Destrucción del Banco Popular: Ante su inminente quiebra es vendido al Banco Santander por 1 euro

La venta del Banco Popular al Banco Santander por un euro y el compromiso de la entidad compradora de ampliar capital por un importe de 7.000 millones es, si no la mejor de las soluciones posibles para evitar el colapso del banco, sí la más razonable de las que se podían tomar dadas las penosas circunstancias por las que estaba atravesando la entidad. Era necesario actuar con celeridad extrema, porque así lo aconsejaba el riesgo de falta de liquidez del Popular; había que encontrar una solución que excluyera la obligación de aportar dinero público; y, por añadidura, era obligado sortear la resistencia de varias entidades a aceptar el problema del Popular. En líneas generales, los objetivos se han cumplido con holgura.

Viene a cuento recordar que esta operación es la primera que realiza el Mecanismo Único de Resolución europeo (SRB) y que, una vez que ha dispuesto de la información detallada sobre la situación del Popular, la ha ejecutado con rapidez y contundencia. Y es pertinente porque se trata de una institución europea, con lo cual cabe descartar razonablemente la parcialidad o la connivencia de intereses. Nadie podrá dudar de entrada de que el Santander fue la oferta mejor. La banca europea debería tomar nota del precedente. Para el Santander es una operación prometedora. No solo porque con la compra se convierte en la primera entidad española, con gran diferencia, sino porque el Popular, depurado de los activos inmobiliarios dudosos y tras la ampliación de capital —que no pudo conseguir en solitario— se convertirá en una fuente de negocio muy rentable.

Ahora bien, quedan detalles importantes por explicar que tienen que ser aclarados con mayor profundidad. El primero, la ausencia de un concurso público, justificado seguramente por el deterioro profundo de la entidad. El segundo, más importante, la gestión del banco durante los últimos meses. Tampoco se entiende el rodeo que dio el rescate bancario español en torno al Popular, sin mancharlo ni tocarlo; si se le hubiese aplicado también quizá no se hubiese tenido un banco español tendido en la lona durante semanas, con una hemorragia continua de valor en Bolsa.

Hay que recordar, además, que la compra del Popular tendrá secuelas inevitables. Poner el valor del banco a cero implica aceptar que habrá probablemente muchos litigios.

Con la adquisición del Banco Popular por el Santander, España ha inaugurado la única pata del nuevo modelo de control del sistema financiero europeo nacido en la última crisis que no se había estrenado todavía: el Mecanismo Único de Resolución (MUR). Es el organismo encargado de garantizar el «final ordenado» de un banco que pasa por dificultades sin que cueste un euro a los contribuyentes. Así ha sido. La situación del Popular se había hecho inaguantable por la deficiente gestión del equipo anterior, capitaneado por Ángel Ron. El banco presidido porEmilio Saracho desde el pasado mes de diciembre había perdido más de un 60% de su valor en Bolsa en las últimas semanas y la retirada de los clientes amenazaba su estabilidad.

La constatación «de una falta de liquidez» de la entidad «ha forzado los tiempos», dijo ayer Elke König, responsable del MUR. El resultado ha sido que el Banco Popular ha pasado a la historia. El Santander lo ha comprado por un euro. Para digerir la operación, tendrá que ampliar capital por 7.000 millones de euros con el fin de adecuar sus niveles de solvencia al nuevo tamaño y a la calidad de los activos comprados.

Hay que preguntarse por qué se ha llegado a esta situación si, como el Gobierno había repetido tras la crisis de las cajas de ahorros, el sistema financiero estaba saneado. El Popular había pasado hace un año con holgura los test de estrés europeos y ahora presenta un déficit de provisiones de entre 2.000 y 8.000 millones de euros al que tendrá que hacer frente el Santander. Se demuestra de nuevo que estas pruebas de esfuerzo no sirven para su función: que el mercado conozca el estado real de una entidad. Mal asunto cuando los que fallan son los organismos de supervisión.

