DIARIO16 señala al policía español José Amedo como líder de los GAL, la guerra sucia contra ETA

ACTUACIONES JUDICIALES en Francia y Portugal respecto a los crímenes cometidos por los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) conducen a un mismo nombre: José Amedo, subcomisario adscrito desde hace años a la Jefatura Superior de Policía de Bilbao. El hecho de que aquí y allá se acumulen indicios sobre la eventual participación de un funcionario español en acciones criminales en un país extranjero amigo, como Francia, no sólo ha de preocupar al interesado. También debería hacerlo, y mucho, a las autoridades españolas. En referencia a este caso, el presidente del Gobierno reivindicó ayer públicamente el derecho a la presunción de inocencia de los servidores del Estado que arriesgan su vida en la lucha contra el terrorismo. Nada más justo y merecido, si con ello no se reivindica al mismo tiempo un derecho a la impunidad incompatible con los fundamentos del Estado democrático. La presunción de inocencia no es, en principio, mayor ni menor para ningún ciudadano, sea cual sea su condición. Y si Amedo resulta sospechoso, lo que conviene aclarar es si las dudas se ciernen sobre él a título individual o sobre su actividad al servicio del propio Estado, punto este mucho más interesante que la exclusiva responsabilidad personal de Amedo.Hasta ahora, el dato más firme de la tela de araña que se está tejiendo en torno al funcionario español es la iniciativa de la justicia francesa directamente encaminada a aclarar su papel en el entramado de los GAL. Ya no se trata de imputaciones más o menos creíbles de truhanes, mercenarios o hampones, interesados en echar sobre las espaldas de otros su responsabilidad en la comisión de los crímenes que se les atribuyen. Se trata de una valoración judicial que otorga cierta consistencia a unos indicios, y, en virtud de ello, pone en marcha los procedimientos correspondientes para llegar a un junio más fundado. Por el momento, nada definitivo. Pero la misma iniciativa judicial en un asunto tan escabroso como es la eventual implicación de un policía español en los crímenes de los GAL tiene todas las características de una bomba de relojería. Si estalla, sus efectos serían imprevisibles.

No otro es el sentido que debe darse a la entrega a la Audiencia Nacional por el juez de Bayona de los documentos en que se resumen sus averiguaciones sobre la actuación del funcionario; en el mismo sentido se inscribe la luz verde solicitada por este mismo juez para proceder a la detención del subcomisario. Los instrumentos legales con que cuentan Francia y España para ayudarse mutuamente en la persecución del delito son múltiples. Aparte del tratado bilateral de extradición, que data del año 1878, existe el convenio de asistencia judicial en materia penal firmado en el año 1969. A ellos hay que añadir los convenios de auxilio judicial multilateral vigentes en el ámbito europeo: el de represión contra el terrorismo, el de extradición y el de asistencia judicial en materia penal.

El espacio judicial europeo por el que apuesta públicamente el presidente del Gobierno, Felipe González, tiene ya un entramado bastante consistente. Todas las posibilidades están previstas para no dejar impune el hecho criminal: la extradición, aun de ciudadanos del propio país, al Estado que la solicite por un hecho delictivo cometido en su territorio; el enjuiciamiento del hecho por los mismos tribunales nacionales, o la comparecencia voluntaria del implicado ante la autoridad judicial extranjera que le reclama. Posibilidades que no hacen distingos entre crímenes de ETA y de los GAL.

El caso constituye un reto para la independencia de la justicia española. Los GAL han cometido en suelo francés 23 asesinatos, algunos de ciudadanos franceses. Si la investigación apunta hacia España es comprensible que Francia exija el mismo tipo de colaboración que viene prestando contra el terrorismo de ETA. Es imposible que una cuestión como ésta no preocupe al Gobierno y al ministro del Interior, aunque el secretario de Estado para la Seguridad haya negado que así sea. Los ciudadanos, cuya seguridad teóricamente garantiza ese señor secretario, tienen derecho, en cualquier caso, a preocuparse. Y no digamos nada el subcomisario Amedo.

LA JUSTICIA francesa insiste en verle la cara al subcomisario español José Amedo, ante la acumulación de indicios sobre su presunta relación con los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), responsables de 23 asesinatos en el sur de Francia. Un juez de Bayona, que ha investigado algunos de estos asesinatos, acaba de cursar una orden de busca y captura a la Interpol contra el policía español. No hace mucho, otro juez francés acordó la misma medida, si bien ésta no se llevó finalmente a efecto ante la oposición del ministerio fiscal, institución especialmente vinculada en Francia a las instancias gubernamentales.Cualquiera que sea el resultado de estas iniciativas, el hecho de que se produzcan con tanta insistencia colocan en una situación desairada no sólo al funcionario, al que conciernen, sino al propio Gobierno español. La presunción de inocencia de la que goza cualquier ciudadano mientras no pese sobre él una condena firme ha constituido una conquista nada fácil de la democracia. Todavía hoy existen en áreas del mismo Estado fuertes resistencias a su aplicación en muchos supuestos de delincuencia común. Pero una cosa es el obligado respeto a este derecho y otra la pasividad ante las salpicaduras que un caso como éste puede arrojar sobre la actuación del Estado y sobre su imagen exterior. Las reacciones oficiales habidas hasta ahora ante la iniciativa francesa han mostrado una exclusiva preocupación por echar balones fuera como sea. Se ha insistido en que ninguna orden de busca y captura contra el .funcionario español ha llegado a España y en que ningún Estado está obligado a entregar a otro a uno de sus ciudadanos. Sin embargo, la cuestión principal para el Gobierno y para los responsables del aparato policial estriba en aclarar cuanto antes a la opinión pública el grado de consistencia de los indicios que implican a un funcionario policial en los crímenes cometidos por el siniestro grupo de los GAL.

La justicia española ya ha tenido ocasión de juzgar a algunos facinerosos de los GAL, pero no ha considerado consistentes las confesiones o confidencias que apuntaban a la implicación en esta oscura banda de personas al servicio del Estado. En estos momentos, un juez de la Audiencia Nacional investiga el alcance de la documentación aportada por los jueces franceses sobre la presunta relación del subcomisario Amedo con las actividades de los GAL. Sin duda alguna, esta investigación constituye todo un reto para la independencia de la justicia española. Sólo en el supuesto de que siga adelante y no se la obstruya, España estará legal y moralmente autorizada a rechazar cualquier pretensión de entrega de este funcionario a la autoridad de otro Estado.

Un caso como el que protagoniza el subcomisario Amedo es de los que más luz pueden arrojar sobre el verdadero alcance de la cooperación internacional contra la delincuencia organizada, de la que tanto alardean los responsables políticos. A su condición de funcionario policial se unen las sospechas de terrorismo de Estado que pesan sobre los GAL. Una y otra circunstancia pueden resultar obstáculos insuperables para que un caso así encaje en el espacio judicial europeo por el que han apostado los gobernantes de Europa para que ninguno de sus países se convierta en refugio o santuario de criminales. El espeso entramado legal de ayuda mutua -convenios de extradición, contra el terrorismo, asistencia judicial en materia penal, etcétera…- que en los últimos años han tejido los naciones europeas podría desacreditarse si la opinión pública percibe que en ocasiones los Estados encuentran razones para no aplicarlo, según sean los hechos y quienes los cometan.