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Mientras un juez procesa a los peritos, la otra procesa a sus mandos policiales

El ‘ácido bórico’ provoca un enfrentamiento judicial entre el juez Baltasar Garzón y la juez Gemma Gallego

HECHOS

  • D. Isabel López Cidad, D. Manuel Escribano y D. Pedro Manrique fueron imputados por el juez D. Baltasar Garzón acusados de falsedad. 
  • D. Miguel Ángel Santano, D. José Andradas y D. Francisco Ramírez fueron imputados por la juez Dña. Gemma Gallego acusados de falsedad o falso testimonio.

El caso ‘Ácido Bórico’ en medio del 11-M

EL MUNDO denuncio que los peritos de la policía Escribano, López y Manrique realizaron un informe para la Audiencia Nacional sobre todo lo encontrado en el domicilio de un terrorista islámico, Hasan Haski. En la que había ácido bórico, e incluyeron que el acido bórico también había sido encontrado en domicilio de terroristas de ETA y de okupas.  Sus superiores policiales (D. Miguel Ángel Santano, D. José Andradas y D. Francisco Ramírez) retiraron la referencia a ETA del citado informe.

– El juez D. Baltasar Garzón, instructor de la Audiencia Nacional procesó a los peritos Escribano, López y Manrique, denunciándoles por falsificación.

– La juez Dña. Gemma Gallego, instructora de la Audiencia Provincial de Madrid, procesó a los mandos policiales Santano, Andradas y Ramírez.

La causa contra los peritos quedaría archivada, mientras que la causa contra los mandos policías si concluiría en un juicio oral, pero los tres serían absueltos.

‘Noche Hache’ (Globomedia) de CUATRO: «Pequeñuelos peritos, no falsifiquéis informes, que si no vendrá el coco Garzón» 

El programa ‘Noche Hache’ (Globomedia) que se emitía en el canal CUATRO (del Grupo PRISA) de Dña. Eva Hache y Quequé dedicó durante varias emisiones la sección de Quequé a ridiculizar la posiciones de EL MUNDO con el tema del ácido bórico, presentando a los peritos y a EL MUNDO como unos locos.

18 Noviembre 2006

Dos jueces, un caso

EL PAÍS (Director: Javier Moreno)

La titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, Gemma Gallego, ha decidido justo lo contrario que su colega de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, en el caso sobre la supuesta falsificación del informe sobre el ácido bórico con el que se pretendió relacionar a ETA con el 11-M: ha exculpado de falsedad documental a los peritos que elaboraron el informe e imputado a sus superiores y responsables de la Comisaría General de Policía Científica.

Tras la constatación judicial, que no ha sido impugnada por nadie, del carácter inocuo del ácido bórico y la corroboración de que no es una sustancia explosiva, la pregunta inevitable no es por qué los responsables de la Policía Científica ordenaron suprimir del informe una supuesta relación de ETA con el 11-M basada en esta sustancia, sino por qué los peritos insistieron en mantener esa relación con una base científica tan falta de rigor. Esa pregunta planeará sobre el proceso y con mayor motivo tras haber esbozado Garzón y Gallego respuestas diametralmente opuestas a la misma en sus respectivos autos.

La falsedad documental es un delito técnicamente muy complejo, pero parece evidente que los superiores de los peritos estaban facultados para actuar como lo hicieron, como señaló Garzón, de acuerdo con las normas de jerarquía y de calidad que rigen un centro administrativo. Mantener lo contrario, como se deduce del auto de la juez Gallego, de modo que se otorgue carácter oficial a un informe en curso de elaboración y antes de que los responsables del centro le den su visto bueno y la orden de salida, no dejaría de plantear serios problemas de funcionamiento interno en los organismos administrativos del Estado.

No hay que minimizar que dos jueces que investigan en primera instancia un mismo hecho, si bien centrados en aspectos distintos del mismo -Garzón, la naturaleza del ácido bórico y Gallego, la confección del informe que analiza esa sustancia- difieran tan diametralmente en sus conclusiones. Cuando menos, esa disparidad produce perplejidad y proyecta una imagen personalista que, al tiempo que mina la credibilidad del sistema, acrecienta el recelo ciudadano ante los jueces. Sería, en todo caso, gravísimo que todo se debiera a los alineamientos ideológicos sobre la autoría del 11-M que parecen haber prendido en la judicatura.

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