Pero estos graves problemas del Popular se comenzaron a fraguar por unas malas inversiones en activos inmobiliarios en la etapa de Ron, fundamentalmente créditos hipotecarios a promotores. El pinchazo del mercado devaluó las garantías que sustentaban los préstamos. En total, el banco contaba en el momento de su venta con unos 37.000 millones en activos problemáticos. Más adelante, el Popular tuvo que digerir la compra del Banco Pastor sin ninguna ayuda pública.Una carga demasiado pesada para llevarla en solitario, como se fue demostrando cuando la entidad no pudo afrontar las nuevas exigencias regulatorias de los ratios de solvencia. El resultado de aquellos errores es que los 300.000 accionistas del banco han perdido toda su inversión. Algunas asociaciones de minoritarios se empezaron a mover ayer con el fin de presentar demandas contra los últimos equipos gestores, especialmente por no revelar el verdadero estado de la entidad al realizar la última ampliación de capital hace un año.

En el otro lado de la balanza hay que considerar que el nuevo modelo de rescate ha funcionado correctamente. El sistema financiero español ha sido capaz de asumir la disolución del sexto banco del país sin más daño que el ocasionado a sus accionistas y sin que afecte al riesgo soberano. No ha habido pánico en el mercado ni problemas con los clientes del Popular, que ahora pasan sin solución de continuidad a serlo del Santander. Es un éxito, pues, de los mecanismos creados para reducir al máximo los daños en estas crisis.

El otro protagonista de esta operación es el Santander, que se ha convertido en el banco más grande de España por activos, con unos 465.000 millones de euros, casi la mitad del PIB nacional. Las acciones del banco presidido por Ana Botín apenas bajaron ayer, pero el tiempo dirá qué efecto tiene en la cotización esa macroampliación de 7. 000 millones. Es cierto que gana negocio en lo que el Banco Popular era especialista, la banca de particulares y de pequeñas y medianas empresas, pero también lo es que en España, con los tipos a cero, esta actividad no deja apenas márgenes.

Además, el banco tendrá que hacer frente a la elevada exposición al riesgo inmobiliario que le aporta la adquisición. Pero no podemos ocultar que el Santander ha contribuido «a la estabilidad del sistema financiero español», como dijo ayer Botín. Una cooperación que será tenida en cuenta por las autoridades españolas y europeas.

Luis de Guindos, mostró ayer la satisfacción del Gobierno tras la operación. Tiene razón. El sistema financiero español ha soportado con nota la caída del sexto banco del país. El BCE también tiene que estar satisfecho, a la espera de la banca italiana. Porque en ese país no tienen un Santander que salga en auxilio de las entidades problemáticas.

El Banco Santander se adjudicó ayer el Popular por la cantidad simbólica de un euro tras la decisión de las autoridades comunitarias de intervenir la entidad ante el riesgo inminente de quiebra, lo cual vuelve a poner en duda la eficacia y diligencia de los reguladores, tanto españoles como europeos, para analizar de forma conveniente y fidedigna la fortaleza real de las entidades financieras. Tras el histórico desplome que sufrió en Bolsa durante las últimas jornadas, donde llegó a perder más de la mitad de su valor, y en medio de una grave incertidumbre acerca de su futuro, que se tradujo en una intensa retirada de depósitos, la Junta Única de Resolución europea, encargada de resolver la situación de los bancos en crisis, decidió su intervención y posterior venta con el fin de proteger a los depositantes y garantizar la estabilidad del sistema financiero. Sin embargo, cabe preguntarse cómo es posible que los reguladores no hubieran detectado antes los graves problemas de liquidez y solvencia que atravesaba el Popular para actuar en consecuencia y evitar esta drástica salida.

La resolución de la entidad se precipitó después de que el Banco Central Europeo (BCE) aflorara un agujero de entre 2.000 y 8.000 millones de euros en función de las diferentes estimaciones, cuya cuantía hacía inviable la continuación del Popular en solitario, ya que la falta de liquidez le impediría abrir sus oficinas un solo día más. Pero este crítico diagnóstico contrasta con las pruebas que realizó la Autoridad Bancaria Europea el pasado año, donde el Popular superaba el nivel mínimo de solvencia que exigía el regulador comunitario ante el peor escenario posible. Y ello sin contar la ampliación de capital que protagonizó el banco a mediados de 2016 por valor de 2.500 millones de euros para reforzar su balance, superando así con nota el examen del regulador europeo.

