El CGPJ sanciona al juez Tirado con 1.500 euros de multa, desata indignación entre los que querían que fuera apartado de la carrera

Si la cuota de responsabilidad que le corresponde al titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, por su omisión en ejecutar durante dos años la condena firme que pesaba sobre el presunto asesino de la pequeña Mari Luz, se salda con una multa de 1.502 euros y 53 céntimos estaríamos quizás ante el mayor escándalo de impunidad judicial -y no faltan- habido en los últimos lustros. Que se produzca o no depende de cómo se valore la conducta del juez y si se juzga o no proporcional esa sanción a la falta de diligencia que desencadenó el escándalo.

Es la cuestión que deberá dilucidar mañana la Comisión disciplinaria del Consejo del Poder Judicial: si se trata de un mero retraso injustificado, como tantos otros producidos en la Administración de justicia, tal como mantiene el instructor del expediente, merecedor sólo de una sanción económica, o de una muy grave desatención de funciones jurisdiccionales, como plantea el ministerio fiscal, que debe sancionarse al menos con la suspensión del juez o con su traslado a otro juzgado. En este último caso, el asunto debería elevarse al pleno del Consejo del Poder Judicial, y además de manera muy rápida para evitar que prescriba.

La forma en que está regulada la prescripción de las faltas judiciales -sus exiguos plazos y que no se interrumpa por el expediente- es otra de las causas de que muchos errores queden impunes. Al magistrado que tardó casi tres años en redactar la sentencia que condenó por abusar sexualmente de su propia hija al presunto asesino de Mari Luz no se le pudieron exigir responsabilidades precisamente por prescripción de su posible falta.

No son sólo los padres de Mari Luz, sino la sociedad entera, quienes se sentirían burlados si una actuación judicial de la que se derivaron fatales consecuencias queda sin ser sancionada de manera proporcionada a su gravedad. Es posible, como señala el instructor del expediente, que la dejación de funciones por parte del juez en la ejecución de una sentencia firme sea el eslabón último de una cadena de errores cometidos por otros funcionarios del juzgado. Si los ha habido, deben ser sancionados, pero no servir de coartada para que el titular del juzgado eluda la responsabilidad en una tarea que le es propia y en la que debe llevar la iniciativa y actuar con la mayor diligencia: hacer ejecutar lo juzgado.

Las responsabilidades de un juzgado no pueden diluirse de forma que su titular termine por no asumir las que le corresponden por su funcionamiento. Más allá de su concreta implicación personal en el error o fallo en cuestión, quien está al frente de un órgano jurisdiccional debería tener una responsabilidad de carácter institucional, análoga a la política en el ámbito gubernativo. Si nadie responde de su funcionamiento siempre habrá un resquicio por el que los errores y fallos queden en una especie de Fuenteovejuna de la irresponsabilidad colectiva que deja sin la sanción correspondiente a su gravedad.

Como D’artagnan y los tres mosqueteros, han reaccionado los vocales de extracción judicial, ampliamente mayoritarios en el Consejo General del Poder Judicial, en el caso del juez Tirado: todos para uno y uno para todos. En una actitud que no puede calificarse sino de ranciamente corporativista, se han opuesto a que el juez del caso Mari Luz fuera sancionado con una suspensión de entre uno y seis meses. Era la solución intermedia propuesta por el instructor del expediente, algo más que la ridícula multa de 1.500 euros que le fue impuesta por el anterior Consejo, pero lejos de la suspensión de tres años reclamada por el ministerio fiscal y que apoyó con con gran enfado del estamento judicial la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

El carácter gremialista y corporativo de la decisión se hace todavía más visible en esta ocasión por la línea divisoria que separa los 14 vocales opuestos a aumentar la sanción de los seis favorables a hacerlo. No ha sido, como es habitual, ideológica, según el origen partidario de su nombramiento o la asociación profesional de la que proceden, sino la pertenencia o no a la carrera judicial.

El caso del juez Tirado o el caso de la pequeña Mari Luz -tanto da pues ambos están inexorablemente unidos- deberían haber marcado un antes y un después en el funcionamiento del sistema judicial y muy particularmente en la asunción de responsabilidades por parte de los jueces. Pero parece que todo va a seguir igual, entretenidos los órganos disciplinarios del Consejo General del Poder Judicial en dilucidar si mantener durante más de dos años sin ejecutar una sentencia condenatoria contra un pederasta es un mero retraso o una desatención. En este falso dilema se obvia la extrema y objetiva gravedad del hecho, sea cuál sea su encaje jurídico, así como el fuerte impacto social que produjo el asesinato de la pequeña Mari Luz. Aunque el asesinato no fuera efecto directo de la dilación, su posibilidad está inexorablemente unida a esa actuación judicial.

El Consejo General del Poder Judicial, o más exactamente su amplia mayoría de vocales jueces, no es que no se hayan dejado influir por la opinión pública y por determinadas corrientes políticas, como ha observado congratulándose el portavoz de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, sino que han hecho gala de una insensibilidad social pasmosa, como si habitaran otro mundo.

No se comprende que el titular del órgano jurisdiccional comprometido en este caso no dé la cara, se esconda bajo el manto de los males de la justicia y no asuma la principal responsabilidad de fallos tan graves como los cometidos en el Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla. Lo sucedido con el juez Tirado demuestra la existencia de una grave laguna legal en cuanto a la exigencia de responsabilidades a los jueces. No puede ser que los titulares del juzgado o del tribunal sean los últimos responsables de su funcionamiento.