‘Caso Ácido Bórico’: El diario EL MUNDO utiliza el informe de de tres peritos sobre el uso de ácido bórico para volver a vincular a ETA con el 11-M

El Ministerio del Interior entregó al juez Juan del Olmo un informe falso de la Policía Científica para ocultarle la referencia explícita a ETA que sus peritos hacían en el auténtico.

El documento manipulado le fue remitido al magistrado de la Audiencia Nacional que instruye el sumario 20/04 por el atentado del 11-M por parte de la Unidad Central de Información Exterior (UCIE) el 29 de marzo de 2005, según consta en el sumario.

El informe había sido solicitado a la Policía Científica por la UCIE -especializada en terrorismo islamista- en el curso de las diligencias practicadas tras la detención en Lanzarote de Hasan Haski, que se produjo el 17 de diciembre de 2004.

El marroquí Hasan Haski fue calificado ayer mismo por la fiscal del caso, Olga Sánchez, como el principal instigador del atentado del 11-M junto a Rabei Osman, conocido como El Egipcio.

La Unidad Central de Información Exterior remitió el 18 de marzo de 2005 unas muestras de una sustancia hallada en el domicilio de Haski (calle Papagayo, 9, de la Playa Blanca-Yaiza en Lanzarote) al Servicio de Análisis Científicos del Laboratorio Químico-Toxicológico de la Policía Científica para su análisis.

El día 21 de marzo, tres peritos de dicha Unidad (dos facultativos, con carné profesional números 9 y 11 licenciados en Farmacia y Ciencias Químicas, respectivamente, y un técnico con carné profesional número 155, también licenciado en Ciencias Químicas) firmaron un informe en el que reflejan sus conclusiones tras analizar cinco muestras de la citada sustancia. Sin ninguna duda, se estipuló que se trataba de «ácido bórico».

En el apartado de Observaciones, los citados tres peritos hicieron constar:

«1.- El Ácido Bórico, en relación con hechos terroristas, fue identificado en este Laboratorio en los siguientes Informes Periciales:

– Informe Pericial 868-Q1-01, emitido el 5-12-2001, procedente del Grupo de Terrorismo de Inspecciones Oculares del Servicio Central de Investigación Técnica, de la Comisaría General de Policía Científica. Asunto 263-IT-01, en relación con el registro efectuado el 6-11-2001 en el piso franco de ETA, sito en la Plaza Castrotorace, 9-11, 2º D, de Salamanca, por cuyo hecho se tramitaron diligencias 10.401 de la Brigada Provincial de Información de Madrid, elevadas al Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional, que instruye Diligencias Previas 1588/2001».

Recordemos. El día 6 de noviembre de 2001, dos miembros del entonces comando Madrid de ETA, Ana Belén Egües Gurruchaga y Aitor García Aliaga, alias Karpetas, hicieron estallar un coche bomba al paso del vehículo del que era en esos momentos secretario general de Policía Científica, Juan Junquera. El mando policial salió milagrosamente ileso del atentado, que causó heridas a unas 90 personas.

Los dos etarras fueron detenidos gracias a la colaboración de un ciudadano que llamó por teléfono a la Policía Municipal cuando vio la explosión y que siguió en su coche a los terroristas, e informó de todos sus movimientos a los agentes.

El citado comando tenía alquilado un piso en Salamanca que utilizaba como centro de operaciones y base para la preparación de artefactos. Allí, la Policía encontró 40 kilos de explosivo, un subfusil, un Cetme, varias pistolas, detonadores y abundante documentación, incluyendo el señalamiento de objetivos.

Los terroristas llevaban operando en Madrid desde cuatro meses antes de que concluyera la anterior tregua de ETA y su objetivo era provocar un gran atentado. Según confesó a la Policía Ana Belén Egües (ex concejal de HB y ex compañera de Francisco Javier García Gaztelu, alias Txapote, ex jefe militar de ETA condenado, entre otros, por el asesinato de Miguel Ángel Blanco), uno de sus planes inmediatos era provocar una gran explosión en Torre Picasso (uno de los edificios emblemáticos de la city financiera madrileña).

Pues bien, el citado informe de la Policía Científica ponía en relación directa al 11-M y a ETA a través una sustancia extraña («ácido bórico») que se había localizado en el piso franco en Salamanca y en el domicilio del teórico instigador máximo del comando islamista que llevó a cabo el atentado de los trenes en Madrid.

