El ‘comando Donosti’ asesina al concejal de Rentería, José Luis Caso a la semana de la condena contra Herri Batasuna

Mientras los políticos -con especial fruición los del PP- calentaban ayer los fuegos fatuos de sus ridículas querellas, tirándose los indultos a la cabeza, ETA ponía de nuevo sobre la mesa su alternativa unívoca: el asesinato. El cadáver de José Luis Caso, concejal de Rentería por el PP, asesinado anoche en Irún, interpela a la conciencia de los responsables políticos y demanda la solidaridad de los ciudadanos que hace cinco meses se movilizaron en respuesta al asesinato de Miguel Ángel Blanco. Que ETA buscaba a otro concejal era algo más que una presunción, era una evidencia verificada hace sólo unos días en San Sebastián. Que buscaba víctimas entre la gente más desprotegida, los concejales de pueblo, se sabía por documentos aprehendidos a algunos detenidos.Algunos equidistantes de plantilla considerarán incoherente que ETA mate en vísperas de la movilización prevista para este sábado en protesta por la condena de los dirigentes de HB. Se equivocan. ETA no aspira a alcanzar tal o cual objetivo, sino a demostrar que lo que ocurra, sea lo que sea, es consecuencia de su actuación. Si va a haber una manifestación, deberá quedar claro que es en apoyo de la necesidad ineludible de la lucha armada, y que quien participe en el paro lo haga en apoyo de la legitimidad del tiro en la nuca. Algo que deberían tener en cuenta aquellos que sin pertenecer a ese mundo se han sumado a las protestas convocadas para los próximos días. Si ELA-STV mantiene su apoyo a la manifestación del sábado y al paro del lunes, habrá traspasado la frontera de la irresponsabilidad. Lo mismo cabe decir de esos partidos que, sin apoyar oficialmente la convocatoria, no se atreven a desmarcarse. Afortunadamente, los equilibrios de esos políticos que se pasan el día buscando coartadas para evitar enfrentarse a ETA tienen, después de Ermua, menor eco en la sociedad.

Lo que pretende ETA está demasiado claro: imponerse mediante el amedrentamiento de la población. Al atacar preferentemente a los concejales del PP buscan que los amenazados pidan a su partido que modifique su política, que ceda a las exigencias de los terroristas. Frente a esa estrategia sólo existe una respuesta decente: la firmeza democrática de los responsables políticos y el respaldo de los ciudadanos a esa firmeza.

Resulta literalmente incomprensible que en un asunto como éste en el que tan clara está la provocación de los terroristas y sus heraldos, los partidos sigan enredados en miserables discusiones sobre minucias. Hoy se repetirán las declaraciones a favor de la unidad democrática, pero es de temer que en cuanto baje la marea cada cual vuelva a su discurso particular y todos a las ridículas querellas sobre si son galgos o podencos. Esto no puede seguir. Si existe acuerdo sobre una prudente política de acercamiento de presos, que no sea ETA quien la interfiera. Ni siquiera con asesinatos. Pero que se respete la decisión de quien tiene la competencia legítima sobre ese asunto, sin emplazamientos ni amenazas de ruptura. Una de las lecciones de estos años es que nada beneficia tanto a los terroristas como las peleas entre demócratas por asuntos cuya importancia es muy menor en comparación con la magnitud de la amenaza que a todos nos afecta. Ojalá que la respuesta a este nuevo crimen esté a la altura de la provocación que supone.

ETA sólo saber hacer una cosa: matar. El asesinato es su única razón de ser y las pistolas, el poderoso argumento al que gusta recurrir la banda. Anoche, volvió a segar la vida de un inocente: José Luis Caso, concejal del PP en Rentería, fue asesinado en un bar de Irún por un encapuchado de un tiro en la nuca.

Hoy se cumplen cinco meses de la muerte de Miguel Angel Blanco. El joven concejal de Ermua fue ejecutado porque ETA tenía necesidad de hacer un acto de fuerza tras la liberación de Ortega Lara. En la noche de ayer, José Luis Caso fue asesinado porque la banda quería dar una cumplida respuesta a la reciente sentencia del Supremo, que condenó hace unos días a siete años de cárcel a los 23 miembros de la Mesa de HB.

Ya lo advirtió Floren Aoiz cuando señaló que el fallo judicial tendría «consecuencias graves y directas». No hacía falta el aviso porque la posibilidad del atentado estaba en la mente de todos. Al elegir como víctima a un militante del PP, ETA busca un doble objetivo.

Primero, amedrentar a los 160 concejales de este partido que trabajan en los ayuntamientos vascos y que, por la naturaleza del cargo que desempeñan, apenas pueden contar con protección policial. La banda quiere meter el miedo en el cuerpo a estos hombres y mujeres para que abandonen sus responsabilidades políticas u opten incluso por marcharse del País Vasco.

El segundo objetivo, derivado de la consecución del primero, es poner de rodillas al PP como partido que ejerce la tarea de gobierno. ETA y sus secuaces confían en el terror como método para obligar a claudicar al Estado y forzarle a negociar en situación de desventaja.

Pero no van a conseguir ni lo uno ni lo otro. Tres décadas de violencia no han servido para que la banda avance ni un milímetro hacia la consecución de sus objetivos. Deberían saberlo. Deberían saber que las fuerzas democráticas no van a hacer ni la más mínima concesión bajo el chantaje de las armas.

La convocatoria de un paro de dos horas el próximo día 15 por parte de HB se ha convertido ahora en un test de la unidad de las fuerzas democráticas. Si la coalición abertzale sigue guardando un silencio cómplice sobre la sangre que derrama ETA, no es de recibo que un solo demócrata secunde esta convocatoria, respaldada inicialmente por los sindicatos nacionalistas ELA y LAB y por Elkarri. Javier Madrazo, líder de IU en el País Vasco, pidió esta madrugada la desconvocatoria de los paros.

Los partidos de Ajuria Enea y las instituciones vascas deben recuperar -o al menos fortalecer- el espíritu de Ermua, que aunó a la inmensa mayoría del pueblo vasco contra la violencia. No cabe ni el menor resquicio frente a ETA. Los ciudadanos deben tomar de nuevo las calles para protestar contra los violentos.

El vil asesinato de Irún es un acto de fuerza pero no de fortaleza. Quien recurre al tiro en la nuca lo único que demuestra es su absoluta orfandad moral. Si la banda y su entorno tuvieran fe en sus ideas, bajarían a la arena política. Pero no lo hacen porque no creen en la democracia.

Como recalcaba esta madrugada Alvarez Cascos, vicepresidente del Gobierno, la muerte de José Luis Caso no ha sido en vano, porque este hombre ha caído por la libertad y la convivencia. Lo único que cabe, como dijo Cascos, es capturar a los culpables del crimen y castigarlos «con la ley en la mano». Es lo que deseamos todos los demócratas.