«Caso Nevenka»: El alcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez (PP), forzado a dimitir tras ser condenado por acoso sexual a su ex novia, la concejala Nevenka Fernández

La imparcialidad exigida por el estatuto del ministerio público a sus miembros brilló por su ausencia en el interrogatorio desconsiderado, insidioso y desbordante de prejuicios machistas al que el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León sometió a Nevenka Fernández durante el juicio en que se dilucida su denuncia por acoso sexual contra el alcalde de Ponferrada y procurador por el PP en las Cortes regionales, Ismael Álvarez.

Los servicios de inspección de la Fiscalía General del Estado han reaccionado con rapidez abriendo diligencias informativas sobre ese comportamiento. Pero más allá de lo que estas diligencias establezcan, esa forma de interrogar a una testigo, denunciante además del caso y presunta víctima, como si fuera la acusada, pone en entredicho el papel constitucional del fiscal como defensor de la legalidad y, consecuentemente, su continuidad en el juicio. ¿Cómo no sospechar que el fiscal ha pretendido con ese interrogatorio restar crediblidad a la denuncia y facilitar la exculpación del acusado? Se supone, además, que si el ministerio público se sumó en su día a la denuncia por acoso sexual contra el alcalde de Ponferrada fue porque la consideró fundada. ¿A qué viene, entonces, un interrogatorio cuya finalidad parece haber sido desactivarla?

Ante las reacciones de indignación que ese comportamiento ha provocado, el fiscal jefe de Castilla y León ha replicado que la tarea del ministerio público es buscar la verdad. Nada más cierto. Pero la verdad en un proceso se busca con preguntas claras y concretas sobre los hechos sometidos a juicio y no con suposiciones indelicadas, si no vejatorias, que confunden e intimidan al testigo. Nevenka Fernandez sintió que el interrogatorio intimidatorio e inquistivo del fiscal pretendía poco menos que hacerla sentirse culpable del acoso sexual denunciado, y así fue percibido por el público asistente al juicio, que prorrumpió en aplausos cuando el presidente del tribunal, con una tardanza inexplicable, recordó al representante del ministerio público que la interrogada ‘es un testigo, y no el acusado’.

El ministerio fiscal sanciona las faltas de respeto y la desconsideración entre sus miembros. Con no menos rigor debe castigar ese comportamiento cuando quienes lo sufren son personas implicadas en un proceso y cuya comparencia a juicio tiene muchas veces connotaciones psicológicamente dolorosas.

El juego de las apariencias conduce a divertidos equívocos. Ahora resulta que Cleopatra era baja y fea (incluso para los cánones de la época) y que Cristo no se parecía a Cristo sino a un cruce entre Mayor Oreja y Sadam Husein. También resulta que el tal Alonso, concursante de Gran Hermano, recuerda más al Príncipe Felipe que al ligón de playa que encarna, y que Mercedes Milá es la cara B de Camilla Parker Bowles. Pero ahí no acaba la cosa. La semana nos ha deparado un protagonista con doble juego y más rostro que la colección completa de estampitas de la santa faz: el alcalde de Ponferrada.

Su cara lo dice todo. Sobre lo que más dice, con diferencia, es sobre su condición de macho encabritado. Porque todos los machos encabritados tienen la misma expresión arrogante, ese aire de suficiencia que se manifiesta trazando rúbricas con la mandíbula. A mucha gente no hace falta conocerla para saber cómo es. Basta con verle la jeta y asomarse a la orilla de sus ojos. Es el caso de este hombre que ha sido acusado de acoso sexual por la que fue teniente de alcalde de su municipio. El tiempo dirá si las acusaciones son fundadas o si anidan en la fantasía de la demandante, pero hay algo a cuya inmediatez no podemos sustraernos: la apariencia, el primer golpe de vista. Y yo veo y digo: la fisonomía del pájaro reúne todos los tópicos de la chulería.

Se llama Ismael Alvarez y su apellido político es lo de menos, porque en asuntos del corazón y la entrepierna no hay que hacer partidismo sino distancia. El alcalde de Ponferrada ha inundado de pasquines su pueblo para demostrarle a la ciudadanía que la mejor presunción de inocencia es aquella que se cimenta con ataques al contrario. En ésas anda, pues, el tío, poniendo verde a la contrincanta y amedrentando (amenazando más bien) a quienes pretenden meter la nariz en su currículo. En este país, como en otros muchos, ser alcalde es más que ser presidente de gobierno. Donde no llega un presidente de gobierno siempre llega un alcalde: recalifica terrenos y secretarias, cambia de sentido las calles y utiliza la noche a su antojo.

El prota de la semana, que tiene amigos en algunas terminales mediáticas, quiere pararle los pies al escándalo, pero los ingredientes ya están servidos. En cualquier momento alguien tirará de la manta y el culebrón del Bierzo se nos ofrecerá, despelotado y crudísimo, en todo su esplendor de truculencia.

