Condenados a inhabilitación David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez y el expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, acusados de ‘enchufismo’

El 22 de julio de 2019, durante el debate de investidura de Pedro Sánchez, los periodistas sentados en la tribuna jugábamos a adivinar el nombre de los presentes en la zona de invitados. Ahí estaba Begoña Gómez, en primera fila, junto a un matrimonio con el que conversaba con cercanía, pero con la distancia suficiente como para adivinar, pasados unos segundos, que se trataba de sus suegros.

Durante esa jornada esas tres personas, fundamentales para la vida del presidente del Gobierno y de cualquier ser humano, mostraron tensión, a veces cierto alivio, pero sobre todo una alegría evidente cuando salieron las cosas tal y como habían deseado. Aplaudieron, sonrieron satisfechos e intercambiaron miradas cómplices con el señor que esa noche se metería en la cama como presidente del Gobierno.

Ese día pocos focos estaban puestos en otra persona, una que se mantuvo hierática y con gesto de incomodidad evidente durante casi toda aquella jornada parlamentaria. Enseguida, con un mínimo conocimiento de fisonomía humana, supimos quién era. David, hermano menor de Sánchez, con el que además de padres comparte el mismo gesto cuando ambos fruncen el ceño, y que hoy ha sido condenado a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación.

David Sánchez optó por la música como profesión. Un experto consultado afirma que su trayectoria es evidente y pública, que ha trabajado sobre todo como asistente de director de orquesta, y que quizá el pico de su carrera lo tuvo en San Petersburgo, que como todos sabemos está muy lejos de Badajoz, donde ha desarrollado la última etapa de su vida laboral. Una ciudad a la que llegó en 2017, dos años antes de ese día tan sentado y tan seriote en la zona de invitados del Congreso, cuando su hermano ni estaba ni se le esperaba en el Palacio de La Moncloa.

Tampoco por aquellas fechas Magdalena, madre de David y de Pedro, sabía que sería insultada a diario por ciudadanos anónimos y otras que no tanto gracias al odio vertido primero hacia su hijo mayor y ahora también hacia el pequeño. De ella y de su marido se acuerda hoy la que escribe, más que por las dos criaturas que han traído al mundo. “Todos tenemos un padre y una madre”, recordaba el profesor Miguel Ángel Bastenier cuando daba clase a los alumnos del Máster de Periodismo de EL PAÍS. Quizá sea hoy otro de tantos días en lo que conviene tenerlo en cuenta.

De David Sánchez se han dicho muchas cosas, y puede que a la sentencia de hoy haya llegado repleto de homeopatía. Que nada de lo que dicen esas trescientas páginas le chirríe o quizá sí, cuando se habla de que su puesto como coordinador traje a medida, cuando se lo acusa de prevaricación sin pruebas. Pero a lo mejor eso ahora a él le importa poco.

Ya lleva más de dos años en los que nadie en este país lo llama David Azagra, que es el nombre artístico por el que optó. Para casi todos es el hermanísimo y el delincuente, el chorizo y sobre todo el enchufado, que es una palabra que nunca he entendido que derive en insulto, en un país en el que los apellidos y el apadrinamiento siguen siendo el mejor atajo para conseguir un puesto de trabajo. También se ha dicho, sin tibieza alguna, que es un jeta y una auténtica calamidad, sobre todo aquel día en el que estuvo dubitativo y algo torpe en un interrogatorio en el juzgado.

Cantaba Isabel Pantoja que estaba “algo cansada de llevar esta estrella que pesa tanto”. Lo de David Sánchez es más bien una mochila llena de piedras de las que a lo mejor no acaba de desprenderse, pero nunca serán tantas como las que cargan Magdalena y Pedro. Como para no fruncir el ceño.

La causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por su contratación por la Diputación de Badajoz en 2017 siempre ha tenido un carácter insólito y desmesurado. Insólito, porque llegó a la vía penal sin haber circulado antes por la vía contencioso-administrativa, el carril a todas luces más evidente para una impugnación de ese tipo. Y desmesurado, por sentar en el banquillo a nada menos que 11 imputados bajo el impulso de las acusaciones populares ejercidas por el PP y Vox, entre otros, que han llegado a pedir seis años de prisión para el principal acusado. La suma de casos contra el entorno más privado de Pedro Sánchez, más allá de los que afectan a los altos cargos sospechosos de corrupción, ha añadido al territorio judicial, además, una nebulosa y un ruido político de muy delicada gestión.

Este es el contexto en el que la Audiencia Provincial de Badajoz emitió ayer su sentencia condenatoria por la creación, adjudicación y posterior modificación de un puesto de trabajo público para el hermano de quien años después se convertiría en presidente del Gobierno. Los tres jueces de Badajoz condenaron por unanimidad a David Sánchez a nueve años de inhabilitación como cooperador de prevaricación administrativa, y a Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz y anterior líder del PSOE extremeño, a 18 años de inhabilitación como autor de dos delitos de prevaricación. Los demás imputados han sido condenados a nueve años de inhabilitación como autores materiales o cooperadores necesarios en la creación de una plaza que los jueces consideran “innecesaria y vacía de contenido” y que han concluido que fue diseñada a medida de un candidato concreto.

