22 diciembre 1977
El dramaturgo Albert Boadella, director de ‘Els Joglars’, es procesado por una obra de teatro que ridiculiza a la Guardia Civil
Hechos
Albert Boadella Oncins fue procesado acusado de haber injuriado a la Guardia Civil.
Lecturas
En 1977 Els Joglars era ya una de las compañías fundamentales del nuevo teatro catalán y uno de los grupos más personales de la escena española. Fundada en 1962 y dirigida por Albert Boadella, la compañía había construido su prestigio sobre un teatro de creación colectiva, gestual, satírico y deliberadamente incómodo con el poder. Su última obra, La torna, estrenada el 7 de septiembre de 1977 en Barbastro, reconstruía en clave de farsa los últimos días de Heinz Chez, nombre con el que se conoció a Georg Michael Welzel, ejecutado a garrote vil en Tarragona el 2 de marzo de 1974, el mismo día que Salvador Puig Antich fue ejecutado en Barcelona. El montaje utilizaba la sátira para cuestionar la pena de muerte y presentar de forma grotesca el procedimiento judicial y militar que había llevado a Chez hasta el garrote. La obra llegó a realizar unas cuarenta representaciones y, paradójicamente, había obtenido los permisos correspondientes del Ministerio de Cultura.
Pero la tolerancia administrativa terminó cuando la jurisdicción militar consideró que determinadas escenas y personajes constituían injurias a las Fuerzas Armadas. En diciembre, después de que la obra hubiera sido retirada tras recibir amenazas, Boadella fue llamado a declarar y el 15 de diciembre ingresó en la prisión Modelo de Barcelona por orden de la autoridad militar. Poco después fueron procesados también María de Maeztu, Ferran Rañé, Gabriel Renom, Andreu Solsona y Arnau Vilardebó. El caso acabaría desembocando en un consejo de guerra: Boadella, que se encontraba encarcelado, escaparía posteriormente y marcharía a Francia; cuatro de sus compañeros serían condenados a dos años de prisión. El proceso convirtió a La torna en uno de los grandes símbolos de las dificultades que todavía encontraba la libertad de expresión en la España de la Transición.
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22 Diciembre 1977
El procesamiento del director de "Els Joglars"
LOS PACTOS de la Moncloa no se reducen a un conjunto de acuerdos para el saneamiento y reforma de la economía. También incluyen un importante «acuerdo sobre el programa de actuación jurídica y política» -que no firmó Alianza Popular-, en el que se esbozan las grandes líneas de la reforma legal del ordenamiento jurídico español para adecuarlo a los valores y las prácticas de la sociedad democrática.El espíritu de la actual legislación, cuya revisión se han comprometido a llevar a cabo los grupos parlamentarios, ha sido, pues, enterrado por los pactos, pero su letra continúa teniendo plena vigencia. De esta manera, durante el lapso de tiempo que transcurra entre la firma de los pactos y su efectiva instrumentación por las Cortes, los tribunales de justicia y la Administración se verán obligados, ante determinados hechos, a enfrentarse con un absurdo dilema: o bien infringen o no aplican la legislación vigente, o bien no sirven al espíritu de la reforma legal prometida y en curso.
Seguramente este es el caso del procesamiento por la autoridad militar del director de un grupo teatral, Els Joglars, acusado de injurias a las Fuerzas Armadas. En nuestra actual normativa penal y procesal este delito compete a la jurisdicción militar. Pero es cuando menos dudoso que cuando se lleve a cabo la reforma del Código de Justicia Militar, según las directrices de los pactos de la Moncloa, hechos semejantes sean diligenciados y juzgados por órganos del propio Ejército.
El apartado VII del «Acuerdo sobre el programa de actuación jurídica y política», dedicado a la modificación del Código de Justicia Militar, refleja el consenso de los signatarios del pacto sobre la necesidad de resolver la dualidad de tipificaciones entre el Código Penal ordinano y el de Justicia Militar; especializa a éste en los delitos específicamente militares, circunscribe la competencia jurisdiccional castrense por razones de lugar y de persona, y fortalece las garantías procesales y de defensa en los procedimientos de la jurisdicción militar.