Pero, es más, el informe realizado por los tres peritos de la Policía Científica señala en el punto 3 del apartado de «Observaciones»:

«Que dado lo poco frecuente en que esta sustancia ha sido intervenida en hechos terroristas y a que nosotros ignoramos su verdadera aplicación en relación con estos hechos, existen varias posibilidades, tales como: conservante de los explosivos de tipo orgánico, enmascarar el explosivo para no ser detectado por los perros especialistas en detección de explosivos, etc., nos lleva a la posibilidad de que el autor/autores de estos hechos estén relacionados entre sí y/o hayan tenido un mismo tipo de formación y/o sean el/los mismo/s autor/es».

El nexo establecido en este informe por los peritos de la Policía Científica entre ETA y el 11-M es absolutamente nítido.

Sin embargo, la Comisaría General de Información (al frente de la cual se encontraba en esas fechas Telesforo Rubio) no remitió el citado informe al juez Del Olmo, sino otro mutilado y falso.

En el informe que consta en el sumario 20/04 se ha eliminado el apartado de «Observaciones», en el que se vincula explícitamente el 11-M con la banda terrorista ETA. Pero no sólo eso. En lugar de las firmas de los tres peritos que llevaron a cabo el análisis en el laboratorio, el documento remitido a la Audiencia Nacional lleva la firma de Francisco Ramírez, jefe del Servicio Central de Análisis Científico de la Policía Científica.

Es curioso observar que ambos informes, el verdadero y el falso, llevan los mismos números de referencia:

«N/Ref: 48-Q3-05

S/Ref.: Comisaría General de Información-Secretaría General.

R.S. 6684 de 14-3-2005».

Sin embargo, hay una diferencia importante (al margen, claro está, de la eliminación de las referencias a ETA y del cambio de nombre de los que llevaron a cabo el análisis), y es el hecho de que el informe auténtico se firmó el 21 de marzo de 2005, mientras que el falso se dató el 22 de marzo de 2005.

Sin embargo, ese no fue el rastro que puso sobre la pista de la falsificación a los autores del mismo.

Tuvieron que pasar 16 meses para que se dieran cuenta de la increíble manipulación de que había sido objeto su trabajo profesional.

En efecto, el día 11 de julio de 2006, el ministro del Interior, en esos momentos ya Alfredo Pérez Rubalcaba, pidió a las unidades dependientes de la Comisaría General de Información que le remitieran todos los informes realizados sobre sustancias explosivas en relación con los atentados de Madrid.

Ese mismo día, EL MUNDO había publicado en su portada que el comisario jefe de los Tedax, Juan Jesús Sánchez Manzano, había declarado en su comparecencia parlamentaria ante la Comisión de Investigación del 11-M que en los focos de las explosiones en los trenes se había encontrado «nitroglicerina», compuesto que no forma parte de la dinamita Goma 2 ECO, que, según la versión oficial, fue utilizada para la comisión de los atentados de Madrid.

Ante el requerimiento del ministro, los altos mandos policiales se pusieron manos a la obra. Telesforo Rubio ordenó la remisión de los informes a Ángel Santano (comisario jefe de la Policía Científica), y éste, a su vez, los solicitó a José Andradas Heranz, jefe de la Unidad Central de Analítica de la Policía Científica.

Andradas reclamó los informes precisamente a uno de los inspectores jefes que había actuado como perito del informe auténtico realizado el 21 de marzo de 2005. Cuando éste solicitó al servicio de documentación de la Policía Científica que le entregase el sobre conteniendo todos los informes realizados por él, se dio cuenta de que en el mismo no figuraba el documento auténtico (es decir, el que mencionaba explícitamente a ETA), sino el falso, que había sido firmado por su jefe inmediato, Francisco Ramírez.

Es de suponer que Andradas, ante la gravedad de los hechos de que tuvo conocimiento (un posible delito de falsedad en documento oficial y otro de ocultación de pruebas al juez), informara de ello a su jefe directo, Ángel Santano y, que éste por su parte hiciera lo propio con el ministro Pérez Rubalcaba.

Si eso se hizo así, Rubalcaba habría mentido en sede parlamentaria, al afirmar, en su comparecencia del pasado miércoles 13 de septiembre, que nunca hubo ningún informe policial en el que se ligara a ETA con el atentado del 11-M.

Ante lo delicado de la situación, EL MUNDO decidió ayer entregar en la Audiencia Nacional los dos documentos (el auténtico y el falso) para que la Justicia actúe en consecuencia.

