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El Gobierno Zapatero cumple una de las principales de su campaña electoral

El Congreso reforma la regulación del matrimonio para que puedan casarse homosexuales con el voto en contra de PP y Unió

HECHOS

VOTACIÓN PARA EL CAMBIO DE REGULACIÓN DEL MATRIMONIO:

  • A favor: 183 diputados
  • En contra: 136 diputados (PP y los diputados de CiU pertenecientes a Unió Democrática de Catalunya)

DOS MUJERES PROTAGONISTAS DEL DEBATE SOBRE EL MATRIMONIO GAY

diputadas_matrimoniogay Los dos principales partidos escogieron a mujeres como portavoces en el debate sobre el matrimonio homosexual. El PSOE escogió a Dña. Carmen Montón y el PP a Dña. Ana Torme. Ambas diputadas aseguraron ser firmes defensores de los derechos homosexuales. La Sra. Montón atacó duramente al PP por negar derechos a ese colectivo, mientras que la Sra. Torme aseguró que defendía los derechos pero que debía llamarse de otra manera que no fuera ‘matrimonio’. La intervención de la Sra. Torme fue abucheada por parte de miembros del público, representante de los colectivos homosexuales.

ZAPATERO INTERVINO EN EL DEBATE DEL CONGRESO QUE APROBÓ EL MATRIMONIO GAY

LÓPEZ AGUILAR (MINISTRO DE JUSTICIA) DEFIENDE EL MATRIMONIO GAY

ALCALDES CONSERVADORES RECELOSOS ANTE EL NUEVO MATRIMONIO

Nada más aprobarse el nuevo matrimonio, varios alcaldes hicieron público su recelo ante la posibilidad de oficiar ‘bodas civiles’ a parejas homosexuales.

D. Miguel Ángel García Nieto, alcalde de Ávila:

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D. Mario Amilibia, alcalde de León:

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D. Manuel Cendán, alcalde de Ares:

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D. Alberto Ruiz Gallardón, alcalde de Madrid:

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D. Francisco Vázquez, alcalde de La Coruña:

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D. Caldentey, alcalde de Potons:

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D. Moncho Rodríguez Ares, alcalde de Sadá:

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EL OBISPO DE BARCELONA, RICARD CARLES: “ESTO LLEVA A AUSCHWITZ”

ricard_carles Monseñor Ricard María Carles.

El arzobispo emérito de Barcelona, Ricard María Carles rechazó que la ley obligara a los alcaldes a anteponer la ley a su conciencia: “No eran delincuentes los que hicieron Auschwitz, sino gente a la que se forzó o que creyó que tenían que obedecer primero a las leyes del gobierno nazi que a su conciencia’

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EL OBISPO DE CASTELLÓN, REIG PLA, LLAMA A LA ‘DESOBEDIENCIA’ DE ESA LEY

reig_pla Monseñor Reig Pla

El obispo de Segorbe-Castellón, monseñor Juan Antonio Reig Pla, intsó a la desobediencia civil por parte de los alcaldes católicos. “Un católico debe obedecer a Dios antes que a los hombres, pues, de lo contrario se llegará al Estado totalitario”.

 

 El periódico gratuito AHORA dirigido por D. Joaquín Vila fue uno de los medios que se posicionó de manera clara como contrario al matrimonio homosexual.

01 Julio 2005

Conquista democrática

EL PAÍS (Director: Jesús Ceberio)

La ley de matrimonio homosexual, aprobada ayer en el Congreso por 187 a favor y 147 en contra, delimita mejor que ninguna otra el campo escogido por el Gobierno para actuar con la mayor urgencia en su primer año de legislatura: el de los derechos civiles, ampliándolos y favoreciendo su ejercicio a las minorías y a los colectivos que más dificultades encuentran a su reconocimiento en la práctica social. Los sectores políticos y religiosos opuestos a esta ley la tildan de sectaria, de ajena al interés general y de impropia de una sociedad ordenada, para restarle legitimidad. Olvidan que un rasgo de las sociedades democráticas y racionalmente ordenadas es procurar a las minorías los mismos derechos, con igual grado de protección legal y de amparo institucional de que gozan las mayorías.

