El Tribunal Supremo condena al exministro José Luis Ábalos a 24 años de prisión y a su exasesor Koldo García a 19 años

El Tribunal Supremo lanzó ayer un mensaje rotundo contra la corrupción en una sentencia en la que condena al exministro y exdirigente socialista José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de cárcel, a su asesor Koldo García a 19 años y ocho meses y al comisionista Víctor de Aldama a cuatro años y medio. Este último, en la parte más discutible de la decisión, se beneficia de una pena más baja por su colaboración “muy cualificada” con la justicia, lo que le evita su ingreso en prisión. Los magistrados, que actuaron por unanimidad, condenan al que fuera número tres del PSOE por organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias, un amplio catálogo de delitos que la sentencia considera acreditados tras un extenso análisis de pruebas documentales, periciales y testificales.

Los jueces describen cómo Ábalos, Koldo García y Aldama se confabularon para lucrarse mediante la adjudicación de contratos de obras públicas y, lo que es más lacerante, de mascarillas en el peor momento de la pandemia. Aldama pagó 10.000 euros al mes al entonces ministro de Transportes para sus gastos, según la sentencia, además de sufragar el alquiler de una vivienda a una pareja de Ábalos. Junto a las mordidas, la sentencia constata la arbitrariedad con la que actuó el exministro, quien colocó a dos mujeres en empresas públicas, con el añadido de que cobraron sin acudir a su puesto de trabajo.

Los jueces plantean una reflexión de fondo sobre los perversos efectos de la corrupción en las democracias. “Su efecto más grave”, escriben, “es el deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político, al quebrar la expectativa de que el poder democrático se ejerce en beneficio del conjunto de la ciudadanía”.

El aspecto más cuestionado de la sentencia se refiere al trato dado al comisionista Aldama, al que se le reduce la pena de forma tan significativa que no irá a prisión. También suscita dudas razonables que Aldama, un vidrioso personaje cuyas revelaciones mezclan hechos acreditados y acusaciones desechadas por la fiscalía, no tenga que pagar la multa de 3,7 millones de euros que reclamaba Anticorrupción, el beneficio que obtuvo por la venta de mascarillas. El motivo es que Aldama ha sido absuelto del delito de uso de información privilegiada, al que iba asociada la multa. El Supremo incide en el incentivo a quienes colaboren con la justicia aportando información y pruebas, un mensaje que puede entenderse como dirigido a imputados en otras causas que salpican al PSOE.

Políticamente, el golpe es demoledor para los socialistas, que acumulan otras causas en los tribunales. Ábalos, que fue la mano derecha de Pedro Sánchez en el PSOE, defendió en 2018 la moción de censura contra Mariano Rajoy por los escándalos que sacudían entonces al Gobierno del PP. Alberto Núñez Feijóo volvió ayer a pedir elecciones, pero sigue sin atreverse a presentar una moción de censura. Si el líder del PP cree que la crisis que atraviesa la democracia española es tan grave, no debería tener ninguna duda en dar el paso y presentar al conjunto de los ciudadanos su alternativa, como hizo Sánchez hace ocho años.

Episodios como el protagonizado por Ábalos y sus compinches son devastadores porque contribuyen a debilitar la confianza en la política y en las instituciones, además de dar alas a los populistas y a la extrema derecha. Pero ante los discursos incendiarios, es necesario subrayar que el Estado de derecho funciona, como ha puesto de manifiesto el Tribunal Supremo de forma implacable. En España, la corrupción se paga.

LA SENTENCIA firme del Tribunal Supremo contra el ex ministro José Luis Ábalos supone un castigo penal implacable a la primera trama de corrupción detectada en la era de Pedro Sánchez y que operó en el corazón del poder desde su llegada al Gobierno. El fallo es extraordinariamente valioso por su solidez, porque es unánime y por el mensaje de regeneración institucional que encierra. Si el presidente estuviera a la altura de la responsabilidad política directa que tiene en este caso, dimitiría de forma inmediata.

Los siete magistrados de la Sala de lo Penal, de distintas sensibilidades, detallan con precisión la «organización criminal» que se instaló en el Gobierno y en el PSOE para lucrarse personalmente, y cuyos hitos fueron los contratos amañados de mascarillas en plena pandemia y los enchufes en empresas públicas de dos mujeres relacionadas con el entonces ministro. Ábalos es condenado a 24 años de prisión, su ex asesor Koldo García a 19 y el comisionista Víctor de Aldama a cuatro años y medio, aunque el Supremo le exime de entrar en la cárcel.

La sentencia, cuyo ponente ha sido Andrés Martínez-Arrieta, arranca con una reflexión socialmente pedagógica que delimita la dimensión del caso. Los magistrados subrayan como singularmente grave que Ábalos fuera «una autoridad de especial relevancia estatal», en su doble condición de ministro de Transportes y secretario de Organización del partido. A ojos del Supremo, que los corruptos estén en la cúspide del poder no solo deteriora la confianza ciudadana en el sistema político, sino que «socava la arquitectura democrática» de cualquier país. La realidad que nadie ignora en España es que quien depositó toda su confianza en Ábalos situándole en ambas posiciones no fue otro que Pedro Sánchez.

La importancia de la sentencia no se agota en el efecto disuasorio que la elevada cuantía de las penas pueda tener en los cargos públicos. Los magistrados han dado un paso más: al concederle a Aldama la atenuante muy cualificada de confesión, abren un camino, ya avanzado en Europa, para incentivar a otros acusados a que colaboren con la Justicia. El hecho de que un corruptor pueda eludir la entrada efectiva en prisión puede resultar chocante, es evidente. Sin embargo, como razona el Supremo, las organizaciones criminales de alto nivel no suelen caer si uno de sus miembros no confiesa, y el notable beneficio que ello reporta a la sociedad merece ser recompensado. Sólo a quien tiene algo que ocultar puede inquietarle que personas como Julio Martínez, Leire Díez o Vicente Fernández se vean tentadas a emular a Aldama.

El desenlace del caso Mascarillas es la prueba de que el Estado de derecho resiste, pese a las presiones de la Fiscalía General del Estado y a la campaña del Gobierno contra jueces y fiscales. Es sólo la primera sentencia. Vendrán más.