La Audiencia Nacional abre un proceso para investigar a José Luis Rodríguez Zapatero por posible corrupción vinculada al caso Plus Ultra

La imputación de Zapatero era un secreto a voces desde que el pasado 11 de diciembre la Policía Nacional detuvo a los máximos responsables de la aerolínea Plus Ultra y a su amigo del alma, Julio Martínez, quien luego supimos que le pagaba por hacer unos ‘churrinformes’… que en realidad ni siquiera elaboraba el expresidente del Gobierno.

Esta era la historia de una imputación anunciada, porque ya es mucha casualidad que Zapatero pusiera tanto empeño en el rescate de Plus Ultra (como destapó THE OBJECTIVE y que hasta Ábalos tuvo que reconocer desde la cárcel) y que años después terminase cobrando dinero (no se sabe muy bien por qué) de una empresa que a su vez cobraba de la aerolínea (tampoco se sabe muy bien por qué). Y si encima las que cobraban eran también sus hijas, a las que no se les ocurrió mejor idea que montar una sucursal de su empresa ¡en Venezuela!, pues ya estarían todos los ingredientes para tener importantes sospechas de que algo turbio se ocultaba.

Como era previsible, el Gobierno y el PSOE han salido en tromba a insinuar que aquí lo único que hay es una persecución de la extrema derecha. Aparte de la gigantesca irresponsabilidad que constituye que un Ejecutivo se permita el lujo de hablar en esos términos de una instrucción judicial, la realidad es bien distinta. Ningún juez en sus cabales procedería a imputar a un expresidente del Gobierno por pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental si no tuviera indicios más que suficientes para actuar en ese sentido.

De hecho, a Zapatero se le ha tratado con guante de seda precisamente por ser quien es. En vez de imputarle ya en diciembre, se ha esperado a tener bien armado el sumario… y los registros se han efectuado después de una extensa tregua electoral para que nadie pudiera acusar a la Justicia de injerencia política.

Y por mucho que Pedro Sánchez quiera desvincularse de este asunto, no podrá hacerlo. El caso Zapatero es el caso Plus Ultra, que fue uno de los primeros escándalos de corrupción que le estallaron a este Gobierno. Por cierto, destapado, cómo no, por un grupo de valientes periodistas en abril de 2021. Entonces nos llamaban «pseudomedio» e incluso la aerolínea se querelló contra nosotros reclamando una multa de 4,6 millones de euros por los daños causados a su reputación. Afortunadamente, por dos veces la Justicia nos ha dado la razón. Y con la imputación de Zapatero parece que nos acercamos a conocer toda la verdad de por qué Sánchez accedió a rescatar con 53 millones de euros a una empresa que a todas luces no merecía ese dinero.

La imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por un presunto delito de tráfico de influencias y otros conexos es un seísmo inédito para España que requiere una explicación detallada del propio imputado y una respuesta inmediata del actual presidente, Pedro Sánchez. La investigación del titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, sostiene que Zapatero es el presunto líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”. Es una acusación muy grave que debe investigarse hasta el final y sin interferencias ni presiones políticas.

La imputación afecta a una figura de referencia en la izquierda y se suma a una lista desgraciadamente larga de escándalos que han golpeado a la cúpula del PSOE y al Gobierno. Sin una reacción contundente del presidente, el hartazgo de la ciudadanía puede dar alas a los discursos populistas que pretenden socavar el sistema y las instituciones.

El juez Calama hizo pública la imputación a la vez que agentes de la Policía Nacional registraban la oficina en la que trabaja el expresidente y la sede de la empresa de marketing de sus dos hijas. La investigación establece que el objetivo de esta organización, que tenía como principal instrumento mercantil la consultora Análisis Relevante, sería simular servicios de asesoramiento, generar contratos y facturas que otorgaran apariencia de legalidad a los pagos e influir en la concesión de ayudas públicas aprovechando la red de contactos de Zapatero.

En este sentido, el juez sostiene que el expresidente dirigió una estructura “orientada al ejercicio ilícito de influencias ante autoridades nacionales y extranjeras”, en la que puso “sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables”. “La influencia ejercida no se dirigió a obtener un trato general o una expectativa indeterminada”, se lee en el auto, “sino a la consecución de una resolución administrativa concreta: la aprobación y desembolso de la ayuda pública [53 millones de euros] solicitada por Plus Ultra en el marco del Fondo de Apoyo a la Solvencia”. La sospecha apunta que el empresario al frente de la consultora que se encuentra en el centro de la investigación, Julio Martínez Martínez, era en realidad un testaferro de Zapatero y detecta transferencias relevantes a cuentas de sus hijas, adquisiciones patrimoniales y cancelaciones anticipadas de préstamos. Además, aporta indicios de que los pagos se ocultaron a través de un entramado de sociedades off-shore y lo acusa de blanqueo de capitales.

