyar este pronunciamiento en defensa del retorno al orden legal e hizo un llamamiento a todos los embajadores guatematelcos que habían presentado su dimisión en la última semana para que regresen a sus puestos.

Previamente se intentó un consenso con la comisión de notables para buscar una salida pactada e inmediata al vacío presidencial, que no se pudo obtener dada la divergencia de criterios. La Premio Nobel de la Paz y líder indigenista, Rigoberta Menchú, abandonó la reunión tras dos horas de negociaciones y ante la falta de un acuerdo político.

Una de las principales trabas que se presentaba ayer ante los militares era la falta de un documento de renuncia por parte de Serrano, que se negaba a hacer efectiva esta demanda. No obstante, se esperaba un desenlace rápido sobre este asunto, para lo que no se descartaba que se invitase al Ejército a conminarle a la fuerza la firma de su dimisión.

Mientras en el palacio presidencial se sucedían unas reuniones tras otras para buscar una salida a la crisis generada por el derrocamiento de Serrano, en la calle se producían los primeros conatos de manifestación de apoyo a la nueva situación y en contra de Serrano. La principal concentración se produjo frente al palacio presidencial, instantes después de que se supiera que los militares habían depuesto al presidente golpista. Fue una gran manifestación de alegría donde se lanzaron cohetes, se vivió en medio de júbilo y canciones y se gritaron consignas a favor de sacar a Serrano del país.

Asilo político

Rumores que fueron desmentidos categóricamente por el embajador Manuel Piñeiro se extendieron desde el mediodía de ayer por Guatemala, en el sentido de que España estaba dispuesta a darle asilo político a Serrano y a su familia. El hecho resultó falso, pero no impidió que la cancillería española se viera rodeada rápidamente de una nube de periodistas que prefirieron permanecer en sus alrededores a la espera de noticias sobre el asunto.

En la comisión de notables que buscaba ayer una salida legal a la situación no figura ni el presidente del Congreso, José Lobo Dubón, ni el presidente de la Corte Suprema, Juan José Rodil, que fueron dos de los altos cargos eliminados por Serrano en su decretazo de hace ocho días.

Ambas personalidades son consideradas tan culpables como el presidente Serrano, ayer destituido, de la aberrante corrupción política en la que se había envuelto la vida pública de toda Guatemala durante los últimos dos años y medio.

EL PRESIDENTE QUISO COMPRAR A 48 DIPUTADOS

La desesperación llevó a Jorge Serrano a recurrir a la misma corrupción que había señalado para justificar su autogolpe. Torpedeado por el Tribunal Electoral en sus intentos de conseguir unas elecciones a diputados en dos meses y un referéndum constitucional a 90 días, encontró en la compra de diputados su última y sucia salida.Serrano reunió en la madrugada del martes a 48 de los diputados que él se encargó de eliminar la semana pasada al disolver el Congreso (le los Diputados. El evangelista Serrano ofreció a estos diputados 150.000 quetzales (3.000 dólares) para que le dieran el espaldarazo. La corruptela no fraguó. El Ejército, indignado, decidió sacarlo del poder.

El depuesto presidente buscaba restituir un aparente Estado de derecho, consiguiendo una mayoría en el Congreso que le permitiera continuar al frente del Ejecutivo. Satisfacía así la exigencia de retorno a la constitucionalidad lanzada fuera y dentro del país y a la que se sumé en las últimas horas el Ejército. Serrano cambió de opinión tras su encuentro el domingo con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Joao Baena Soares.

El autogolpe, que ha durado una semana, se encontró con la oposición en Guatemala de todos los sectores políticos, sociales y económicos del país. El mantenimiento de Serrano en el poder sólo ha podido ser posible gracias al Ejército. Éste, que en un primer momento esperó la evolución de los hechos, comprobó después la impopularidad de su presidente y se empezó a preocupar por la enérgica reacción internacional, primero con la suspensión de la ayuda de EE UU y, después, con la determinación de la OEA de no admitir otro Fujimori en el continente.

El Ejército, finalmente, se unió al sentir general de los guatemaltecos y sólo le bastó invitar a Serrano a dejar de ser el presidente. Todo quedó y se desarrolló dentro de palacio.

EN EL plazo de una semana, el autogolpe del presidente de Guatemala, Jorge Serrano, ha sido derrotado gracias a una movilización ciudadana en defensa de la democracia de extraordinaria amplitud y, al final, a la intervención del Ejército, que obligó al golpista a abandonar el poder. Aunque la confusión no se ha despejado, la destitución de Serrano es una buena noticia. Después de los casos de Haití y Perú, en que golpes autoritarios se mantienen en el poder a pesar de la condena internacional, en Guatemala no ha ocurrido lo mismo: la oposición del pueblo y de las fuerzas políticas democráticas, con un amplio respaldo exterior, han logrado eliminar a un presidente que quería seguir el ejemplo del peruano Fujimori.Los militares habían sido el principal instrumento que permitió a Serrano tomar el poder y enfrentarse a todas las instituciones civiles del Estado, desde el Congreso hasta la Corte Suprema. Cuando comprobaron que el presidente no tenía ningún apoyo, que la delegación de la Organización de Estados Americanos condenó rotundamente el golpe y que Estados Unidos hizo saber que suspendería su ayuda si no se restablecía la legalidad, cambiaron de actitud. El ministro de Defensa, general García Samayoa, que ha actuado en representación del Ejército, exigió a Serrano -al que había dado su apoyo anteriormente- que dimitiese para que se pudiese normalizar la situación en el país. Hoy, oficialmente, el Tribunal de Constitucionalidad ejerce el poder supremo: sin embargo, el poder real pertenece a las Fuerzas Armadas, y ello desde el momento en que se rompió la legalidad. El primer gesto de los militares fue el de recurrir a dicho tribunal, una pantalla civil a su poder efectivo, para evitar el auge de las protestas populares exigiendo el restablecimiento de la democracia.

