El acuerdo entre PP y PSOE para que Manuel Marchena presida el CGPJ revienta por un whatsapp del diputado del PP Ignacio Cosidó Gutiérrez

El acuerdo institucional alcanzado por el Gobierno y el PP para la renovación, en tiempo y forma, del Consejo General del Poder Judicial es una buena noticia para nuestra democracia. Es recurrente sostener la tesis de que PSOE y PP repiten el eterno «reparto de cromos» a conveniencia, y son habituales las quejas de las asociaciones judiciales, siempre favorables a un sistema de elección de vocales del Consejo que priorice la selección de sus propios candidatos en detrimento de los juristas de reconocido prestigio. Sin embargo, el sistema de elección es el mejor de los posibles. Si constitucionalmente la Justicia emana del pueblo, parece razonable que sean el Congreso y el Senado quienes decidan cada cinco años los integrantes del Poder Judicial.

El reparto por cuotas es tan inevitable como la percepción de que siempre se configura un poder judicial «politizado». Pero hay casos suficientes a lo largo de cuarenta años de democracia para confirmar que nuestra Justicia es independiente a la hora de dictar sentencias, y así será con la nueva composición de la sala que ha de juzgar a los golpistas de Cataluña. Es incoherente que Podemos o Ciudadanos planteen un sistema de elección alternativo de vocales, que objetivamente favorecería siempre mayorías muy contundentes del sector conservador de la judicatura. El sistema vigente se corresponde con mayor pluralidad de la que se transmite a la opinión pública, y es razonable que el PSOE ceda vocales a Podemos, como lo es que el PP no haya claudicado a la hora de proponer al nuevo presidente del Consejo, que también lo es del Tribunal Supremo.

Es digna de elogio, como candidato de consenso, la elección de Manuel Marchena, presidente de la Sala Penal del Supremo y fiscal de una dilatadísima trayectoria. A Marchena se le atribuye una tendencia conservadora, pero sus primeros cargos de relevancia en la Fiscalía llegaron de la mano de un fiscal general socialista, Eligio Hernández. Además, Marchena goza de gran prestigio profesional, y de una capacidad negociadora y aglutinadora de mayorías que ha recibido elogios desde sectores del PSOE. Sin duda, era una necesidad sustituir en plazo a Lesmes tras un mandato de cinco años con diversos éxitos, pero también con la mancha del desprestigio causado en las últimas semanas por la Sala Tercera del Supremo, a cuenta del impuesto de actos jurídicos documentados en las hipotecas. El PP ha accedido a proponer nueve vocales frente a los once que avalará el PSOE para que Marchena pudiese acceder a la presidencia. Pero los retos del Consejo no serán pocos. Recomponer su maltrecha imagen a los ojos de la opinión pública, y después, diseñar los tribunales de las dos próximas décadas, porque serán muchas las renovaciones pendientes de altos magistrados. La Justicia merece una tregua para reponerse de los muchos varapalos recibidos.

QUIENES utilizan el ya histórico reparto de vocales en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para desprestigiar las instituciones democráticas tendrán hoy, por desgracia, más argumentos que nunca para acusar a la Justicia de estar politizada. Pero no solo porque la fórmula utilizada no sea la que fija la Constitución en su artículo 122.3, ya que en una sentencia, tan polémica como histórica, el Tribunal Constitucional avaló la Ley Orgánica del CGPJ de 1985 –aquella por la cual Alfonso Guerra decretó la muerte de Montesquieu– y permitió que, de facto, los 20 vocales del máximo órgano de representación de los jueces sean elegidos legalmente con el aval del Congreso y el Senado. También, y sobre todo, porque el reparto ha adquirido tal nivel de cambalache que se ha conocido el nombre del próximo presidente del CGPJ antes de saberse quiénes serán los vocales que, como dicta la Ley, tendrían que votarlo. Es decir, que los vocales elegidos lo habrán sido bajo la condición de votar como presidente a Manuel Marchena, el nombre de consenso al que han llegado la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y su antecesor, Rafael Catalá.

