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El caso fue destapado por la edición madrileña el diario ABC

Detenidos los dos últimos alcaldes de Ciempozuelos, Pedro Torrejón y Joaquín Tejeiro (ambos del PSOE), investigados por corrupción

HECHOS

El 3.11.2006 fueron detenidos los ex alcaldes de Ciempozuelos, D. Joaquín Tejeiro y D. Pedro Torrejón, ambos sospechosos de los delitos de cohecho y blanqueo de dinero.

23 Octubre 2006

Ciempozuelos, preguntas sin respuesta

ABC (Director: José Antonio Zarzalejos)

¿DÓNDE está el dinero?», se pregunta ayer ABC en esta página editorial. Sigue pendiente una respuesta convincente acerca del destino de buena parte de las comisiones pagadas en el pelotazo urbanístico de Ciempozuelos. Entre las muchas cuestiones sin resolver, es crucial determinar el destino de esos 6.665 millones de las antiguas pesetas que constituyen la cantidad recibida a cambio de la recalificación de terrenos. También es importante conocer en qué momento fue informado el Banco de España de la existencia de las cuentas sospechosas en Andorra y qué tratamiento se le dio a dicha información. No es una cuestión menor saber qué día se produjo la comunicación por parte de la entidad de crédito andorrana y en qué fecha el Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales del Instituto Emisor la trasladó a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de la Policía Judicial. Es importante saber, igualmente, cuándo conoció la Fiscalía el asunto y, sobre todo, conviene que el PSOE explique, exactamente, el momento en el que se enteró del escándalo, porque hay cosas en este turbio asunto que no encajan. La carta dirigida a Esperanza Aguirre por parte del ex alcalde exigiendo una agilización de los trámites de recalificación tiene asimismo una importancia capital, porque el ex regidor de Ciempozuelos Pedro Antonio Torrejón la envió fechada el 13 de octubre, cuando ya, supuestamente, la Policía debía de estar investigando el asunto. Afortunadamente, gracias a la información de ABC, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid decidió devolver el Plan General al municipio. ¿Qué habría ocurrido si ABC, con profusión de detalles y pruebas incontestables, no destapa el escándalo? Afortunadamente, aunque todo parece indicar que han fallado determinado controles jurídicos y financieros, la democracia cuenta con mecanismos de transparencia que permiten a la opinión pública tomar buena nota del comportamiento de los titulares del poder.
Todo ello tendrá casi con certeza su reflejo en las próximas elecciones autonómicas. El PSOE madrileño empezó con mal pie la presente legislatura, con una pésima selección de los integrantes de sus listas, y la va a terminar inmerso en un escándalo político-financiero de proporciones considerables. La mezcla del urbanismo con la financiación irregular de los partidos ha sido algo más que una sospecha en los últimos años. Personajes secundarios han saltado al primer plano en casos tan llamativos como Filesa. Debe tenerse en cuenta, para valorar el tema en su justa medida, que las comisiones pagadas en el caso Ciempozuelos multiplican por siete los pagos de Filesa, de modo que el citado ayuntamiento madrileño se sitúa en primer lugar en el «ranking» negativo de corrupciones de esta naturaleza. La Federación Socialista Madrileña, una de las más relevantes del PSOE, ha sido relacionada más de una vez con operaciones poco claras. Más allá de las repercusiones electorales, el caso Ciempozuelos no ha hecho más que empezar. Previo un proceso con todas las garantías, el peso de la ley debe recaer sobre quienes utilizan cargos públicos al servicio de intereses inconfesables. Está en juego nada menos que la confianza de los ciudadanos en el sistema democrático.
22 Octubre 2006

Estado de alerta

EL PAÍS (Director: Javier Moreno)

La avalancha de casos de corrupción urbanística empieza a provocar una indisimulada alarma social entre los españoles. Por citar sólo los últimos conocidos, en Ciempozuelos, el alcalde socialista fue obligado a dimitir debido a graves irregularidades en la recalificación masiva de terrenos; en Murcia han aparecido recalificaciones de terrenos de las que se lucra un concejal del PP de Águilas; el director de Urbanismo de la Comunidad de Madrid presentó su dimisión después de que se descubrieran planes urbanísticos en los se beneficiaron, entre otros, empresas en las que él mismo participaba y familiares de la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre. Todos estos casos se suman al vergonzoso expolio de Marbella -uno de cuyos imputados, Fidel San Román, aparece implicado en el caso de Ciempozuelos- o las flagrantes irregularidades en Orihuela, Alicante, Tenerife o Torrevieja. Los ayuntamientos y las comunidades autónomas están perdiendo su credibilidad a borbotones frente a unos ciudadanos que se sienten estafados por políticos y camarillas de especuladores.

La mera enumeración anterior confirma que la peste de la corrupción urbanística afecta a todos los partidos. Varias razones explican esta transversalidad. Los ayuntamientos carecen de ingresos suficientes para desarrollar sus inversiones, unas veces necesarias y otras simplemente faraónicas; los partidos políticos gastan mucho más de lo que ingresan por vías legales; y la ley confiere a los ayuntamientos poderes casi absolutos sobre el uso del suelo. Es frecuente, además, que corporaciones locales de distinto signo político recurran a los mismos mediadores y agentes que conectan a compradores vendedores.

Que la corrupción no sea patrimonio de un solo partido no significa que las reacciones sean las mismas. Hasta ahora, el PSOE ha actuado institucionalmente con rapidez y firmeza. Condena verbalmente la corrupción, pero también ha instado la dimisión de los cargos municipales implicados en casos comprometedores. La dimisión del alcalde de Ciempozuelos es un buen ejemplo. En cambio, el PP suele responder con la lógica perversa de negar los hechos y mantener en sus listas a los cargos imputados por fraude. Su pretexto favorito es que la «presunción de inocencia no prescribe hasta que el juez dicta sentencia de culpabilidad», como si la responsabilidad política y la civil o penal no fueran diferentes.

No se acabará con esta repugnante amenaza contra el sistema democrático mientras no se enfoque como un problema de Estado con todas las consecuencias. Las recetas contra la corrupción se conocen. Hay que evitar, mediante fórmulas conocidas de gestión municipal, la multiplicación de intermediarios parásitos que encarecen sucesivamente el precio del suelo; hay que recuperar la figura de los interventores municipales, adscribiéndolos a instancias independientes de los propios ayuntamientos; hay que imponer mecanismos inmediatos de control y de veto sobre los planes urbanísticos; hay que aplicar las reformas legales necesarias para controlar la financiación de los partidos y de los ayuntamientos; y hay que exigir la restitución del dinero obtenido mediante el soborno y la compra de voluntades. En este estado de alerta urbanística, el Gobierno debería encargarse de organizar con urgencia éstas y otras medidas para defender a los ciudadanos de este latrocinio organizado.

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