Detenido en Bidart (Francia) el ‘Número 1’ de ETA, Iñaki de Rentería, que será reemplazado por Txapote al frente de la banda

Contra el terrorismo de ETA es esencial la acción policial y judicial. De ahí que las últimas detenciones y actuaciones de la justicia resulten alentadoras. Pero los problemas políticos del País Vasco, perfectamente deslindables del totalitarismo asesino, requieren capacidad de diálogo. Lo saben muy bien los ciudadanos vascos, incapacitados de ejercer sus derechos democráticos, que están reaccionando cívica y pacíficamente al acoso insoportable de los violentos. La detención de 18 dirigentes de Ekin, considerados responsables políticos de ETA, y de uno de los más sanguinarios jefes etarras, Iñaki de Rentería, en el sur de Francia marcan una inflexión en la lucha antiterrorista, que vuelve así a recuperar la iniciativa tras meses de incertidumbre. La satisfacción por estos éxitos policiales no debe convertirse, sin embargo, en euforia, en un momento de tensión creciente en las calles del País Vasco. Toda precaución es poca frente a las reacciones de los etarras, como la que estuvo a punto de costarle la vida a José Ramón Recalde. Ayer mismo, la policía vasca localizó una lanzadera con ocho granadas armadas provistas de temporizador en las inmediaciones del Museo Chillida en Hernani, poco antes de su inauguración por los reyes de España. Y a poca distancia, jóvenes violentos agredieron a José Ramón Chica, uno de los dos concejales socialistas en ese Ayuntamiento, en manos de EH.

Y no hay lugar a la euforia, sobre todo porque el viernes mismo el responsable de Interior del Gobierno vasco proporcionó muestras fehacientes de que el Estado de derecho y las libertades de los ciudadanos se hallan en cuestión en el territorio bajo la responsabilidad del lehendakari Ibarretxe. La policía autonómica vasca, siguiendo órdenes políticas bien claras, utilizó la fuerza para disolver a los manifestantes pacíficos que marchaban por las calles de San Sebastián en protesta por el atentado contra Recalde. Guiados por un intolerable e hipócrita principio de equidistancia, se limitaron a evitar el contacto de la manifestación pacífica con el grupo de proetarras que coreaban las consignas «ETA, mátalos» y «Gora ETA militarra». Acudiendo a la forma de la ley -los violentos contaban con permiso de manifestación-, no reprimieron un acto ilegal de apología del terrorismo y de intimidación de los ciudadanos pacíficos y disolvieron, en cambio, la protesta tranquila de quienes reclaman la plena vigencia del sistema de libertades en el País Vasco.

El presidente del Gobierno pide con razón «tenacidad» y «perseverancia» en la lucha antiterrorista y alienta a la movilización social frente a los atropellos. Pero esto requiere también la defensa de las libertades ciudadanas por parte de las fuerzas de orden público, y obliga a impulsar el diálogo político, para tender puentes en una sociedad al borde del abismo, en cuyo seno se agrava la división social.

Pocas noticias habrán sido recibidas con más satisfacción en la sociedad española como la detención del considerado número uno de ETA, Iñaki de Rentería. Si desde hace muchos años los españoles consideran a ETA la principal amenaza contra su libertad y prosperidad, esta sensación se había acentuado las últimas semanas con el incremento del terror en un contexto de impunidad inmediata. El propio ministro del Interior reconoció el mes pasado las dificultades de la lucha contra una ETA reorganizada durante el alto el fuego.

Incluso cuando hace tan sólo dos días el juez Garzón desmantelaba la presunta cúpula política de la ETA interior -anoche envió a prisión a 18 de los detenidos, por «integración en banda armada»-, Arzalluz, con su temeridad y falta de rigor dialéctico habituales, se apresuró a presentar las detenciones como un golpe de efecto para tapar la falta de eficacia contra los comandos. Pues bien, ayer fue apresado el que todos los análisis consideran como el jefe del jefe de los comandos y del resto de la cúpula etarra.

La propia coincidencia de que esta detención, como las de 1992, haya sido también en Bidart ilustra la continuidad de la banda terrorista y su capacidad de regeneración. No se puede pensar que este éxito policial termine con la zozobra que hemos vivido a lo largo del verano. La venganza que la banda intentó disparando anteayer contra José Ramón Recalde la seguirá buscando cada vez más a la desesperada esta nueva ETA que recurre a personas inexpertas con la primera arma que tienen a mano y sin imponer ningún límite a su brutalidad.

La detención de Iñaki de Rentería proporciona una satisfacción similar a la que produjo la liberación de Ortega Lara. Revela el fatal destino de ETA, la inexistencia de posibilidad alguna de que una banda terrorista venza al Estado de Derecho. Se trata de un gran éxito de la democracia, como lo es de las Fuerzas de Seguridad y de la cooperación con Francia. Y, en el plano político, es también un gran éxito del presidente Aznar y del ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, que han tenido la sangre fría de respaldar el trabajo de las Fuerzas de Seguridad sin presiones inconvenientes y dando tiempo al tiempo hasta lograr triunfos como éste. Cayeron Pakito y sus lugartenientes, cayó el sanguinario Urrusolo, cayeron Santi Potros, Bienzobas, Kantauri, etcétera. ETA podrá regenerarse temporalmente con nuevos jefes pero el Estado de Derecho hará que terminen en la cárcel.

El problema de ETA no desaparecerá, de todos modos, mientras, como ayer mismo hacía Arzalluz, haya nacionalistas que planteen distinciones entre lo «indescriptible» de un disparo contra un político mayor, retirado y sin escolta y otros atentados. Como si fueran más aceptables en términos morales los asesinatos de jóvenes políticos en activo acompañados o no de escoltas. Si los líderes nacionalistas, en vez de esbozar tardíos gestos de retirada estratégica, no abominan claramente del apretón de manos con Otegi y de los contenidos del Pacto de Estella, los violentos tendrán una coartada de la que seguirá nutriéndose el irredentismo fascista.