La sentencia del Tribunal Superior de Castilla y León que condena al alcalde de Ponferrada por un delito de acoso sexual cometido contra la ex concejala Nevenka Fernández supone el primer fallo condenatorio en el que se aplica a un cargo político el tipo delictivo del artículo 184 del Código Penal, introducido en la reforma del 99. Desde el punto de vista jurídico, al margen de sus implicaciones políticas, la multa impuesta a Ismael Alvarez es una de las primeras que se dictan por delito de acoso sexual, por lo que sienta un importante precedente, tanto para las potenciales víctimas como para los superiores jerárquicos que puedan incurrir en estas repudiables conductas.

El fallo no está exento de controversia. En primer lugar, ha sido dictado por dos de los tres miembros del tribunal, ya que el tercero primer ponente que fue sustituido ha emitido un voto particular. Los dos magistrados firmantes de la sentencia consideran probado que el acusado, ante la negativa de Nevenka a seguir manteniendo unas relaciones sexuales inicialmente consentidas, «insistió en su solicitud con abuso de superioridad jerárquica» y «provocó en la víctima una situación gravemente hostil y humillante».Ambos dan credibilidad al testimonio de la víctima y, sobre todo, a los informes de los peritos que la han examinado.

Sin embargo, absuelven a Alvarez del delito de lesiones y aplican la pena en su grado medio, esto es, multa en lugar de arresto de fin de semana. Tampoco inhabilitan al alcalde él mismo dimitió ayer , lo cual resulta chocante si tenemos en cuenta que se declara probado que cometió el delito prevaliéndose de su cargo.

El autor del voto particular, por el contrario, estima que el acusado es inocente, cuestiona radicalmente la versión de Nevenka e incluso expone dudas acerca de la propia redacción del artículo 184 del Código Penal. Esta discrepancia, junto al relevo del primer fiscal del caso pone de manifiesto que el juicio contra Ismael Alvarez ha venido acompañado de circunstancias excepcionales, tanto por su condición de alcalde como por la reacción social ante la penosa actuación de García Ancos, al identificarse ambos con el machismo más rancio. Sin embargo, el hecho de que la sentencia haya sido dictada por magistrados, y no por un jurado popular, hace suponer que no se habrán dejado llevar por la presión social.Será el Supremo quien dicte, en casación, el fallo definitivo.

Por lo demás, la dimisión, ayer, de Ismael Alvarez es lo mínimo que cabía esperar. Aunque sus palabras, alertando a los españoles a tener cuidado con que una «señorita diga que le han tocado el culo», no ayuda a que se le considere víctima de un «linchamiento político» como él denuncia.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha impuesto al alcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez, la pena más benigna de las previstas en el Código Penal para el delito de acoso sexual: multa de 6.480 euros, en lugar de la de arresto de 12 a 24 fines de semana. Que la pena sea benigna no ha impedido que su efecto político haya sido fulminante: la dimisión de Álvarez de sus cargos de alcalde y de procurador por el PP en las Cortes de Castilla y León.

La condena del alcalde por acoso sexual a su antigua concejal de Hacienda, Nevenka Fernández, es la primera que se produce en España tras la introducción de este delito en el Código Penal de 1995. Su impacto social se ha visto multiplicado por tratarse de un cargo electo que se ha valido del mismo para un objetivo sexual. Por eso, más que la gravedad de la pena, lo verdaderamente trascedente era probar que el acoso existió y que el alcalde utilizó su ascendencia jerárquica para intentar someter a su voluntad a la entonces concejal. No era fácil probarlo, y no sólo por las dificultades de acreditar el acoso sexual, un delito reciente y sin jurisprudencia. También por los factores políticos convergentes sobre el caso, que han servido para dar pábulo a interpretaciones equívocas sobre los hechos: en especial, la antigua relación política de acosador y víctima, militantes ambos del PP, y el desempeño por parte del primero de cargos públicos relevantes. Son esos factores los que se reflejaron en el por tantos conceptos bochornoso interrogatorio de Nevenka Fernández por parte del primer fiscal interviniente en el juicio.

Pero, a pesar de estas dificultades, la sentencia, con el voto en contra de uno de los tres magistrados del tribunal, considera inequívocamente probada la existencia de ‘abuso de superioridad jerárquica’, que provocó en Nevenka ‘una situación objetiva gravemente hostil y humillante’. Con este pronunciamiento judicial era impensable la continuidad de Álvarez como alcalde. No sólo por respeto a sus conciudadanos, sino por consideración a sí mismo. ¿Cómo podría seguir ejerciendo de alcalde quien ha sido condenado por abusar de esa autoridad para obtener los favores sexuales de una concejal? En esas circunstancias, está de más el autobombo político que se ha dado el PP por la renuncia inmediata de Álvarez a sus cargos. Más bien habría que preguntarse si esa renuncia no llega un poco tarde y no debió producirse en el momento de ser imputado, de acuerdo con la estricta, aunque cada vez más incumplida, doctrina del PP sobre la exigencia de responsabilidades política.