Pero el acuerdo no solo es pernicioso para la imagen de la Justicia. También lo es para la seguridad y la estabilidad del Estado de derecho y el mantenimiento del orden constitucional, por cuanto que el pacto implica que Marchena, actualmente presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que ya había condenado al ex conseller Francesc Homs por el referéndum ilegal del 9-N de 2014, no presidirá el tribunal que juzgue a los responsables del golpe independentista. En su lugar lo hará Andrés Martínez Arrieta, que estará al frente de una sala de mayoría progresista, tras la entrada de Susana Polo, miembro de Juezas y Jueces para la Democracia, alterando así la relación de fuerzas ideológicas en el juicio más importante de nuestra historia reciente. De la misma forma, también en el CGPJ habrá mayoría progresista, después de que el PP haya cedido, de manera insólita, un vocal más al PSOE, que dispondrá de 11, mientras que los populares elegirán solo a nueve.

El pacto, además, inhabilita a Pedro Sánchez y a Pablo Casado (pero también a Pablo Iglesias, que ha entrado en el juego partitocrático) para hablar de regeneración democrática, ya que poco respeto demuestran hacia el Poder Judicial quienes mercadean con sus miembros. También, las asociaciones de jueces, que el día 19 han convocado una huelga en favor de la independencia judicial, salen manchadas tras su implícita aceptación del pacto. Solo Rivera, que recordó que el Poder Judicial no es un «supermercado», ha mantenido la dignidad democrática, exigiendo que se vuelva al sistema de elección de 1978 y se garantice una independencia real de la Justicia.

LA MAGNITUD de la entrega de la mayoría del CGPJ al hampa judicial empieza a tomar visos apocalípticos. Y la traición del PP, tan suicida para el partido como letal para España, que vive la peor crisis nacional desde 1808. En poco más de un año, el CGPJ renovará dos tercios del Supremo, por esos plazos con los que ha embaucado a Casado el reprobado y reprobable Rafael Catalá, que aspira a ser alcalde de Pozuelo aunque no a parecerse al de Móstoles, Andrés Borrego, que le plantó cara al mismísimo Napoleón.

Este Consejo Garzonejo del Poder Judicial, cuyo presidente ha sido elegido por el trío PP-PSOE-Podemos antes que el cuerpo electoral que debería elegirlo, nombrará discrecionalmente, amén del vicepresidente que se jubilará a los 72, hasta 36 magistrados del Supremo: 3 de la Sala de lo Civil, 4 de la de lo Penal, 8 de la de lo Social, 7 de la de lo Militar y 13 de la de lo Contencioso Administrativo. Sala, por cierto, a la que ya podrá llamársele en serio y no en broma, de lo Tendencioso Administrativo.

Como el mandato, los sacratísimos plazos que la Justicia sólo cumple a la hora de los nombramientos, es de cinco años, y como la nueva mayoría social-comunista del CGPJ es abrumadoramente sectaria, no es exagerado decir que se configura un Supremo harto favorable a la absolución de los golpistas del 1-O, o sea, a la voladura del régimen constitucional. Visto la que montó la Sala de lo Contencioso con el IAJ de las hipotecas, imagínese lo que puede hacer el hampa judicial garzonita en las de lo Civil y lo Penal.

El último recurso para evitar la creación del Soviet Judicial es el que ha votado por unanimidad la Asociación Francisco de Vitoria: denunciar lo ilegal de nombrar a Marchena antes que a los que deben nombrarle, algo que parece encargado por la defensa del golpismo para eurohundirnos. Si la APM y los jueces sin asociación, más del 50%, secundan esta denuncia tal vez el motín en nombre de Montesquieu frenaría la marchenada, o sea, la marcha de Marchena hacia la nada, que es donde quedará su prestigio. No basta con no dejar entrar a De Prada, el garzón de Garzón e Iruin. No debería renovarse el CGPJ hasta después de la sentencia contra el Golpe. Si es que, confirmando la instrucción de Llarena y la posición de la Fiscalía, los jueces aspiran a que la sentencia sea en contra, no a favor.

Las noticias divulgadas en los últimos días acerca de mi hipotética designación como Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, me obligan a hacer las siguientes precisiones:

1. –Jamás he concebido el ejercicio de la función jurisdiccional como un instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal.

2. Mi trayectoria como Magistrado ha estado siempre presidida por la independencia como presupuesto de legitimidad de cualquier decisión jurisdiccional.

