El General Gómez Hortigüela y tres militares colaboradores asesinados a balazos por miembros de ETA liderados por Parot

DOS DÍAS antes de la festividad de las Fuerzas Armadas y menos de veinticuatro horas después de que el Congreso concluyera el debate sobre seguridad ciudadana, el atentado que ha costado la vida a tres militares y un civil pone dramáticamente de relieve que el terrorismo no ceja en su empeño de golpear la estabilidad del régimen constitucional.La falta de nitidez en la delimitación de las fronteras entre la seguridad ciudadana, amenazada por los comportamientos delictivos contra los bienes y el honor de las personas, y la seguridad política,puesta en grave peligro por los crímenes terroristas que tratan de bloquear el normal desenvolvimiento de las instituciones democráticas, oscurece el análisis de los problemas genéricamente agrupados bajo el nombre de «orden público» y la consiguiente búsqueda de soluciones. Es absurdo considerar variantes de la misma dolencia las acciones criminales de ETA o de los GRAPO y las diversas formas de conducta penal -desde los «tirones» de bolsos hasta las violaciones, pasando por los atracos bancarios- que la extensión del paro, la marginación social de la juventud y el reacomodamiento de los ciudadanos a los nuevos valores democráticos parecen haber contribuido a incrementar. Todavía más grave sería olvidar que la seguridad Jurídica es un bien innegociable, que nunca puede ser el precio a pagar para garantizar la seguridad tanto ciudadana como política. España, al igual que el resto de los países europeos que están afrontando desafíos parecidos en intensidad y volumen, está comprometida, después de la promulgación de la Constitución, a frenar los comportamientos asociales contra la propiedad y a combatir la amenaza del terrorismo político, sin poner en peligro las conquistas de este continente en el terreno de las libertades, las instituciones democráticas y la soberanía popular.

Según todos los indicios, una vez más es ETA la organización responsable de este mostruoso cuádruple crimen. Resulta ya evidente que los terroristas vascos actúan preferentemente cuando el desarrollo de los acontecimientos camina en la dirección adecuada para promover sistemas de autogobierno y garantizar las libertades en Euskadi y el resto de España. ETA golpeó en vísperas de las elecciones generales de 1977, de la amnistía del 14 de octubre, de las negociaciones para la preautonomía vasca y del referéndum constitucional. Tras un período que se abre con los éxitos electorales de Herri Batasuna en las legislativas y en las municipales, durante el cual las armas asesinas no fueron nunca enfundadas, el cobarde atentado de la calle Corazón de María es la sangrienta señal de que la nueva y esperanzadora dinámica abierta en el País Vasco, cara a una solución negociada del problema, ha sido la causa de que ETA aumente su escalada de provocación asesina.

Repetidas veces nos hemos pronunciado por la necesidad de una salida negociada en el tema del País Vasco, negociación en la que resulta pieza básica el PNV. Sin embargo, los hechos han demostrado que la paz en el País Vasco sólo será posible cuando las bases electorales en cuyo nombre hablan los hombres del PNV consideren que el terrorismo etarra no es un incómodo aliado, sino un temible enemigo no sólo de la democracia en España, sino primera y principalmente del propio pueblo vasco.

Evidentemente, el cuádruple crimen de ayer se ha propuesto bloquear esa dinámica política negociadora y pacificadora y suscitar en las Fuerzas Armadas y en las instituciones una reacción emocional que dificulte un análisis frío y racional de la cuestión vasca, que corte en seco las negociaciones iniciadas con el PNV y que hicieran incluso posible un error histórico de tanta trascendencia como sería la eventual ocupación militar de Euskadi: convertir el País Vasco en un Ulster, en el que el Ejército quede prendido indefinada y estérilmente, como lo ha sido el Ejército británico en Irlanda del Norte. Y todo ello en un contexto como el de España, con una Constitución en fase de desarrollo, en el que una «política castrense» aplicada al problema que plantean las nacionalidades conllevaría irremisiblemente una regresión de todo el proceso político hacia fórmulas autoritarias que generarían más terrorismo y enterrarían a este país en el círculo vicioso de las intolerancias contrapuestas.

Si existen adjetivos para calificar el terrorismo que estamos padeciendo, resulta ya difícil encontrarlos para dar su justo reconocimiento a las Fuerzas Armadas, que están haciendo gala de su compromiso de honor, disciplina y unidad en torno a su jefe supremo, que es el Rey, sufriendo directamente los más infames crímenes. Los que pretenden teñir de sangre el Día de las Fuerzas Armadas no deben llegar más allá de motivar, de realzar, el papel del Ejército en el seno de la sociedad en la que está integrado y de la que se nutre. Los crímenes contra las Fuerzas Armadas lo son contra la Constitución, contra toda la sociedad civil democrática. En este caso, la definición de las Fuerzas Armadas como «escudo» de la nación es algo más que hueca terminología. Como tal escudo, están recibiendo los golpes dirigidos contra todos. Así, hoy, el dolor de la familia militar es el de todos los españoles.