La ampliación de la institución matrimonial a las parejas del mismo sexo supone un acto legislativo audaz, como lo han sido en la historia los que han abierto espacios de libertad personal y social, rompiendo tabúes y prejuicios erigidos, en muchos casos, en modelo normativo y moral único para toda la sociedad. Hoy eso no es posible, pues la sociedad española es plural: en lo político, en lo religioso, en lo sexual y en las formas de convivencia. El matrimonio homosexual no menoscaba al heterosexual ni ataca a la familia tradicional. Amplía ese derecho a un colectivo de ciudadanos hasta ahora excluidos del mismo en razón de su orientación sexual, algo prohibido por la Constitución, más allá de la cuestión del nombre, en la que se atrincheran quienes combaten la ley.

Si el Partido Popular, como dice ahora, está a favor de la plena equiparación legal de las parejas homosexuales, y sólo cuestiona su denominación de matrimonio, no se comprende muy bien que recurra al Tribunal Constitucional. ¿Cómo se puede impugnar, por vulneración de derechos constitucionales, una ley con cuyo contenido se dice estar de acuerdo, salvo en el nombre? El PP tuvo en sus manos lograr esa equiparación en sus ocho años de gobierno. No lo hizo. Se opuso incluso a la regulación estatal de las parejas de hecho. Ahora llega tarde.

Rodríguez Zapatero señaló ayer en el Congreso que la ley aprobada supone un paso en la construcción de “un país decente, porque una sociedad decente es la que no humilla a sus miembros”. Los homosexuales españoles lo han sido con saña. Está en el recuerdo común la persecución legal y exclusión social que padecieron en el franquismo. Su derecho a contraer matrimonio tiene, pues, significado de desagravio. Y constituye ante todo una conquista democrática, de la que no sólo ellos deben sentirse orgullosos, sino la sociedad entera.

01 Julio 2005

Los riesgos de una ley innecesaria

ABC (Director: Ignacio Camacho)

Entre fabricar leyes y legislar hay una diferencia sustancial que un Gobierno responsable siempre debería tener en cuenta. En relación con el llamado matrimonio homosexual, aprobado ayer definitivamente por el Congreso, el Ejecutivo socialista ha ignorado esa diferencia. Ha olvidado que la tarea de un legislador es auscultar el pulso de la sociedad y acomodar la evolución de las normas al ritmo que los ciudadanos realmente demandan. La peor opción es, por contra, sumar escaños y decidir que la mayoría parlamentaria es condición necesaria y suficiente para imponerle a la sociedad modelos de comportamiento, alteración de valores y cambios institucionales, que debe aceptar aun cuando aquélla no los requiera o no esté preparada para recibirlos.

No es sensato que una reforma tan grave y radical se haya ventilado en un procedimiento parlamentario que apenas ha durado seis meses, que no ha atendido las importantes objeciones sociales y constitucionales que han planteado el Consejos de Estado y el CGPJ y que se va a incrustar en la sociedad como un factor de división. Podrá decirse que Canadá también ha aprobado una reforma similar, pero la excepcionalidad del caso -con España, son cuatro los países que en todo el mundo reconocen el matrimonio homosexual- y la fuerte contestación política y ciudadana que ha provocado deberían ser tenidos por avisos a navegantes. Puestos a buscar ejemplos, también serviría el de Suiza, que, por referéndum, ha rechazado el matrimonio homosexual a cambio de una ley de uniones civiles, sin derecho a la adopción.