Hay en el auto del juez pasajes vergonzosos en los que un accionista de la aerolínea se jacta con un lenguaje burdo de sus planes para pedir ayuda a Zapatero. En otro momento, miembros de la supuesta trama se refieren al expresidente como “nuestro pana”. Es decir, “nuestro amigo“ en Venezuela, un país en el que el expresidente español ha ejercido tareas de mediación, y con cuyos líderes ha mantenido una amistad y cercanía.

Zapatero, que tendrá que comparecer en la Audiencia Nacional el próximo 2 de junio, negó en un vídeo cualquier posible ilegalidad. Aseguró que él nunca ha hecho una gestión ante la Administración en favor de Plus Ultra, que no es propietario de ninguna sociedad mercantil y que todos los ingresos por su actividad privada han sido declarados a Hacienda. Ya se había expresado en términos parecidos en el Senado y en los medios de comunicación. La imputación le brinda la oportunidad de reiterarlo ante la justicia. Pero debería explicarse inmediatamente ante la ciudadanía y ante los militantes socialistas.

El expresidente es un referente para su partido y el mundo progresista, donde se recuerda que en sus años de Gobierno se ampliaron los derechos civiles. Fue Zapatero también quien ayudó a Sánchez en su reelección contra pronóstico de 2023, y ha sido para el actual jefe de Gobierno un colaborador fundamental en su diálogo con el nacionalismo catalán y en campañas electorales tan recientes como la de Andalucía. Los socialistas no pueden conformarse con una respuesta que consista en cuestionar a los jueces, precisamente para evitar que este partido y todo el Gobierno quede manchado por lo que por ahora son indicios. Y menos después de ver a dos secretarios de Organización, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, ya imputados después de reiteradas muestras de confianza por parte del partido. La palabra lawfare, una manera de sembrar dudas generalizadas sobre la justicia para protegerse políticamente de los procesos, está de más en este caso.

Si algo hay que evitar en estas primeras horas son las respuestas apresuradas y sumarísimas. De un lado y del otro. Nadie puede culpar a la oposición por aprovechar la mancha que supone una imputación judicial de esta figura política, pero convertir la jornada aciaga de este martes para la democracia y las instituciones en una prueba de cargo de una supuesta corrupción generalizada es una imprudencia que pueden acabar usando los populistas y la extrema derecha.

No es la hora de las excusas y sí de decisiones que atajen la inquietud y desconcierto que la corrupción provoca entre los ciudadanos y erosiona su confianza en el sistema. Las preguntas legítimas ante la primera imputación de un expresidente del Gobierno en España exigen transparencia, precisión y un respeto escrupuloso al trabajo de la justicia. España ya ha vivido en los últimos meses demasiados escándalos. Si no hay una respuesta convincente ante esta nueva sacudida, los beneficiados pueden ser los enemigos de la democracia.

JOSÉ LUIS Rodríguez Zapatero no sólo es el primer ex presidente español imputado por graves delitos de corrupción. Su citación judicial como presunto «líder» de una trama internacional dedicada al tráfico de influencias y el demoledor auto del juez instructor comprometen al Gobierno y, de forma personal, a Pedro Sánchez. El golpe no es a un satélite del PSOE ni a un ex presidente retirado: el golpe impacta de lleno en el corazón ideológico y de poder del sanchismo, y lo hace por tercera vez, después de los escándalos de corrupción de José Luis Ábalos y Santos Cerdán. La excepción parece revelarse como norma, y todo apunta a que la corrupción no ha sido una anécdota sino un elemento indivisible del proyecto político de Sánchez. Porque si Zapatero pudo usar su influencia en las altas instancias del Estado para lucrarse (al menos dos millones de euros) fue por la influencia que el presidente y secretario general del PSOE le concedió. Zapatero no es un ex presidente al uso, retirado de la primera línea. Todo lo contrario. Lleva años actuando como el líder moral y el principal revulsivo electoral del PSOE. Como el alma del partido.

