El PSOE destituye a Elena Sánchez como presidenta de RTVE por intentar bloquear el fichaje de Broncano, la reemplaza por Concepción Cascajosa

EL PERVERSO uso del modelo que rige la dirección de RTVE ha convertido a la corporación pública en un aparato al servicio del poder político. Las presiones e intervenciones que el Gobierno lleva años ejerciendo sobre su Consejo de Administración -elegido por el Congreso- para influir en los contenidos han sumido en la inestabilidad a RTVE, que ofrece una imagen de gestión politizada indeseable. Así lo vuelve evidenciar la crisis que se desveló ayer y que ya se ha cobrado la destitución de la presidenta en funciones, Elena Sánchez, y del director de contenidos, José Pablo López. Al tratar de someter a RTVE a sus designios, Moncloa viola los principios fundacionales del medio, que pasan por garantizar una información rigurosa, independiente y plural, y un entretenimiento de calidad. Entre estos objetivos no está en ningún caso utilizar recursos públicos para competir ideológicamente con una cadena privada que no está alineada con el Gobierno.

Elena Sánchez fue aupada a la presidencia de RTVE en 2022 por el Ejecutivo. Este incluso le otorgó poderes especiales para realizar nombramientos y firmar contratos de cuantías elevadas, un hecho que UGT -sindicato hermano del PSOE- calificó de «intento de asaltar RTVE». Sin embargo, las recientes desavenencias entre la periodista y Moncloa han ocasionado un abrupto divorcio que tiene un claro detonante final: las reticencias de Elena Sánchez a contratar al cómico David Broncano. La operación está auspiciada por el Gobierno, que, obsesionado con influir políticamente incluso en un programa de humor, ve al presentador como un contrapeso ideológico de El Hormiguero de Pablo Motos en Antena 3. «Cueste lo que cueste», era la consigna de Moncloa, como informamos hoy. Antes de ser destituida, Elena Sánchez propuso el cese de José Pablo López, que negoció el fichaje de Broncano.

El intervencionismo es constante en RTVE. El Gobierno apostó por Elena Sánchez en su día tras la renuncia de José Manuel Pérez Tornero, también propuesto por el PSOE, y también sacrificado cuando el Ejecutivo consideró que no seguía sus planes. Y Tornero había sido elegido para poner fin al mandato de Rosa María Mateo, otro alto cargo de la cuerda del PSOE, que llevaba 33 meses como administradora provisional única, nombramiento que anuló el Tribunal Constitucional.

Es preciso que el Gobierno desista de su afán por controlar los medios públicos. El descrédito en el que ha sumido a RTVE, orquestando movimientos fuertemente ideológicos, tiene reflejo no solo en un contenido que en ocasiones roza la propaganda, sino en su exigua audiencia.

En RTVE hay auténticos profesionales que asisten a estos asaltos con sonrojo. El capital de un medio público de referencia, como lo fue RTVE hace demasiados años, es su credibilidad y la voluntad de pluralismo que al menos intentaban preservarse, aunque cada Gobierno siempre hiciera notar su sesgo. La degradación de RTVE cercena un derecho fundamental para la ciudadanía como es el del acceso a la información.

Semana de pasión en Radio Televisión Española. Elena Sánchez, presidenta de RTVE, comenzó la reunión del consejo celebrado el pasado martes proponiendo la destitución del máximo ejecutivo de la casa, Juan Pablo López, director de contenidos, y logró los votos suficientes para ello. Pero, minutos después, un consejero propuso la destitución de la propia presidenta y … ¡¡¡la votación salió adelante!!!

La gota que ha colmado el vaso en la guerra, no tan soterrada, que se venía sosteniendo en la cúpula del ente público durante las últimas semanas ha sido la contratación por una cifra multimillonaria (42 millones en tres años) del programa La Resistencia, de David Broncano.

Juan Pablo López, animado por Moncloa, había cerrado ya el fichaje de Broncano con El Terrat (productora fundada por Andreu Buenafuente y ahora en la órbita de Mediapro, en la que Jaume Roures hizo su fortuna hasta que fue destituido en diciembre del año pasado), pero Elena Sánchez no había dado luz verde a ese fichaje, que se hizo a sus espaldas.