Lo mismo cabe decir de los supervisores nacionales, puesto que tanto el Ministerio de Economía como el Banco de España y la CNMV tendrían que haber actuado con mayor eficacia para solventar la incertidumbre bursátil y la creciente crisis de confianza que han minado la viabilidad del Popular. Es evidente que los controles previos han fallado y que las autoridades españolas deberían haber custodiado mejor la lenta agonía del banco. La credibilidad de los reguladores vuelve a quedar en entredicho. Por desgracia, la única salida que le quedaba al Popular tras la sentencia del BCE era su intervención, con las consiguientes pérdidas para accionistas y tenedores de deuda. Su venta y saneamiento por parte del Santander garantiza la tranquilidad de los depositantes y la estabilidad del sistema financiero, sin necesidad de inyectar dinero público, pero la principal tarea del regulador es prevenir que se llegue a este extremo.

Adiós a Banco Popular. Tras meses de incertidumbres, ayer finalmente saltó la liebre: Banco Santander se quedará con la madrileña a cambio de un euro. Al poco de desvelarse los detalles de la operación, buena parte de la izquierda política se rasgó las vestiduras: ¿cómo es posible que alguien pueda comprar un banco como el Popular por apenas un euro? El bajo precio parecía indicar una especie de contubernio político-económico a favor del Santander. En realidad, el precio que se está pagando puede que peque de alto.

¿Qué ha sucedido con el Popular?

Banco Popular ha sido desde hace años uno de los eslabones más débiles del sistema financiero español. Su exposición tóxica al ladrillo ascendía en 2012 –última auditoría detallada disponible– a unas pérdidas potenciales de más de 13.000 millones de euros. El problema con los agujeros financieros de los bancos es que son susceptibles de mantenerse ocultos mucho tiempo en sus balances: los créditos morosos pueden refinanciarse sine die para no reconocer su más que probable impago; y los activos adjudicados –inmuebles, promociones o suelo– pueden valorarse a precios irreales para no asumir las minusvalías latentes. Esto último es lo que había estado haciendo el Popular: evitar que sus pérdidas afloraran para no reconocer su auténtica situación de debilidad. Pero, al final, la basura termina aflorando. Siempre.

¿Qué alternativas tenía?

Después de que Emilio Saracho levantara hace unos meses las alfombras del Popular y reconociera su situación crítica, sólo quedaban tres alternativas: una, vender el banco a otra entidad financiera que se hiciera cargo del agujero; dos, un rescate público a costa del contribuyente; tres, trasladarles el agujero a los acreedores. Claramente, la solución más cómoda para el Gobierno y para los acreedores privados era la primera: y ésa ha sido la que finalmente ha terminado produciéndose. El Santander ha acudido al rescate y será el encargado de digerir el boquete financiero del Popular.

¿Qué ha hecho Banco Santander?

El Santander ha comprado Banco Popular a cambio de un euro. Aparentemente, se trata de un precio muy bajo, pero estamos olvidando que, al adquirirlo, también está aceptando hacerse cargo de las deudas del Popular. He ahí el verdadero coste que tendrá esta operación para el banco de Ana Botín: pagar la totalidad de las deudas a partir de unos activos que valen mucho menos de lo que se decía que valían. Ayer mismo, el Santander estimaba que las pérdidas potenciales de los activos rondaban los 8.000 millones. Para hacer frente a tan ingente suma, anunció que efectuaría una ampliación de capital de 7.000 millones. Ése es el auténtico coste de la operación, no el euro pagado.

¿Le saldrán las cuentas?