Zapatero, además, es un consejero de la máxima confianza de Sánchez, que le ha convertido en un activo clave en las negociaciones con Carles Puigdemont y también en su ministro de Exteriores tácito, especialmente con Venezuela. Todo ese patrimonio político lo ha convertido en un lucrativo negocio: Zapatero SA.

El auto de José Luis Calama es extenso, sólido y hace referencia a las «múltiples evidencias» recopiladas por la UDEF que sitúan a Zapatero como «núcleo decisor y estratégico» de una trama que maniobró para el rescate de la hispanovenezolana Plus Ultra, pero cuya capacidad de acción sería mucho mayor, pues refiere «operaciones internacionales de alto valor económico, como las relativas al petcoke [un derivado del petróleo], oro, compraventa de acciones o divisas», con administraciones y empresas no sólo de Venezuela, sino también de China y Emiratos Árabes. Hay conversaciones, reuniones, contratos. Y un chat formado por el propio Zapatero, Julio Martínez y Javier de Paz que desmonta las inverosímiles explicaciones del ex presidente. El juez le atribuye indiciariamente los delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales, a través de una sociedad offshore constituida en Dubai. Todo indica que nos encontramos sólo al principio de la investigación sobre una gran trama global de ramificaciones inquietantes, con el ex presidente en su vértice.

La Audiencia Nacional eleva así a categoría judicial las sombras de un caso que EL MUNDO está desvelando desde hace meses. El juez describe una estructura estable y jerarquizada, con sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos. La responsabilidad del Gobierno es inocultable: no hay tráfico de influencias eficaz si el poder influido no se deja influir. Y fue la Sepi, dependiente de María Jesús Montero, quien concedió en 2021 el rescate que después aprobó el Consejo de Ministros.

La constitución de Análisis Relevante justo tras el nacimiento del Gobierno de coalición añade un indicio político difícil de ignorar. Una sociedad sin empleados, nutrida por pagos de una aerolínea rescatada con 53 millones públicos y convertida en canal de ingresos para Zapatero y para la empresa de sus hijas no puede despacharse como una consultoría convencional.

La responsabilidad política no admite evasivas. Sánchez debe explicar por qué el Gobierno que él presidía aprobó una operación bajo sospecha, por qué su partido se apresuró a defender al ex presidente antes incluso de conocer los indicios y por qué él mismo ha ordenado proteger el «buen nombre» de quien acaba de ser situado por un juez como presunto líder y principal comisionista de una red internacional de tráfico de influencias. La reacción del PSOE vuelve a desenmascarar a Sánchez: mientras se presenta ante el mundo como adalid del Estado de derecho, ordena a su partido reproducir el reflejo populista de desacreditar a los jueces cuando las investigaciones alcanzan a los suyos.

Las sospechas sobre las relaciones del Gobierno con el chavismo se multiplican, y la línea entre los grandes principios políticos y el negocio económico más inmoral se va tornando indistinguible. Aunque el daño más grave no es al PSOE: es al conjunto de los españoles, a la confianza en las instituciones y al prestigio de nuestro país en el mundo.

Los pagos, las conversaciones y la relación tan estrecha con alguien tan pringado en este rescate bajo sospecha como es Julito Martínez explican el porqué de la imputación. Hay indicios. Pero otra cosa son las pruebas contra Zapatero. Por ahora, no las hay, o no las conocemos.

Los principales indicios que señalan a Zapatero son tres: los mensajes de los directivos de Plus Ultra hablando sobre «su pana» Zapatero, los pagos que recibieron él y sus hijas –a lo largo de cinco años– y también su relación con Julito Martínez, su amigo que pactó una comisión.

Es plausible la hipótesis que plantea el juez: que Zapatero sea el «núcleo» de esta trama corrupta. Pero con los datos que tenemos, también es verosímil la otra opción: que Julio Martínez usara su nombre y se aprovechara de él; que Zapatero no haya cometido ninguna ilegalidad.

El auto tiene también algunas partes muy endebles: inferencias con poca base o sobre datos erróneos. Lo explico con detalle en mi artículo de hoy.