De hecho, ya se han producido varias manifestaciones acusando a los militares de haber organizado un contragolpe que pretende otro régimen igualmente antidemocrático. Un signo preocupante es que la líder de los derechos humanos Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz, se retiró de las negociaciones del palacio presidencial para preparar la transición del poder, por considerar que no se tomaban las medidas indispensables para restablecer la democracia. Al estallar el golpe, ella fue la primera figura que se opuso y la que movilizó al pueblo para oponerse en la calle. Entonces los militares apoyaban a Serrano. La ambigüedad del momento presente se refleja en que ahora son los militares quienes manejan la transición, mientras Rigoberta Menchú se ha apartado de unos arreglos que considera sospechosos.

En esta situación, los gobiernos europeos y el de Estados Unidos deben dejar muy claro que su oposición al golpe de Serrano se mantendría contra cualquier otra solución que siga negando los principios esenciales de la democracia. Urge que unas elecciones limpias, con libertad para todos los partidos, aseguren que la democracia se restablece de verdad. Mientras el sistema político dependa de la voluntad de los militares, el éxito logrado con la derrota del golpe de Serrano estará suspendido de un hilo.

El amplio rechazo social (instituciones, medios de comunicación, patronal, sindicatos, Iglesia etc.) sufrido por Serrano puede explicar el carácter efímero de su autogolpe. Bastó con que el Ejército, único y por otro lado no demasiado explícito soporte del dictador, le retirara su apoyo para que cayera. Sin presidente y sin gobierno, pero con Constitución, el país centroamericano ha vuelto a encarrilarse hacia la democracia. La situación no deja de ser bastante atípica: el poder reside ahora en las Fuerzas Armadas en tanto que la llamada Corte de Constitucionalidad dirige, por encargo militar, la complicada restauración de las instituciones democráticas. Habrá que esperar a que el proceso llegue a buen puerto. Rigoberta Menchú y diversas organizaciones populares no han ocultado su recelo ante el riesgo de que todo acabe en «golpe militar con fachada civil».

GUATEMALA VIVE una situación cuyas consecuencias pueden ser trascendentales para su futuro inmediato. El presidente Ramiro de León -un defensor de los derechos humanos que hace pocos meses accedió a la primera magistratura cuando su predecesor, Jorge Serrano, tuvo que abandonar el cargo tras un autogolpe- pretende acabar de una vez con todos los escándalos del país. Cuando en junio pasado accedió a la presidencia, contaba con el apoyo masivo de una población harta, pero también con la atenta vigilancia de un Ejército acostumbrado a que sus privilegios sean intocables. Sus primeros gestos fueron de contemporización hacia los estamentos más conservadores de las Fuerzas Armadas: dio la sensación de que era uno más de sus rehenes. Extrayendo, además, de la experiencia de su predecesor las consecuencias que le parecían evidentes, prefirió no tocar de momento a la clase política o imponer recortes a sus privilegios. A lo largo del verano, sin embargo, el apoyo popular de que disfrutaba al principio fue disminuyendo. Ello le indujo a combatir a una parte del poder civil implicada en el pasado, una iniciativa que es popular y con la que no arriesga ofender a los militares.Pero el tema no es fácil de llevar a la práctica. Justo antes de perder su cargo, Jorge Serrano había intentado hacer lo mismo: depurar la clase política disolviendo el Parlamento y la Corte Suprema. No lo consiguió y sus enemigos le devolvieron -y con claro éxito- las acusaciones de corrupción. Por este motivo, Ramiro de León ha intentado otra estrategia: que sean el Congreso y la Corte Suprema los que accedan a autodepurarse y que sus integrantes dimitan de sus cargos, abriendo de esta manera el camino de una nueva elección general. Así, ha preferido pedir a los diputados que hagan frente a sus responsabilidades, porque sabe que una simple disolución de la Cámara es demasiado arriesgada.

Pero no ha contado con la resistencia de grandes sectores de la clase política acostumbrados a vivir de prebendas y corruptelas. De este modo, en los últimos días se han producido asombrosas escenas de intercambio de golpes entre diputados y de violencia verbal entre el presidente de la Cámara y un sustituto suyo elegido mientras aquél estaba voluntariamente ausente. Y la población, aunque acostumbrada a un espectáculo político del que está profundamente divorciada, padece estas alternativas con una creciente irritación.

La situación se complica aún más porque Guatemala es un país en guerra. La Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (UNRG), que agrupa a las unidades guerrilleras con las que el Ejército protagoniza sangrientos episodios desde hace años, pidió el miércoles la depuración completa de la corrupción nacional. Es decir, no sólo de los estamentos civiles -Asamblea y Corte Suprema-, sino del Ejército, que es sin duda la fuente más directa de la corrupción, venalidad y muerte que tienen desgarrado al país desde hace décadas. A estas demandas han contestado las Fuerzas Armadas por medio del ministro de Defensa, general Mario René Enríquez, con una solicitud al presidente De León para que autorice acciones militares contra la guerrilla.

En Guatemala, la democracia se mueve entre márgenes muy estrechos, y las libertades han estado en entredicho desde que en 1954 el presidente coronel Arbenz fuera derrocado por la extrema derecha con ayuda de Estados Unidos. Hoy, casi 40 años después, el camino de la pacificación sigue siendo el de la exploración de las alternativas civiles: la limpieza de la vida pública -mediante iniciativas como la autodisolución del Parlamento y la voluntaria limitación de privilegios y corruptelas- y la continuación de las negociaciones entre la URNG, el Ejército y el Gobierno. Los guatemaltecos ya han sufrido demasiado.