De momento, es muy difícil estimar si el Santander obtendrá beneficios con esta operación, aunque prima facie se antoja bastante complicado: la anunciada ampliación de capital de 7.000 millones diluirá la participación de los actuales accionistas del Santander, de manera que sólo saldrán ganando si la integración de ambas entidades genera réditos adicionales que permitan mantener sosteniblemente la actual remuneración que reciben. En caso contrario, serán los accionistas quienes pagarán el coste de los platos rotos. La ventaja de que sean los accionistas del Santander quienes carguen con el agujero del Popular es que, tal como manifestó ayer el ministro De Guindos, no cargarán con él los contribuyentes. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado: no es infrecuente que los gobiernos occidentales terminen pagando los favores recibidos mediante diversas tipos de prebendas no necesariamente monetarias. Si esta operación se ha desarrollado por motivos exclusivamente económicos, bienvenida sea; si, en cambio, hay algún tipo de contraprestación política que de momento no conocemos, más nos habría valido que los acreedores del Popular soportaran todas sus pérdidas y que el Santander no acudiera al rescate. Habrá que estar vigilantes.

Nadie lo hizo público, pero el Banco Popular pidió confidencialmente el lunes 5 la excepcional Provisión de Liquidez de Emergencia (ELA, por sus siglas en inglés) del Banco Central Europeo. Se trata del mecanismo extraordinario del BCE para dar liquidez a quien no la puede obtener por medios convencionales y que, en este caso gestionada por el Banco de España, ha dado oxígeno en secreto al Popu. La banca en la Grecia de Alexis Tsipras vivió durante semanas de la ELA en julio de 2015 hasta que se sometió a la Troika.

Llegó el martes y el banco que aún presidía entonces Emilio Saracho tuvo que recurrir otra vez a la ELA en lo que ya se veía que iba a ser la tónica diaria. Fundirla en horas para atender los miles de millones diarios de fuga de depósitos. Sin ELA, el Popular ya no podía abrir sus sucursales el miércoles en un espectáculo inadmisible en la cuarta economía del euro. Por eso, a las 15 horas del martes, el BCE activó el mecanismo para expropiar a los accionistas y tenedores de deuda subordinada declarando al Popular ya inviable -fail or likely to fail- y el fondo estatal Frob empezó a ejecutar la subasta.

La presidenta del Santander, Ana Patricia Botín, estaba lista para la puja. De hecho, días antes, el Santander se había retirado del proceso de venta del Popular iniciado por Saracho. ¿Para qué comprar por 2.000 millones, lo que, esperando unos días, costaría un euro? En el proceso de venta privada, el Santander se retiró, pero en el de resolución tras la intervención europea, presentó la oferta que Gobierno, Banco de España y BCE deseaban: asegurar la liquidez para que el Popular siguiera actuando normalmente y asumiendo el agujero sin necesidad de dinero público.

Con esta vía España ha tenido que pasar el bochorno de estrenar el mecanismo de resolución europeo para intervenir bancos en apuros, pero se ha ahorrado dinero público. Tal como está la banca italiana o chipriota es increíble que sea España quien lo empiece, lo que muestra que la crisis financiera no ha terminado en nuestro país por mucho que se predique desde el Gobierno. Y esta vez no se trata de las politizadas cajas de ahorros.

También es cierto que el Ejecutivo podría haber intentado una ficción como la del Gobierno italiano, que avala los bonos de Monte dei Paschi para que tenga liquidez a falta de comprador.

«Luis de Guindos le ha echado cojones», resume un importante banquero involucrado en el proceso. El ministro ha asumido el riesgo de dar la nota en Europa, pero el resultado ayer era positivo. La prima de riesgo de España no se resentía e incluso mejoraba con respecto a la italiana. De Guindos coincidió el fin de semana en el club Bilderberg en Chantilly, a 40 kilómetros de Washington, con Ana Botín; aunque ésta niega presiones del ministro.

Cuando Botín viajó a EEUU tenía ya preparada la oferta y ordenó el martes acudir con fuerza a la puja y asegurar una ampliación de capital de 7.000 millones para digerir el deteriorado banco. Mostraba el instinto agresivo de su padre, pero con una diferencia: «En esta fusión no podemos perder clientes», ordenó a sus subordinados. La presidenta no quiere que ocurra como en las fusiones del pasado en que se dejaba ir a la clientela del absorbido. Prioridad: que se queden.