No he entendido las quemas a lo bonzo de muchos políticos de izquierdas, medios de comunicación y periodistas progresistas después de haber leído el auto de imputación a José Luis Rodríguez Zapatero. Sí, es un auto demoledor, y no, Calama no es Peinado. No importa lo mucho que te haya decepcionado que se rompa la percepción que tenías sobre el expresidente porque los hechos tienen que ser valorados según te son presentados. La izquierda es diferente, o tiene que serlo, a la derecha y exigir mucho más y ser mucho más firme con actuaciones como las que se expresan en el auto de la Audiencia Nacional. Podemos valorar y acordar que eso mismo que se expresa sobre Zapatero si fuera investigado en Felipe González o José María Aznar sería mucho más escandaloso. Las comisiones de Aznar en Libia son solo un ejemplo. Pero eso es un debate accesorio que tendremos que darnos sin eludir la responsabilidad de unos hechos imposibles de defender desde una óptica de ética progresista. La izquierda que yo defiendo se escandalizaría e indignaría. Por eso es lo que me ocurre cuando asisto al espectáculo de estos días.

Puede que esté muy ligado a la ética protestante del trabajo, lo reconozco, pero en mi casa se ha dado mucho valor al hecho de ganar cada euro con tu trabajo y ser consciente de lo que cuesta ganar cada euro. Lo sabemos. La gente normal lo sabe. Sabe lo que cuesta sacar adelante un pequeño negocio, facturar como autónomo con mucho sufrimiento o lograr el dinero necesario como trabajador por cuenta ajena para sobrevivir a un mes. Sabemos lo que se gana y que nadie regala dinero y cuando ves ciertas cantidades regaladas con tanta ligereza por empresarios que hablan del dinero como adictos a la cocaína es fácil deducir que algo no huele bien. Esa misma fue la razón porque rechacé la oferta de ganar 125.000 euros de dinero público por un puesto de Dircom de una empresa pública donde «no se trabajaba nada» que me ofreció José Luis Ábalos, porque nadie ofrece ese dinero por nada y me sonaba tan mal como lo que se lee en el auto del juez de la Audiencia Nacional.

No, no hay nadie que me pueda convencer de que es normal cobrar 240.000 euros en cuatro años por maquetar informes ya realizados de una empresa relacionada con el rescate de una compañía aérea que tiene relación con tu padre. No, no me va a convencer nadie de que eso es normal. No, no hay nadie que me pueda convencer de que es normal que una empresa sin actividad en España y de la que son propietarios unos millonarios venezolanos próximos al régimen bolivariano pague medio millón de euros a las hijas de Zapatero por hacerle una web con imágenes de archivo. Soy de Fuenla, aquí no pasan esas cosas, pero en los barrios sabemos lo que vale ganar un solo euro y que cuando te pagan así por hacer algo así es porque lo están haciendo por otra cosa que no parece legal y que por supuesto está muy lejos de una ética de izquierdas aunque lo sea.

Algo podemos decir ya respetando la presunción de inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero al leer el auto y es que, desde una perspectiva de izquierdas, aquellos que ya habían olvidado las causas por las que también fue un objetivo del 15M y le habían convertido en referente y faro actual pueden dejar de hacerlo. No importa las cosas buenas que hiciera en su época de presidente porque las actuaciones expresadas en el auto y ya confirmadas, incluso por él mismo, son incompatibles con una ética de izquierdas. No pueden defenderse desde ningún punto de vista sin importar si se confirma la ilegalidad o el delito. Porque si lo que se narra en el auto de investigación del juez José Luis Calama no es delito tendría que serlo y la izquierda siempre ha defendido que tiene que serlo. Tiene que proponer que lo sea y que se juzgue a más gente por hacerlo.

No es aceptable que un expresidente del Gobierno use su influencia para favorecer los intereses de empresarios sin escrúpulos cobrando de ellos por el simple hecho de haber sido el representante de la soberanía popular. Se le montó un escándalo a Alberto Garzón por intentar hacer eso mismo en un lobby, de manera legal, y nos lo agradecerá, porque en la izquierda no es aceptable ni tolerable participar de ese mundo de privilegios que deja a las clases populares sin posibilidad de competir en igualdad de condiciones. Mucho más aún el lobby para lograr ayudas públicas, que es de lo que se trata el tema sobre el expresidente. No se centren solo en lo penal, sino en los valores que decimos defender.

Es necesario mantener un espacio dentro de la izquierda que mantenga distancia ante este tipo de actitudes sin importar el desarrollo legal y penal que pueda tener. Claro que hay que ser consciente de que hay que tener la mente muy fría para saber separar actuaciones judiciales de lawfare, que las hay y las ha habido, de otras que tienen la contundencia y la expresión de hechos como los que investiga José Luis Calama y que en la izquierda hay que rechazar de manera frontal sin importar cómo vienen para los intereses de un gobierno de coalición. Porque este gobierno es mucho menos importante que mantener un espacio progresista limpio con unas convicciones morales incontestables que tienen que liderar la denuncia de hechos como los que se investigan contra José Luis Rodríguez Zapatero. La izquierda existía antes de este gobierno y tiene que seguir haciéndolo cuando termine. No se quemen defendiendo a quienes destruyen los valores y las convicciones progresistas, porque vienen cosas peores.