EL MUNDO ofreció ayer al Gobierno una oportunidad para dar una explicación coherente sobre la manipulación del informe del Ministerio del Interior al juez Del Olmo mientras pedía que el presidente del Gobierno impulsara una investigación de lo ocurrido y depurara responsabilidades al respecto.

La respuesta fue un comunicado de la Dirección General de la Policía plagada de sofismas y de flagrantes mentiras. En el mejor estilo al que acostumbra el ministro del Interior, la nota intenta ridiculizar el contenido del informe de los tres peritos, que presenta como absurdo con el argumento de que el ácido bórico es una sustancia común que se utiliza en decenas de aplicaciones que van desde la droguería al uso como insecticida.

No vamos a polemizar sobre el empleo del ácido bórico, pero tanto Hasan Haski, en cuyo domicilio se encontró este compuesto, como ETA se dedican a poner bombas y no a elaborar perfumes. También el fanático que derribó el edificio de Oklahoma, provocando cientos de muertos, utilizó un vulgar fertilizante que había comprado en una droguería.

Voluntad de ocultación

Lo esencial no es nada de ésto sino la supresión en el informe de los posibles vínculos con ETA, que pone de manifiesto la voluntad de ocultación de datos relevantes al juez. Ya decidirá la Justicia si esta falsificación tiene o no consecuencias penales. De momento, el juez Del Olmo remitió ayer los dos informes a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que tendrá que valorar si hay indicios de delito para iniciar una investigación judicial, deduciendo testimonio.

Lo que los peritos decían en su informe -y que fue suprimido en el entregado al juez- es que el ácido bórico sirve para «conservar» explosivos o para «enmascarar» su detección. La misma sustancia había sido encontrada en un piso franco de Salamanca de ETA y uno de los miembros de este comando declaró a la Policía, a finales de 2001, que planeaban una gran masacre en Madrid como volar Torre Picasso. ¿Era o no relevante que el juez dispusiera de esa información?

La manipulación de este informe guarda extraordinaria similitud con el caso Bono, en el que no se dilucidó si el ministro de Defensa había sido o no agredido -lo de menos es el uso del ácido bórico- sino si la Policía había falsificado informes para detener a dos militantes del PP. Los tribunales condenaron a los agentes policiales y a sus jefes al quedar demostrado que se habían tergiversado los informes.

Habla el comunicado de «elucubraciones y consideraciones subjetivas» de los tres peritos. Los tres tienen una acreditada profesionalidad y uno de ellos está considerado como el mayor experto de la Policía en esta materia. Su informe respondió exactamente a lo que sus jefes les habían solicitado.

La nota de la Dirección General de la Policía contiene dos mentiras flagrantes que revelan la voluntad de engañar o confundir a la opinión pública. La primera es que el informe de los tres peritos es «un simple borrador». No lo es porque estaba rubricado en todas sus páginas y porque, como se puede comprobar, tiene un número de registro. ¿Desde cuándo los borradores son firmados y registrados?

El documento cumple todos los requisitos legales y va firmado por tres peritos. Por el contrario, el informe remitido al juez sólo va firmado por Francisco Ramírez cuando la Ley de Enjuiciamiento Criminal requiere la firma de dos peritos para acreditar su validez.

Mutilación del informe

La segunda de las mentiras de la nota es que al juez Del Olmo se le remitió «el informe íntegro, eliminando las observaciones». Estaba sustancialmente mutilado. Su contenido se había reducido de dos a una página. Además, se había falsificado su objeto y su autoría. Y, sobre todo, se había eliminado una información que los tres peritos consideraban muy relevante para el juez. Por eso, se hizo el cambiazo.

Descubierta la operación, Interior intenta ahora despistar a la opinión pública con esta nota plagada de falsedades mientras el ministro Rubalcaba amenaza con acciones legales que nunca va a iniciar. Ojalá se querellara contra EL MUNDO porque ello permitiría demostrar lo burdo de este engaño, que, por cierto, la nota oficial atribuye sin recato a Ángel Santano, comisario general de la Policía Científica y políticamente cercano al PSOE. ¿Será la próxima víctima de la cúpula policial?

La manipulación es tan grosera que en el informe remitido al juez se dice que «va extendido en dos hojas de papel» y que «las dos primeras» incluyen «la rúbrica de los firmantes». El informe sólo tiene una firma, por lo que es obvio que al falsificador se le olvidó cambiar esta frase del documento original. El lapsus revela que los autores del segundo informe querían hacer creer al juez que éste era el auténtico y el único realizado por la Policía.

