Estalla el caso Maeso: Un anestesista, Juan Maeso, acusado de provocar un brote de Hepatitis C en la Comunidad Valenciana

EL CONSEJERO de Sanidad de la Generalitat valenciana, Joaquín Farnós, comparece hoy ante las Cortes Valencianas para explicar las causas que han provocado un brote de hepatitis C en esa comunidad. El número de personas afectadas asciende ya a 217, y el avance del contagio es suficiente como para justificar una cierta inquietud social. Todas las medidas adoptadas por el departamento de Farnós, desde las pruebas analíticas hasta los interrogatorios a más de un centenar de médicos, están encaminadas a demostrar que el foco de infección tiene su origen únicamente en la actuación de un anestesista, Juan Maeso, quien, supuestamente, es consumidor habitual de opiáceos. La obsesión de la consejería por reducir el problema a una sola persona -con muchas evidencias en su contra, pero cuya responsabilidad final deberán establecer los tribunales- contrasta con la ausencia de informaciones esenciales que podrían ayudar a esclarecer el caso. La Generalitat valenciana está informando de forma tardía, insuficiente e intranquilizadora. Con independencia de que la culpabilidad de Juan Maeso resulte probada, la ausencia de explicaciones en un asunto tan grave está restando verosimilitud a la tesis oficial. El consejero de Sanidad está obligado a explicar hoy a la opinión pública cómo ha sido posible una contaminación de esta naturaleza y qué medidas adoptará la Administración autónoma para que no se vuelva a repetir; y si existe un responsable único de la infección, qué razones tuvo para extenderla y qué procedimientos utilizó. Es decir, la Generalitat valenciana está obligada a despejar todos los interrogantes que tienen perplejos -e inquietos- a los ciudadanos.

La obligación de aclarar cómo y por qué pueden vulnerarse las normas más elementales de seguridad en la sanidad valenciana incluye, además, la de justificar de forma convincente la incapacidad de los responsables sanitarios para detectar e identificar el brote, a todas luces anómalo, de la enfermedad. El hecho de que no se tuviera conocimiento de la aparición de centenares de casos de hepatitis C en dos hospitales, uno público y otro privado, hasta que una empresa presentó una denuncia en el juzgado, confirma la ineficacia y escasa capacidad de respuesta de la consejería ante los datos procedentes de los servicios de control epidemiológico.

Casos como el de Valencia socavan gravemente la credibilidad en el sistema sanitario. El Gobierno valenciano debe comunicar también, si quiere cerrar convenientemente el caso, quién pagará el coste político de esta imperdonable negligencia; sin perjuicio, por supuesto, de las indemnizaciones que esté obligado a pagar y las sanciones, penales y pecuniarias, que correspondan por vía judicial. ¿O pretenden las autoridades públicas valencianas seguir mirando hacia otro lado?

LA INVESTIGACION policial, encargada por el juez que instruye el caso, ha puesto al descubierto que el anestesista Juan Maeso arrastraba ya en 1989 un sombrío historial. El hospital Militar de Valencia, donde este médico trabajó desde 1973 hasta esa fecha, ha informado oficialmente de que Maeso, acusado ahora de contagiar masivamente la hepatitis C, ya hacía entonces un «uso indiscriminado» de un opiáceo, la Dolantina, que prescribió tal sustancia a una paciente sin que ésta lo necesitara y que, finalmente, le fue restringido el acceso a los estupefacientes. En 1989, tras una amonestación en privado y un expediente disciplinario, Maeso abandonó el hospital. Desde entonces, este anestesista, cuyo trabajo, paradójicamente, ponderan muy positivamente sus colegas, ha ejercido la medicina fundamentalmente en un gran hospital público, La Fe, y otro privado, la Casa de la Salud. Y ahora se ha sabido también que en ambos centros hubo suficientes indicios como para sospechar de su actuación profesional y, sobre todo, como para atajar lo que ya hoy es inevitable: más de un centenar de pacientes contagiados con la peor de las hepatitis.La noticia enlaza con lo ocurrido en el hospital Reina Sofía de Córdoba, donde esterilizaron por error a una embarazada al confundirla con otra paciente que sufría cáncer. Los médicos ni siquiera sabían de su gestación. La investigación, el cese del director del centro y la apertura de expedientes sólo se ha llevado a cabo una vez que la mujer presentó una demanda judicial y la prensa se hizo eco de ello. Ambos casos evidencian la preocupante tendencia de los hospitales españoles a silenciar sus faltas desde un corporativismo que se traduce en la persistencia del error y la indefensión de los ciudadanos frente a riesgos ciertos.

El consejero de Salud valenciano, Joaquín Farnós, ya denunció en su día el corporativismo en el caso Maeso. El informe policial remitido al juez deja entrever que tampoco los investigadores oficiales lo están teniendo fácil. Hay informes y denuncias del servicio de enfermería de La Fe perdidos en alguna instancia oficial. Hay quejas sistemáticamente desoídas y muchos pacientes que sólo ahora empiezan a comprender que el fallo de que fueron víctimas al ser infectadas de hepatitis o permitiendo que despertara en plena intervención no fue un caso aislado. Nadie está libre de errores, pero la sanidad española insiste en negar los suyos, lo que va en detrimento de la credibilidad y la confianza que debe inspirar a los usuarios.

Querido lector:

Seguro que usted y muchos otros se acuerdan de la historia de Juan Maeso, el anestesista de Valencia acusado de contagiar la hepatitis C a sus pacientes. Han pasado varios años del suceso y sus víctimas esperan un juicio que comenzará en pocos meses. Durante todo este tiempo, los 273 contagiados han permanecido en silencio, viviendo una enfermedad incurable y un drama que, por primera vez han querido compartir con nosotros para que se haga justicia.

Manuel Giménez