La precipitación con que se ha llevado a cabo esta ley sólo se explica por el deseo político de cambiar un modelo social a golpe de boletín oficial y de amoldar una nueva forma de usos y conductas más acorde con una visión llamémosla progresista que refute el matrimonio tradicional y lo despoje del sentido ético e institucional que le es propio. La demagogia ha causado estragos en estos meses previos a la aprobación del matrimonio homosexual, que ha presentado esta novedosa variante de la unión conyugal como la reparación a una discriminación milenaria de gays y lesbianas y como el paso necesario para implantar un auténtico estado de igualdad de derechos. Esta, la igualdad de derechos de gays y lesbianas, no precisaba el forzamiento de la institución matrimonial, sino una ley que atribuyera a las parejas homosexuales un estatuto jurídico similar al conyugal. La igualdad ante la ley no es sinónimo de uniformidad, como este Gobierno no se cansa de repetir para justificar, por ejemplo, que es bueno castigar a un hombre como autor de un delito por una amenaza que si es cometida por una mujer sólo es una falta.

En otro plano distinto, la derecha política y social habrá de tomar nota para el futuro de que un cierto sentido de la anticipación permite dirigir con holgura las transformaciones sociales, porque si al PSOE ahora cabe reprocharle que, en este caso, ha excedido todos los límites de la prudencia de un buen gobernante, el enrocamiento del PP en la anterior legislatura en no dar salida a una ley de uniones civiles privó a la sociedad de una solución avanzada y satisfactoria.

La adición del derecho de las parejas homosexuales a adoptar remata los perfiles más polémicos de una acción política que en veinticuatro horas ha dado un vuelco a la institución matrimonial. La adopción implica a menores y los derechos de éstos son preferentes ante cualquier otro. Tampoco debería resultar ofensivo para nadie recordar que el designio natural es venir al mundo con padre y madre. Aun cuando políticamente se evite este argumento, como ha hecho el Gobierno que preside Rodríguez Zapatero, la prudencia legislativa tendría que haberse multiplicado para no empachar a la sociedad con unas reformas envueltas en discursos modernistas, pero cuya puesta en práctica topará no ya con la resistencia de grupos retrógrados, sino con la realidad misma de una sociedad organizada en torno a unas instituciones (la familia y el matrimonio heterosexual) que no son el fruto de unas leyes o de unas encíclicas, sino del desarrollo espontáneo y natural del hombre y la mujer.

22 Abril 2005

Zapatero: Y ahora a por los tríos

Luis María Anson

El presidente por accidente está exultante. No cabe en Moncloa de gozo. El congreso de los Diputados ha aprobado su magna inciiativa, el gran logro de su legislatura, la lección zapateresca a todas las vanguardias del mundo, el timbre de gloria que le otorgará un puesto de honor en la Historia: la legalización de los matrimonios entre homosexuales. Zerolo ya no es un zerolo a la izquierda. Zapatero se ha pasado por el arco triunfal a católicos, protestantes, ortodoxos y judíos, que se han manifestado conjuntamente a favor de que se regulen legalmente a las parejas de gays y lesbianas pero que no se llame a esa unión ‘matrimonio’. Por el mismo delicado lugar, y con especial delectación, ha hecho desfilar el presidente del Gobierno a la Real Academia Española, al Consejo de Estado, al Consejo General del Poder Judicial y al Foro de la Familia y su medio millón de firmas.

Y tras la radiante operación coronada ayer, Zapatero se propone conquistar nuevos logros y trabaja ya en la legalización de los tríos. Cada uno organiza su sexualidad como quiere. Así que el hombre que vive con dos mujeres, la mujer que lo hace con dos hombres, el hombre que cohabita con dos hombres o la mujer con dos mujeres, es decir, los tríos, que están tan de moda, deben ser legalizados en matrimonio, si así lo desean los interesados, porque originan los mismos problemas contractuales, fiscales y de relación que las parejas homosexuales.

Tras esta operación de los tríos, Zapatero I el de las mercedes tratará de instalar su talante en la cumbre de la modernidad, legalizando la poligamia y la poliandria. Se convertirá así en el Picasso de las costumbres, en avanzadilla de la moda social, en martillo de los cafres aznaristas, en caudillo de la dictadura del relativismo. Media humanidad vive en poligamia: los musulmanes, los budistas, los hinduistas, los animistas. ¿Por qué deleznables imposiciones católicas va a renunciar España a que sea legal en nuestro país lo que ya lo es en naciones tan avanzadas como Arabia Saudí o el Nepal?