Rubalcaba dijo hace pocos días que el Gobierno había remitido al juez todos los informes del 11-M y que, en ninguno de ellos, había referencia a posibles vínculos de los islamistas con la banda terrorista ETA. El ministro no dijo la verdad y ello le pone en situación muy comprometida. Ayer, en lugar de dar una explicación coherente, intentó engañar a la opinión pública con una nota repleta de mentiras y falsedades. No será con este tipo de triquiñuelas como el Gobierno pueda recuperar un crédito que ha perdido por su falta de interés en esclarecer la verdad. Insistimos en recordar las palabras de Rubalcaba el 13-M: «España no se merece un Gobierno que mienta». ¿Quo vadis, Zapatero?

Ayer, el diario que mantiene la teoría de la conspiración [EL MUNDO] según la cual los atentados del 11-M no estarían siendo investigados debidamente por la Policía, los fiscales y los jueces, lanzó la muy grave acusación de que el Ministerio del Interior «falsificó un documento para ocultar» al juez una posible relación entre aquella masacre y la banda terrorista ETA. Se trataba de justificar tal imputación en la supuesta alteración de un dictamen pericial del que se habrían suprimido una gratuitas especulaciones de sus firmantes acerca de un hecho intrascendente: la localización de ácido bórico en el domicilio del procesado Hassan el Haski y de la misma sustancia en un piso franco de ETA en la ciudad de Salamanca en el año 2001, es decir, varios años antes de los atentados de Atocha y de la emisión del propio informe.

Esta coincidencia -la posesión de una sustancia común empleada en diversos usos, incluso de carácter doméstico– servía a los firmantes del dictamen pericial para afirmar que entre los etarras de Salamanca y los atentados del 11-M podía existir una relación incluso de autoría. La Comisaría General de Policía Científica calificó ayer -acertadamente- como «elucubraciones y consideraciones subjetivas sin fundamento científico alguno» las observaciones que se suprimieron del informe definitivo y oficial que se remitió al juzgado instructor de la causa por el superior jerárquico de los redactores del borrador.

A la vista de todo ello parece evidente: 1) Que no existió falsificación alguna porque el primer informe era un borrador y sólo el segundo era oficial, y en ambos se identificaba la sustancia analizada como ácido bórico; 2) Que no corresponde a los peritos plantear en sus dictámenes químicos especulaciones propias de la investigación; 3) Que por ello, el superior jerárquico que envió el dictamen oficial al juzgado de instrucción actuó con total corrección al retirar unas observaciones fuera de lugar; 4) Y que el ácido bórico aparecido en los escenarios descritos, por ser un producto común -muy habitual como insecticida- es absolutamente irrelevante como indicio de relación entre ETA y los atentados del 11-M, una relación reiteradamente desmentida por sucesivos y rotundos informes policiales que constan en el sumario instruido. También consta en el sumario instruido por el juez Del Olmo el acta del registro del domicilio de Hassan el Haski -ABC aporta información detallada del documento correspondiente-, en el que se da cuenta de la localización de ácido bórico, sustancia sobre la cual los habitantes de la casa manifestaron a la Policía que la utilizaban para «matar cucarachas».

Otra vez -y a la vista de la inconsistencia de la nueva acusación de falsificación, temerariamente lanzada contra la investigación policial y dirigida directamente al Ministerio del Interior- hay que denunciar de modo severo y preocupado la intención emergente en estas supuestas informaciones, no de contribuir al esclarecimiento de los hechos, sino a la conformación, mediante hipótesis inverosímiles, de un auténtico juicio paralelo que -ya parece claro- tiene un objetivo: obstaculizar la apertura del juicio oral, intentando retrotraer las actuaciones sumariales practicadas.

La justicia se imparte por jueces y tribunales independientes, que aplican la ley en una función jurisdiccional con plena independencia de cualquier otro poder del Estado -sea el ejecutivo o el legislativo- y con la preservación de todas las garantías de los acusados. Desde los medios de comunicación se puede contribuir a excitar el celo de la Policía Judicial, del Ministerio Fiscal y de los propios jueces y tribunales, pero en modo alguno puede suplantarse su función mediante juicios públicos e irresponsables y acusaciones que lesionan la dignidad de las instituciones.