Nevenka Fernández, que fuera concejala de Hacienda de Ponferrada, ha denunciado por acoso sexual a su ex jefe, el alcalde Ismael Alvarez, miembro del PP.

Gran escándalo.

Leyendo las declaraciones de la señorita Fernández, uno se hace su composición de lugar. Pero las composiciones de lugar son sólo eso, por muy verosímiles y razonables que resulten. Nadie tiene derecho a basarse en la pinta que tiene un asunto -ni éste ni ninguno- para tomar posición pública y poner a alguien en la picota, para escarnio general. Ni siquiera a don Ismael Alvarez. Está por demostrar que acosara sexualmente a la señorita Fernández.

No obstante, en el affaire entre ambos hay ya un cierto número de eso que los juristas llaman hechos probados. Hechos que pueden darse por tales, puesto que nadie niega.

Así, parece un hecho probado que en abril de 1999 el primer teniente de alcalde de Ponferrada, Carlos López, llamó a Nevenka Fernández, hija de un amigo y recién licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de Madrid, para ofrecerle un puesto en la lista municipal del PP.

Es otro hecho probado que Carlos López no tenía constancia de que la señorita Fernández tuviera mayor afinidad con el PP, puesto que le ofreció la posibilidad de figurar en esa lista como independiente. Según lo declarado por ella -y por nadie discutido-, lo que se le ofreció es que se metiera en política a cambio de un sueldo de unas 130.000 pesetas.

También puede considerarse como hecho probado que doña Nevenka aceptó la oferta y salió elegida concejala, y que, tras ello, el alcalde -que ya le había echado un ojo, pero que aún no había tenido modo humano de constatar en la práctica ni sus presumibles méritos ni sus hipotéticos deméritos-, le ofreció ser concejala de Hacienda y Comercio.

«Con un sueldo de unas 300.000 pesetas», precisa ella, a través de su abogado.

Bien, dejemos al margen de momento -de momento, insisto- la acusación de acoso sexual, a la espera de que se sustancie, y quedémonos en la consideración exclusiva de esa práctica de afiliación política practicada por el PP ponferradino, que nadie niega.

Tal vez acabe demostrándose que lo del alcalde Alvarez fue un exceso de celo (de celo como pulsión animal, quiero decir). De lo que no parece caber duda, en todo caso, es de que el PP construye algunas de sus estructuras municipales a golpe de talonario.

De probarse lo primero, estaremos ante un escándalo. Pero individualizable.

Lo segundo es ya, de hecho, un escándalo político demostrado.

Aborrezco el periodismo apostólico y, en consecuencia, trato de evitar decirle a nadie lo que tiene que hacer o pensar. Lo nuestro, lo de quienes nos ejercitamos en los géneros de opinión, es provocar, estimular al lector para que sea él quien termine las crónicas, concluya los artículos, remate las glosas y, lo mismo en la afinidad que en la discrepancia, se sienta protagonista y responsable de su espacio social. Ocurre en los últimos tiempos, como un perverso efecto buscado por los intoxicadores sociales -agentes de imagen, sabios de las relaciones públicas, estrategas electorales y demás fauna de los suburbios de la inteligencia-, que se tiende a fijar la atención en la anécdota de los casos políticos de modo que no sea fácil caer en la tentación de buscar la categoría.

Tenemos un buen ejemplo en el mal llamado «caso Nevenka», una sórdida historia de amor y desamor que tiene divididos a sus seguidores entre devotos de la tal Nevenka y los forofos de Ismael Álvarez. Conocemos el asunto con morbosa intensidad, pero concentrando la atención por debajo de lo que Baura llama la línea de flotación de las pasiones humanas. Lo verdaderamente trascendente está hacia arriba de esa línea. La verdadera dimensión pública del caso no está en los requiebros y los acosos, sino que constituye un auténtico escándalo político sintomático de una generalizada manera de entender el poder.

Existe una responsabilidad primera del PP al proponer como alcalde de una ciudad, más grande y más rica que algunas capitales de provincia de Castilla y León, a un personaje del perfil del dimitido Ismael Álvarez. Sobre tan frágiles criterios de selección de personal se suma el vertiginoso ascenso de Nevenka Fernández que, sin experiencia ni méritos objetivos y con la complacencia del resto de los ediles del PP, pasa a detentar -en el más puro sentido del verbo detentar- una alta responsabilidad municipal y, como titular de Hacienda, a administrar los más de cuarenta millones de euros que componen el presupuesto de Ponferrada. De nada de eso, por lo que parece, se percatan los responsables del partido al que los dos pertenecen ni en León, ni en Valladolid. Menos aún en la calle Génova de Madrid. Tampoco el presidente y los consejeros de la Autonomía en la que se producen los hechos. Ese es el verdadero escándalo del «caso Nevenka». Lo demás, su parte épico-jurídico-sexual, carece de interés para el análisis político por mucho que tan turbia peripecia haya ocupado últimamente su espacio en las páginas de los diarios. Unos usos públicos entre la escasez y las gónadas no pueden dar otros frutos y para eso está la democracia, para evitarlo.