Cuatro muertos más; un teniente general, dos coroneles y un conductor. El Ejército, los militares, no se sienten por ello amedrentados; la sangre, su sangre, se la tienen ofrecida a la Patria. Pero esta sangre no se ha vertido en combate; una vez más ha dejado en la calle el testimonio de un sacrificio sin contrapartida en la marcha de las operaciones y en bien de la Patria; una vez más, la sangre ha encharcado – tantas, tan demasiadas veces – el despacho política del vicepresidente primero del Gobierno UCD.

Se repite una situación que es normal para un jefe del Ejército; el general Gutiérrez Mellado se enfrenta con un hecho de armas, una acción de guerra. Pero, lamentablemente, el general ha optado por la política de un partido que lo ha convertido en algo más que ministro; lamentabilísima y dolorosamente, sus acciones políticas han fracasado; ni ha acertado con la respuesta adecuada a la agresión ni ha remediado nada. Su personalidad impuesta a las Fuerzas Armadas, e inexplicablemente confirmada y respaldada cuando el desacierto exigía la destitución, sólo ha producido malestar, rechazo y tensiones peligrosas para el mantenimiento de la disciplina.

No hace falta ser muy lince para advertir cómo en los momentos de tensión que produce en nuestra Patria esta guerra en la que el enemigo no combate, asesina por la despalda y el máximo responsable político del a Seguridad y la Defensa del Gobierno aparece obsesivamente preocupado por conseguir el entierro sigiloso de los soldados caídos conseguir el entierro sigiloso de los soldados caídos mientras continúa sin encontrar para el enemigo una respuesta concebida de acuerdo con los principios del arte militar, los ojos de los españoles se vuelven hacia los generales; unos, los más, con esperanza, otros con vergüenza culpable por no haberles manifestado antes claramente su respeto y su solidaridad, otros, los menos, con miedo; porque en todas las mentes surge, inevitablemente, el pensamiento de que algo va a ocurrir, de que las cosas han llegado demasiado lejos yu los generales han comprendido que e sta situación no pueden tratarla ya con el Gobierno de UCD ni con los partidos políticos; que desde el más moderno de los tenientes generales – que es hoy, sorprendentemente, jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra – hasta el más antiguo, y lo mismo los altos mandos de la Armada y del Ejército del Aire, tiene razones éticas, tácticas y estratégicas para decidir que ni el indescriptible señor ministro de Defensa, ni el general Gutiérrez Mellado, ni el presidente Suárez son interlocutores aceptables – en realidad son ya absolutamente inaceptables – dado que como políticos menores preocupados primordialmente por el zancadilleo de los cargos, por la reyerta cerril de las facciones internas y externas, han tratado pésimamente, antipatrióticamente este trágico episodio que en una verdadera y sangrienta guerra en la que los militares reciben un trato desfavorable y represivo y en la que a sus caídos se les conceden a regañadientes – con inaceptables medidas de aislamiento – los honores que por ordenanza les corresponden, cuando no se les niegan, en forma arbitraria, humillante y vergonzosa.

Es algo que capitanes, tenientes, comandantes, suboficiales, coroneles, viven crispadamente en la dura tarea diaria, en el cuartel, en la calle, en la convivencia ciudadana; algo que cada día exige más empeño y serenidad a su vocación por la paz cuando éste es posible, por el honor siempre, y por el sacrificio cuando la Patria lo exige. Y lo está exigiendo. Y la exigencia nace desde los mandos más jóvenes, no se oculta y se hace por momentos más impaciente, explícita y palpable.

Los militares no quieren el Poder. Los generales no piensan en golpes de Estado. Lo que queremos todos es un Gobierno y no eso que hay encerrado en la Moncloa arruinando a España. Los generales merecen otro trato que el que han recibido de los políticos en este problema profesional, militar, que es la guerra que los mata y mata a sus hombres y que está matando a España. Son los políticos quienes les impiden ejercer su deber y su derecho, y en conciencia es lícito pensar en que, por encima de tan torpes e ineficaces intermediarios, con la conciencia tranquila y el honor como irrenunciable legado de la Patria, pueden y deben exponer la situación, plantear el problema y proponer soluciones al capitán general de los Ejércitos: Su Majestad el Rey.

Ángel Palomino