La teoría de la conspiración urdida en torno al 11-M adquiere más gravedad en la medida en que de ella se está valiendo una parte del PP -minoritaria, pero poderosa, conducida por Eduardo Zaplana- para tratar de erosionar al Gobierno cuando tantos flancos y tan débiles presenta el Ejecutivo de Zapatero, desde la inmigración al terrorismo, desde la desvertebración territorial a la ausencia de política exterior, por citar los ejemplos de mal gobierno más evidentes. De tal suerte que, al incurrir en estas prácticas periodísticas a las que se abraza una minoría del primer partido de la oposición, no sólo se atenta contra la correcta praxis del ejercicio de la profesión periodística, sino que se deterioran también las posibilidades futuras del PP y se somete al conjunto del sistema democrático a un fuerte desgaste social, que sería mayor todavía si desde medios como ABC -de convicciones democráticas liberal-conservadoras- no se denunciase sin otro afán que preservar nuestras instituciones y su buen funcionamiento.

La declaración ante el juez Garzón de los tres peritos que elaboraron el informe sobre el ácido bórico intervenido a Hassan el Haski, uno de los presuntos autores intelectuales del 11-M, e intentaron establecer una relación con ETA por haberse encontrado la misma sustancia en un piso franco de la organización terrorista en 2001, ha dado un giro inesperado al caso. Entraron en el juzgado como autores de un informe con el que un periódico había propalado la sospecha de que fue manipulado por sus superiores para ocultar la relación entre ETA y los terroristas islamistas. Pero han salido como imputados por presuntamente haber falsificado, ellos mismos, ese informe.

 Según el auto dictado por Garzón tras tomar declaración a los peritos y a los responsables de la Comisaría General de Policía Científica, los supuestos autores de una falsificación documental son los propios peritos y no sus superiores, como pretendían las denuncias llegadas a los tribunales. Por lo que se deduce del auto del juez, los tres redactores del informe lo presentaron el 21 de marzo de 2005 «con carácter de documento interno no oficial» a su superior, el jefe de la Unidad de Análisis de la Policía Científica, que lo rechazó por contener «opiniones subjetivas y falta de consistencia». Ello no impidió -y ahí radicaría la posible falsedad- que lo intentaran colar el 11 de julio de este año (casi 16 meses después) entregándolo a otro superior como si estuviera redactado el 21 de marzo de 2005, sin advertirle de la citada alteración, que simulaba la fecha de firma y creación de documento.

La intención, según el juez, era «producir un efecto oficial de un documento que nunca lo fue y que jamás fue autentificado con los sellos oficiales de la Comisaría General de Policía Científica». En cualquier caso, ese mismo documento apareció este 21 de septiembre en la primera página de un periódico como soporte de la enésima invención delirante que trata de dar apariencia de verdad a una supuesta conspiración universal para ocultar las vinculaciones entre ETA y los islamistas en el atentado del 11-M en Madrid.

Garzón tiene razones procesalmente sólidas para investigar todo lo relacionado con el informe sobre el ácido bórico intervenido a Hassan el Haski, también implicado en el sumario por el atentado de Casablanca (Marruecos), que él mismo instruye. Sobre todo, para saber si el ácido bórico podía ser o no un componente explosivo. Pero el problema para los inventores de esta nueva fantasía sobre el ácido bórico es que los peritos imputados han declarado a Garzón que esta sustancia no es un componente explosivo, y que sólo se enteraron de que en teoría podía servir como estabilizante por Internet, ni siquiera por experiencia profesional.

Ahora se comprende muy bien que sus superiores rechazaran el informe y no avalaran elucubraciones sobre autorías comunes con ETA basadas en la mera posesión de una sustancia tan común e irrelevante. Lo que se comprende mal son los motivos de los peritos para actuar con engaño. O no: su actuación, puesta al descubierto por el juez Garzón, abre otro frente preocupante. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar quienes se empeñan contra toda evidencia en probar la inexistente vinculación entre ETA e islamistas en el 11-M? Y sobre todo: ¿cuánta credibilidad está todavía dispuesto a sacrificar el Partido Popular, sus dirigentes y sus militantes, dando pábulo a los delirios de este pertinaz periodismo tóxico, en papel [EL MUNDO] y por las ondas [‘La Mañana’ de COPE], que no cesa alrededor del peor atentado sufrido jamás por España?

LA imputación, por auto del juez Garzón, de los tres peritos autores de un informe sobre el ácido bórico encontrado en el domicilio del presunto terrorista Hassan El Haski imprime un giro radical a la polémica sobre la supuesta falsedad del documento que, sobre el mismo asunto, fue remitido al juez Juan del Olmo para su incorporación al sumario del 11-M. Por lo pronto, este auto desmonta la veracidad de la información publicada por el diario «El Mundo», amplificada por el presentador del programa «La Mañana», de la cadena Cope, Federico Jiménez, empeñados, a toda costa y pasando por encima de cualquier principio de responsabilidad pública y ética, en mantener el 11-M en el centro de la vida pública española, y no en beneficio de las víctimas y de la más ejemplar y eficaz administración de Justicia, únicos referentes de ABC en relación con aquel brutal atentado terrorista, sino de sus propias estrategias editoriales y comerciales.