La banquera durmió poco ayer, porque a las cuatro de la mañana fue informada de que el Santander había ganado la adjudicación. Tampoco era difícil, porque su gran rival, el presidente del BBVA, Francisco González, no quiso participar. «Nuestro proyecto es transformar el banco en una empresa digital y, por ello, cuando estudiamos bancos físicos como Popular somos extraordinariamente exigentes en términos de valoración», dijo ayer en misil a Botín y en sabotaje a la competición entre ambos bancos que quería Guindos.

Quedan ahora escándalos por aclarar como el de la pésima supervisión europea y española del Popular, cuándo éste aprobó las pruebas de estrés hace un año.

Hace unos días se cumplió un año desde que se decidió y ejecutó la Resolución del Banco Popular, la entidad que tuve la responsabilidad de presidir durante los últimos 108 días.

Mi paso por el Popular fue duro y me produjo sinsabores y frustración, pero también me dio ocasiones para sentirme orgulloso de trabajar con un gran número de personas que hicieron todo lo que les fue posible para evitar un desenlace aún mucho más negativo del que se produjo. Esto no quiere decir que haya sitio alguno para la complacencia, ya que no se pudieron evitar daños importantes a distintos colectivos que han sufrido perdidas económicas cuantiosas y en otros casos pérdidas de empleos.

Al gestionar la crisis, que afronté por responsabilidad y como una misión de salvamento, se hizo todo lo que se pudo, pero no fue suficiente. El Banco Popular arrastraba problemas estructurales de bastante mayor gravedad a los conocidos, como lo demuestra el seguimiento continuo del que fue objeto desde el 2012 por parte de las autoridades supervisoras, según ellas mismas han explicado con todo detalle, y por la afloración de pérdidas por más de 13.000 millones de euros, al cierre del ejercicio en el que fue resuelto y vendido a su nuevo propietario.

Ahora toca asumir la segunda parte de esta misión: ayudar en lo posible al esclarecimiento publico y judicial de lo ocurrido y a intentar también en lo posible que estos hechos no se repitan en el futuro.

Vayan por delante dos precisiones. En primer lugar, que la responsabilidad última de cualquier crisis bancaria no puede nunca ser más que de la propia institución. Y, en segundo lugar: nadie más convencido que yo de las dificultades intrínsecas de la regulación y supervisión de las entidades financieras.

Ha pasado un año desde que me ofrecí a colaborar con los responsables de los distintos supervisores con los que trabajé a diario durante mi mandato para compartir la visión “desde dentro” de lo que se debe y se puede mejorar. Lo cierto es que en el año transcurrido no se han hecho progresos.

Me voy a centrar en dos aspectos esenciales que se pueden mejorar: las implicaciones para los

usuarios e inversores de la desaparición de la figura del lender of last resort (prestamista de último recurso) y la necesidad de dotar al MUR (Mecanismo Único de Resolución) de fondos para dar liquidez a entidades resueltas.

La resolución del Banco Popular es el resultado de la aplicación por primera vez en la historia de las estrictas reglas de resolución derivadas del Tratado de la Unión Bancaria Europea del 2014, que fue la respuesta política al clamor de los ciudadanos para no tener que costear las crisis financieras. El monumental edificio regulatorio, conocido como Unión Bancaria, es un proyecto en construcción. Está incompleto, pero está operativo y surtiendo efectos diariamente en la regulación de todos los bancos de la UE.

La gobernanza de una situación de crisis bajo la Unión Bancaria, un sistema tecnocrático, muy detallado y lleno de complejas reglas y separación de responsabilidades no siempre claras, es similar al trabajo de una gran orquesta, pero sin director y con músicos que operan con partituras distintas. La cacofonía y falta de rodaje es notable.

En el caso del Popular, los hechos que perjudicaron gravemente el balance y los resultados venían de casi una década atrás. Y en su última etapa, se le aplicó de forma estricta la nueva normativa de supervisión y resolución, al tiempo que no se le daba apoyo institucional. En el caso de Italia, por el contrario, el trato fue bien diferente en varias entidades, aunque el resultado final fue un mayor coste para el erario público.

