Detenidos la fontanera del PSOE Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Anxton Alonso en un posible nuevo caso de corrupción por amaño de contratos

EL CÚMULO de escándalos que vertebra la legislatura se amplió ayer con una nueva investigación que acorrala aún más al Gobierno y que interpela directamente a María Jesús Montero. Vicente Fernández, ex presidente de la estratégica Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y cargo de la máxima confianza de la ministra de Hacienda, fue detenido por la UCO junto a Leire Díez, la fontanera del PSOE, en el marco de una operación de la Audiencia Nacional. Se trata de una pieza secreta relacionada con contrataciones públicas irregulares. Aunque aún no se conocen todos los detalles, las pesquisas se centran en cinco delitos sumamente graves: fraude, falsedad documental, malversación, tráfico de influencias y prevaricación.

En lo que concierne a Díez, y frente a la inverosímil narrativa de Ferraz, su arresto acrecienta la responsabilidad política de quienes la ampararon o utilizaron. La fontanera estaba ya investigada por cohecho y tráfico de influencias en una causa que apunta a una operación de Estado para anular a fiscales, agentes y jueces con el fin de desmontar los casos que afectan al entorno del presidente, y en la que Díez actuaba como enviada de Santos Cerdán. A su vez, a Fernández se le investiga por facilitar presuntamente el cobro de mordidas del último secretario de Organización del PSOE. El ex presidente de la SEPI trabajó como asesor externo de Servinabar, la sociedad propiedad de Cerdán, de 2021 a 2023.

Los dos detenidos coincidieron en la SEPI entre 2018 y 2019, cuando Díez trabajaba en la Empresa Nacional del Uranio (Enusa), dependiente de la entidad estatal. De forma incomprensible, Montero mantuvo vacante el cargo de presidente de la sociedad durante 18 meses, a la espera de que Fernández fuera absuelto en el caso Aznalcóllar, hecho que se ha producido recientemente. La ministra de Hacienda y candidata del PSOE andaluz está obligada a ofrecer explicaciones por las sospechas que rodean a quien, con su total confianza, lideró el brazo inversor del Estado y una de las mayores empresas públicas del país.

La revelación este miércoles de un nuevo escándalo de presunta corrupción en la órbita del PSOE contribuye a reforzar cierta sensación de desgaste acelerado, no del Gobierno de España, pero sí de la coraza moral con la que el proyecto político liderado por Pedro Sánchez se ha presentado a los ciudadanos desde hace siete años.

El expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández; la exmilitante socialista Leire Díez, y Antxon Alonso —socio del exsecretario de Organización Santos Cerdán en la empresa que está en el centro de la trama de presuntas mordidas a cambio de obras— fueron detenidos por la Guardia Civil en el marco de una investigación por corrupción en la que se practicaron además 19 registros en empresas, varias de ellas públicas. Las tres detenciones se añaden a la causa contra el propio Cerdán y a las varias abiertas contra su predecesor en Ferraz, el exministro José Luis Ábalos, actualmente en prisión, suspendido esta semana en sus funciones de diputado y a punto de ser juzgado.

Todo se suma además al movimiento de mujeres contra las situaciones de supuesto acoso sexual dentro del PSOE que ha cuajado a raíz de la inacción del partido ante las denuncias contra Francisco Salazar, ex asesor de Pedro Sánchez en La Moncloa. Si la semana pasada el líder socialista de Torremolinos, Antonio Navarro, fue suspendido de militancia por ese mismo motivo –aunque solo después de que la Fiscalía de Violencia contra la Mujer de Málaga abriera diligencias—, también este miércoles la formación tuvo que forzar la dimisión del presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé. La incapacidad del aparato del PSOE para dar respuesta a las denunciantes ha revelado un problema estructural de inercias machistas contra el que se están rebelando las propias mujeres socialistas. La actual secretaria de Organización, Rebeca Torró, no ha sabido ni atajar ni encauzar ni explicar una tormenta que es de su plena competencia. Hoy dará su primera rueda de prensa desde su nombramiento el 5 de julio, el día en que estalló el caso Salazar.