3. El examen de las resoluciones que durante estos años he dictado como Magistrado del Tribunal Supremo -de forma especial, como Presidente de la Sala de Admisión de las causas contra aforados-, es la mejor muestra de que jamás he actuado condicionando la aplicación del derecho a la opción política del querellado o denunciado.

4. Por todo ello, anticipo públicamente mi decidida voluntad de no ser incluido, para el caso en que así fuera considerado, entre los candidatos al puesto de Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.

El portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, envió un mensaje de Whatsapp a 146 miembros de su partido en el que se ufanaba de haber elegido al juez Manuel Marchena como presidente del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo porque eso les garantizaba controlar “la Sala Segunda desde detrás”. Se refiere al tribunal que va a dictar sentencia en el caso del procés y de lo que quería presumir Cosidó, por tanto, es de que con Marchena al frente las cosas estaban para el PP bajo control. El desprecio que exhiben sus palabras por la independencia del juez conservador, con una larga trayectoria profesional a sus espaldas, y la displicencia con la que se refiere al funcionamiento de los miembros de la judicatura, meros títeres en manos de los políticos, trasladan una manera patrimonialista de entender el ejercicio del poder que es impropia en una democracia e indigna en el portavoz en el Senado de una formación cuyo cometido debería ser el de contribuir a reforzar la dignidad de las instituciones y no sepultarlas bajo el lodazal de este tipo de bravatas.

Cosidó ha pretendido quitarle importancia a sus palabras con la justificación de que se trataba de un mensaje interno de su partido que no tenía que haber trascendido. El argumento es perverso. Viene a decir que esas son maneras perfectamente toleradas en el PP: la prepotencia, el desdén por la separación de poderes, la celebración de unas maniobras orquestadas en la sombra para asegurarse el gobierno de los jueces. La intervención de otras fuentes del partido, que aseguraron que Cosidó solo trasladaba las conclusiones de alguien que había “vivido desde la primera línea” las negociaciones con el PSOE, apuntan en la misma dirección: todos en el PP estamos en lo mismo, estas son nuestras maneras.

Aunque no hubiera alusión alguna al mensaje de Cosidó, el juez Marchena justificaba unas horas después su renuncia a presidir el Supremo y el Poder Judicial afirmando que jamás había concebido “el ejercicio de la función jurisdiccional como un instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal”. El gesto del magistrado conservador ha venido a poner punto final a las lamentables maneras con que el PP y el PSOE condujeron la elección de los vocales de CGPJ y de su presidente y principal rector del Supremo.

La Justicia ha protagonizado y ha sido sometida durante estas últimas semanas a una serie de bochornosos espectáculos. Y los políticos han tenido en ellos una parte importante de responsabilidad. El mensaje de Ignacio Cosidó, que revela una forma tabernaria y matona de entender el servicio público, confirma lamentablemente que su ya larga experiencia en las instituciones no lo ha cambiado en absoluto. No llevaba un año en el Senado cuando acusó a Gregorio Peces-Barba de ser el “comisionado para el amparo de los terroristas” cuando el cometido del político socialista era el de defender a las víctimas. Tener el gatillo fácil para el insulto solo contribuye a emponzoñar las instituciones. Si entonces Cosidó pretendió desacreditar con una bravuconada una larga y rigurosa trayectoria de entrega a la construcción y defensa de la democracia, esta vez el objetivo ha sido presentar a un juez conservador como un monigote de su partido. No tuvo razón entonces, tampoco la tiene ahora. Pero Cosidó sigue ahí: llevando la indignidad a la vida pública.

EN LA VIDA de las naciones hay momentos en que su progreso depende de un juez que dice basta. Eso ha hecho Manuel Marchena en un comunicado que está llamado a hacer historia, siempre y cuando los políticos no terminen traicionando la invitación a la reforma que alienta en su histórica decisión. Porque la renuncia del magistrado a su designación como presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial –por primera vez en nuestra democracia – no solo ha dinamitado el acuerdo entre el PP y el Gobierno, sino que abre de par en par la posibilidad de revisar el sistema de elección del gobierno de los jueces, en consonancia con lo reclamado por el Consejo de Europa y con la propuesta de regeneración que viene sosteniendo EL MUNDO desde su fundación. La politización de la Justicia es una lacra vergonzante de nuestra democracia, y el comunicado de Marchena debería marcar la hora de su final.