Si uno se atiene a los razonamientos de dos informes elaborados por la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF), y a la síntesis de ellos, en cuya elaboración han participado la fiscal Elena Lorente, de la Fiscalía Anticorrupción –se supone que será quien interrogue a Zapatero, en solitario o acompañada por el fiscal jefe Alejandro Luzón– y el juez José Luis Calama, titular del juzgado central número 4 de la Audiencia Nacional, a través de la imputación, el expresidente del Gobierno español, líder de la banda que traficaba influencias, tuvo la pericia suficiente para esconder la mano después de tirar la piedra, es decir, ejerció sus múltiples influencias sin dejar rastro alguno. Porque aun reconociendo que hay muchos senderos bifurcados en la resolución, una cosa parece indiscutible: la influencia de Zapatero es invisible.

Tal ausencia de indicios en lo que se suele llamar la “explotación del operativo” –que suele estar precedida por una larga y cuidadosa preparación– está suplantada por un despliegue de sociedades, relaciones y cruces, que se aleja del centro de lo que se pretende investigar. De ahí esa borgiana imagen del jardín cuyos senderos se bifurcan.

Es que el delito de tráfico de influencias (artículos 428-430 del Código Penal) exige al juez de instrucción dos cosas: identificar a la persona o las personas influidas para hacer realidad la concesión del préstamo a Plus Ultra. Es decir: describir que se trata de un funcionario o autoridad con la potestad necesaria para dictar una resolución que diera satisfacción a la influencia ejercida.

Y, segundo, comprobar si en el sujeto activo concurre una circunstancia concreta de prevalimiento –es decir, que la persona se aprovecha de una circunstancia de poder– habida cuenta de que en este caso se trata de un particular.

¿Qué relación personal concreta le permitió a este particular, en este caso el expresidente, ejercer su prevalecimiento sobre el funcionario influido, acometer la influencia presuntamente ilícita?

El juez dice investigar un delito inexistente: el Código Penal no castiga la creación de tramas abstractas de tráfico de influencias.

Lo que si castiga es un tráfico de influencias en concreto. Eso es derecho penal. Las “tramas” no está –que sepamos– tipificadas.

Estos dos requisitos son sustituidos por una cantidad de datos con el mensaje central sobre la existencia de una trama que sería el equivalente de aquel adagio de que “la letra con sangre entra”: el relato de esa organización criminal incluye seis veces el participio femenino singular “liderada” y tres veces el sustantivo masculino “liderazgo”.

Con un auto de estilo ‘totum revolutum’, el mensaje ha dado nacimiento a la “trama Zapatero”, cuyo viaje solo acaba de empezar y cuyas escalas serán numerosas hasta la declaración del expresidente el 2 de junio.

Si tan arraigada está en la UDEF, la Fiscalía Anticorrupción y el juez instructor la convicción como para proclamar con tal contundencia la existencia de esa trama y de su liderazgo.

¿Por qué esperar dos semanas, entre la publicación del auto el pasado martes 19 de mayo y hacer que Zapatero declare, el próximo 2 de junio?

Ah… quizá para obtener más datos que puedan emanar de los registros de las oficinas.

Pero es que el instructor ya ha advertido que el imputado, habida cuenta de las filtraciones y noticias publicadas durante meses, señala: “La amplia difusión mediática y la notoriedad del procedimiento judicial en curso hacen razonablemente presumible que cualquier elemento incriminatorio eventualmente existente habría sido ya retirado, destruido o trasladado, lo que debilita la proporcionalidad y necesidad de la medida restrictiva solicitada” [por la Policía].

Es decir, la UDEF, la Fiscalía Anticorrupción y el juez instructor presumen que Zapatero ha destruido material.

Pero, al tiempo, siguen pescando. Porque ahora han incautado los dispositivos de la secretaria del expresidente, Gertrudis Alcázar, quien al tiempo ya ha sido citada por el Partido Popular a comparecer en la caja de resonancia de los procedimientos judiciales que es el Senado. Y al Senado se han unido, como era previsible, la personación del PP, Vox y Hazte Oír, admitida este viernes, en la causa.

Decíamos que Zapatero está en manos de Julio Martínez Martínez, ‘Julito’.