Según ese programa de reforma, las injurias a la Fuerzas Armadas proferidas por un civil constítuirán, en el futuro, un delito no específicamenle militar. No hay excepción de lugar y de persona; y la materia penal en nada se distingue de otros delitos como por ejemplo las injurias dirigidas contra el Jefe del Estado. Por justamente elevadas que sean las penas con que han de castigarse esas injurias serán los tribunales ordinarios los encargados de aplicarlas.
La lentitud del procedimiento legislativo de la reforma decidida ya por el Gobierno está obligando, sin embargo, a las Fuerzas Annadas a aplicar en casos semejantes su capacidad sancionadora y sus mecanismos procesales, pensados para el universo disciplinado y jerarquizado de la organización militar, cosa que explica la severidad de las penas y el carácter expeditivo de los trámites judiciales. La huelga de teatros ha que ha dado lugar el procesamiento del director de Els Joglars no debe teñirse por eso gratuitamente de colorido antimilitar, cuando el Ejército, una vez más, no hace sino aplicar la legislación vigente. Pero sin duda la autoridad judicial del propio Ejército sabrá encontrar la solución adecuada para que, sin menoscabo de la penalización del delito, si lo hubiere, no sean las leyes castrenses, sino las comunes, las que se apliquen en este y ulteriores casos semejantes.
El Análisis
Boadella contra todos los poderes
El caso de Els Joglars coloca al Gobierno de Adolfo Suárez ante una contradicción que resume muchas de las dificultades de la Transición. Por una parte, el Ejecutivo no puede permitirse una ruptura abierta con la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas: son instituciones indispensables para garantizar el orden público en un momento en que España continúa amenazada por el terrorismo y en el que una parte de los aparatos del antiguo régimen contempla con desconfianza el proceso democratizador. Por otra, el Gobierno acaba de aprobar una Constitución que reconoce la libertad de expresión y pretende demostrar que la España democrática no funciona ya con los mecanismos represivos del franquismo. Que una compañía teatral que había recibido autorización para representar su obra termine con su director en una prisión militar constituye, por ello, una contradicción difícil de explicar a una sociedad que acaba de salir de cuarenta años de censura. No se trata de decidir si La torna era una obra respetuosa con la Guardia Civil o deliberadamente provocadora: precisamente la democracia debería servir para que incluso una sátira molesta pueda ser contestada en un escenario, en la prensa o en los tribunales civiles, y no mediante la utilización de la jurisdicción militar.
Lo interesante de Boadella es que su trayectoria permite escapar también de la interpretación fácil de convertirlo simplemente en un héroe de la oposición antifranquista. Su característica fundamental ha sido otra: hacer teatro contra el poder, independientemente del color de quien lo ejerza. Durante el franquismo, Els Joglars tuvo ya problemas con la censura y con las autoridades; ahora, cuando Franco ha muerto y España camina hacia la democracia, Boadella no parece dispuesto a convertir aquella lucha en una renta vitalicia ni a instalarse en el papel del antiguo perseguido. La torna demuestra que continuará buscando al poderoso para ponerlo en evidencia. Y ésa será probablemente la verdadera coherencia de su carrera: si mañana el poder deja de estar en los militares y pasa a manos de los partidos, los gobiernos autonómicos o los nuevos dirigentes catalanes, serán ellos quienes tengan que soportar la misma mirada satírica. Años después, cuando Jordi Pujol se convierta en el hombre fuerte de la Generalitat, Boadella encontrará precisamente en él y en el nacionalismo catalán otro de sus grandes objetivos. El poder cambia de uniforme; el humor de Els Joglars, en cambio, parece decidido a seguir apuntándole.
J. F. Lamata