Si la salud de su Justicia mide la salud de una democracia, España padece una enfermedad agravada en los últimos tiempos por una increíble combinación de necedad, ambición de poder, deseo de impunidad, obscenidad comunicativa y absoluta carencia de sentido de Estado por parte de sus élites políticas. El PP y el PSOE pensaron que de nuevo podrían pastelear impunemente el CGPJ a su gusto e interés como llevan haciendo desde 1985, pero esta vez ni siquiera se molestaron en guardar las formas. El anuncio del Gobierno del nombre de Marchena como futuro presidente antes incluso de que los vocales se sentaran a elegirlo, sumado a la filtración del mensaje difundido por Ignacio Cosidó –buscaba calmar a los senadores de su partido encareciendo la «estupenda jugada» que suponía «controlar desde detrás la Sala Segunda»– fue demasiado para Marchena. Estaban poniendo en almoneda su prestigio a la vista de todos los españoles y, por cierto, del Tribunal de Estrasburgo, al que sin duda recurrirán los independentistas para tratar de impugnar por parcialidad las sentencias que les afecten de entre las que pueda dictar, singularmente la del 1-O, clave de todo este drama. El daño infligido al crédito del Poder Judicial es por eso incalculable.

Lo de menos es que Marchena tomara la decisión llevado por el temor a la recusación o asqueado por la grosera utilización de su candidatura como moneda de cambio partidista. Lo fundamental es que ha dicho basta, y que ese gesto –que implica la renuncia a la cima de la carrera judicial, un puesto que le pertenecía por derecho propio y que se le escapa por culpas ajenas– marca un punto de inflexión en el hartazgo ciudadano. De igual modo que ya no se tolera la falta de transparencia fiscal de nuestros dirigentes, la sociedad ha dejado de soportar la invasión de la política en el nombramiento de los jueces, porque ya a nadie se le oculta que de esos jueces depende el destino penal de los políticos que los nombran. La corrupción de unos y la rebelión de otros están en el origen inconfesable de este desastre institucional.

De Pedro Sánchez, el hombre que en la oposición prometió que los partidos sacarían las manos de la Justicia pero que en el poder las ha metido hasta la cocina para contentar a los independentistas de los que depende su supervivencia en Moncloa, no esperamos ya casi nada. De Pablo Iglesias, que a la primera ocasión se ha sumado con avidez al reparto, mucho menos. Pero de Pablo Casado, que venía a romper con las peores prácticas del marianismo, esperábamos mucho; nos decepcionó con su implicación a través de Rafael Catalá en el cambalache del CGPJ, pero ahora la dignidad de Marchena le brinda la oportunidad de redimirse. Urge que la aproveche si no quiere perder todo crédito renovador. En cuanto a Albert Rivera, es el único que se salva, porque siempre se mantuvo al margen del infame conchabeo. En adelante, los partidos tendrán que retratarse por su grado de aprecio a la separación de poderes. Es hora de resucitar a Montesquieu.

LA RENUNCIA de Marchena a la presidencia del Supremo y el CGPJ que, suponemos que con su conocimiento, pre-votaron PP, PSOE y Podemos, brindó ayer una posibilidad de enmienda digna a todos los protagonistas del bochorno. No la aprovecharon. Lo esencial era que, como pedimos aquí el viernes, se cancelara ese nombramiento que suponía la eliminación de un presidente de tribunal molesto para los golpistas y la entrega del CGPJ y la renovación de dos tercios del Supremo al soviet mafioso de los garzones. Hecho está. Los jueces no salen indemnes de esta prueba de compadreo con los políticos, pero Marchena ha salvado lo que Sancho llamaba «la negra honrilla». En cambio, los partidos protagonistas del inmundo enjuague (todos, salvo Cs) perdieron ayer la ocasión de «hacerse un Marchena» y ahorrarnos la humillación de culparse mutuamente por destapar la infamia.

Casado parece empeñado en que Rivera vuelva a ser, como hace seis meses, el voto útil del centro derecha, si Valls no lo entierra antes en la gauche caviar. Ayer tuvo la ocasión de echar a Cosidó, como era su obligación tras el grotesco mensaje, típico de Catalá, con el que presumía de controlar lo que, como ha demostrado Marchena al renunciar, ni controló ni controlará. En vez de echarlo, lo sacó, cojo y todo, a jugar contra Sánchez, que como, intelectualmente, es el buey del Belén, mugió contra el wasap de la vergüenza y tras criticarlo… pidió volver a pactar. ¿Cabe mejor prueba de que el PSOE y sus aliados golpistas salían ganando con el apaño?