A Pedro Sánchez no le gusta El Hormiguero, programa de máxima audiencia de Atresmedia que se emite después de un informativo que, por cierto, también es líder. Y no le gusta porque Pablo Motos no es de los que le bailan el agua, como tampoco Vicente Vallés.

¿Cómo se explica que teniendo un aparato tan potente y con tanta capacidad económica, RTVE no haya sido capaz de crear un espacio que le haga sombra al programa que pone de los nervios al presidente? Esa fue la reflexión que Moncloa le trasladó a Juan Pablo López. La solución fue Broncano, que sería, en opinión de los gurús de Moncloa, el mejor antídoto contra Motos.

HAY DOS grandes juicios pendientes: el del comunismo, virus totalitario que infecta Iberoamérica, contra el que se alza Javier Milei y ha hecho suyo Pedro Sánchez; y el de las víctimas evitables del Covid-19, que en lo sustancial se deben también a Sánchez. Como buen psicópata, dejó pasar casi dos meses, hasta celebrar el infectódromo del 8-M, para reconocer que existía un virus hasta entonces negado, que producía muertes, hasta entonces ocultadas; y que ese día de marzo, probablemente, alcanzó a decenas de miles de mujeres que murieron por su culpa. Por culpa del virus y de Sánchez. Y de los medios de comunicación, que, con el grotesco Fernando Simón a la cabeza y unos expertos que luego resultó que nunca existieron, animaron a todas las mujeres a manifestarse ese día fatídico.

Las mujeres, salvo Trapiños, que se escaqueó, debían ir a esa manifestación, «porque les va a la vida en ello», según dijo Carmen Calvo. Y en su caso, estuvo cerca de acertar. Si no es por el Ruber Internacional, templo de esa sanidad pública que, de forma estúpidamente excluyente, defiende la izquierda, Carmen se nos pierde, con Pixie y Dixie, en un inmenso almacén como el del final de En busca del arca perdida, entre secretas maravillas olvidadas. El hangar de los secretos se llama ahora Consejo de Estado, que guarda en algún cajón el desconocido prestigio como jurista de su presidenta, superviviente del 8-M.

Sólo un alarde de irresponsabilidad criminal, puerta de aquella inmensa mortandad, superó al de la vicepresidenta del Gobierno, el de Broncano, haciendo corear a su público «¡Coronavirus, oé!; ¡Coronavirus, oé!». Esa trayectoria de servicio público quería premiar TVE con un contrato de 47 millones de euros en tres años, sea cual sea la audiencia. Qué mejor forma de invertir nuestros impuestos que acabar con el imperio de Pablo Motos exponiéndolo al broncanovirus.

El virus es contagioso y letal. Ya se ha llevado por delante al jefe de Contenidos y a la presidenta, sucedida por una Cascajosa que, en las oposiciones para administrar el ente, quedó en el puesto 86 de 95. Ideal. Ya veo al rojeras millonario haciendo corear al público: «¡Perrosanxe, oé; Perrosanxe, oé!» Si Sánchez y Pumpido logran imponer su dictadura bolivariana, entre el Bronca y Cascajosa veo al sucesor de Calvo en el Consejo de Estado. Ganará el virus.

EL FICHAJE del cómico David Broncano por Televisión Española (TVE), además de devolver al primer plano la perenne ausencia de un modelo estable de televisión pública, plantea al presentador la disyuntiva de seguir siendo un icono del entretenimiento o someterse a intereses que nada tienen que ver con el humor. La intensa presión ejercida por Moncloa para que La Resistencia -un programa con una penetración notable entre los jóvenes- recale en La 1 con el objetivo de hacer de contrapeso de El Hormiguero de Antena 3 busca posicionar la figura de Broncano contra la mitad de la sociedad española. No cabe inferir otra conclusión teniendo en cuenta el indisimulado interés del Gobierno en una operación que, de consumarse en el Consejo de Administración de RTVE convocado para mañana, supondría que el propio Broncano aceptaría significarse ideológicamente. Está a tiempo de evitar la instrumentalización política de su figura, lo que arrastraría a la cadena a una pugna ajena a su vocación de servicio público. Broncano se encerraría en una jaula de oro con cargo al erario público.