Si, como parece, Julito, que ha monopolizado el acceso a Zapatero –con quien trabó amistad en un gimnasio, corrían juntos y se ocupó de los negocios del expresidente y le hizo pagos a él y a sus hijas de 1,9 millones de euros en los cinco años 2020-2025– ha alardeado, inflado o inventado, esos contactos para convencer a los ejecutivos y socios de Plus Ultra de que debían pagarle una comisión de 530.000 euros por conseguir el préstamo de 53 millones, ¿qué va a declarar ante el juez?

¿Que hizo ‘name-dropping‘, es decir, utilizó el nombre de Zapatero para persuadir a los directivos de que sus gestiones merecían la pena, pero que, en realidad, todo era un tocomocho?

Julito, según declaró a ‘Ok diario’, publicación con la que mantiene muy buen ‘feeling’, según fuentes consultadas, se lo está pensando.

Si reconoce que vendió la burra, sale mal parado. Y, por tanto, puede caer en la tentación de hacer lo que públicamente le sugiere Aldama, lo cual sería recibido con los brazos abiertos por la UDEF y la Fiscalía Anticorrupción. Es decir “derrotar” a Zapatero.

Pero al “hacer un Aldama” tendrá que explicar qué gestiones, según él, hizo Zapatero, para conseguir la concesión del préstamo a Plus Ultra.

La “trama Zapatero” ha destruido al exvicepresidente y a su familia, más allá de las explicaciones que puede dar al juez el 2 de junio. Su relación con Julito, que ha permitido el montaje en curso, ha sido uno de los errores más espectaculares que se pueden cometer, del cual forma parte, sin duda, haberse convertido en uno de los iconos más relevantes del PSOE y de Pedro Sánchez desde la campaña electoral de julio de 2023.

El verdadero misterio político de Zapatero no está enterrado en los folios de una instrucción judicial. Lo que de allí salga, limpio o sucio, no aclarará el enigma de su figura, cuyo brillo tanto deslumbra a los ojos más destacados de la izquierda, así en el PSOE como en sus galerías aledañas. Sobre todo, en sus galerías aledañas, donde insisten mucho en su condición de referente ideológico, de faro histórico que guía entre la niebla a las generaciones presentes. La santidad progresista del expresidente se muestra evidente en sí misma incluso desde la derecha, que pasó de llamarle Bambi a pintarle cuernos, rabo y tridente diabólico. Con él empezó todo, gritan.

Me temo que el odio sulfuroso de la derecha más halitósica ayudó mucho a vertebrar el mito izquierdista de Zapatero. Nada legitima tanto a un político como el desprecio agresivo de los oponentes. Es un mandamiento estratégico muy viejo: el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Incluso aunque fuera mi enemigo antes. Cuando Juan Carlos Monedero —aún en activo— se retrató orgulloso con el expresidente socialista, selló un pacto de olvido equiparable a una lobotomía política. Se olvidó enseguida de que el 15-M del que nació Podemos se instituyó contra el Gobierno de Zapatero. Se olvidó todo lo funesto de su segunda legislatura: su sometimiento a los hombres de negro, con reforma constitucional incluida; los primeros rescates bancarios; su negacionismo financiero, con Elena Salgado y los brotes verdes, y sus recortes sociales, prólogo de los que aplicaría, en estricta continuidad, Mariano Rajoy.

¿En qué momento se decidió que el legado de Zapatero acababa en 2008, antes de la crisis, y se centraba en exclusiva en el coraje para retirar a España de una guerra atroz y en la ampliación de los derechos civiles, con el matrimonio igualitario como bandera? La memoria, esa sustancia caprichosa, atribuye a Rajoy un montón de políticas thatcherianas que empezaron con el PSOE.

Entiendo que Rufián se sienta traicionado tras estudiar el auto de imputación. Lo incomprensible es que haya olvidado que la posibilidad actual de una corrupción no sería la primera traición a la causa izquierdista. Y aunque aquello fue legal, parlamentario y políticamente legítimo, fue también muy doloroso y provocó la caída de su Gobierno al foso hondísimo del descrédito. Muchos de los que hoy claman contra un supuesto lawfare estaban hace 15 años acampados en la Puerta del Sol y se manifestaban con consignas contra Zapatero, quien nunca se ha desdicho de lo hecho. Porque no lo necesitaba: quizá sabía que los insultos se convertirían en abrazos en cuanto los manifestantes pasaran de la plaza al escaño.