Durante mi mandato, supervisores y gestores trabajamos de forma conjunta en la búsqueda de soluciones. Es por ello por lo que la falta de transparencia ex post, manifestada en la censura de documentos clave o en no compartir información relevante con los afectados y el público, es para mi inexplicable y poco edificante. Este apagón informativo dificulta enormemente componer un relato fiel y sencillo de entender y tiene también algo de corporativista. A mi juicio, es necesario afrontar los hechos y reconocer los fallos para mejorar las cosas en el futuro.

Se ha debatido sin profundidad, a raíz de la resolución de Banco Popular, si esta fue causada por la masiva salida de liquidez o por un problema de solvencia. Este debate es algo artificioso e irrelevante en el fondo. En la práctica de la gestión de un banco en crisis, no existe tal divisoria. Se trabaja con urgencia para evitar una posible crisis de solvencia, en este caso regulatoria (no patrimonial ni contable), y en el camino surge una crisis de liquidez.

Por ello, de entre todas las sorpresas del nuevo régimen regulatorio, la más llamativa es la provocada por la desaparición de la figura del prestamista de última instancia (lender of last resort), piedra angular de cualquier sistema financiero moderno y que ha dejado de existir en el nuevo marco regulatorio. Su desaparición se debió a la desconfianza de unos países con otros.

En su lugar, se impuso un mecanismo muy poco transparente de provisión de liquidez extraordinaria (ELA), limitado tanto en su cuantía como en su estructuración y que por la experiencia parece más diseñada para bancos que no lo necesiten que para aquellos que estén inmersos en la situación de debilidad que les fuerza a su utilización. Hay expertos que defienden que la actividad bancaria no puede conducirse sin un lender of last resort.

También es notable que la nueva normativa, de por si muy compleja y novedosa, y cuyo plato fuerte era la introducción de un mecanismo de bail in que pusiera fin para siempre a la mal llamada “socialización de perdidas” a través de ayudas (bail out), no pudiera dar respuesta a algunos efectos no deseados del propio bail in, de nuevo por las desconfianzas estructurales de unos para con otros.

Este es el segundo aspecto clave que quiero destacar: la inexistente dotación de liquidez para el Mecanismo Único de Resolución (MUR). Porque, aunque está previsto la creación de un fondo de liquidez en la legislación del MUR, no existe.

Si como ha sido el caso en el Popular, el detonante de la crisis —que no la causa primigenia— fue en última instancia la inexistencia de liquidez, es más que evidente que quien resuelve y sustituye los órganos de decisión de un banco por un problema grave de liquidez debería contar con un instrumento especifico también de liquidez mientras procede a realizar sus funciones de resolución.

El resultado es que se activa un mecanismo con enorme poder y por tanto enorme responsabilidad, sin contar con el instrumento básico que le permite estabilizar la entidad antes de proceder a su venta o liquidación. En términos prácticos, esta enorme deficiencia es la causa de que el MUR tenga la imposible tarea de resolver y vender una entidad sin liquidez, en un espacio de tiempo que transcurre entre el cierre de un día y la apertura del siguiente, o con suerte un fin de semana. De no hacerlo así, el MUR se vería obligado a cerrar el banco creando exactamente el mismo impacto en el sistema que se trataba de evitar en primer lugar.

Esta situación obliga a que, de existir un comprador viable y dispuesto —en nuestro caso existía, gracias al proceso de venta privado puesto en marcha un mes antes— no solo tendrá que hacerse cargo de la institución resuelta, sino que además tendrá que proveerla de la liquidez necesaria.

No es por tanto sorprendente que la posición estructural del MUR sea extremadamente débil en cualquier proceso, lo que deviene necesariamente en beneficio del comprador, sobre todo si como es el caso solo uno acude a la subasta.

La historia de la resolución del Popular será escrita en algún momento y las responsabilidades si las hubiera serán dirimidas. La Unión Bancaria está incompleta, es inestable e insolidaria. Y de momento aporta tantas soluciones como crea nuevos problemas. Tampoco aquí hay razones para ser complacientes y hay que seguir trabajando para mejorarlo.