Casado hizo tres cosas mal: sacar a Cosidó como si fuera el caballo de Sergio Ramos, denunciar al PSOE por chivato y pedir que se cambiara el sistema de elección del CGPJ ateniéndose literalmente a la Constitución. Si quiere cambiar el sistema, ¿qué sentido tiene llamar «sucia» a Delgado, que se lo facilita? Si quiere evitar la imagen de politización de la Justicia, ¿por qué mantiene a Cosidó? Y dado que la Constitución ha sido reescrita por el Constitucional, ¿por qué no se suma a la propuesta de Ciudadanos para que los políticos quiten sus sucias manos del CGPJ?

Lo de Marchena es un enorme alivio que deberían imitar todos los jueces hasta pasado el juicio a los golpistas y las generales. Lo del PP y el PSOE volvió a ser lamentable. Y lo de Casado con Rivera está pasando de rivalidad a caridad.

El Consejo General del Poder Judicial sigue en funciones tras el esperpéntico fracaso de la renovación pactada por el PP y el PSOE. La operación se frustró después de que se hiciese público un mensaje en el que el popular Ignacio Cosidó se jactaba de que su formación controlaba al elegido como futuro presidente, Manuel Marchena. Aunque la elección del magistrado del Tribunal Supremo hubiese permitido renovar el Consejo, se trataba de una solución viciada de inicio, pues mostraba que la designación dependía más de las lealtades político-corporativas de los candidatos que del servicio a la institución a la que iban a pertenecer. La lógica endogámica del sistema y la complicidad de los dos principales partidos quedaban explicitadas al pactar con anterioridad el nombre del futuro presidente, una potestad que la Ley Orgánica del Poder Judicial reserva en exclusiva a los propios miembros del CGPJ.

Estamos, parece, en un callejón sin salida. Después del sainete protagonizado por el inefable Cosidó, PP y Ciudadanos proponen ahora cambiar la forma de designación de los miembros del Consejo. Desde 1985, son las dos cámaras, a partes iguales, las que eligen a los 20 integrantes del Poder Judicial entre magistrados, jueces y juristas de reconocido prestigio mediante una mayoría cualificada de tres quintos. Se trata de un mecanismo adecuado destinado a que este órgano refleje la diversidad y la pluralidad política. El espíritu de la ley insta a los partidos a pactar los miembros del Consejo, no a repartírselos siguiendo consignas sectarias, y mucho menos a condenar al bloqueo en caso de que no se salgan con la suya.

A nadie debería escapar que un CGPJ en funciones representa un problema institucional grave. Y, sin embargo, no es la primera vez que un bloqueo de este tipo daña a una institución democrática: el propio CGPJ estuvo paralizado en el pasado, al igual que el Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional o el Consejo de Radiotelevisión Española. Dado que se trata de órganos que deben su lealtad al Estado y no a una determinada fuerza política, nuestro marco constitucional prevé que los partidos con representación parlamentaria alcancen consensos para su renovación. Pero si este diálogo es imposible, lo es también el normal funcionamiento de las instituciones que vertebran el Estado, que en ningún caso deben reducirse a ser un simple espejo de las mayorías y minorías partidistas de las Cámaras.

Los partidos tienen una vergonzante responsabilidad en este bloqueo que tanto daña a las instituciones, pero también los miembros del Consejo, quienes podrían evitar la actual situación de grave desprestigio y descrédito de una institución que debería preservarse de manipulaciones sectarias. Ante la actual situación de parálisis, existe una forma eficaz para desbloquear la renovación del órgano de gobierno de los jueces: que todos y cada uno de sus miembros y suplentes presenten su dimisión, trasladando así la responsabilidad a quien le corresponde. De esta forma, si el Ejecutivo y la oposición quieren garantizar el normal funcionamiento de uno de los pilares institucionales del Estado de derecho, no tendrán más remedio que ponerse de acuerdo para renovar las 20 vacantes que quedarían libres. Por su parte, los vocales salientes demostrarían con su gesto el respeto por la institución que encarnan.