Según el auto del juez Garzón, lo que los tres peritos ahora imputados presentaron como informe fechado y firmado el 21 de marzo de 2005 resultó ser un documento impreso desde su archivo informático el 11 de julio de 2006, es decir, un año y cuatro meses después de la elaboración del dictamen supuestamente original. Esta información, obtenida por Garzón durante la declaración testifical de los peritos, supone una inversión en la identidad de los imputados, en el documento falsificado y en la interpretación dada por los citados medios de comunicación para el sostenimiento de su «teoría conspirativa». Y no es la primera ni la segunda ocasión en que éstos quedan al descubierto.

Paralelamente, hay que constatar como una amenaza para la confianza ciudadana en el Estado la sucesión de escándalos en la Policía, siendo inaplazable la adopción de medidas urgentes para poner coto al desprestigio que se cierne sobre este cuerpo de seguridad del Estado. Primero fueron las detenciones ilegales de dos militantes del PP, saldadas con condenas, aún no firmes, a los funcionarios policiales que las llevaron a cabo. También sigue pendiente de aclarar, y se hace apremiante la explicación, quién es el «soplón» de la Comisaría General de Información que advirtió a la red de extorsión de ETA de la operación policial que había preparado el juez Grande-Marlaska. Y ahora este grave episodio de falsedades documentales y conciliábulos entre policías y medios de comunicación, no menos reprobables que los que se perpetraron entre el 11 y el 13 de marzo para propalar noticias no menos falsas que la del informe pericial sobre el ácido bórico.

Ahora, además, hay que aclarar la compleja situación procesal de estos documentos periciales y sus autores, sobre los que hay dos investigaciones en marcha y dos autos contradictorios -el de Garzón y el de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional- en cuanto al informe falso y, por tanto, en cuanto a los posibles responsables. El juez Garzón ha citado a los peritos imputados para recibirles declaración como tales el próximo 18 de octubre, ignorando el citado auto de la Sala de lo Penal y las diligencias abiertas por un juzgado de Instrucción de Madrid, con motivo de la querella presentada por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M. No habiendo conexión con el sumario de El Haski, ni siendo un delito terrorista, la Audiencia Nacional no tiene competencia para investigar estos hechos y, por tanto, tal citación entraña un riesgo innecesario de nulidad procesal que Garzón debe valorar y, sobre todo, evitar.

En cualquier caso, en lo que respecta a las víctimas, las instituciones del Estado y la dignidad de este país frente a su mayor tragedia terrorista, ABC nunca secundará agitaciones interesadas por quienes tratan la verdad sólo como una coartada de la mentira.

Desde el día en que el periódico ABC cambió su segunda edición para incluir íntegro el último capítulo de la contraprogramación de El País en torno a las informaciones sobre el 11-M, la cobertura -tanto informativa como en las páginas de opinión- que han ofrecido ambos diarios, el monárquico y el independiente de la mañana, ha sido casi indistinguible y, a menudo perfectamente intercambiable.

En el contenido y hasta en las expresiones. Han alcanzado un grado de identificación inimaginable en los años en que el uno era la voz de la derecha tradicional española y el otro, la de la beautiful people, alias aristocracia republicana. Respaldar la versión oficial y desacreditar las informaciones de EL MUNDO son los objetivos que hoy unen a los otrora rivales irreconciliables.

Dentro de este nuevo fenómeno llamó mucho la atención, el pasado miércoles, 27 de septiembre, que ambos diarios recogieran profusamente la misma exclusiva, curiosamente obtenida por sus equipos de investigación el mismo día, sin duda por pura coincidencia. «Un informe secreto vincula las bombas del 11-M al adiestramiento de islamistas en Afganistán», titulaba El País; «Los autores del 11-M manipularon los móviles de las bombas con técnicas impartidas por Al Qaeda en Jalalabad», afirmaba ABC.

Ayer, de nuevo, el peculiar auto del juez Baltasar Garzón unía a los periódicos en sus informaciones, opiniones y expresiones. El titular de portada de El País rezaba: «Los peritos del ácido bórico falsearon el informe que relaciona ETA y 11-M»; el de ABC: «Los tres peritos que relacionaron el 11-M y ETA falsearon el documento».