Emilio Saracho

El Banco Popular fue resuelto y vendido por un euro al Santander el 7 de junio de 2017, tras amortizar todas sus acciones y bonos convertibles. Desde el primer momento todas las autoridades coincidieron en que la crisis y resolución del banco habían sido consecuencia de un problema agudo de liquidez, un pánico bancario que provocó una retirada masiva de depósitos. También hubo coincidencia en afirmar la solvencia del Banco Popular. El auditor, PwC, ratificó las cuentas emitiendo una opinión sin salvedades; incluso una vez resuelto el banco y también confirmando que la reexpresión de abril de 2017 no era significativa. El propio banco, presidido por mi sucesor, había certificado a 31 de marzo de 2017 que su patrimonio neto ascendía a 10.777 millones y que presentaba un exceso del 82% sobre las exigencias de liquidez.

Los hechos hablan por sí solos. Los accionistas perdimos nuestra inversión, sin ser oídos y sin procedimiento alguno que permitiese la defensa de nuestro patrimonio. Fue un atropello que exige reparación, y una investigación suficiente, porque 300.000 familias necesitan una respuesta y porque la confianza en el sistema financiero está en juego.

La Junta Única de Resolución (JUR) certificó que no había motivo para retirar la licencia al banco y seguir funcionando. Entonces, ¿por qué actuó? Porque estaba ante una situación de emergencia por un pánico bancario que impedía que el banco pudiese atender sus pagos con normalidad. La JUR aplicó un procedimiento inadecuado para un banco solvente, optando por su venta tras amortizar sus acciones y bonos, no considerando otras opciones. No cabe mayor castigo para accionistas y bonistas.

Los perjudicados por el expolio quedamos en shock, unos afectados decidieron reclamar contra los administradores —entre los que me encuentro, como también mi sucesor—, a los auditores y al propio banco, otros —la gran mayoría— a la JUR. También el Estado y el Santander afrontan reclamaciones. Se cuestiona incluso la ampliación de capital acometida en 2016, en la que el consejo desembolsó, y mayoritariamente perdió después, 500 millones.

¿Qué había ocurrido para que un banco solvente se disolviese como un azucarillo en un mes? Según consta en el informe de auditoría de cuentas del Popular, la crisis de liquidez que acabó con el banco se desarrolló en el segundo trimestre del año. Hay coincidencia en señalar que la causa de la crisis fue una comunicación improvisada y temeraria, basada en mensajes hacia la entidad y hacia el público impropios de un administrador, especialmente desde la celebración de la junta general del 10 de abril presidida por Emilio Saracho.

La banca es fundamental para el buen funcionamiento de la economía y para la estabilidad de un país. Sus responsables deben atender al principio de confianza legítima. Como se ha podido comprobar, mi sucesor, con tono populista y en una sola intervención en el Congreso, destruye la confianza en el sistema, ataca a los supervisores nacionales e internacionales, a los auditores y a sus antecesores, omite los documentos que avalan y reflejan la solvencia del banco, tanto por despachos y consultoras de prestigio como por los supervisores, y con una vehemencia propia de alguien que ignora las consecuencias de sus actos, prescinde de un relato fáctico real, y amparándose en una preparación dialéctica, que es innegable, dice ahora que la banca es una “estafa piramidal”, eso sí, legal. Estas palabras pueden explicar por sí solas por qué carecía de las capacidades para presidir un banco, evidencian la temeridad con que se expresa y cae en contradicción con sus propios actos.

Es más, si era consciente de que había una hemorragia de liquidez desde su discurso incendiario a la Junta General de abril, ¿por qué dijo el 18 de mayo al consejo de administración que el día de pedir la liquidez de emergencia no había llegado y esperaba que no llegase nunca? ¿Por qué después de perder 10.000 millones de depósitos en dos meses manifiesta a los consejeros que el banco es solvente y tiene liquidez el 28 de mayo y demora la petición de liquidez hasta el 5 de junio? Lo que había pasado es fácil de explicar en un negocio basado en la confianza. Su plan para cerrar rápidamente una venta barata o una ampliación de capital a precio de saldo requerían que la acción bajase y que las autoridades se asustasen. Cumplió su plan, su gestión temeraria acabó en desastre, el pánico se apoderó también de las autoridades que, por primera vez en la historia, y me atrevo a pronosticar que por última, aplicaron la solución inadecuada a un banco solvente. Este expolio reclama justicia.