La Audiencia Nacional abre un proceso para investigar a José Luis Rodríguez Zapatero por posible corrupción vinculada al caso Plus Ultra

JOSÉ LUIS Rodríguez Zapatero no sólo es el primer ex presidente español imputado por graves delitos de corrupción. Su citación judicial como presunto «líder» de una trama internacional dedicada al tráfico de influencias y el demoledor auto del juez instructor comprometen al Gobierno y, de forma personal, a Pedro Sánchez. El golpe no es a un satélite del PSOE ni a un ex presidente retirado: el golpe impacta de lleno en el corazón ideológico y de poder del sanchismo, y lo hace por tercera vez, después de los escándalos de corrupción de José Luis Ábalos y Santos Cerdán. La excepción parece revelarse como norma, y todo apunta a que la corrupción no ha sido una anécdota sino un elemento indivisible del proyecto político de Sánchez. Porque si Zapatero pudo usar su influencia en las altas instancias del Estado para lucrarse (al menos dos millones de euros) fue por la influencia que el presidente y secretario general del PSOE le concedió. Zapatero no es un ex presidente al uso, retirado de la primera línea. Todo lo contrario. Lleva años actuando como el líder moral y el principal revulsivo electoral del PSOE. Como el alma del partido.

Zapatero, además, es un consejero de la máxima confianza de Sánchez, que le ha convertido en un activo clave en las negociaciones con Carles Puigdemont y también en su ministro de Exteriores tácito, especialmente con Venezuela. Todo ese patrimonio político lo ha convertido en un lucrativo negocio: Zapatero SA.

El auto de José Luis Calama es extenso, sólido y hace referencia a las «múltiples evidencias» recopiladas por la UDEF que sitúan a Zapatero como «núcleo decisor y estratégico» de una trama que maniobró para el rescate de la hispanovenezolana Plus Ultra, pero cuya capacidad de acción sería mucho mayor, pues refiere «operaciones internacionales de alto valor económico, como las relativas al petcoke [un derivado del petróleo], oro, compraventa de acciones o divisas», con administraciones y empresas no sólo de Venezuela, sino también de China y Emiratos Árabes. Hay conversaciones, reuniones, contratos. Y un chat formado por el propio Zapatero, Julio Martínez y Javier de Paz que desmonta las inverosímiles explicaciones del ex presidente. El juez le atribuye indiciariamente los delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales, a través de una sociedad offshore constituida en Dubai. Todo indica que nos encontramos sólo al principio de la investigación sobre una gran trama global de ramificaciones inquietantes, con el ex presidente en su vértice.

La Audiencia Nacional eleva así a categoría judicial las sombras de un caso que EL MUNDO está desvelando desde hace meses. El juez describe una estructura estable y jerarquizada, con sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos. La responsabilidad del Gobierno es inocultable: no hay tráfico de influencias eficaz si el poder influido no se deja influir. Y fue la Sepi, dependiente de María Jesús Montero, quien concedió en 2021 el rescate que después aprobó el Consejo de Ministros.

La constitución de Análisis Relevante justo tras el nacimiento del Gobierno de coalición añade un indicio político difícil de ignorar. Una sociedad sin empleados, nutrida por pagos de una aerolínea rescatada con 53 millones públicos y convertida en canal de ingresos para Zapatero y para la empresa de sus hijas no puede despacharse como una consultoría convencional.

La responsabilidad política no admite evasivas. Sánchez debe explicar por qué el Gobierno que él presidía aprobó una operación bajo sospecha, por qué su partido se apresuró a defender al ex presidente antes incluso de conocer los indicios y por qué él mismo ha ordenado proteger el «buen nombre» de quien acaba de ser situado por un juez como presunto líder y principal comisionista de una red internacional de tráfico de influencias. La reacción del PSOE vuelve a desenmascarar a Sánchez: mientras se presenta ante el mundo como adalid del Estado de derecho, ordena a su partido reproducir el reflejo populista de desacreditar a los jueces cuando las investigaciones alcanzan a los suyos.

Las sospechas sobre las relaciones del Gobierno con el chavismo se multiplican, y la línea entre los grandes principios políticos y el negocio económico más inmoral se va tornando indistinguible. Aunque el daño más grave no es al PSOE: es al conjunto de los españoles, a la confianza en las instituciones y al prestigio de nuestro país en el mundo.