El editorial del primero se titulaba Los tramposos; el de ABC, Los falsarios del 11-M. Y ciertas expresiones, como el muy coloquial verbo colar, aparecían en un diario y en otro. Leemos en el editorial de El País: «Ello no impidió -y ahí radicaría la posible falsedad- que lo intentaran colar el 11 de julio de este año (casi 16 meses después) entregándolo a otro superior como si estuviera redactado el 21 de marzo de 2005». Y en un subtítulo de ABC se dice: «Firmaron en julio el informe del ácido bórico y lo colaron como del original de marzo de 2005».

Todas las coincidencias en torno a un perfecto desmontaje del informe del ácido bórico resultarían igualmente perfectas si no fuese por ciertas aportaciones, ésas sí que diferentes, de cada uno de ambos periódicos, que dan una impresión de cierta intranquilidad ante el paquetito-regalo perfectamente envuelto en papel de seda y con lacito de raso que han presentado a sus lectores.

Así, el editorialista de ABC parece intuir cierta chapuza por parte de Garzón y, alarmado ante la posibilidad de que el desmontaje no supere cierto grado de pesquisas, ofrece generosamente al magistrado su asesoramiento jurídico: «No habiendo conexión con el sumario de El Haski, ni siendo un delito terrorista, la Audiencia Nacional no tiene competencia para investigar estos hechos y, por tanto, tal citación entraña un riesgo innecesario de nulidad procesal que Garzón debe valorar y, sobre todo, evitar».

En cambio, el autor del editorial de El País siente cierto desasosiego ante la versión de que tres solventes peritos policiales -los que han hecho todos los análisis de explosivos del 11-M, nada menos- eran en realidad unos falsificadores de tomo y lomo: «Lo que se comprende mal son los motivos de los peritos para actuar con engaño», escribe. Pero su incertidumbre no dura nada: «O no: su actuación, puesta al descubierto por el juez Garzón, abre otro frente preocupante. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar quienes se empeñan contra toda evidencia en probar la inexistente vinculación entre ETA e islamistas en el 11-M?».

Quienes se hayan sorprendido por la virulencia con que tanto el perpetuo órgano del Partido Socialista como el veterano portavoz de la derecha tradicional -pasmosamente convertido en segundo piloto de la escudería gubernamental- están desencadenando su actual ofensiva de otoño contra EL MUNDO, pueden encontrar hoy la explicación en nuestras páginas de Comunicación.

El veredicto del mercado, según la información suministrada por los propios editores a la OJD, no puede ser más rotundo. En el acumulado de los ocho primeros meses del año, mientras las ventas en quiosco de EL MUNDO registran un incremento de 16.000 ejemplares -caso único entre los grandes diarios de calidad europeos- las de EL PAÍS y el ABC sufren pérdidas de nada menos que 40.000 ejemplares por cabecera.

Eso significa que mientras EL MUNDO se ha puesto a un tiro de piedra de EL PAÍS, su ventaja respecto al ABC supone ya un abismo infranqueable de más de 100.000 copias. Si a ello le unimos la rotunda hegemonía de elmundo.es en internet con varios millones de usuarios únicos mensuales de ventaja sobre las ediciones electrónicas de tales competidores, el resultado es que nuestro periódico -este periódico- se ha convertido ya en el líder absoluto de la prensa de información general en España cuando aún no ha cumplido los 17 años de vida. ¡Quién lo hubiera dicho hace tan sólo un lustro!

No somos nosotros quienes tenemos que echarnos flores, pero es evidente que junto al rigor y dinamismo de sus informaciones, la centralidad transideológica de sus opiniones y el pluralismo de sus grandes columnistas, la clave del éxito de EL MUNDO es la credibilidad de su periodismo de investigación. Ahí están las sentencias judiciales que acreditan que cuanto descubrimos y alegamos en solitario sobre los GAL, los fondos reservados, Filesa, Ibercorp o las escuchas ilegales del CESID era cierto.

