La conclusión de las sesiones públicas del Congreso norteamericano sobre el Irangate arroja un veredicto de hecho sobre la conducta del presidente Reagan en todo el asunto de la venta de armas a Irán y el desvío de fondos a la contraantisandinista. El consenso sobre el fallo parece ser el de que el ocupante de la Casa Blanca no es culpable de haber engañado deliberadamente al país, pero sí de haber dirigido una Administración plagada de espontáneos, guerrilleros en grado vario de fanatización, en la que se practicaba de manera total la apreciación de Felipe II de que la mano izquierda no supiera lo que hacía la derecha, ni ningún otro miembro de su anatomía.Las sesiones del Congreso, que comenzaron con grandes expectativas sobre la profundidad de las revelaciones en torno al protagonismo de Reagan en todo el conflicto, que tuvieron su punto culminante en la declaración del teniente coronel Oliver North, han concluido en un visible marasmo de datos, confusiones, rectificaciones y caos del que sólo queda claro lo oscuro del funcionamiento de las oficinas presidenciales.

A diferencia de lo sucedido con la investigación del escándalo de Watergate en 1974, en la que había una presa universal a la que perseguir, el presidente Nixon, la pesquisa del Congreso se ha orientado ahora hacia algo mucho más intangible, el funcionamiento de un monstruo burocrático, él engranaje de un, estilo de Gobierno que producía la ilegalidad por su misma esencia. Posiblemente los desafueros del Irangate tengan un carácter más grave que los de Watergate precisamente porque aluden al funcionamiento normal de la maquinaria del Estado y no a una trapisonda electoral como la que acabó con Nixon. Pero ha faltado en todo momento en la investigación presente la voluntad de buscar el cuerpo a cuerpo presidencial.

El que la encuesta no haya aclarado demasiado el problema de las responsabilidades, salvo en la medida en que Poindexter reconoció haber obrado por cuenta propia, y que North haya logrado reavivar el apoyo popular a la contra con su alegato sobre la presunta ocupación del hemisferio a partir de Nicaragua por parte del marxismo soviético, no significa que la Administración haya cerrado ese capítulo con ganancias. Por el contrario, hay un consenso general de que la presidencia de Reagan difícilmente se repondrá de los estragos causados por las revelaciones sobre su desganado estilo de gobierno.

El presidente podía no saber lo que se estaba haciendo a sus espaldas con el desvío ilegal de fondos a la contra, pero precisamente lo grave ha sido que no lo supiera. Ni todo el optimismo contagioso que el presidente sea capaz de desplegar en los meses venideros podrá borrar esa realidad de la mente de aquellos que dan crédito a sus declaraciones. Para, la mayoría, en cambio, que, según las encuestas, no cree en lo que alega en su defensa, la cuestión se reduce a admitir que Reagan pura y simplemente miente.

Finalmente, a partir del hito constituido por las sesiones del Irangate, puede considerarse iniciada la carrera a la sucesión presidencial. Con un Reagan visiblemente debilitado, tanto los aspirantes republicanos, George Bush y Robert Dole principalmente, como los siete oscuros demócratas que luchan por la candidatura, han de tratar de llenar ese vacío. Una o más alternativas sucesorias urgen más que nunca porque la presidencia de Reagan no será ya la misma de aquí a su final, anunciado en enero de 1989.

EL INTERROGATORIO del teniente coronel North por la comisión del Congreso de Estados Unidos ante las cámaras de televisión ha colocado al presidente Ronald Reagan en una situación muy difícil. El tema que ha concentrado la atención, tanto de los que realizan el interrogatorio como de los que siguen sus incidencias, es si Reagan estaba al corriente de la utilización de fondos provenientes de la venta de armas a Irán para ayudar a la contra nicaragüense en un momento en que el Congreso había prohibido por ley que esa ayuda continuase. Este punto es importante, porque Reagan se ha hecho fuerte en la negativa de que él tuviese conocimiento de ese aspecto del Irangate.Desde que el escándalo saltó a la publicidad, en noviembre pasado, el presidente se ha visto obligado a reconocer en otros puntos -como el intento de intercambiar armas por rehenes- que no había dicho la verdad. Si ahora apareciese una prueba clara de que Reagan estuvo al corriente de la utilización de esos fondos para la contra, todos sus anteriores errores o falsedades cobrarían una gravedad redoblada. El no saber de Reagan en ese punto concreto se ha convertido en piedra de toque de lo que le queda, no mucho, de credibilidad. Las acusaciones del teniente coronel North han sido gravísimas, pero se ha parado en la línea tras la cual la acusación recaería directamente sobre Reagan. Ha reivindicado, incluso con orgullo, todas las operaciones ¡legales cometidas desde el cargo que ocupaba en el Consejo Nacional de Seguridad.

El aspecto más nuevo de lo dicho por North es que ha ampliado considerablemente la lista de altos cargos de la Administración que estaban al corriente e incluso le felicitaron por su actividad notoriamente

¡legal: no sólo su superior directo (el almirante Poindexter) y el jefe de la CIA (Casey, hoy desaparecido), sino varios miembros del Gabinete, como Shultz y Meese, o el secretario de Estado adjunto Abrams, entre otros. Además, North ha dicho que él estaba convencido de que Reagan había dado su aprobación. No obstante, no habló de ello con Reagan y no tiene pruebas de que éste estuviese al corriente. Es como una última tabla de salvación que le queda a Reagan.