Luis María Anson

20 Junio 2005

Matrimonios

Eduardo Haro Tecglen

Me casé dos veces: la primera boda, religiosa; la segunda, civil. Me casé con Pilar en la iglesia del Buen Suceso; ofició monseñor Boulart, capellán de Franco, y fue una boda del régimen. Había testigos gloriosos: por la familia, el teniente general González de Mendoza; estaba mi protector Víctor de la Serna, creyente, no solo falangista, sino hitleriano; el popular marqués de la Valdavia, por la novia. No me acuerdo bien, pero tengo fotos a disposición de los miserables digitales que quieran acusarme de franquista. El cura Boulart vendió la gran iglesia, monumento, y se llevó el culto a un localito próximo. Pilar y yo no éramos creyentes. Pero había razones: imperaba, como ahora, el código Napoleón, introducido en el nuestro, que trataba de crear una burguesía uniendo ramas. Iba a venir un hijo, Eduardo, que tendría que ser inscrito y todo lo demás.

Las mismas razones que la segunda boda, con Concha; pero ya por lo civil; ya lo había conseguido Fernández Ordóñez, el católico ministro de Justicia que implantó el divorcio. Una legislación escándalo: las mismas manifestaciones que ahora y la misma técnica de la mentira social. Decían que el divorcio acababa con la libertad de la familia. Igual, todo igual: pedían hasta la libertad de no divorciarse, como si alguien les fuese a obligar. Qué locos peligrosos. Ah, me casé en Nápoles, y me casó el cónsul general Jaime Zarraluqui. Era su primera boda, y lloraba. Bien, necesitábamos también nuestra burguesía, nuestras formas hereditarias y nuestras disposiciones legales: tenía que decidir el uno por el otro el momento y las leyes de la muerte, las cuestión de la vivienda, de los posibles hijos. No se suma uno a la sociedad que quiere, si no a la sociedad que hay; aunque vengan de Napoleón o de Franco, que cometió la vileza de borrar del registro los matrimonios civiles y los nacimientos registrados durante la guerra. Es un hombre al que no se podrá olvidar nunca.

Si se produjese hoy en mí una transformación hormonal, en la que no creo, o meramente psicológica, me casaría con un hombre amado, con permiso de Concha. Tendría una tercera familia, y no sería la primera vez que adoptase, aunque no se lo recomiendo a ningún adoptado posible: no soy buen padre. (Y eso sí me duele: hoy me pueden herir ellos).

22 Abril 2005

Libres para contraer matrimonio, libres para no celebrarlo

EL MUNDO (Director: Pedro J. Ramírez)

Que la ley que permite a los homosexuales contraer matrimonio no es del agrado de la Iglesia católica -ni de la ortodoxa, la protestante o la judía- era bien sabido. Pero lo que seguramente el Gobierno no esperaba es recibir, el mismo día en que su proyecto era aprobado en el Congreso, una respuesta tan contundente desde el Vaticano. Esta le ha llegado por boca del cardenal colombiano Alfonso López Trujillo, presidente del Consejo Pontificio para la Familia, quien, tras afirmar que la iniciativa del Ejecutivo español «es la destrucción de la familia», ha llamado a «los profesionales que tienen que aplicarla» a que se opongan alegando su libertad de conciencia.

La respuesta del Gobierno tampoco se ha hecho esperar. Ayer, la vicepresidenta trataba de refutar lo evidente asegurando que el Ejecutivo no se va a enfrentar con la Iglesia católica, y negaba que los funcionarios puedan alegar la objeción de conciencia para no celebrar matrimonios entre homosexuales. Las leyes obligan a todos -alegó- «pero fundamentalmente a quien tiene ejercicio de función pública».