El pase de Broncano a Televisión Española dinamitó la semana pasada la cúpula de RTVE, provocando la destitución de Elena Sánchez y de José Pablo López, ex números uno y dos, respectivamente. Ahora la dirección debe decidir si valida o no el insólito contrato acordado entre la Corporación Pública y Broncano y la productora El Terrat. Entre otras condiciones draconianas, el acuerdo contempla un recorte del tiempo establecido para el Telediario -erosionando así el compromiso informativo de la cadena pública- y la aceptación de una cláusula que se traduce en que, haga la audiencia que haga, el programa se mantendrá durante ese tiempo en prime time. Además de la cantidad pactada -más de 14 millones por temporada-, el acuerdo sería por dos años de los cuales en 18 meses no podría ser cancelado. Es inaudito que TVE se ate así de pies y manos. Y que lo haga horadando aún más su maltrecha situación financiera con el fin de competir con una televisión privada, no mediante una sólida oferta informativa, sino con un espacio que desborda su naturaleza pública.

El afán por controlar RTVE, convertida en un aparato al servicio del poder político, no puede disociarse de la batalla mediática emprendida por el Gobierno, cuyo máximo exponente es la beligerancia exhibida por el ministro de Transportes Óscar Puente, tras hacer pública una lista de columnas críticas con su figura. En lugar de asumir la labor de la prensa libre, cuya función resulta inherente a la pluralidad que rige en cualquier sociedad democrática y abierta, el Ejecutivo se enzarza en un señalamiento inadmisible. La garantía del derecho a la información exige respetar el trabajo de todos los medios de comunicación y preservar la radio televisión pública de injerencias partidistas.

La corporación RTVE se ha visto durante las últimas semanas envuelta en una situación impropia de una institución que tiene por mandato legal satisfacer las necesidades de información, cultura, educación y entretenimiento de la sociedad española, promover los principios constitucionales, impulsar los valores cívicos y fomentar la participación.

El lamentable espectáculo ofrecido a cuenta del plan para fichar al humorista David Broncano destila una guerra interna que amenaza con quebrar la confianza de la sociedad en un medio de comunicación que es de todos. La presidenta interina de RTVE, Concepción Cascajosa, que apenas lleva unos días en el cargo, se vio obligada el jueves pasado a posponer la votación del contrato del comunicador —vinculado actualmente a Movistar+— ante la falta de apoyos, en parte derivados de la ausencia en la sesión de su predecesora, Elena Sánchez, destituida en plena Semana Santa. Ambas son consejeras a propuesta del PSOE. La situación evidencia hasta qué punto se han deteriorado las relaciones en el seno del organismo.

La batalla desatada a raíz de este fichaje —alimentada por una campaña mediática dirigida a convertirlo en un objeto más de la refriega partidista— encierra una lucha de poder que deteriora gravemente el normal funcionamiento de la corporación pública. Y denota que los partidos, de todo el espectro ideológico, no renuncian a hacer de RTVE un instrumento más de la batalla política. Incluso en una situación como la actual, en la que la mitad de los consejeros tienen el mandato caducado.

El actual Consejo de RTVE, elegido mediante un concurso público y con una mayoría cualificada en las Cortes, es consecuencia del pacto alcanzado en 2021 entre PSOE, PP, Unidas Podemos y el PNV, que se repartieron los 10 puestos en liza. A la vista de las decisiones que adoptan en el seno del organismo, parece obvio que el comportamiento de algunos consejeros obedece más a consignas políticas que a criterios profesionales.

Que en tres años la corporación haya tenido tres presidentes pone de relieve hasta qué extremo ha llegado la inestabilidad institucional de este modelo organizativo en Prado del Rey. Y un signo más de incertidumbre actual es que una empresa que requiere de planes de trabajo a medio y largo plazo carezca en estos momentos de un director de contenidos, cesado también al comienzo de este episodio. Un panorama que llena de interferencias la labor de los profesionales de la casa, que ven cómo sus esfuerzos por defender la radiotelevisión pública caen una y otra vez en saco roto.

Corresponde a los partidos políticos diseñar un modelo que garantice la normal gobernanza en RTVE al margen de los vaivenes electorales. Es urgente conseguir una mayoría comprometida con dar estabilidad a un ente público que precisa de un liderazgo empresarial en un mercado global en plena transformación y muy competitivo. El eterno debate sobre si una televisión pública debe competir es falaz. Dentro de los límites que impone su mandato institucional, es evidente que, como cualquier medio de comunicación y para hacer rentable el presupuesto que recibe del Estado, debe aspirar a públicos mayoritarios.