Ahora, la atención se centra en la próxima comparecencia del j¿Ib del Consejo Nacional de Seguridad, almirante Poindexter. Si North puede decir que él creía contar con el apoyo de Reagan a través de sus superiores, Poindexter no podrá decir lo mismo. Sobre este punto tendrá que escoger: o bien él escondió el tema a Reagan -y justificar tamaña anormalidad no le será cómodo-, o bien Reagan estaba al corriente y, por tanto, ha mentido al pueblo. El cerco aprieta cada vez más al presidente.

A pesar de esta evolución de la encuesta del Congreso, nadie en el mundo político de Washington parece tener interés en que las cosas lleguen a un punto en que la continuación de Reagan en la Casa Blanca resulte imposible. Ello provoca una evidente moderación en muchos comentarios. El prestigio de Reagan está por los suelos, pero es algo ya casi asumido. No se maneja alternativa a un Reagan muy disminuido en la Casa Blanca durante el año y medio que queda de la actual presidencia, incluso si las negociaciones de Ginebra dan el resultado esperado.

Los hechos que están saliendo a la luz ante la comisión del Congreso estadounidense no pueden ser considerados solamente en función de si Reagan ha dicho o no la verdad. Está surgiendo un aspecto más grave: las declaraciones de North -y más aún su personalidadponen de relieve que puestos decisivos en la política exterior y en la dirección de órganos con enormes poderes han sido desempeñados por personas que, por fanatismo político, han realizado en nombre de EE UU una especie de política exterior privada, contraria a las decisiones del Congreso. Son personas que desprecian los órganos elegidos por el pueblo -North no lo disimuló- y consideran el respeto a la ley como algo secundario. Para ellas, su ideal -en este caso la lucha contra el sandinismo o el comunismo- lo justifica todo. Pensando en antecedentes en otras latitudes, es un espectáculo que da escalofflos.

La investigación parlamentaria sobre la venta de armas a Irán y el desvío de parte de los fondos a los rebeldes nicaragüenses concluyó ayer con la publicación de un voluminoso informe elaborado por un comité conjunto de la Cámara y el Senado norteamericanos en el que se afirma que el presidente Ronald Reagan tiene la «responsabilidad última» sobre un asunto en el que sus ayudantes han violado la ley estadounidense, han elaborado una política exterior secreta y, posteriormente, han tratado de esconder sus errores. Sin embargo, el informe no aclara si el presidente tenía conocimiento de que los fondos obtenidos por la venta de armas a Irán se desviaban a la contra.

Ronald Reagan, a pesar de sus alegaciones de ignorancia, es el máximo responsable del escándalo Irangate, violó su obligación constitucional de hacer que se cumplan las leyes y permitió que «una camarilla de fanáticos» subvirtieran el proceso democrático. Esta es la abrumadora conclusión política final del escándalo más importante desde el Watergate hecha pública ayer por los comités del Congreso, que durante diez meses y a lo largo de 11 semanas de audiencias públicas han investigado la venta secreta de armas a Irán y el desvío de fondos a la contra.Las acciones y omisiones «del presidente, el abandono de sus deberes constitucionales, no son sin embargo suficientes para justificar su procesamiento, concluye el informe parlamentario que fue calificado ayer por sus autores, que interrogaron a más de 500 testigos y vieron medio millón de documentos, de «justo, equilibrado y completo». Su efecto, descontado ya, no será demoledor para Reagan, que, abrumado por múltiples problemas económicos y políticos y con el Congreso en manos de la oposición, se enfrenta ya a los últimos 14 meses en la Casa Blanca como un presidente crecientemente irrelevante.

Como una guía telefónica

El documento, 700 páginas con tapas marrones que recuerdan por su densidad y grosor a una guía telefónica, admite que no puede concluir con certeza si el presidente sabía que se estaba desviando dinero a los antisandinistas procedente de los beneficios realizados con la venta de armamento al régimen de Jomeini. Pero establece que «el presidente creó o al menos toleró un ambiente en el que los que sabían del desvío creían absolutamente que estaban realizando la política presidencial». Reagan es acusado de tolerar un encubrimiento de operaciones ilegales y, secretas y de permitir la «privatización» de la política exterior, con desastrosas consecuencias para «la credibilidad de Estados Unidos en el interior del país y en el extranjero».

«No fue sólo un problema de estilo de gobernar -tal como estableció el informe Tower- sino de incumplimiento por parte del presidente de su deber constitucional de hacer que se cumpla la ley», declaró ayer el senador Daniel Inouye, presidente del comité investigador del Senado, al presentar el informe en la Caucus Room del Senado, donde se celebraron gran parte de las audiencias públicas. Inouye denunció que Reagan no ha condenado las mentiras o la destrucción de documentos, «lo que da la impresión de que no cree que estas sean acciones objetables».

