El Banco de Navarra entra en crisis y pide ser intervenido por el Banco de España a través de la Corporación Bancaria

LA NOTICIA de que la Corporación Bancaria ha rechazado la propuesta del Banco de Navarra para acogerse a lo que ha dado en llamarse el «hospital de bancos», brinda una buena ocasión para reflexionar sobre el sentido de esa extraña sociedad anónima, su conveniencia y los problemas del sistema bancario español, que la crisis del Navarra hizo aflorar tan oportunamente.La Corporación Bancaria se constituyó a principios del mes de marzo con un capital de quinientos millones de pesetas, suscrito por mitades por el Banco de España y un grupo de bancos privados. Funciona bajo la dirección de un consejo de cinco personas, de las cuales sólo una representa al Banco de España, y tiene como finalidad intervenir, participar o adquirir bancos que, hallándose en dificultades financieras, así lo soliciten.

La idea de montar mecanismos para ayudar a instituciones crediticias en dificultades no es privativa de nuestro país. Estados Unidos, por mencionar una nación de indudable espíritu económico liberal, o Gran Bretaña, por citar otra que constituye en cierto modo un paradigma de «economía social de mercado», han sido escenario de experimentos parecidos. En realidad, el montaje es siempre el mismo: en todos los sistemas financieros existen personas o grupos que, con buena o mala fe, y con poca o nula preparación profesional, se sienten tentados a utilizar un banco como gallina de los huevos de oro. La institución bancaria se convierte en sus manos en el motor suministrador de fondos para toda una multitud de empresas y actividades de rentabilidad potencial alta, pero de riesgo aún más elevado: especulación inmobiliaria y negocios bursátiles son sus campos preferidos. El invento funciona razonablemente bien si su lanzamiento coincide con una época de coyuntura económica favorable; pero cuando el ciclo cambia y los negocios fáciles comienzan a fallar, las dificultades se precipitan y los bancos se encuentran impotentes para hacer frente a una serie de compromisos adquiridos irresponsablemente.

Así sucedió en Estados Unidos en 1974 y en Gran Bretaña a partir de 1973. En España, país que ha estado sometido durante años a un estado general de hibernación, la crisis bancaria se inició a finales de 1977 y principios de 1978. Imposibilitado para hacer frente a las actividades del grupo MPI, el Banco de Navarra se encontró a mediados de enero en una situación rayana en la suspensión de pagos. El momento era difícil no sólo para la institución concreta, sino también para la comunidad bancaria, para el Banco de España y para el propio Gobierno.

Para la comunidad bancaria, porque quedaba en entredicho la imagen de que el negocio bancario es un negocio seguro; es decir, que un banco nunca quiebra. Con todo, esta filosofía había dejado de ser compartida por algunos de los grandes bancos, que, molestos por la ruptura del «statu quo», que había permitido la apertura de numerosos bancos a partir de 1970, veían en la crisis del Navarra la confirmación de sus tesis alarmistas y un medio de forzar la mano al Banco de España y al Gobierno en ocasiones futuras.

El Banco de España tampoco estaba en una situación demasiado favorable. Se le podía acusar -y así lo hizo la alternativa de poder socialista- de no haber aplicado con el suficiente rigor sus facultades inspectoras, permitiendo. la degradación de una institución condenada a la suspensión de pagos desde hacía meses. Por otro lado, sus responsabilidades como banco central le obligaban no sólo a velar por el dinero de los depositantes del Navarra, sino a apoyar también a dicha entidad para impedir el hundimiento de otros bancos en situaciones difíciles.

La responsabilidad última correspondía, sin embargo, al Gobierno. El tenía que decidir si los bancos privados son o no empresas sometidas a los mismos riesgos que cualquier otra empresa en un sistema de economía libre, o si, por el contrario, debía evitar la suspensión de pagos y montar una operación de salvamento. Fue, al parecer, el vicepresidente Fuentes Quintana quien se inclinó por esta última solución, forzando al Banco de España a intervenir el Banco de Navarra, proporcionándole una ayuda cuya cuantía se supone elevada.

Posteriormente, dos bancos -el Cantábrico y el Meridional- han atravesado por circunstancias parecidas, siendo adquiridos, éstos sí, por la Corporación Bancaria. Esta tratará, según indican sus estatutos, de sanear ambas entidades para enajenarlas después. Si se revelasen económicamente inviables se procedería a liquidarlas.

Este programa de actuación suscita algunas dudas que quizá deberían ser respondidas. ¿Puede pensarse razonablemente que la Corporación tiene recursos -financieros y humanos- para regir eficazmente unos bancos en tan delicada situación y llevarlos a buen puerto? ¿No será que la Corporación es un medio para disfrazar, so capa de saneamiento, una actuación que el Banco de España, muy lógicamente, no quiere hacer directamente, puesto que ello supone confesar que se está financiando con dinero de todos los españoles el salvamento de unas entidades privadas en quiebra?

Pero la interrogante más importante se refiere al encaje de este montaje en un sistema económico que, según repetidas declaraciones gubernamentales, es de libre empresa. ¿Por qué no puede quebrar un banco pequeño y sí una gran empresa siderometalúrgica? Y si este sistema de salvamento se utiliza como precedente, ¿cómo va a diferenciar el sistema económico las empresas rentables y bien llevadas de las ruinosas o dirigidas irresponsablemente? Las declaraciones de filosofía económica son muy fáciles de hacer, pero todavía no ha aparecido el político capaz de llevarlas a sus últimas consecuencias. El resultado lo estamos pagando todos los contribuyentes.