Sin embargo, la doctrina del Tribunal Constitucional al respecto pone en cuestión la certeza de la vicepresidenta. En sus sentencias de 23 de abril de 1982 y de 11 de abril de 1985 establece que la objeción de conciencia forma parte del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa reconocido en el artículo 16 de la Constitución y que, como tal, debe considerarse como un derecho explícita e implícitamente previsto en el ordenamiento constitucional español. Este dictamen se produjo ante la entrada en vigor de la ley despenalizadora de algunos supuestos de aborto, cuya práctica lógicamente puede producir un conflicto de conciencia muy superior al de celebrar un matrimonio homosexual. De hecho, la ley del aborto incluye expresamente la objeción de conciencia.Pero la doctrina del Constitucional respecto a la objeción es lo suficientemente abierta como para no descartar que un funcionario pudiera verse amparado si se niega a celebrar un matrimonio gay por conflicto con su religión.

Trujillo pone de hecho al funcionario católico entre la espada y la pared, pues le dice que, no es que pueda, sino que debe oponerse a celebrar tales matrimonios, aunque sea a costa de perder su trabajo. Pero no es probable que haya que alcanzar esos extremos: debería ser fácil encontrar algún concejal que sustituya al católico que decida no casar a una pareja gay, y siempre se puede recurrir a otros ayuntamientos. El derecho de los homosexuales a casarse no tiene por qué verse conculcado.

Por exagerada o inadecuada que pueda parecer, la reacción del Vaticano entra dentro de la lógica de quien ha visto cómo sus recomendaciones han caído -como las del Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial o el Foro de las Familias- en los oídos sordos del Gobierno. Ninguno de éstos se había opuesto a regular las uniones civiles de los homosexuales, pero todos ellos consideraban -por razones bien diversas- que homologarlas con el matrimonio era innecesario además de problemático. Pese a todo, el Gobierno ha optado por el radicalismo de las apariencias.Tendrá su ley en la Semana del Orgullo Gay, pero no podrá eludir que vaya aparejada al enfrentamiento con una buena parte de la sociedad que gobierna.

01 Julio 2005

Orgullo por la ley

EL MUNDO (Director: Pedro J. Ramírez)

Ayer se aprobó definitivamente en el Congreso la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción por parte de estas parejas. No es probable sin embargo que así se disipe en absoluto la polémica y la división social que dicha legislación ha generado.

La votación de ayer fue fiel reflejo de esta tensión. En primer lugar, la generada por el presidente del Gobierno, que quiso intervenir por sorpresa con un marcado tono propagandístico para hacer su primera loa a la ley a punto de votarse. Según Zapatero, con esta norma se construye un «país más decente, porque una sociedad decente es aquélla que no humilla a sus miembros». Un planteamiento tan falaz que el líder del PP, Mariano Rajoy, no quiso dejarlo sin respuesta, aunque el presidente de la Cámara le impidió tal posibilidad.

No pudo ejercer Manuel Marín la misma demostración de poder con los miembros de colectivos de homosexuales, lesbianas y transexuales presentes en las tribunas de la Cámara, que hicieron caso omiso a la petición de no celebrar el resultado. Entre los que rompieron a aplaudir tras la votación se encontraba el concejal socialista Pedro Zerolo, quien reaccionó a la reprimenda aplaudiendo como lo hacen los sordos, agitando las manos en el aire.

Quien también reaccionó tras la votación fue la Conferencia Episcopal Española, invitando a «oponerse a estas leyes injustas por todos los medios legítimos que el Estado de Derecho pone a disposición de los ciudadanos». Más directo fue el presidente del Consejo para la Familia del Vaticano, quien de nuevo llamó a la objeción de conciencia. Por su parte, el PP anunció evasivamente que, una vez que hayan analizado los argumentos jurídicos, decidirán si recurren la ley ante el Tribunal Constitucional.

Zapatero ha logrado apuntarse el tanto de tener la ley lista para celebrar el Día del Orgullo Gay y convertirse en primicia mundial. Pero pronto comprobará si la división social creada merecía la pena. Un ridículo intento para enterrar la polémica lo hacía ayer la Plataforma por el laicismo promovida por el diputado socialista Victorino Mayoral, quien denunciaba a los medios por convertir la libertad de expresión en una «actuación antidemocrática» cuando cuestionan una iniciativa parlamentaria.

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