El pánico de EL PAÍS y ABC ante la caída -en el segundo caso, desplome- de sus difusiones y la constatación de que nuestras investigaciones sobre el 11-M van proporcionando a los ciudadanos datos esenciales que de otro modo desconocerían, es lo que les ha hecho perder los nervios hasta empeñarse en una alocada campaña de desprestigio contra EL MUNDO en la que todo vale: desde la grotesca manipulación por parte de EL PAÍS de unas palabras de Trashorras referidas a otro asunto para dar a entender falazmente que le habíamos pagado, hasta la patética invitación por parte del director de ABC a que el director de la Policía y la Guardia Civil haga lo que pueda para que el fiscal del Estado emprenda acciones penales contra nosotros. En ese contexto se encuadra el infame linchamiento de los tres peritos víctimas del montaje -probablemente prevaricador- del juez Garzón.

Con orientaciones idénticas, enfoques calcados y hasta con las mismas palabras, estos dos hermanos siameses unidos por el común tronco de la subordinación a la estrategia gubernamental parecen empeñados día a día en una ofensiva concertada en forma de pinza para obligar a EL MUNDO a abandonar sus pesquisas o, al menos, para desprestigiar sus revelaciones.

Se trataría de intentar trasladar al terreno periodístico la coincidencia en la crítica que una fuerza de izquierdas -la IU de Anguita- y una de derechas -el PP de Aznar- desplegaron contra los abusos del felipismo hace ahora una década. Pues bien, como también de aquella oportuna conjunción -que acaba de evocar con gran precisión Anguita en sus memorias- se nos hizo responsables, estamos en condiciones de advertir que las dos diferencias esenciales son que ahora EL MUNDO no tiene nada de lo que avergonzarse -todo lo contrario- y que quienes nos acosan no pugnan por averiguar la verdad sino por ocultarla.

El resultado, como no podía ser de otra manera, es que el tiro les está saliendo devastadoramente por la culata. No hay tertulia de la Ser que no dedique minutos y minutos a hablar de EL MUNDO, para luego terminar desquiciándose por el hecho de que tantos españoles nos consideren su periódico de referencia y porque, semana tras semana, marquemos la agenda política. ¡Parece un periódico serio, pero no lo es!, claman al unísono los dos siameses desvelando su frustración. Incluso los analistas del sector llegan a recomendarles que la única manera de parar su declive es entrar en polémica con quien está en alza para ver si de esa manera logran beneficiarse de un cierto efecto arrastre.

Pues bien, vamos a permitirnos darles un primer y último consejo: dejen de investigarnos a nosotros y pónganse a investigar todo lo que le importa a la sociedad española, incluido el 11-M. EL MUNDO ha descubierto que los asturianos imputados ahora por la masacre buscaban en 2001 a alguien que supiera montar bombas con móviles. EL MUNDO ha descubierto que existen múltiples lazos que los relacionan con ETA, empezando por el robo en el callejón de Trashorras. EL MUNDO ha descubierto que la práctica totalidad de los imputados o eran confidentes o estaban controladísimos por la Policía. EL MUNDO ha descubierto que el Skoda Fabia fue una prueba falsa colocada por los servicios secretos. EL MUNDO ha descubierto que hay serios indicios de que la mochila de Vallecas también lo fuera. EL MUNDO ha descubierto que la furgoneta de Alcalá estaba vacía cuando llegó a Canillas y llena cuando se dio parte al juzgado de su inspección. EL MUNDO ha descubierto que los teléfonos utilizados fueron liberados en la tienda de un policía cuya hermana era a su vez la traductora de las conversaciones grabadas por orden de Garzón. EL MUNDO ha descubierto que en la casa de Morata hubo «artistas invitados» ajenos a los islamistas los días que se montaron las bombas. EL MUNDO ha descubierto que el jefe de los Tedax pronunció en el Congreso reiteradamente una palabra -«nitroglicerina»- incompatible con la versión oficial. EL MUNDO ha descubierto que al sumario no han sido adjuntados los análisis sobre los restos de los focos de los trenes. Y EL MUNDO ha descubierto que altos cargos policiales falsificaron un documento -así fue, así lo mantenemos y así quedará acreditado- para privar al juez de toda co- nexión, por episódica que fuera, entre el 11-M y ETA. ¿Y ellos qué han descubierto?

Que no se llamen a engaño estas dos hermanas Sisters ni el Gobierno que a diario les alimenta con simétrica cartuchería. Mientras en España haya democracia y exista el Estado de Derecho, EL MUNDO seguirá empeñado en cumplir con la función social -con el servicio público en el más noble sentido del término- que entraña proporcionar informaciones como esas a los ciudadanos para que puedan ejercer como tales con todos los elementos de juicio. Y nos seguiremos sintiendo muy honrados de acoger entre los nuestros a aquellos lectores que se sientan decepcionados por la renuncia de otros diarios a cumplir con ese mismo cometido.