En este punto, es inevitable empatizar con el ciudadano que haya perdido el hilo de los recientes escándalos que golpean al PSOE. La coincidencia de asuntos turbios contribuye a la impresión de erosión general. La realidad parlamentaria, sin embargo, sigue siendo la misma que hace seis meses, cuando las revelaciones sobre Santos Cerdán dejaron tocado el crédito de Pedro Sánchez. Esa realidad dicta que el presidente está condenado a gobernar sin Presupuestos, lo cual es grave. Pero también certifica —como se demostró ayer en el Congreso— que el Ejecutivo tiene capacidad de aprobar medidas útiles para los ciudadanos y, sobre todo, que por ahora no hay mayoría alternativa. Entre sus socios de investidura existe el consenso tácito de que la única línea roja es la hipotética aparición de una financiación ilegal del PSOE. En este momento, la continuidad de Sánchez solo depende de Sánchez.

Lo que sí puede estar en cuestión es la confianza ciudadana en el proyecto político de la izquierda. Si eso ya es grave de por sí, lo es más aún cuando la ultraderecha espera su oportunidad para rentabilizar la desafección que genera la acumulación de casos y dinamitar la democracia desde dentro, como en otros países. Por eso son necesarias medidas radicales de transparencia, asunción de responsabilidades y reparación. Tanto en el aspecto de la corrupción como en el del machismo interno, caiga quien caiga. El proyecto que se presentó como regenerador de la vida pública y comprometido con el feminismo necesita una catarsis a la altura del golpe sufrido. De lo contrario, no podrá volver a presentarse ante los ciudadanos con las mismas credenciales.

AYER, el Tribunal Supremo confirmó el procesamiento de Ábalos, Koldo y Aldama; dos, en la trena y el autoinculpado, en libertad condicional. Un día antes detuvo la UCO a Antxon Alonso, el eslabón perdido empresarial entre el Bildu de su vecino Otegi y el PSOE de su colega y socio Santos Cerdán, quien con su amigo abertzale engrasó la férrea alianza de Sánchez y la ETA. Ayer pasó su segunda noche en un calabozo Leire Díez, la fontanera del PSOE que se presentaba como «la chica de Cerdán» y tentaba con tratos de favor a un fiscal mientras ofrecía a los medios un vídeo sexual de otro fiscal que no la obedecía. Sobre Balas, teniente coronel de la UCO, dijo una vez: «Si está muerto, mejor», y lo intentó de mil maneras. Pero cuando la pillaron se declaró «periodista de investigación», que hace falta estar desesperada.

Con ella entró en los calabozos -pronto, en Soto del Ferraz- la mano derecha de María Jesús Montero y ex presidente de la Sepi, Vicente Fernández, cuyo patrimonio floreció y migró a Servinabar, el área de negocio de Cerdán y Antxon para sobornos entre políticos, empresarios y viceversa. Y ayer también detuvo la Policía al CEO de Plus Ultra, aerolínea venezolana sin aviones que reflotó Ábalos.

Pero no acabó ahí la jornada patriótica: la UCO irrumpió en la sede central de Forestalia, la empresa que ha destrozado a molinazos los paisajes aragoneses y que corrompió, con el respaldo de los Gobiernos de Lambán, a la clase política de media provincia de Teruel. Cómo estaríamos que la catedrática Begoña Gómez se decidió a redimirnos y trincó una pasta para sacar del pozo la vaciada «ruralidad» (sic) de las sierras turolenses. Les he dedicado aquí varios comentarios a Forestalia y al reparto que Salomón Lambán hizo entre esta empresa y los Sumelzo de las concesiones de las renovables: los molinos, para Samper y las placas solares, para los Sumelzo, familia de Susana, vieja amiga de Sánchez y hoy secretaria de Estado. Desde 2017 ha obtenido su empresa 29 millones de euros en obra pública, sobre todo, del Ministerio de Teresa Ribera, madrina de su impunidad.

Y en esa investigación, la UCO va y descubre que Forrestalia y Sumelzolia se intercambiaban el accionariado de sus empresas, que al cabo eran la misma, y a pillar dinero público. Juntas tributaban a Servinabar -Cerdán y Alonso-, y hasta compartían domicilio social en la calle Serrano, tan lejos de Teruel, tan cerca de Sánchez. Todo un ejemplo de optimización de recursos y de la monstruosa estafa de las renovables.