El informe llega a «conclusiones histéricas», y Reagan y su Administración no cometieron ilegalidades, solamente «errores de juicio», asegura una minoría de ocho legisladores republicanos que se ha negado a firmarlo emitiendo a su vez un informe paralelo. La publicación del informe definitivo del Congreso es prácticamente el último mal trago político para Reagan de esta «triste y complicada historia», que hace meses algunos pensaron que podría acabar con su presidencia.

Los norteamericanos han perdido interés en el escándalo, que ahora será reavivado sólo por unos días, en eso confia la Casa Blanca. El portavoz presidencial, Marklin Fitzwater, destacó ayer que el informe confirma que el presidente no sabía del desvío del dinero (la mayoría de los americanos cree, según los sondeos, que el presidente miente y que sabe más de lo que dice), que el informe no es unánime y que Reagan ya ha admitido que cometió «errores» y ha dado pasos para que no vuelva a ocurrir. El presidente no quiso comentar ayer el informe.

Pero la investigación más exhaustiva realizada jamás en la historia de esta nación no ha podido llegar hasta el final. El informe afirma que continúa sin respuesta la pregunta clave: ¿Cuál fue el papel del presidente? «La destrucción de documentos por Jorth Poindexter, Oliver North, y otros y la muerte de Willian Casey deja la historia incompleta», afirma el informe. Inouye se lamentó ayer de la desaparición de Casey, ex director de la CIA, justo antes de tener que declarar y de los «fallos» de memoria de algunos testigos, pero «no se necesitan ver todos los granos de arena para poder decir que es una playa».

La historia del asunto Iráncontra no ha concluido. El juez especial Lawrence Walsh -que no puede utilizar en su investigación las conclusiones del informe publicado ayer- dictará posiblemente procesamientos contra North, Poindexter y algunos otros intermediarios de esta oscura intriga. Walsh ha sometido incluso a un cuestionario por escrito al presidente para saber cual era su grado de conocimiento de la actuación de sus fontaneros North y Poindexter. «No quiere decir que Reagan esté bajo investigación criminal», se ha precisado la Casa Blanca.

El espia, el coronel y el fiscal

La muerte, el pasado mayo, de quien dirigiera durante seis años los entresijos del espionaje norteamericano, frustró para siempre la posibilidad de investigar aspectos claves del Irangate. El anciano Casey, que murió a los 74 años despues de extirparle un tumor cerebral, se llevó a la tumba muchos de los secretos del escándalo que resquebrajó los cimientos de la presidencia de Ronald Reagan. El periodista Bob Woodward cuenta en su último libro dedicado a Casey que el director de la CIA le confesó poco antes de morir que tenía conocimiento de la operación.Pese a sus desmentidos en los interrogatorios ante la comisión investigadora del Congreso, el informe sostiene que el íntimo amigo de Reagan incitó a Oliver North para realizar la venta de armas a Irán y desvíar parte de los fondos a los rebeldes nicaragüenses. Casey lo negó una y otra vez delante de los legisladores. North se encargó luego de asegurar que el cerebro del espionaje norteamericano mintió. «Hay fuertes razones para creer que Casey estaba implicado en el desvío», reza el voluminoso informe legislativo.

El informe del Congreso habla de este teniente coronel, de 43 años, como un «fanático» irrespetuoso con la ley. Ollie Rambo North cautivó a su país con sus declaraciones en el Congreso sobre el escándalo del Irangate. Según el informe, él fue el principal protagonista del desvío a la contra nicaragüense de fondos procedentes de la venta de armas a Irán.North, junto a su superior en el Consejo de Seguridad Nacional, el contralmirante John Poindexter, y el fallecido director de la CIA William Casey, son acusados en el informe de realizar secretamente la política exterior norteamericana en violación con los más elementales principios de la ley. Tanto North como Poindexter, sefialan las conclusiones del comité investigador, «no se comportaron con la noción de un país guiado por el estado de derecho». Los dos, añade, fueron las figuras principales de los secretos esfuerzos por vender armas al Gobierno antinorteamericano de Irán en 1985 y 1986 y de apoyar a los contra durante la prohibición del Congreso de concederles ayuda oficial norteamericana.

El informe legislativo sobre el Irangate es particularmente duro con el ministro de Justicia, Edwin Meese, de quien afirma que realizó una inepta y borrascosa investigación inicial por encargo del residente Reagan, cuando estalló hace ahora casi un, año el escándalo del Irangate.El documento habla, al referirse a este polémico y controvertido político de 56 años, que su torpeza en la investigación no sólo no ayudó a esclarecer los hechos, sino que pudo facilitar que el consejero de Seguridad Nacional, John Poindexter, y su segundo, Oliver North, tuvieran tiempo para destruir documentos comprometedores.

Meese declaró en sus comparecencias ante la comisión investigadora que no recordaba lo tratado en ninguna reunión sobre la venta secreta de armas a Irán, aunque sus apuntes demuestran que participó en esas discusiones desde enero de 1986.

William Webster, que fue director de la Oficina Federal de Información (FBI) hasta mayo pasado para ocupar luego la jefatura de la CIA, pidió en noviembre del año pasado que Meese se retirara de la investigación.