Lo que complica todavía más el caso es que la Audiencia no considera acreditado que nadie ejerciera presión o influencia sobre los acusados de crear la plaza para David Sánchez, ni tan siquiera que este realizara ninguna petición en este sentido. Los jueces sostienen, como hipótesis, que actuaron motu proprio. Por ello los jueces descartan tráfico de influencias, un resultado que despeja cualquier sombra de conexión con el actual presidente del Gobierno, y elimina la acusación que, desde el principio, fue el motor de esta causa y el motivo principal de su politización.

Sin la existencia demostrada de presiones, la condena deja algunos interrogantes. Los jueces, por ejemplo, consideran que quienes gestaron la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios de la Diputación de Badajoz no lo hicieron pensando en las necesidades reales de la administración, sino en el interés por “congraciarse” con quien “era ya una figura política de primer orden”, en alusión a Pedro Sánchez. Pero la creación del puesto que consiguió David Sánchez fue acordada cuando el actual presidente no solo no había llegado a La Moncloa, lo que no sucedería hasta 2018, sino que además acababa de ser defenestrado como secretario general del PSOE.

La justicia ha actuado. Y, si bien ha dictado una sentencia más basada en indicios que en pruebas definitivas y sobre todo fundamentada en el testimonio de los agentes de la UCO, tampoco ha desembocado en condenas de cárcel ni ha hallado pruebas de tráfico de influencias. El fallo recorrerá su camino de apelaciones en un sistema judicial con garantías propias de un Estado de derecho. Solicitar la dimisión de Sánchez es extemporáneo, dada su nula participación en los hechos. Denunciar una cacería judicial tampoco se ajusta a la realidad de un país donde la justicia, pese a excesos evidentes que dañan la imagen de la justicia en la opinión pública, goza de suficiente recorrido garantista como para prevalecer en su medida más equilibrada.

LA CONDENA de la Audiencia Provincial de Badajoz a David Sánchez por prevaricación tiene una relevancia política trascendental, ya que constata la resistencia de los contrapoderes del Estado frente a quienes desde el mismo Estado han intentado debilitarlos. La desaforada reacción del Gobierno y del PSOE contra la sentencia, dictada de forma unánime por tres magistrados, retrata la campaña populista de descrédito de la Justicia emprendida por la Moncloa, que proclama «inocente» al hermano del presidente y enmarca el fallo en una pretendida conspiración derechista. El mensaje parece orientado a preparar el terreno ante las próximas resoluciones judiciales sobre Begoña Gómez, un elemento clave para la narrativa de Pedro Sánchez en lo que queda de legislatura.

El Ejecutivo habla de cacería política, cuando quien le ha dado dimensión política al caso es precisamente quien impulsó una cloaca para obstaculizar la investigación, y quien ahora convierte a David Sánchez en la última víctima del llamado lawfare. La realidad objetiva es que la anomalía no ha estado en la actuación de la UCO, de la instructora ni de la Audiencia, sino en las enormes presiones que estos han soportado. La sentencia no es firme y será recurrida, pero constituye un sólido aval al trabajo de los investigadores.

El tribunal considera acreditado que la plaza creada en la Diputación obedeció al interés particular de su adjudicatario, el hermano de Sánchez, y no al interés general, y que después fue modificada para adaptarla a sus preferencias. Los jueces no ven probado quién impulsó políticamente la creación de la plaza ni atribuye responsabilidad alguna al presidente.

Según las investigaciones judiciales sobre la trama de Leire Díez, el caso Hermanísimo fue el procedimiento con el que comenzaron las presiones sobre la UCO para que se pusiera «de perfil» ante los asuntos que afectaban a Sánchez. También fue la causa en la que la juez Biedma sufrió campañas de descrédito y seguimientos en su vida privada. Si el caso adquirió una dimensión institucional fue porque desde el propio Estado se intentó desestabilizarlo.

La extensa sentencia (377 páginas) proyecta, además, el progresivo deterioro de la autoridad de la Fiscalía. Como ocurrió con el fiscal general, después de que el Ministerio Público se opusiera al juicio, el tribunal dicta una sentencia condenatoria, en este caso contra un total de once personas. Con ello, la función social de la acusación popular queda claramente reforzada como mecanismo de control cuando la Fiscalía renuncia a acusar.

La democracia se debilita atacando a los jueces cada vez que una resolución resulta incómoda y, por el contrario, se fortalece cuando quienes ejercen el poder aceptan que también ellos, su partido y su entorno familiar están sometidos al Estado de derecho.